La abogacía es más que una profesión. Los abogados tienen como principal misión prestar a los ciudadanos el asesoramiento necesario para la adecuada protección y defensa de sus derechos e intereses. Aunque se suele identificar la labor del abogado con la litigación, en defensa de esos derechos e intereses, ante los juzgados y tribunales, la abogacía implica la prestación de muchos otros servicios: aconsejar, negociar, pactar, redacción de documentos jurídicos de diversa índole (contratos, testamentos, etc.), y algunas otras más. En el caso de la litigación procesal, la abogacía forma parte del fundamental derecho, reconocido en nuestra Constitución, a la defensa, a su vez integrante del derecho al proceso debido, y con reflejo en la adecuada tutela judicial efectiva que debe ser solicitada por quien tiene las conocimientos y la técnica para ello. En las demás tareas, los abogados cumplen con otra función importante, la de dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos en sus relaciones humanas, jurídicas, económicas, sociales.

Lo anterior permite comprender la enorme importancia, la gran trascendencia, que tiene lograr que los abogados tengan una formación lo más sólida y completa posible, y ello desde un primer momento, es decir, desde que acceden el ejercicio profesional. La actual Licenciatura en Derecho, y el ya inminente Grado en Derecho llamado a sustituirla, son un primer paso, necesario pero no suficiente, en esa formación del abogado. En efecto, el licenciado (en un futuro graduado) en Derecho, ha pasado por un proceso de aprendizaje pensado para la adquisición de conocimientos y habilidades generales, y una formación fundamentalmente teórica, que le permitan orientar su futuro profesional de forma diversa: judicatura, notariado, fiscalía, registros, abogacía, como principales ejemplos. Cada una de estas opciones debe conllevar la apertura de un añadido proceso formativo cada uno con sus propias características.

El ejercicio de la abogacía requiere, pues, de un proceso formativo adecuado y específico, que suponga un añadido cuantitativo y cualitativo a la formación general recibida y que entra en lo que se denomina la formación de postgrado. En esencia se trata de una formación que incluye nuevas habilidades y nuevos conocimientos que ahora deben ser esencial y fundamentalmente prácticos, que deben estar referidos a cómo se ejerce la abogacía desde la base de la experiencia profesional de quienes ya la ejercen y que la transmiten a los estudiantes futuros abogados. Sobre todo se trata, no puede ser de otro modo, de formación jurídica, de formación en la práctica del derecho, pero también de la formación en deontología profesional, en organización de despachos y asesorías, en relaciones con los clientes, en relaciones con otros profesionales jurídicos. Es decir, una formación integral en los aspectos de la abogacía. Y una formación adecuada a los requerimientos actuales, basada en las necesidades actuales del mercado de trabajo en abogacía, que contemple el conocimiento de un segundo idioma, el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, que abra diversas perspectivas de futuro a los postgraduados.

Por eso, dentro de los programas formativos de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se apuesta por ofertar este Master Superior en Abogacía, partiendo de que la Universidad debe implicarse y responsabilizarse en formar abogados, y hacerlo trabajando en equipo con su entorno profesional, social y empresarial. Por ello, este Master debe contar, y desde aquí se agradece profundamente, con la colaboración de despachos profesionales, asesorías jurídicas de empresas, entidades e instituciones públicas, Poder Judicial, Fiscalía, Registros y Notariado, y, como no podía ser de otra manera, con el Colegios de Abogados de Sevilla.

Esta colaboración, junto con el respaldo de la Facultad de Derecho, de los Departamentos de Derecho Público y Derecho Privado, y con el decidido apoyo de las empresas e instituciones patrocinadoras, ha hecho posible ofertar un proyecto de formación profesional de calidad para futuros abogados, en el que la Universidad Pablo de Olavide ha puesto la máxima ilusión y esfuerzo.

Prof. Dr. Vicente C. Guzmán Fluja

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide

Director del Máster