AHORA.  PROGRAMA DE GOBIERNO PARA TODOS.  PARTIDO POPULAR.  1993.

El prximo 6 de junio no acudiremos a una eleccin ms. Los 
espaoles sabemos que se va a abrir una nueva etapa de nuestra 
democracia en la que debemos recobrar el pulso perdido en los 
ltimos aos y sacudirnos la resignacin.

Espaa necesita en este momento dar un decidido paso adelante, y 
hacerlo con confianza. Confianza en las propias fuerzas y en la 
oferta de una nueva poltica que lanza el PP, basada en la 
recuperacin tica, la recuperacin econmica y la recuperacin de 
las instituciones.

En estos aos el PP se ha abierto a la sociedad, ha recogido sus 
anhelos y propuestas de renovacin. Ha concebido con ellas un 
programa y ha generado equipos capaces de dar respuesta a las 
necesidades reales de Espaa.

El Programa que se presenta se ha elaborado durante tres aos con 
amplia participacin de muy diversos sectores de la sociedad. Por 
eso es un Programa de Gobierno para recuperar a Espaa.

Un Programa para recuperar el valor de la honradez, el dilogo y 
la tolerancia en la vida pblica: para crear empleo, favorecer la 
economa productiva a la inversin Y el ahorro: para evitar el 
despilfarro e imponer la austeridad en el gasto pblico: para 
favorecer la autonoma de las instituciones democrticas en suma,
para infundir esperanza en el futuro de Espaa.

El PP quiere ganar las elecciones para ganar el futuro de Espaa y 
devolver a los espaoles la Confianza en s mismos. A todos ellos 
sin distincin ofrece este programa, que no es otra cosa que un 
contrato de confianza mutua.  Un contrato para que todos 
trabajemos en un proyecto comn. Un contrato que el PP cumplir 
una vez que el pueblo espaol le d la mayora suficiente para 
gobernar y hacer, ahora, un Gobierno para todos.

PRIMERA PARTE.  UNA POLTICA PARA CREAR EMPLEO.

I. LA HERENCIA DEL SOCIALISMO: UNA ECONOMA EN CRISIS

La economa espaola se encuentra sumida en una crisis profunda, 
que se manifiesta en un acusado descenso de la produccin, en el 
retroceso de la inversin y en el aumento del desempleo. La crisis 
es un problema comn a los pases del entorno europeo pero en el 
nuestro, se ve agrandada por la desacertada poltica econmica del 
gobierno socialista que, lejos de contribuir a resolverla, la ha 
empeorado.

La crisis afecta especialmente a la industria, a la construccin y 
a la agricultura, actividades a las que se est sumando un cada 
vez mayor nmero de servicios.

El deterioro que sufre nuestra economa obedece al agotamiento del 
modelo de crecimiento de los ochenta que la poltica econmica 
del gobierno socialista ha sido incapaz de transformar en otro ms 
estable.  El modelo se bas en un fuerte avance de la demanda 
interna de consumo y de inversin, mientras el sector exterior 
restaba al crecimiento. Esa forma de crecer reanim los 
desequilibrios bsicos de precios y dficit exterior, mientras el 
dficit pblico se mantena alto por decisiones estrictamente 
polticas de realizar cada vez mayores gastos.

La poltica econmica del gobierno socialista consisti en una 
reduccin de la demanda que, por la forma de plantearse, iba a 
perjudicar gravemente a la inversin, a la produccin industrial y 
al empleo.

La poltica monetaria adopt un tono marcadamente restrictivo en 
parte para compensar la influencia expansiva de la poltica 
presupuestaria. Esta combinacin de polticas de regulacin de la 
demanda agregada ha llevado a una prdida de competitividad de la 
economa, sin apenas ser eficaz en la correccin de los 
desequilibrios bsicos de precios y dficit exterior, mientras la 
incapacidad poltica para llevar  adelante reformas estructurales 
significaba  no potenciar la oferta de la economa cuando sta  
lo necesitaba.

Como resultado, en los ltimos cuatro aos, la economa espaola 
ha pasado de ser depositarla de la confianza de los principales 
inversores del mundo a suscitar toda clase de recelos dentro y 
fuera de nuestras fronteras.  Se ha despilfarrado uno de los 
principales activos que permiti el desarrollo econmico de la 
segunda mitad de los ochenta.

La gravedad de la crisis es superior a lo que revelan las 
estadsticas oficiales.  En concreto, el aumento del PIB no ha 
llegado al 1% en 1992 (cuando en 1889 crecamos por encima del 
5%),  fruto de la profunda desaceleracin registrada en la segunda 
mitad del ao, que se ha agudizado en los primeros meses de 1993.
El gran perdedor est siendo el empleo.  En efecto, se ha pasado 
de una creacin de 488.000 empleos en 1989 (ltimo trimestre sobre 
mismo perodo del ao interior), a una destruccin de 413.000 en 
1992. De continuar este deterioro, en 1993 la tasa de paro 
superara el 22% de la poblacin activa, muy por encima de la que 
registran los pases de nuestro entorno.

La intensa destruccin de empleo obedece a la drstica cada de la 
inversin al encarecimiento del factor trabajo. empeorado por una 
agresiva fiscalidad. y a la excesiva a rigidez del mercado 
laboral.

La inversin ha dejado de ser el motor del crecimiento al pasar de 
aumentos por encima del 14% en 1989 a caer  del 3% en 1992. El 
parn de las inversiones resulta especialmente grave por cuanto 
supone renunciar a la modernizacin y ampliacin de nuestro tejido 
productivo, cuando ms sometido est a la competencia del resto 
del mundo. Era inevitable que las inversiones desfallecieran ante 
el retroceso de los beneficios de las empresas, ante el 
mantenimiento de los tipos de inters  elevados de la OCDE y 
ante el deterioro de las expectativas que se ha producido en los 
ltimos aos, al que ha contribuido activamente la contradictoria 
poltica econmica del gobierno socialista.

Tambin el consumo se ha resentido a medida que la crisis 
avanzaba. Las economa de las familias han visto mermadas su 
capacidad adquisitiva por la elevada inflacin, por la subida 
persistente de los impuestos y por la rpida destruccin de 
puestos de trabajo, factor este ltimo que suscita una profunda 
desconfianza en el futuro. Tambin los altos tipos de inters han 
acabado desanimando a determinados consumos (de bienes duraderos).

En buena medida la crisis econmica de los noventa responde a 
nuestra acusada falta de competitividad que se refleja en los 
desequilibrios del sector exterior. As, en 1992, con una economa 
en franca desaceleracin, el dficit de la balanza por cuenta 
corriente ascendi al 3.4% del PIB, fruto de un dficit comercial 
superior al 6% del PIB. El dficit corriente se ha mantenido toda 
la legislatura por encima del 3% del PIB. Unos dficit de tales 
dimensiones son preocupantes por cuanto reflejan la insuficiente 
capacidad de nuestra produccin para venderse en otros pases y 
para resistir el empuje de las importaciones -sobretodo de bienes 
de consumo-. La errnea estrategia de sostener una peseta 
sobrevalorada ha perjudicado seriamente nuestra competitividad. 
 
Adems, el elevado dficit exterior plantea un grave problema de 
financiacin, que obliga a mantener elevados tipos de inters para 
atraer capital extranjero.

Uno de los desequilibrios ms serios de la economa espaola es la 
inflacin.  En 1992, el aumento de los precios (cerca del 6% ) fue 
excesivo para una economa en crisis.  A ello contribuyeron la 
subida de los impuestos indirectos -con el pretexto de una 
armonizacin con Europa- e incluso las devaluaciones de la peseta. 
 
La intensa desaceleracin econmica que se produce en esta 
legislatura tan slo han servido para moderar el avance de los 
precios.  Una de las caractersticas ms inquietantes de la 
inflacin es su dualidad: mientras en la industria se ha reducido 
considerablemente, el sector servicios ha venido registrando 
aumentos de precios del 10%.  Ello explica que la inflacin est 
situada en cotas cercanas al 6% desde las que ofrece una numantina 
resistencia a la baja.

La gravedad de la recesin econmica que ha producido el desplome 
de la demanda interna induce una cierta correccin de dos de 
nuestros principales desequilibrios: precios y dficit exterior. 

Sin embargo la factura que se paga es demasiado alta, en forma de 
cada del crecimiento econmico y destruccin de empleo y 
deterioro del aparato productivo (por la falta de inversin).
 
Adems, es seguro que los dos desequilibrios resurgirn con fuerza 
caso de producirse una recuperacin de la demanda interna, que por 
lo dems parece improbable en tanto no se modifiquen las 
circunstancias que han llevado a su deterioro actual.

El dficit pblico es uno de los ms graves, problemas de la 
economa espaola. Su responsabilidad en el origen de la crisis 
econmica es alta al el causante, de forma directa o indirecta, de 
los restantes desequilibrios: Inflacin, dficit exterior y -a 
travs del desestmulo a la inversin- desempleo. El Gobierno 
socialista ha incumplido sus propios objetivos de reducir el 
dficit publico, a pesar de saber que ello anulaba la capacidad de 
la poltica presupuestaria de luchar contra la crisis y de que 
provocaba un aumento de la deuda pblica que perturbaba a los 
mercados financieros y contribua a la perdida de competitividad 
exterior de la economa espaola. La causa del dficit pblico 
est en el aumento incesante del gasto pblico, mientras que la 
recaudacin tributaria se ha mantenido alta incluso cuando la 
economa ha estado en recesin.

La economa espaola est perdiendo la carrera de la convergencia 
con Europa. Nuestro crecimiento econmico es inferior al de la 
media europea, mientras nuestros desequilibrios bsicos 110 se 
corrigen con la firmeza necesaria, en especial la inflacin y el 
dficit pblico. La destruccin de empleo es el sntoma ms claro 
de nuestro distanciamiento de los niveles de bienestar europeos.

II. UNA POLTICA ECONMICA DIFERENTE PARA RESOLVER LA CRISIS

La crisis econmica no debe aceptar como un mal irremediable.
  
Algunas de sus causas proceden de ms all de nuestras fronteras, 
de modo que slo podemos afectarlas indirectamente. Pero la 
mayora de los factores responsables son de ndole interna, lo que 
significa que pueden ser atajados con las medidas oportunas. 
 
Existe, pues, un amplio margen de actuacin sobre la crisis que 
est desaprovechando la inoperante poltica del gobierno 
socialista. En todo caso, la crisis debe utilizarse para sentar 
las condiciones objetivas que faciliten una posterior recuperacin 
estable y duradera.

Espaa se encuentra ante la oportunidad histrica de incorporarse 
al grupo de pases ms desarrollados del mundo. Algo perfectamente 
posible si nuestra rpida integracin en la economa internacional 
sirve  para movilizar los abundantes recursos ociosos disponibles, 
que constituyen un todava alto potencial de  crecimiento. Sin 
embargo, no pueden ignorarse los riesgos implcitos a la apertura 
exterior, peligrosos, si no se contrarrestan con una poltica 
econmica adecuada. La superacin de la crisis de la economa 
espaola puede no conseguirse automticamente cuando lo haga el 
resto de la economa europea. Ello supone que la crisis puede ser 
larga -Adems de profunda- si no reaccionamos con prontitud y 
acierto.

II.1. UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICO PARA LA CREACIN DE 
EMPLEO 

El objetivo es alcanzar en los prximos un crecimiento econmico 
vigoroso. basado en la inversin y la exportacin. que se acompae 
de una importante creacin de empleo.  Un crecimiento de esa 
naturaleza sera compatible con una baja inflacin y con un 
dficit exterior moderado que no provoque tensiones en el tipo de 
cambio de la peseta.

La economa espaola debe crecer al 3% como mnimo para generar 
una  creacin de empleo significativa. El Gobierno del PP se 
compromete a conseguir un aumento del PIB de ese orden en 1995
que se elevara al 4% en los ejercicios siguientes.

II.2. RECUPERACIN DE LA INVERSION PRODUCTIVA COMO MOTOR DEL 
CRECIMIENTO

A estos efectos, la debe recuperarse con rapidez para aumentar a 
un ritmo prximo al 6% en el segundo ao de legislatura.

Los elementos que permitiran conseguir dicha reactivacin seran:

- La recuperacin de la confianza de los nacionales y 
extranjeros mediante una poltica econmica firme, que supere 
las indecisiones y contradicciones de la aplicada por el 
partido socialista.

- La reduccin de los tipos de inters que, a medida que se 
asienten las expectativas sociales respecto de una baja 
inflacin. ser significativa.

- La contencin de los costes de produccin. para aumentar la 
capacidad de autofinanciacin de las empresas y as facilitar 
nuevos proyectos de inversin.

- La supresin de trabas (administrativas y fiscales) a la 
creacin de empresas. El protagonista ineludible del 
crecimiento econmico es la empresa: la poltica econmica se 
orientar a propiciar las condiciones para que prosiga la 
modernizacin de su equipamiento productivo. para que aumente 
su capacidad de produccin, para que surjan nuevas 
iniciativas y para que extienda su actividad a otros mercados 
dentro Y fuera de Europa. Igualmente es prioritario recuperar 
las ventajas comparativas de la economa espaola para que se 
reanude el flujo de capital extranjero en forma de 
inversiones directas en nuestro pas.

La inversin pblica tiene un destacado papel en el crecimiento 
econmico del futuro. La Insuficiente dotacin de infraestructuras 
bsicas en los abastecimientos de energa. transporte y 
comunicaciones merma significativamente la competitividad de la 
empresa espaola. Todos los estudios disponibles insisten en la 
precariedad de la oferta de las infraestructuras espaolas 
comparada con las de nuestros principales socios comunitarios. Una 
distancia que hay que reducir pronto.

Adems la poltica de infraestructuras es el mejor instrumento de 
una poltica de equilibrado desarrollo de las regiones espaolas. 

Hay que potenciar el crecimiento de las zonas geogrficas  
desfavorecidas, cuyo futuro no puede depender de las nuevas 
subvenciones.

El Gobierno del PP se compromete a destinar a inversiones reales 
un total de gasto en los Presupuestos Generales del Estado que
junto al realizado por Comunidades Autnomas y Corporaciones 
locales, se estabilice en el 5% del PIB. Adems se extremar la 
calidad de los proyectos inversores en cuya seleccin primarn las 
razones tcnicas y la eficaz gestin de los recursos sobre 
consideraciones de otro orden. Asimismo, se arbitrarn frmulas 
para que el capital privado colabore en la financiacin de 
determinadas obras pblicas, que deberan gestionarse mediante 
organismos y procedimientos parecidos a los del sector privado. Se 
trata igualmente de utilizar al  mximo los recursos procedentes 
de los fondos de la CE.

El sector de la construccin es clave para que el conjunto de la 
formacin bruta de capital se recupere en los prximos ejercicios 
lo que a su vez redundar en una holgada creacin de empleo Para 
reanimar dicha actividad, Adems del apoyo prestado por un plan 
bien estructurado de obras pblicas con proyeccin plurianual, se 
aumentar la oferta de suelo disponible para construir, se 
estimular la vivienda de alquiler, se revisar la fiscalidad de 
los inmuebles y se reducirn los tipos de inters.

A efectos de estimular el crecimiento econmico, el consumo 
privado debe salir de su depresin actual.  Sin embargo, hay que 
cuidar que su aumento no supere determinados lmites -el 3% para 
no alimentar nuevas tensiones inflacionistas. La mejora de la 
capacidad adquisitiva de las familias vendr de la reduccin de la 
tasa de inflacin, de la creacin neta de empleo y de la rebaja de 
los tipos de inters. La recuperacin de la confianza de los 
consumidores gracias a la mejora del clima econmico, contribuir 
a impulsar el consumo sin obstaculizar la correccin de los 
desequilibrios bsicos.

II.3. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

El dficit exterior por cuenta corriente de la economa espaola 
no debera superar el 2% del PIB. Adems de lo que ello implica, 
se trata de reducir y mejorar la calidad del dficit de la balanza 
comercial de forma que la corriente principal de importaciones sea 
para abastecer la demanda de inversin.

Los ingresos provenientes del turismo siguen siendo vitales para 
evitar el desequilibrio de la balanza de pagos, por lo que habr 
que resolver las principales cuestiones que abruman al sector 
(modernizacin de instalaciones, infraestructuras de comunicacin 
y transporte, masificacin y medio ambiente, formacin y 
relaciones laborales).

La exportacin de bienes y, servicios debe convertirse en uno de 
los motores bsicos del crecimiento de la economa espaola. De 
ello depende el aprovechamiento de los importantes beneficios 
inherentes a nuestra integracin en la economa europea y a la 
rpida apertura frente al resto del mundo que ir a ms a lo largo 
del decenio. El objetivo es que las exportaciones espaolas 
aumenten en volumen por encima del incremento del  comercio 
mundial. Condicin necesaria para ello es que el tipo de cambio de 
la peseta sea realista.

Para exportar ms es necesario mejorar la competitividad  del 
conjunto de la economa espaola. La recuperacin de la inversin 
colaborara automticamente a tal fin, puesto que incrementara la 
calidad de los productos nacionales, Adems de aumentar la 
capacidad de resistir la competencia de las importaciones.

Los productos espaoles deben aumentar su competitividad mediante 
la moderacin de sus precios. pero  no nicamente a travs de 
ella. Aspectos de la competitividad como el diseo y la calidad 
merecen el pleno apoyo de la poltica econmica que realizar 
asimismo una labor activa en la promocin de ventas en el exterior 
y en la consecucin de acuerdos de las empresas espaolas con las 
redes multinacionales de venta de productos finales.

II.4. HACIA EL OBJETIVO COMUNITARIO DE INFLACION 

El cambio de signo que el sector exterior debe registrar en el 
nuevo modelo de crecimiento econmico exige perseverar en la lucha 
contra la inflacin la firmeza en la solucin del problema del 
incremento de los precios no implica anular el crecimiento de una 
economa tan abierta, como ya lo es la espaola.  Antes al 
contrario, el xito en la lucha contra la inflacin redundar en 
la mejora de nuestra competitividad internacional y reforzar el 
crecimiento econmico.

Con vista a favorecer la exportacin, es necesario que la 
inflacin espaola se reduzca en los prximos aos hasta alcanzar 
al final de la legislatura, la que hoy registran los pases 
europeos ms moderados (2% de aumento del IPC). Este objetivo es 
perentorio, habida cuenta que nuestra pertenencia a la Unin 
Monetaria Europea impedir realizar devaluaciones, que por lo 
dems son ineficaces.

Hay que elegir cuidadosamente el procedimiento utilizado en la 
estrategia contra la inflacin. Esta no puede basarse 
exclusivamente en una restriccin monetaria tan severa como la 
aplicada por el gobierno socialista. Los altos tipos de inters y 
el sobreapreciado tipo de cambio de la peseta han perjudicado en 
especial a la inversin, han penalizado la produccin industrial y 
han provocado una gravsima prdida de competitividad que es la 
autntica responsable de la retirada de confianza de los 
inversores internacionales en la economa espaola. El problema no 
ha sido, pues, el nfasis en la correccin de la inflacin -que un 
Gobierno del PP aceptar sin vacilaciones- sino el mtodo aplicado 
para conseguirlo. Los problemas de la peseta en el SME proceden de 
las contradicciones de la poltica econmica del gobierno 
socialista y de su incapacidad para abordar los problemas de fondo 
de la economa.

El modelo de crecimiento econmico que el PP pretende implantar 
requiere el mantenimiento de un tipo de cambio estable de la 
peseta dentro del Sistema Monetario Europeo. Se trata. por un 
lado, de colaborar activamente al proyecto de la Unin Monetaria 
Europea desde la Conviccin de que su consecucin es conveniente 
para que la libre circulacin de capitales no se vea amenazada en 
el futuro. Para Espaa la pertenencia al SME tiene considerables 
ventajas en forma de aumento de su credibilidad exterior de 
introducir disciplina interna para el conjunto de la poltica 
econmica y de ganar certidumbre en los flujos financieros y 
comerciales con el exterior.

II.5. LA UNIN ECONOMICA Y M0NETARIA EUROPEA. ASPIRACIN 
IRRENUNCIABLE

El Gobierno del PP no practicar devaluaciones supuestamente 
competitivas de la peseta. La estabilidad de la moneda se 
sustentar en un planteamiento coherente y riguroso de la poltica 
econmica orientado al alumbramiento del nuevo patrn de 
crecimiento econmico y a la correccin progresiva, pero sin 
titubeos, de los cuatro grandes desequilibrios que padecemos: 
inflacin, dficit pblico, dficit exterior desempleo.

La reduccin de los tipos de inters es necesaria para reactivar 
la economa. En la actualidad, el autntico motivo de su 
excesivo nivel es la defensa a ultranza de la cotizacin de la 
peseta. En este sentido, los altos tipos de inters son el 
"sobreprecio" que se paga a los inversores nacionales y 
extranjeros por adquirir  ttulos (mayoritariamente deuda pblica) 
cuyo valor nominado en pesetas est en entredicho.

Un objetivo irrenunciable es integrar a la economa espaola en la 
tercera fase de la UEME en los plazos previstos por el Tratado de 
la Unin Europea (Tratado de Maastricht).

El Gobierno del PP sentar las condiciones para que los tipos de 
inters disminuyan significativamente desde el comienzo de la 
legislatura. Por descontado que no se trata de relajar sin ms la 
poltica monetaria. El objetivo es que sta se vea apoyada en la 
lucha contra la inflacin por una poltica presupuestaria 
moderadamente restrictiva, que incorpore una reduccin decidida 
del dficit pblico, por una efectiva moderacin de los salarios y 
por una amplia gama de reformas estructurales, que introduzcan 
mayor competencia en los sectores productivos que permanecen al 
abrigo de la misma.

El PP se declara a favor de la plena autonoma del Banco de 
Espaa, en coherencia con los contenidos de la UEME y, con el 
propsito final de preservar a la poltica monetaria de las 
injerencias polticas.

II.6. AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA: REDUCCIN DEL DEFICIT PUBLICO

Los Presupuestos Generales del Estado tienen un papel clave en la 
prxima legislatura: han de colaborar activamente en la lucha 
contra los desequilibrios macroeconmicos (inflacin, dficit 
exterior y desempleo).

Lo primero es recuperar la credibilidad perdida durante el largo 
mandato del gobierno socialista.  Las importantes desviaciones 
registradas tanto en el captulo de gasto como en el de ingresos 
han hecho surgir un agudo sentimiento de desconfianza, que tambin 
afecta a la cuantificacin del dficit pblico. Una de las tareas 
perentorias de un gobierno del PP ser calcular la autntica 
dimensin del dficit presupuestario, que seguramente ser 
superior al 6% del PIB.

Los Presupuestos de los prximos aos han de elaborarse con el 
objetivo de reducir el dficit pblico hasta situarlo por debajo 
del 2% del PIB al final de la legislatura.  De esta forma se 
aliviaran considerablemente las tensiones de la poltica 
monetaria facilitando la bajada de los tipos de inters de la que 
depende la reactivacin econmica.

La propia crisis econmica y la imperiosa necesidad de mejorar la 
competitividad aconsejan renunciar a nuevas elevaciones de la 
presin fiscal para resolver el problema del dficit pblico: 
subir los impuestos directos equivale a desalentar el ahorro, la 
inversin y el trabajo, mientras que la elevacin de los 
indirectos alimenta las tensiones inflacionistas. Ambas vas son 
inconvenientes, pues, en las circunstancias presentes.

El Gobierno del PP contendr la presin fiscal el primer ao de la 
legislatura para proceder a su reduccin paulatina, a medida que 
la rebaja del dficit pblico lo vaya permitiendo.

El peso de la restriccin presupuestaria ha de recaer, por tanto, 
sobre el gasto pblico. Dado que la necesidad de aumentar la 
dotacin de infraestructuras obliga a mantener elevada la 
inversin pblica (en torno al 5% del PIB), el esfuerzo de 
contencin corresponde primordialmente al gasto corriente.

El objetivo es que el conjunto del gasto pblico aumente menos que 
el PIB nominal en los prximos aos, algo que requiere actuaciones 
como las siguientes:

- Revisar los procedimientos de compras de bienes y servicios 
de las Administraciones Pblicas.

- Congelar las plantillas de funcionarios durante los 
prximos aos. Se reducir significativamente el nmero 1de 
altos cargos.

- Reformar la Ley General Presupuestaria, restringiendo la 
posibilidad de incrementar el gasto.

- Restablecer los mecanismos de control interno del gasto 
pblico, garantizando la autonoma funcional de la 
Intervencin General de Estado y perfeccionando el sistema de 
auditoras.

- Reducir las subvenciones a empresas pblicas.

- Instituir una Oficina de Control Presupuestario con 
vinculacin orgnica y funcional a las Cortes.

- Abaratar la factura que supone el pago de intereses en la 
medida que lo permita los mercados financieros.

- Reducir el volumen de deuda pblica, gracias a los ingresos 
procedentes de una decidida estrategia de privatizaciones de 
empresas y de determinados servicios pblicos y por la propia 
reduccin del dficit.

- Introducir procedimientos de gestin en la Administracin 
Pblica que liguen los resultados (y el abaratamiento de los 
costes) a la remuneracin de los responsables del servicio.

- Reorganizar los organismos pblicos que son grandes centros 
de gasto, acercndolos a frmulas propias del sector privado. 

Tambin se suprimirn organismos pblicos y Ministerios.

- Se reformar el Tribunal de Cuentas a fin de obtener mayor 
independencia en su composicin y dotarle de los medios y 
competencias necesarios para hacer  efectiva su capacidad 
de control.

El objetivo de contencin del gasto pblico corriente es 
compatible con el mantenimiento del poder adquisitivo de los 
funcionarios y pensionistas.

II.7. REFORMA FISCAL AL SERVICIO DE LA INVERSIN Y EL AHORRO.  
La modernizacin del sistema impositivo es una absoluta necesidad 
para mejorar la competitividad de la economa espaola. El sistema 
impositivo espaol se encuentra casi exclusivamente centrado en el 
objetivo recaudatorio. La prueba ms reciente se encuentra en la 
subida de tipos impositivos practicada en julio de 1992 (en el 
mbito del IRPF del IVA y de las cotizaciones sociales) o en la 
implantacin del controvertido Impuesto sobre Actividades 
Econmicas.

En pocas palabras, la reforma fiscal que propone el PP pretende un 
sistema impositivo ms neutral sobre las decisiones econmicas, 
ms sencillo e inteligible para el contribuyente, ms justo (en 
parte por la reduccin del fraude y menos gravoso para los que ya 
pagan impuestos.

La reforma fiscal se desarrollar en dos planos principales. De 
una parte, la elaboracin de un Estatuto del Contribuyente que 
garantice los derechos de ste frente a la Hacienda Pblica y 
permita un tratamiento ms equilibrado de las relaciones 
tributarias entre la Administracin y los administrados. En 
segundo lugar la modificacin de las principales figuras 
tributarlas con objeto de incentivar la creacin de empleo, 
favorecer la capitalizacin interna de las empresas, amparar a las 
rentas  bajas protegiendo el consumo de bienes y, servicios 
esenciales, y estimular la inversin productiva y el ahorro 
individual y el de las empresas.

En el Estatuto del Contribuyente se incluiran aquellas 
disposiciones que garantizan que los contribuyentes dispongan 
anualmente de los textos refundidos de los tributos estatales que 
le son de aplicacin tengan derecho a percibir indemnizacin 
cuando se produzca una sentencia o resolucin favorable a los 
mismos y hayan tenido que realizar previamente un pago o 
garantizar una deuda tributara por causa de cuestin 
controvertida con la Administracin tributaria, se les devuelvan 
en un breve plazo los ingresos indebidos que hayan realizado, se 
traslade la carga de la prueba en materia tributaria a la 
Administracin; y aquellas otras disposiciones que aumenten las 
garantas de los sujetos en materia tributaria. Es necesario, en 
definitiva, establecer un nuevo marco de relaciones entre la 
Administracin y los contribuyentes. Principio bsico de este 
marco es el de la seguridad jurdica que acabe con la continua 
alteracin de normas en el mbito tributario de los ltimos aos 
(con una media de ms de 34 anuales) y que generando certidumbre 
en el marco en el que los sujetos tributarios toman sus decisiones 
econmicas acte como eficaz instrumento para evitar los altos 
ndices actuales de elusin fiscal.

Por su parte, las principales modificaciones en la normativa 
propia de los tributos a realizar afectan a la tributacin sobre 
las rentas de los individuos y las familias, sobre las empresas y 
sobre el consumo de bienes de primera necesidad.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas hay que 
proceder a reducir los tipos que soportan todos los 
contribuyentes, tanto individuos como unidades familiares para 
que, de forma gradual, y en el plazo de cuatro aos, la tarifa 
vigente en la actualidad se transforme en una nueva de tipos 
impositivos  bajos con exencin de las rentas inferiores a un 
milln de pesetas y con un  tipo marginal mximo del 40% que 
permita converger hacia las tendencias internacionales en esta 
materia y que al reducir la carga fiscal lo hagan los 
desincentivos sobre el trabajo, el ahorro y la iniciativa 
empresarial.  Junto a la modificacin de las tarifas del impuesto 
hay que reformar otros aspectos sustanciales del mismo, como son: 
el tratamiento de los incrementos y disminuciones del patrimonio, 
la delimitacin de los gastos fiscalmente deducibles con especial 
referencia a las rentas del trabajo y las aportaciones privadas 
para fines sociales y culturales, la excencin de las pensiones de 
jubilacin, y la supresin del rendimiento presunto en los bienes 
inmubles no cedidos en su utilizacin a terceros.

En la tributacin empresarial, tanto de sociedades como de 
empresas individuales, hay que proceder a la reforma del impuesto 
sobre Sociedades, del  impuesto sobre Actividades Econmicas, de 
los mdulos en que se basa la estimacin objetiva del beneficio de 
las pequeas empresas familiares y del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones en lo que se refiere a la transmisin por sucesin 
hereditaria le explotaciones agrcolas y empresas familiares que 
quedaran exentas cuando se trate de transmisiones le padres a 
hijos o al cnyuge suprstite, cuando stos prosigan el ejercicio 
de las actividades empresariales.

La nueva regulacin del Impuesto sobre Sociedades -aplicable en su 
caso a las empresas individuales- debe incluir: el rgimen de 
transparencia fiscal voluntaria para las pequeas y medianas 
empresas y, en general un sistema de imputacin plena de los 
dividendos que evite, en todos los casos. la doble imposicin e 
los mismos, la modificacin de las actuales tablas de amortizacin 
para que stas recojan la depreciacin real de los activos 
empresariales, la posibilidad de que las empresas de nueva 
creacin se beneficien de una moratoria temporal en el pago de los 
impuestos que gravan su constitucin y los beneficios obtenidos, 
la correccin monetaria de los incrementos del patrimonio y el 
diseo de una poltica de incentivos eficaz que, con carcter 
temporal, favorezca determinadas formas de inversin empresarial, 
en I+D y Formacin Profesional, y en la internacionalizacin de 
las empresas En particular, es conveniente la regularizacin de 
los balances empresariales sin que ello suponga carga fiscal 
alguna.

El Impuesto sobre Actividades Econmicas, que grava el beneficio 
presunto y no el realmente obtenido por las empresas y 
profesionales, ha de ser objeto de una modificacin sustancial que 
garantice que la carga fiscal derivada del mismo no supere, como 
regla general, la de los impuestos a los que sustituye.

En la estimacin objetiva de los beneficios de las pequeas 
empresas individuales, el rendimiento estimado no podr ser 
superior al que resulte de deducir de los Ingresos los gastos 
justificados documentalmente que sean necesarios para su 
obtencin. El establecimiento de signos, ndices o mdulos no 
podr suponer un aumento de los beneficios sujetos al IRPF 
superior al aumento nominal del PIB.

Por ltimo, en el Impuesto sobre el Valor Aadido tributaran al 
1% - y no al 3% recientemente aprobado- las entregas de bienes de 
consumo de primera necesidad, con la inclusin en esta categora 
de la mayor parte de los productos alimenticios bsicos y de otros 
bienes como los peridicos, libros y revistas y las viviendas de 
proteccin oficial de inters social que tienen un peso importante 
en los presupuestos de las economas ms modestas.

Con respecto al rgimen econmico y fiscal de Canarias se 
defender su adaptacin al nuevo "status" comunitario en el marco 
de unas bases econmicas amplias y con el mantenimiento, en lo 
fiscal, de un diferencial favorable. incluso en los impuestos 
directos que compense la lejana e insularidad del Archipilago. A 
tal efecto, la Administracin Central y la Autonmica canaria 
realizarn una negociacin global de los temas canarios (bases 
econmicas, diferencial fiscal, subvenciones al transporte, 
infraestructuras etc) para aplicar al Archipilago una poltica de 
Estado.

II.8. FINANCIACIN DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS HACIA UNA MAYOR 
CORRESPONSABILIDAD FISCAL

Un gobierno del PP afrontar una de las cuestiones de mayor 
envergadura an pendiente para la plena definicin del modelo 
territorial constitucionalmente diseado, cual es el del rgimen 
econmico de las Comunidades Autnomas. Es necesario acompasar el 
proceso de vertebracin territorial de Espaa en Comunidades 
Autnomas con el necesario proceso de adaptacin de la estructura 
econmica al mismo, la prxima legislatura es necesariamente el 
momento para hacerlo, a fin de racionalizar el conjunto de la 
Administracin y del gasto pblicos dotar de contenido el proceso 
poltico de forma que se de un mejor servicio a los ciudadanos y 
se eviten situaciones de insolidaridad que ahonden los 
desequilibrios territoriales.

El desarrollo del Estado de las Autonomas exige una revisin 
completa del actual sistema de financiacin, que supere los 
defectos que padece el vigente, en especial la falta de 
corresponsabilidad fiscal.

A estos efectos, se promover un nuevo sistema de financiacin. 
que procure atender a los siguientes objetivos:

- Suficiencia, puesto que los gobiernos autonmicos no deben 
agudizar el problema del dficit pblico y su financiacin.

- Corresponsabilidad, de forma que los gobernantes 
autonmicos se responsabilicen ante los ciudadanos de la 
exigencia de los impuestos necesario para financiar el gasto 
pblico que ofrecen a cambio.

- Solidaridad, de manera que el sistema colabore al 
equilibrio interregional.

Pieza clave del nuevo sistema de financiacin ser el 
establecimiento de una frmula de participacin en el impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fsicas, previamente modificado. El 
sistema se completar con un fondo nivelador que garantice el 
acceso de los ciudadanos a los servicios pblicos.

Asimismo se proseguir en el proceso de descentralizacin del 
gasto pblico de manera que un servicio ms cercano a los 
ciudadanos permita ganar eficacia y, disminuir coste.

II.9. PRIVATIZAR PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE ALGUNAS EMPRESAS 
PBLICAS

En cuanto a las empresas pblicas, se trata de revisar su utilidad 
como instrumentos de poltica econmica. Una firme poltica de 
privatizacin, que explicitar claramente sus objetivos 
resultara beneficiosa tanto para los consumidores finales como 
para los directivos y trabajadores, para los que se abriran 
nuevos horizontes de desarrollo profesional. Otro de los objetivos 
la privatizacin sera difundir la propiedad entre un gran nmero 
de ahorradores, entre ellos los empleados de esas empresas. Por 
ltimo, los ingresos procedentes de la privatizacin servirn para 
reducir el volumen de deuda pblica y colaborar as a erradicar el 
dficit presupuestario.

II.10. FOMENTO DEL AHORRO

El fomento del ahorro constituye una de las asignaturas pendientes 
de la economa espaola. Una sociedad que aspire a que la 
inversin se convierta en el motor bsico de un desarrollo debe 
procurar que empresas, familias y Administracin Pblica ahorren 
lo suficiente para evitar la excesiva dependencia del capital 
extranjero. La poltica de estmulo del ahorro familiar debe 
partir de devolver a ste la rentabilidad que la d sentido. El 
descenso de la inflacin y el alivio de la fiscalidad que lo grava 
actuarn de factores que lo propicien en el futuro.

Respecto de las empresas, la recuperacin de su capacidad de 
ahorro esta en funcin de sus mrgenes de explotacin, por lo que 
es importante procurar su recuperacin, sobre todo a partir de la 
contencin de costes.

En cuanto a la Administracin Pblica, su ahorro debe proceder de 
la contencin del gasto corriente, toda vez que el recurso a 
nuevos aumentos de presin fiscal significa mermar la capacidad de 
ahorro de las familias y empresas.

A estos efectos, hay que apoyar figuras como los Fondos de 
Pensiones que no se han desarrollado en Espaa como debieran por 
las cortapisas establecidas en su regulacin y por el parco 
tratamiento fiscal que disfrutan.

II. 11. UN MERCADO DE TRABAJO GIL Y MODERNO

La creacin de empleo es el objetivo prioritario de la poltica 
econmica que aplicara el Gobierno del PP.

Se trata de reducir con la mayor celeridad posible la elevada tasa 
de desempleo y, de ampliar la poblacin activa, con la aspiracin 
de incorporar al mayor nmero de espaoles al mercado laboral en 
los prximos diez aos. Ello es necesario para que la economa 
espaola se aproxime en tasas de actividad y de desempleo a lo que 
es habitual en los pases de nuestro entorno.

Las condiciones actuales del mercado de trabajo son realmente 
insatisfactorias: elevadas tasas de paro conviven con situaciones 
de escasez de mano de obra, lo que explica las elevaciones 
excesivas de los salarios que en ocasiones se producen. Por otro 
lado, las rigideces que impone un marco legislativo caduco, unidas 
a una elevada carga tributaria, provocan la existencia de grandes 
bolsas de trabajo sumergido. Un rasgo adicional preocupante es el 
elevado nmero de contratos temporales existente. Los perdedores 
de la segmentacin del mercado de trabajo son los mas jvenes -
vctimas de una deficiente formacin profesional-, las mujeres, 
cuya incorporacin al mundo laboral se ve frenada por la falta de 
condiciones suficientemente atractivas, y los parados de larga 
duracin, de difcil reciclaje.

La moderacin de los salarlos es importante para frenar una 
destruccin del empleo como la que padece la economa espaola. Su 
aumento no debe agotar la productividad, a efectos de liberar 
recursos para la inversin empresarial, algo que puede conseguirse 
ganando poder adquisitivo. En una economa abierta, que aspire a 
lograr cotas crecientes de competitividad, el aumento del coste 
laboral por unidad de produccin no debe superar al que registran 
nuestros principales competidores, que son nuestros socios 
comunitarios.

Sin embargo, no cabe que la moderacin salarial soporte el peso 
del ajuste econmico, que la poltica presupuestaria rehuye. Es un 
contrasentido reclamar incrementos bajos de salarios mientras se 
aumentan las cotizaciones sociales, que son impuestos que 
penalizan el uso del factor trabajo y reducen la competitividad 
exterior de las empresas espaolas.

Ante la ruptura de los modelos de concertacin durante el perodo 
de gestin socialista, el Gobierno del PP considera esencial el 
fortalecimiento del dilogo social.

Una poltica decididamente favorable al dilogo y la concertacin 
social reducir de forma sensible los conflictos laborales y las 
huelgas; pero, como marca nuestra Constitucin, tambin los 
ciudadanos tienen derecho a que se respeten "los servicios 
esenciales a la comunidad" en caso de conflicto. Cumpliendo el 
mandato constitucional, se elaborar una Ley de Huelga que 
garantice a la comunidad el mantenimiento de los citados servicios 
esenciales.

La dcada de los ochenta ha revelado la necesidad de centrar la 
atencin en las caractersticas estructurales del mercado de 
trabajo o, dicho de otro modo. no se conseguir la "reduccin del 
paro a largo plazo sin provocar presiones inflacionistas" si no se 
reducen las restricciones o limitaciones de oferta existentes en 
el mercado de trabajo.

Ello nos lleva a que no sea suficiente un pacto sobre rentas 
salariales que no se enmarque en un acuerdo ms amplio que afecte 
globalmente al funcionamiento del mercado de trabajo.

Es urgente, pues, Adems de las medidas enumeradas posteriormente, 
sustituir la vigente regulacin de las condiciones de trabajo 
(Ordenanzas Laborales) por los correspondientes Acuerdos 
Sectoriales que permitan nuevos mtodos de organizar el trabajo. 

Esto permitir aumentar la movilidad funcional del trabajo dentro 
de las empresas y tambin la geogrfica, apoyada por una efectiva 
poltica de vivienda.

La necesidad de potenciar una "sociedad de activos" requiere un 
conjunto de medidas que ayuden a los parados a competir 
activamente en el mercado de trabajo.

Precisamente nuestra sociedad padece, de un lado, una penuria de 
cualificaciones que se consideran necesarias para lograr un 
crecimiento econmico estable y, de otro, unas tasas de desempleo 
y de actividad muy divergente en relacin con los pases del 
mbito comunitario de que formamos parte. A ello contribuyen, 
Adems, los bajos niveles de instruccin de nuestra poblacin 
adulta, sobre los que recae en gran medida el peso de los ajustes 
econmicos y que son el antecedente de su exclusin social.

En esta situacin, se estiman necesarias una serie de medidas que 
permitan a los desempleados mantener contacto con el mercado de 
trabajo cuando la oferta de empleos es escasa o inadecuada, 
atribuyendo a la oportunidad de trabajar mucho  valor que a la 
de las transferencias pblicas. Y entre los diversos programas que 
integran la poltica de mercado de traba o son los de formacin 
los que se han revelado  eficaces, al poder reducir el 
desempleo de larga duracin e incrementar la adaptabilidad de 
dicho mercado.

Para ello el Gobierno del PP defiende la necesidad de asociar, en 
un enfoque integrado, las medidas activas sobre el mercado de 
trabajo y las condiciones de acceso a las prestaciones por 
desempleo, pues ambas se complementan y refuerzan mutuamente a fin 
de volver a insertar al desempleado en la vida activa, 
especialmente en una poca donde la elevacin de los niveles 
formativos es imprescindible para no aumentar el nmero de 
"excluidos" de la sociedad activa.

As mismo, ante la ineficacia de la gestin del INEM, se 
reforzarn los servicios de colocacin a fin de que permitan la 
mediacin entre oferente y demandante de empleo en el marco de un 
proceso de bsqueda activa del mismo, completando las medidas 
anteriores.

Adems, si el mximo objetivo de la poltica econmica es 
conseguir un nivel de empleo elevado y duradero, el desarrollo de 
los recursos humanos constituyen el principal desafo al que se 
enfrentan los mercados de trabajo. De ah que el PP conceda 
prioridad a las polticas tendentes a mejorar la formacin 
profesional inicial y la formacin permanente para facilitar la 
insercin y la reinsercin profesional en el mercado laboral y la 
adaptacin a las transformaciones de los sistemas productivos.

Se consideran urgentes las siguientes lneas de actuacin:

- Establecer un Repertorio de Cualidades Profesionales 
demandadas por el sistema productivo, para las que debe 
preparar el sistema de formacin profesional superando la 
dualidad existente entre formacin profesional o especfica y 
formacin ocupacional.

- Elaborar un sistema regulador de las distintas ofertas 
ocupacionales gestionadas tanto por el INEM como por diversas 
Administraciones e instituciones privadas que posibilite una 
oferta homognea, de acuerdo con las necesidades reales del 
mercado de trabajo.

- Desarrollar un sistema de correspondencias y 
convalidaciones -acorde con el Programa Europeo de 
correspondencia de cualificaciones- entre, de un lado, la 
formacin ocupacional y la experiencia laboral y, de otro, la 
formacin especfica o reglada que haga posible la 
recualificacin o reinsercin educativa de los adultos.

- Desarrollar un Sistema de Informacin y Orientacin 
Profesional a travs de la red de oficinas de los Servicios 
de Empleo, dirigido especialmente a prestar asistencia 
personalizada a los desempleados que les permita volver a 
ocupar un puesto de trabajo.

- Conceder prioridad a los desempleados e inactivos con 
menores niveles de formacin para que se beneficien de las 
acciones de formacin e insercin profesionales.

- Considerar los gastos de formacin profesional, a efecto 
fiscales como inversin.

Adems, el tipo de empleo creado en los ltimos aos se ha basado 
en el progresivo incremento de los contratos temporales y la 
reduccin de los ocupados con contrato indefinido, habindose 
pasado de un ndice de temporalidad del 15.5 al 33.5 en 1992,
triplicando el que se estima en los principales pases europeos 
llevara Si se afianza esta tendencia, llevara a un proceso que 
dificultara la preparacin y, competitividad de la mano de obra, 
comprometiendo futuros avances en productividad y. en definitiva a 
una preocupante situacin laboral y a la consolidacin de un 
mercado de trabajo dual.

Ante ello, se estima necesario:

- Reducir, en el marco de una ms completa reforma financiera 
de la Seguridad Social las cotizaciones de los empresarios 
que siguen siendo 11 puntos superiores a la media 
comunitaria.

- Modificar el sustrato legal de los contrato, temporales 
ordinarios y temporal de fomento del empleo, una vez se 
produzca la recuperacin econmica y se haya mejorado la 
flexibilidad del mercado laboral.

- Promover la contratacin a tiempo parcial, que estimular 
la incorporacin de la mujer casada al mundo laboral y la 
permanencia de los trabajadores de ms avanzada edad.

- Introducir el contrato de aprendizaje.

- Regular las empresas de trabajo temporal.

II.12. UN PLAN ESPECIAL PARA LAS PYMES Y EL PEQUEO COMERCIO

En los prximos aos, la creacin de empleo debe correr a cargo 
exclusivamente del sector privado.  Dentro del mismo, el mayor 
protagonismo Corresponder a la pequea y mediana empresa. Por 
ello hay que establecer un programa especfico de poltica 
econmica para las PYMES capaz de superar la difcil coyuntura que 
atraviesan, que est  daando su solvencia, reduciendo sus 
beneficios y dificultando su financiacin, mermando su 
productividad y recortando su capacidad de exportar.

El PP ha elaborado un Plan Especial para las PYMES, algunos de 
cuyos elementos definidores son:

- Limitar la responsabilidad de los empresarios individuales 
al patrimonio afecto a su actividad.

- Establecer la figura de la sociedad unipersonal, al igual 
que existe en los pases comunitarios como frmula jurdica 
adecuada para el futuro del trabajador autnomo.

- Simplificar los procedimientos y trmites jurdicos 
administrativos e informativos que afecten a su actividad.

- Fomentar la cooperacin entre empresas para cubrir 
actividades como la formacin de personal, comercializacin y 
exportacin acceso a informacin, investigacin tecnolgica y 
mejora de la calidad de los productos.

- Concesin de una moratoria en el Impuesto sobre la Renta de 
las personas Fsicas, o en el Impuesto sobre Sociedades 
durante los dos primeros ejercicios para las empresas de 
nueva creacin.

- Revisar a la baja el impuesto sobre Actividades Econmicas.

- Revisar los ndices, signos o mdulos de la estimacin 
objetiva de los rendimientos empresariales para que reflejen 
realmente los beneficios obtenidos.

- Restablecer el rgimen de transparencia fiscal voluntaria 
para las empresas constituidas en forma societaria que 
cumplan determinados requisitos.

- Mejorar el tratamiento otorgado en el Impuesto sobre el 
Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones, a efectos de 
posibilitar la continuidad de la explotacin.

- Facilitar el acceso a la financiacin ajena mediante 
convenios con las instituciones financieras y ampliando el 
mbito de actuacin de las Sociedades de Garanta Recproca.

Otras medidas que el Gobierno del PP adoptar en el marco de su 
reforma fiscal afectarn positivamente a las PYMES, como ocurre 
con las ganancias de capital y con la regularizacin de balances.

Se enviar a las Cortes un proyecto de Ley de Bases Reguladora de 
la actividad comercial que recoger las medidas anteriores sobre 
las PYMES adaptndolas a las peculiaridades del pequeo comercio 
En particular se ocupar de:

- Estimular la especializacin del pequeo comercio.

- Proteger los derechos del pequeo comerciante de manera que 
la liberalizacin de horarios tenga un lmite y que la 
poltica de alquileres tenga en cuenta su situacin y 
problemtica en los ncleos urbanos.

- Definir la competencia de los Ayuntamientos  en la poltica 
de horarios.

II.13. CONCLUSIN LNEAS MAESTRAS DE LA NUEVA POLTICA ECONOMICA

En su conjunto, la poltica econmica de un Gobierno del PP 
gestionara con eficacia una crisis profunda como la actual, que 
puede agravarse todava ms en un futuro prximo.

En resumen, las lneas maestras de la nueva poltica econmica 
sern las siguientes:

1 . Cambio de la combinacin ( "mix") de poltica fiscal - 
poltica monetaria para conseguir la reduccin de tipos de 
inters.

2. Acometer una serie de reformas estructurales que afectaran 
prioritariamente:

- Al sector pblico. que habra de reordenar su organizacin 
en funcin de criterios parecidos a los del sector privado.

- Al mercado de trabajo, que sufrira una reforma global de 
sus condiciones de funcionamiento. La reforma sentara las 
bases para conseguir una efectiva moderacin de los salarios.

- A determinados sectores bsicos Como el energtico, los 
transportes y las comunicaciones.

- A la remocin de barreras que obstaculizan el nacimiento de 
nuevas empresas.

3. Otras pautas de una poltica econmica moderna seran:

- El estmulo decidido de las actividades de I+D.

- El fomento de la presencia en el exterior de las empresas 
espaolas.

- El respeto al medio ambiente. cuya atencin induce la 
aparicin de una nueva rama del tejido empresarial.

La aplicacin de la nueva poltica econmica requiere un espritu 
dialogante, que evite los conflictos que ha padecido el gobierno 
socialista y, en el que participen los agentes econmicos y, 
sociales. En esta lnea promover un pacto socias y, se constituir 
una Comisin para la mejora de la Competitividad en la que se aborden 
las cuestiones que afectan a la productividad, a la formacin profesional, 
nuevas tecnologas, reforma del mercado de trabajo.

II.14. UNA NUEVA TICA SOCIAL

La superacin de la crisis econmica no depende exclusivamente del 
cambio de poltica econmica por imprescindible que sea. En las 
circunstancias actuales, es fundamental la recuperacin de un 
determinado comportamiento tico, que trascienda a la vida pblica 
para llegar a los negocios y a los comportamientos individuales y 
familiares. Se trata de enfatizar los valores del esfuerzo 
individual, de la asuncin del riesgo, de la satisfaccin por el 
trabajo bien realizado de la honradez, del ahorro, de la confianza 
de la persona en su propia capacidad.  Hay, que recuperar, pues, 
una serie de valores que han sido marginados estos ltimos aos en 
favor del enriquecimiento rpido a travs de procedimientos 
especulativos, de vivir por encima de las posibilidades, de 
conseguir fines sin importar los medios de depender en exceso de 
los Presupuestos del Estado (aunque no sea estrictamente 
necesario), de utilizar stos para la obtencin de beneficios 
comerciales, de realizar trfico de influencias  y de uso de 
informacin privilegiada.

La regeneracin de la vida pblica debe servir de ejemplo para el 
conjunto de la sociedad convirtindose en el catalizador de la 
recuperacin de un conjunto de valores ticos imprescindibles para 
conseguir una reactivacin econmica slida y duradera.

III. UNA POLTICA PARA RENOVAR EL TEJIDO PRODUCTIVO

III.l. INFRAESTRUCTURAS PARA UN PAS MODERNO: DESARROLLO ECONMICO 
Y CONCESIN SOCIAL

Sin unas buenas infraestructuras. no es posible asegurar el buen 
funcionamiento de la economa ni la calidad de vida de los 
ciudadanos.

El buen estado de las infraestructuras revela el nivel de 
desarrollo del pas. Y el anlisis de la situacin actual 
demuestra que Espaa est en el 60% de la media comunitaria en 
infraestructura y equipamientos colectivos, lo que expresado en 
cifras indica que el dficit de infraestructuras espaolas 
respecto a la Comunidad Europea ronda los 20 billones de pesetas.
 
Resulta evidente que el Gobierno socialista poda haber hecho 
mucho ms por superar este dficit.

El Gobierno del PP plantear como prioridad incuestionable la 
mejora y, el desarrollo de las infraestructuras y equipamientos 
colectivos que aseguren el crecimiento de la productividad, la 
aparicin de nuevas actividades econmicas localizadas en nuestro 
territorio y la generacin de economas externas para las 
empresas.

A tal fin propugnar un modelo de planificacin integral de las 
infraestructuras con los siguientes objetivos:

1. Alcanzar el mayor incremento posible de la competitividad 
del sistema productivo.

2. Reforzar la integracin econmica y social.

3. Asegurar el equilibrio interterritorial respetando el 
medio ambiente.

Para ello, es imprescindible:

- Dotar de un marco estable a la inversin pblica en 
infraestructuras, abandonando cualquier improvisacin y 
teniendo siempre en cuenta que el carcter irreversible de 
estas inversiones compromete el futuro del pas.

- Atraer capital privado hacia la construccin y explotacin 
de infraestructuras y equipamiento previendo la utilizacin 
mxima, complementando as la insuficiente inversin pblica 
de los Fondos Europeos.

- Complementar en la financiacin el principio de usuario-
pagador con el  moderno de beneficiario-pagador.

- Adaptar el marco institucional y, legal a la normativa 
comunitaria y descentralizar los rganos de gestin para 
agilizar y flexibilizar el proceso de toma de decisiones.

Con este planteamiento el Gobierno del PP elaborar los siguientes 
Planes Sectoriales:

CARRETERAS

1. Medida urgente

El objetivo ms perentorio radica en que las carreteras espaolas 
dejen de ser un arma letal, por ello -junto a las propuestas 
concretas en materia de seguridad vial que se recogen en otro 
epgrafe de este programa el Gobierno del PP abordar Un Plan 
Especial de Medidas Urgentes, consistente en:

- Revisin de los proyectos en realizacin para mejorar 
trazados secciones y firmes con el fin de garantizar la 
seguridad de los trayectos nuevos o reformados.

- Ordenar y revisar las obras en curso, dotndolas de las 
sealizaciones informativas provisionales de que tanto 
adolecen.

- Eliminacin gradual y sistemtica de la totalidad de los 
puntos negros de la red. A tal fin, se rectificar el actual 
Plan General de Carreteras, a fin de mejorar la calidad de 
las autovas programadas aproximndolas a la condicin de 
autopistas.

2. El nuevo plan de carreteras

Tendr los objetivos siguientes:

- Satisfacer la necesidad de los ciudadanos, adaptando el 
nivel el de servicio de la red a la evolucin del trafico y 
mejorando la seguridad vial.

- Mejorar la cohesin econmica y social de las regiones 
espaolas entre si, y de Espaa con la Comunidad mediante la 
perfecta accesibilidad.

A este fin y dentro de los lmites del 5% del PIB de inversin 
publica:

- Se elaborar un esquema director que alcance hasta el ao 
2010.

- Se homologar nuestra red de vas de gran capacidad en 
extensin y calidad a la de los pases desarrollados de la 
CE.

Este objetivo implica la construccin de 5.500 a 6.000 Km de gran 
capacidad Como las autopistas y vas de identidad similar.

- Se localizaran los Kilmetros en los siguientes ejes e 
itinerario:

2.1 Accesos a Galicia desde la Meseta, de acuerdo con el 
Convenio vigente entre la Administracin Central y 
Autonmica:

- Ras Bajas: Vigo - Orense - lmite provincia Zamora - 
Benavente.

- Noroeste: La Corua - Lugo - limite provincia Len - 
Benavente.

2.2 interior de Galicia

- Orense - Lugo.
- Orense - Santiago.

2.3. Corredor del Cantbrico.

- Torrelavega - Asturias.
- Acceso Valle del Naln (Asturias).
- Duesos Valle del Naln (Asturias).
- Asturias - La Corua.

2.4 Accesos a Asturias y Cantabria

- Benavente - Len 
- Benavente- Palencia.
- Astorga - Len - Burgos.
- Palencia - Cantabria.
- Burgos - Aguilar de Campoo.

2.5 Interior de Castilla y Len

- Valladolid - Soria - Conexin con el eje Valencia- 
Teruel- Zaragoza - Huesca.
- Logroo - Soria - Conexin N-II.

2.6 Conexin con Portugal

- Tordecillas - Salamanca - Frontera de Portugal. 
- Tordecillas - Zamora -Alcaices. 
- Huelva - Ayamonte.

2.7 Conexiones con Francia

- Somport - Huesca - Zaragoza - Teruel - y Acceso a la 
A-7 y a la N-III.
- Manresa - Teruel del Cad.

2.8 Ruta de la Plata

- Zamora - Benavente - Salamanca - Mrida - Sevilla.

2.9 Accesos a Levante

- Honrubia - Caudete.
- Albacete - Murcia.
- Alicante - Cartagena.
- Cuenca - Caudete.
- Conexin de Cuenca - Eje Somport - Aragn - Valencia.

2. 10 Conexiones Levante - Andaluca - Extremadura - 
Portugal.

- Mrida - Ciudad Real - Honrubia.
- Trujillo - Cceres.

2.11 Interior de Andaluca

- Cdiz - Algeciras. 
- Rincn de la Victoria - Adra.
- Crdoba - Antequera.
- Bailn - Granada - Motril.

2.12 M-80: Conexin Norte - Sur. Este - Oeste
- Cuenca - Ocaa - Toledo - vila - Segovia - N-I.

2.13 Autopista de peaje Madrid - Tudela en colaboracin con 
las Comunidades Autnomas afectadas.

3. En orden a su ejecucin se fomentarn los Convenios de 
Colaboracin entre el MOPT y la Comunidad  Autnoma concernida.

4. Se mejorara a travs de la Red as diseada, el grado de 
accesibilidad interregional, eliminar las discontinuidades del 
vigente Programa de Autovas, conectar todas las capitales de 
provincia y principales centros urbanos a las vas de gran 
capacidad, se obtendrn 4 accesos y conexiones a redes 
internacionales. Se mejorar la calidad de las autovas en 
ejecucin aproximndolas en lo posible a la condicin de 
autopistas.

5. Se propondr la redaccin de un Manual de Seleccin de 
Inversiones para establecer de manera objetiva y, sistemtica el 
orden de las actuaciones primando siempre los criterios sociales, 
econmicos y tcnicos sobre los polticos.

6. Se propondr un Programa Especfico de Acondicionamiento para 
los 9.000 Km del resto de la red de inters general, los 
itinerarios se clasificarn en tres categoras en funcin de los 
criterios de conexin con vas de gran capacidad, intensidad de 
trficos, integracin territorial y dificultades orogrficas.

En los itinerarios de primera categora las reformas de trazado y 
seccin se proyectarn para una velocidad media de 100 Km./h. En 
los itinerarios de segunda categora, para una velocidad de 80 
Km./h y en los de tercera categora (rutas de montaa o de inters 
turstico), para una velocidad de 60 Km.

7. Se elaborar un Plan de Conservacin de la red viaria.

8. Se atender prioritariamente a la seguridad vial, eliminando 
con carcter urgente los llamados puntos negros.

9. Se coordinarn las Administraciones Central, Local y Autonmica 
para actuar en las reas urbanas y metropolitanas.

10. Se elaborar un nuevo marco institucional que incluya la 
reforma de la Ley de Expropiacin Forzosa y la de Contratos del 
Estado para evitar la discrecionalidad en la adjudicacin de 
obras. Se aprobar un Reglamento de Carreteras.

11 . Se cumplir, en todo caso, la normativa sobre impacto 
ambiental.

PUERTOS

La poltica portuaria del Gobierno del PP se fundamenta en:

1. El desarrollo del principio de autonoma en la gestin de los 
puertos, marcando el Gobierno slo objetivos generales y dando 
libertad a los puertos para su consecucin.

2. El impulso de la especializacin de los puertos de inters 
general.

3. La cooperacin entre las distintas Administraciones para 
conseguir la coordinacin de la poltica portuaria con la poltica 
de ordenacin del territorio Y medioambiental.

4. La prioridad para dotar a los puertos de accesos y conexiones 
adecuados con las otras redes de comunicacin.

AEROPUERTOS

Se racionalizar la red de aeropuertos de conformidad con el plan 
de transporte areo previsto en el capitulo correspondiente.

III.2 HACIA UN TRANSPORTE Y UNAS COMUNICACIONES DEL SIGLO XXI

1. Las comunicaciones son una de las ramas del sector servicios 
ms importantes por si incidencia sobre el funcionamiento global 
del sistema econmico.  La revolucin tecnolgica de las ltimas 
dcadas, centrada en la generacin y tratamiento de informacin ha 
permitido el desarrollo de nuevas tecnologas, cuyos efectos son 
la agilizacin de los flujos de conocimiento y de las 
comunicaciones a nivel mundial.

Espaa no ha estado al margen de este proceso de cambio.  El 
correcto desenvolvimiento de las empresas espaola est afectado 
negativamente por la existencia de rigideces importantes en el 
mercado que distorsionan el sistema econmico. El mercado de de 
las telecomunicaciones sigue estando sujeto al intervencionismo 
estatal. con una clara estructura monoplica, que no se 
corresponde con la evolucin tcnica ni econmica del sector. El 
desarrollo tecnolgico permite una diversificacin mayor de los 
servicios que se pueden ofrecer y de las formas en que pueden ser 
suministrados, de forma que no se justifica la permanencia de una 
estructura monoplica que ha demostrado ser cara e ineficiente.

2. Otro tanto sucede con el sector de los transportes (carreteras, 
ferroviarios, areos y martimos). donde la desregulacin parece 
aconsejable. Las empresas espaolas no deben ni pueden seguir 
soportando el coste excesivo de un servicio tan importante para 
actividades claves, como son la distribucin  y comercializacin 
especialmente por la necesidad de internacionalizacin que tienen 
y por las exigencias que en estos trminos supone la participacin 
en una Europa cada vez mas competitiva.

3. En este sentido, el Gobierno del PP pretende acometer un 
conjunto de actuaciones que permitan desarrollar estos servicios 
de forma que contribuyan a mejorar la eficiencia del sistema 
econmico espaol y estimulen la especializacin futura en un 
sector tecnolgicamente tan importante como las 
telecomunicaciones.   Con este fin se proceder a la privatizacin 
de las empresas pblicas ms ineficientes o sin funcin 
estratgica determinada.

4. En cuanto a los transportes, se elaborar un Plan Nacional del 
Transporte que guiar los diferentes planes modales de carretera. 
ferrocarriles. areo y martimo.

4. 1. El Plan de transporte por carretera estar guiado por 
el objetivo de la mejora de la competitividad de las 
empresas. Por ello. entre otras medidas se liberalizarn las 
tarifas de transporte y se construirn centros  de 
intercambio de mercancas y aparcamientos disuasorios en los 
accesos a las grandes ciudades.

Adems. se crear una red de paradas para vehculos de 
transporte de mercancas peligrosas. Asimismo se permitir la 
jubilacin anticipada para los conductores autnomos que lo 
deseen, y se rebajar la fiscalidad del gasleo de automocin 
para transportistas.

4.2. El plan director de ferrocarriles tendr tres grandes 
prioridades. La primera es la elaboracin de un esquema 
director de Alta Velocidad. coordinado con el de la CE. en el 
que prestar la mxima atencin a los enlaces ferroviarios 
transaccionales. La segunda sera la potenciacin de los 
servicios de cercanas. La tercera, modernizar, adaptar y 
coordinar la red espaola convencional a la nueva red de 
ancho europeo.

Por otra parte. se elaborar un esquema director de 
Transporte Combinado compatible con el que est estudiando la 
CE y se adaptar la Ley de Ordenacin de los Transportes 
Terrestres a la  Directiva 91/440.

El plan de ferrocarriles conllevar la puesta a punto de una 
infraestructura moderna y competitiva.  Para ello. el PP, 
propugna, entre otras, las siguientes medidas: el saneamiento 
financiero de las empresas ferroviarias, la sustitucin de 
las obligaciones de servicio pblico por contratos de 
servicio pblico que garanticen la prestacin de los 
servicios necesarios, la separacin de la gestin de 1os 
servicios de cercanas, regionales y de largo recorrido y se 
fomentar la financiacin privada.

4.3. El plan de transporte areo estimular fundamentalmente 
la competitividad y, calidad del sistema. El objetivo es 
lograr un nivel de competitividad igual al de los principales 
pases europeos y claramente superior al de los del sur de 
Europa, en clara competencia en el sector turstico. Para 
ello se mantendrn las tasas de ruta y las aeroportuarias al 
nivel o incluso inferiores a las de los pases competidores 
se establecern tarifas de "handing" realmente competitivas,
especialmente en los aeropuertos tursticos, y se reducirn 
los tiempos de espera en tierra y en el aire. La calidad del 
Servicio a los pasajeros, la carga y las aeronaves ser 
asimismo prioritario, reduciendo al mnimo los tiempos de 
facturacin, embarque, despacho y recogida de mercanca y el 
despacho Y control de aeronaves. La facilitacin del trfico 
de acceso y salida de los aeropuertos as como la dotacin de 
aparcamientos suficientes y seguros junto con espacios 
confortables en los aeropuertos sern otra de las 
prioridades. La fiabilidad del sistema de control, su 
agilidad y la relacin fluida entre controladores y 
tripulaciones es otro de los objetivos de la calidad del 
servicio y de la competitividad.

Para conseguir los anteriores objetivos ser imprescindible 
la mejora radical de la gestin del Ente Pblico Aeropuertos 
Espaoles y Navegacin Area (AENA) desprendindola de toda 
adherencia de administracin pblica y dotndola de sistemas 
e instrumentos  de gestin de empresa privada, reduciendo sus 
rganos de direccin a los mnimos imprescindibles y 
subcontratando, e incluso privatizando los servicios 
susceptibles de serlo. Se procurar una competitividad de los 
servicios de "handling" para  lo cual se dar entrada a  
de un operador.

Se potenciarn los servicios de apoyo al transporte de carga, 
hoy mnimamente dotados, convirtiendo a Madrid - Barajas en 
el aeropuerto de entrada y salida de mercancas europeas 
desde y para Iberoamrica.

La coordinacin de los centros de control ser claramente 
potenciada para flexibilizar el servicio y reducir 
drsticamente las esperas, los costes de explotacin y, en 
consecuencia las tasas de ruta. Se potenciara el centro de 
control de Barcelona para que pueda asumir las mismas 
funciones que el de Madrid, en caso de emergencia y 
congestin de trfico.

Espaa, que fue pionera en 1981 en la experimentacin de las 
comunicaciones aeronuticas va satlite,mediante el Proyecto 
PROSAT, financiado exclusivamente por nuestro pas, debe 
recuperar el protagonismo en esta rea y prepararse para 
estar entre los primeros pases cuando entren en servicio los 
nuevos sistemas de control y guiado de aeronaves.

Se potenciar la figura de la Direccin General de Aviacin 
civil, para que pueda asumir con eficacia y ,sin burocracia 
todas las competencias que la Ley le asigna en particular en 
la definicin y control de aplicacin de las polticas y 
estrategias en materia de mantenimiento de aeronaves, control 
de la circulacin area, enseanzas aeronuticas y 
operatividad aeroportuaria y, en general, en el diseo del 
sistema de transporte areo.

4.4. El plan de transporte martimo facilitar las 
condiciones para que las empresas navieras espaolas puedan 
competir en el mercado internacional. Para ello, se 
establecer una poltica de libertad de navegacin, se 
intentar conseguir que el tamao de la flota se fije sin 
restricciones a la compra-venta de buques y se mejorarn las 
condiciones de segundo registro en Canarias y el apoyo al 
registro comunitario EUROS.

5. Por lo que respecta a las telecomunicaciones el Gobierno del PP 
proceder a la liberalizacin del sector, en lnea con la de la 
CE, aprovechando los perodos transitorios para favorecer los 
intereses nacionales. Otras medidas de importancia sern:

5. 1. Digitalizar nuestras infraestructuras a fin de 
introducir servicios de mayor valor aadido.

5.2. Promover una mayor utilizacin de las Tecnologas de la 
Informacin, como paso imprescindible para la modernizacin y 
el progreso de nuestro pas.

5.3. Fomentar las actividades de I+D, fabricacin, 
explotacin y comercializacin adecuadas para favorecer los 
intereses de nuestro tejido cientfico, tecnolgico e 
industrial.

5.4. Desarrollar nuevos mtodo, y procedimientos de gestin 
que contribuyan a elevar y mantener la productividad de las 
PYMES mediante el empleo de las tecnologas de la 
informacin.

5.5. Favorecer el desarrollo de las redes VSAT de 
comunicaciones con satlites y lograr un mayor 
aprovechamiento de los recursos de HISPASAT.

6. En lo que respecta a las comunicaciones telefnicas se 
reorganizar la gestin, aprovechando al mximo los recursos 
financieros, tcnicos y humanos existentes para con ello mejorar 
la calidad y reducir fuertemente el gasto de las comunicaciones 
telefnicas. As, se establecern rigurosos sistemas de 
conservacin de la red telefnica y se garantizar a las 
industrias del sector el cumplimiento de las previsiones 
inversoras, con ello se lograr suprimir las listas de espera.
  
Por otra parte, la poltica de compras y contratas de Telefnica 
se revisar con el fin de hacerla  transparente y redunde en 
beneficio de los intereses de Telefnica de Espaa. Igualmente, se 
seleccionaran a los trabajadores aplicando sistemas de seleccin y 
promocin basados en el mrito y capacidad de stos. Por ltimo,
se apoyarn los- avances tecnolgicos mediante la realizacin de 
inversiones y dedicacin del personal necesario en investigacin y 
desarrollo.

7. En cuanto al funcionamiento de correos, el Gobierno del PP 
propone elaborar una nueva Ley de Ordenacin Postal que mejore la 
calidad del servicio y la instalaciones; atender especialmente a 
la promocin de nuevos servicios de alto valor aadido en rgimen 
de competencia: motivar y, estimular al personal de Correos, 
apoyando su formacin y reciclaje en las nuevas tcnicas postales 
y de comunicaciones, dotar a Correos de una direccin 
profesionalizada: aplicar un plan urgente a medio plazo basado en 
una poltica tarifaria justa y, por ltimo. evitar los gastos 
superfluos.

III.2. LA POLTICA  INDUSTRIAL DE LOS NOVENTA

La industria es el eje bsico en torno al cual se articula el 
sistema productivo de las sociedades avanzadas. Los signos de los 
nuevos tiempos (el incremento de la competencia, el desarrollo 
tecnolgico y la globalizacin de las actividades econmicas) 
tienen consecuencias muy importantes sobre el funcionamiento de 
las economas, en particular sobre la produccin industrial. De 
hecho la crisis actual de la economa mundial y de la espaola es 
fundamentalmente una crisis de la industria.

La mejora de la productividad en la industria ha dado lugar en 
Espaa - al igual que en el resto de las sociedades 
industrializadas- al desarrollo de un cada vez  importante 
sector servicios, cuyo ascenso es signo de modernidad. Pero sera 
un error que el reconocimiento de la pujanza de los servicios 
ocultase el relevante papel de la industria. Por un lado, el 
desarrollo econmico y social depende en gran medida de la 
existencia de un sector industrial vivo y con capacidad de 
adaptacin a los cambios del contexto econmico. Por otro, las 
ramas ms importantes del sector servicios estn estrechamente 
ligadas a la actividad de la industria.

En los ltimos aos, asistimos a una desaceleracin del ritmo de 
crecimiento de la produccin industrial. El deterioro de la 
industria espaola obedece a tres causas fundamentales. En primer 
lugar, la poltica econmica ha sido incapaz de generar un entorno 
macroeconmico estable que beneficie la actividad empresarial. La 
inversin productiva decrece debido al estrechamiento de los 
beneficios empresariales y al encarecimiento de los costes de 
funcionamiento de las empresas (financieros, fiscales y 
salariales), frenando la modernizacin del tejido productivo. El 
impacto de los aumentos de costes se agrava por el hecho de que 
sea precisamente la industria el sector ms expuesto a la 
competencia exterior y el que mayores dificultades presenta para 
trasladar sus incrementos de costes a los precios en el pasado, 
debido a la fortaleza del tipo de cambio de la peseta.

Por otro lado, los sectores de demanda dbil y media tienen un 
peso importante en la estructura de nuestro tejido industrial.  Se 
trata de como sectores como el siderrgico, la minera el textil, 
el calzado, etc, cuyas debilidades provienen, por un lado, de la 
obsolescencia de sus instalaciones y, por otro, de la propia 
apuesta por un modelo de competencia cuyo elemento bsico es el 
precio del producto lo que les ha hecho relegar otros empeos como 
la mayor calidad, imagen, marca, y la utilizacin de nuevas 
tecnologas.

Por ltimo, el tamao reducido de las empresas espaolas (casi el 
80% de nuestro tejido industrial est compuesto por PYMES), a 
pesar de sus ventajas en trminos de movilidad y, flexibilidad. Es 
un grave problema para afrontar los costes de inversin que 
requiere la actividad empresarial actual para aprovechar las 
economas de escala.

A fin de mejorar la situacin de la industria, el Gobierno del PP 
se propone acometer un conjunto de actuaciones que permitan 
recuperar la competitividad de la empresa espaola y resolver los 
defectos que afectan su funcionamiento.

1.- Se buscar crear un marco econmico estable y flexible que 
favorezca la actividad Industrial, eliminando mediante un cambio 
de poltica econmica, las causas que contribuyen a la baja 
rentabilidad actual. De la recuperacin de sta dependen la 
inversin y la mejora de las expectativas y de la confianza de los 
inversores nacionales y extranjeros.

2.- Se crearn, como medida prioritaria, incentivos fiscales y 
financieros que fomenten la inversin empresarial en intangibles 
(I+D, formacin profesional dentro de las empresas, marketing y 
comercializacin). Se trata de dar el mismo tratamiento fiscal a 
las inversiones en intangibles que el otorgado a las inversiones 
fijas dentro del impuesto sobre sociedades, Adems de canalizar a 
travs de algunas entidades pblicas y privadas la concesin de 
crditos blandos que permitan a las empresas costear una parte de 
los recursos que requiere la realizacin de estas actividades.

El xito de una poltica de I+D global exige una mejor 
coordinacin entre los agentes que intervienen en el sistema de 
ciencia si tecnologa. Por tanto, hay que establecer redes de 
cooperacin entre los centros pblicos de investigacin, las 
universidades y las empresas para que se aprovechen as las 
economas de escala, se evite la duplicacin y, se anen esfuerzos 
en la direccin que indica el mercado. Se favorecer adems la 
creacin de organismos que faciliten la transferencia de 
tecnologa dentro si fuera de nuestras fronteras.

3.- Mejorar el nivel de la cualificacin de la fuerza laboral a 
travs de la adaptacin de los planes de estudios generales y de 
la formacin profesional a las exigencias de un mercado en cambio 
y de la revolucin tecnolgica que hoy se vive.

4.- Apoyar decididamente el incremento de la calidad de los 
productos industriales propiciando, entre otras medidas, una mayor 
atencin a las actividades de normalizacin, certificacin, 
inspeccin, ensayos y calibracin.

5.- Reiniciar la reconversin industrial de aquellos sectores que 
presentan serios problemas de desarrollo futuro. La puesta en 
marcha de los programas de reconversin industrial hay que 
acompaarla de la mejora de la formacin profesional a fin de 
facilitar el rpido reciclaje de la mano de obra.

6.- Fomentar la utilizacin de tecnologas modernas y "limpias" 
como forma de promover la proteccin medioambiental en la 
industria.

7.- Elaborar un programa nacional dirigido a las PYMES, cuyo 
objetivo sea fomentar las actividades de formacin y de I+D dentro 
de estas empresas y facilitar su salida al exterior.

8.- Favorecer la creacin de redes de cooperacin, tanto en I+D 
como en distribucin, para superar la limitacin estructural que 
supone el enorme peso de las PYMES en nuestro aparato productivo.
 
Se trata as de facilitar el aprovechamiento de las ventajas 
derivadas de las economas de escala.

9.- Desarrollar desde la Administracin y la empresa una poltica 
 agresiva para favorecer la internacionalizacin de la empresa 
espaola.

III.4 UNA NUEVA Y AUTNTICA POLTICA AGRARIA QUE DEFIENDA LOS 
INTERESES ESPAOLES

1.- LA HERENCIA DEL PSOE

La situacin actual que tiene su causa en una mala negociacin del 
Tratado de Adhesin de Espaa a la CE, se caracteriza por una 
creciente y continuada cada de las rentas agrarias (-9.6% en 
1992), Y de los precios (-17,7% en el ltimo trimestre de 1992), 
por un gran desconcierto del sector ante la confusin provocada y 
por la ausencia de directrices y expectativas claras de futuro. 

Por otra parte. la gran descoordinacin la existente entre las 
diferentes Administraciones agrarias espaolas, imputable al PSOE 
por la falta de un modelo de poltica agraria propio, est 
dificultando que los sectores agrario y agroalimentario puedan 
utilizar con la mxima rentabilidad posible todas las lneas de 
beneficio econmico  que la CE tiene establecidas.

El Gobierno del PP se compromete a romper con sta dinmica de 
desidia, pobreza y abandono, elevando sustancialmente las rentas 
de los agricultores, ganaderos y silvicultores mediante la defensa 
enrgica de sus legtimos intereses en el seno de la Comunidad 
Europea y frente a otros pases, rompiendo con la estrategia de 
entreguismo y abandono que han caracterizado durante los ltimos 
aos la NO-Poltica Agraria que a nuestro juicio ha vendido el 
campo espaol por otras inconfesables compensaciones.

El Gobierno del PP se compromete igualmente a promover en el 
mbito interno, una fluida y constante relacin con las 
Comunidades Autnomas y con los diferentes agentes sociales y 
econmicos sectoriales (OPAS, Entidades Asociativas, Cooperativas, 
Sociedades Agrarias de transformacin, industrial agroalimentarias 
y de distribucin, etc.)

2.- PRINCIPIOS DE LA POLTICA AGRARIA

El Gobierno del PP llevar a cabo una nueva poltica agraria 
basada en los siguientes principios:

2.1 La defensa real y eficiente de los intereses agrarios 
espaoles ante las instancias internacionales, especialmente la 
CE, con principal atencin a las negociaciones de los Acuerdos del 
GATT.

2.2 La dignificacin y respeto para de agricultores y ganaderos, 
buscando la equiparacin de sus condiciones de trabajo y calidad  
de vida a la de sus homlogos comunitarios.

2.3 El rejuvenecimiento de la poblacin agraria mediante una 
decidida e innovadora poltica global de apoyo a la incorporacin 
de los jvenes al sector basada en medidas fiscales, crediticias, 
subvenciones, promocin y formacin profesional, etc.

2.4 El dilogo con las organizaciones agrarias y sus 
representantes y la bsqueda de soluciones consensuadas que ser 
una constante de nuestra actuacin.

2.5 El aprovechamiento mximo de las ayudas que otorga la CE a los 
agricultores y ganaderos, mejorando sus cuantas, cuando ello 
dependa del gobierno espaol, e informando ampliamente de las 
mismas a travs de OPAS, servicios de extensin agraria, medios de 
comunicacin, Ayuntamientos, etc para que conozcan su existencia y 
puedan acogerse con tiempo a tales beneficios.

2.6 La defensa y la proteccin del medio ambiente natural, 
defendiendo los ecosistemas propios, las especies amenazadas de 
extincin y dotando mejor los Parques Nacionales.

2.7  El apoyo a la industria agroalimentaria espaola, principal 
cliente de la agricultura, y a sus programas de formacin, calidad 
total y mejora de la competitividad.

3.- MEDIDAS

3.1 PARA MODERNIZAR EL MEDIO RURAL:

3.1.1.  Se aprovecharn al mximo todas las posibilidades de 
financiacin que ofrecen los diferentes fondos estruacturales de 
la CE (FEDER, FSE y FEOGA-Orientacin).

3.1.2. Se mejorarn las infraestructuras agrarias propiamente 
dichas, en particular las construcciones agrarias y ganaderas y la 
reconversin de cultivos, estableciendo una estrecha colaboracin 
con las Comunidades Autnomas.

3.2 PARA CONSEGUIR LA MAYOR EFICACIA PRODUCTIVA DE LAS 
EXPLOTACIONES Y POLITICA DE RENTAS EQUIPARADORAS:

3.2.1.  Se incrementar la competitividad, mediante la reduccin 
del coste de los medios de produccin que el agricultor tiene que 
comprar (gasleo, energa, maquinaria, abonos, etc.) hasta 
alcanzar valores iguales que en el resto de la CE.

3.2.2.  Se establecern los cauces y mtodos para la creacin de 
"interprofesionales" que permitan establecer acuerdos entre la 
agricultura y la industria agroalimentaria para asegurar la salida 
de los productos agrarios y ganaderas y garantizar una 
comercializacin adecuada.

3.2.3.  Se potenciar la formacin profesional de nuestros 
agricultores y ganaderas para que conozcan las modernas tcnicas 
de produccin, gestin y comercializacin.

3.2.4.  Se fomentarn los trabajos de investigacin y desarrollo 
que ofrezcan alternativas a los actuales cultivos y a las 
explotaciones no rentables y contribuyan a la mejora de la calidad 
de los productos y sistemas productivos agrarios.  Paralelamente 
se otorgar prioridad a la mejora de la sanidad animal y vegetal.

3.2.5.  Se favorecern los convenios con entidades financieras 
para dotar al sector de los medios econmicos precisos y en 
condiciones de carencia, plazos e intereses adecuados para 
financiar su modernizacin.

3.2.6.  Asmismo, se negociar con agricultores, ganaderos, 
Bancos, Cajas, etc., para refinanciar la elevada deuda de casi 2 
billones de pesetas que tiene el campo expaol.  Esta medida de 
asoptar en los primeros 100 das.

3.2.7.  Se tomarn, entre otras, las siguientes medidas de 
poltica fiscal:

- Exencin del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas 
Fsicas, de las explotaciones agrarias cuyo valor catastral 
sea inferior a los 50 millones de pesetas.

- Exencin del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el 
caso de explotaciones agrarias familiares, cuyo valor 
catastral no supere los 50 millones de pesetas y cuando el 
receptor de la misma sea el cnyuge del titular de la 
explotacin o alguno de sus herederos, que continen con la 
explotacin directa de la misma durante un plazo.

- Elevacin de los mnimos exentos en las bases imponibles 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las explotaciones 
agrarias directas para reducir la carga fiscal a los 
agricultores y ganaderos.

- Se dar el apoyo decidido a la ganadera vacuna de leche y 
carne as como al sector vincola, por tener ambos 
intentivos de la CE para su reduccin.  Para la leche se 
perseguir aumentar las cuotas correspondientes y se 
dejarn exentas del impuesto en renta y patrimonio los 
pagos por sacrificio de vacuno con fondos CE y por 
arranques de viedo.

- Implantacin de un nuevo sistema fiscal  favorable a 
agricultores y ganaderos, diferenciando Adems para las 
producciones forestales, y que sean todos  sencillos, 
 facilmente elaborables y que no graven nunca  la 
agricultura espaola que la del pas mejor tratado de la 
CE.

3.2.8. Se modificar la Ley de Seguros Agrarios incrementando las 
subvenciones a las primas.

3.2.9. Se reformar el sistema de Seguridad Social Agraria. de 
comn acuerdo con las OPAS, acomodando el mismo a las exigencias 
especficas del sector.

3.2.10. Se reconocer la funcin de proteccin medioambiental que 
desempea la agricultura. Sern prioritarias las siguientes 
acciones:

- Reforestaciones y trabajos forestales con el compromiso de 
reforestar 1.600.000 hectreas en ocho aos, elevando la 
cantidad de la ayuda por "gastos de reforestacin".

- Medidas agroambientales y conservacin de la naturaleza.

- Desarrollo de la artesana rural y el turismo interior.

3.2.11. Los programas de jubilacin anticipada y de modernizacin 
de explotaciones agrarias, establecidas por la CE, requieren para 
su mxima eficacia una mayor movilidad de la tierra que mejore la 
dimensin de las explotaciones agrarias tanto familiares como 
asociativas. A tal efecto, el Gobierno del PP propone:

- Exenciones fiscales a la ampliacin de superficie de una 
explotacin, para hacerla viable, cuando se trate de fincas 
colindantes que se integran bajo una sola linde.

- Exencin de impuestos para la permuta de fincas rsticas 
con la misma finalidad.

- Modificacin de la Ley de Arrendamientos Rsticos para 
redefinir la condicin de profesional de la agricultura de 
modo  justo, reducir la duracin mnima de los contratos 
de arrendamiento y suprimir las prrrogas legales.

- Favorecer los procesos de reconcentracin parcelaria donde 
ya hayan sido efectuados.

3.2.12. Se favorecer con medias crediticias la mejora de los 
sistemas de niego con el fin de reducir elconsumo de agua.

3.3. PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Una potente industria agroalimentaria es el complemento 
imprescindible de una moderna agricultura. Por ello el Gobierno 
del PP proceder a la mejora estructural de la industria 
agroalimentaria espaola con el fin de apoyar el desarrollo de la 
agricultura y la ganadera, hacindolas  competitivas, 
mediante:

3.3.1. Programas de formacin y de calidad en materias primas, 
procesos de produccin y servicio al cliente.

3.3.2. Medidas para facilitar el establecimiento de industrias 
agroalimentarias en el medio rural, especialmente en las comarcas 
que no disponen de otras alternativas.

3.3.3. Nuevas orientaciones en orden a incrementar la 
competitividad del sector basada en la calidad, denominaciones de 
origen y en la promocin del consumo tanto interior como exterior.
3.3.4  Un decidido apoyo para la recuperacin de nuestro potencial 
exportador.

3.3.5  Estmulos a los procesos de fusin e integracin que 
proporcionen a las industrias agroalimentarias  el logros de una 
mayor dimensin productiva, sin perjuicio de apoyar proyectos 
agroindustriales nuevos para completar las ayudas condicionadas de 
la CE.

3.4 PARA LA REORDENACIN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

Es necesario un cambio en profundidad de los actuales 
planteamientos y, actitudes de nuestras relaciones con la 
Comunidad Europea en defensa de los intereses agrarios espaoles, 
establecer un nuevo marco de relacin con las Comunidades 
Autnomas en materia de Poltica Agraria, y mantener cauces de 
colaboracin con la iniciativa privada. Por todo ello el Gobierno 
del PP propugna:

3.4.1. Negociar con la CE la aplicacin estricta del principio de 
Preferencia Comunitaria para todas las producciones espaolas y la 
solidaridad en el caso de catstrofes naturales como la sequa.

3.4.2. Crear mesas agrarias de dilogo, participacin y eventual 
consenso, con representacin de los Sectores afectados y cuya 
funcin sea la propuesta, aplicacin y seguimiento de la Poltica 
Agraria Comunitaria en nuestro pas.

3.4.3 Reformar el Ministerio de Agricultura y el sector pblico 
interesado de acuerdo con los nuevos planteamientos de la Poltica 
Agraria.

III.5 LA PESCA: GARANTIZAR SU FUTURO

La actividad pesquera constituye una de las principales fuentes de 
riqueza de muchas comarcas espaolas, tanto por la dependencia que 
de ella tienen diversos colectivos socioeconmicos, como por el 
papel que desempea dentro de la estrategia alimentaria.

Buena prueba de ello es que Espaa sigue destacada como primera 
potencia pesquera europea, y es el segundo pas del mundo en 
consumo per cpita de productos pesqueros. Cien mil empleos 
espaoles estn vinculados a la pesca directamente y cada uno de 
ellos genera un empleo inducido de cuatro a cinco en tierra.
Ante la importancia de la actividad pesquera espaola, el Gobierno 
del PP acometer:

1. UN DESARROLLO LEGISLATIVO EFICAZ

1.1. Se elaborar una ley de Pesca, con un espritu armonizador 
que enmarque la poltica pesquera del Estado y el ejercicio de las 
competencias y derechos que el texto constitucional atribuye a las 
Comunidades Autnomas en particular en la distribucin de los 
fondos econmicos procedentes de la poltica regional de la CE.

1.2 Se definir un sistema de aprovechamiento de los derechos de 
acceso y de cuotas de captura comunitarias que, Adems de 
garantizar los derechos adquiridos, permitan una planificacin 
adecuada de la actividad de los barcos, buscando la estabilidad 
del mercado as como la garanta de operatividad de nuestros  
buques y el mximo empleo.

2. LA RECUPERACIN DE LOS RECURSOS PESQUEROS NACIONALES

2.1. Se tomarn prioritariamente medidas de recuperacin de los 
caladeros sujetos a jurisdiccin nacional.

2.2. Se luchar de manera decidida contra el comercio de inmaduros 
mediante el incremento de la inversin en medios de Inspeccin y 
Vigilancia directamente por el propio Gobierno y a travs de 
Acuerdos con las Comunidades Autnomas.

3. POLTICA DE RECURSOS

3.1 Recursos externos.

3.1.1. Junto a los acuerdos tradicionales  de intercambio de 
recursos pesqueros, se apoyar el desarrollo de los acuerdos 
comunitarios de tercera generacin sobre la base de fomentar la 
creacin de Sociedades Mixtas.

3.1.2. Se defender en los foros comunitarios  que en los acuerdos 
del Mar del Norte, con Groenlandia, Suecia, Islas Feroe y Noruega, 
y en las posibilidades pesqueras ofrecidas en el marco del Espacio 
Econmico Europeo, no se interprete el principio de estabilidad 
relativa excluyendo a Espaa, modificando as de hecho la clave 
del reparto establecida histricamente antes de la Integracin de 
Espaa en la CEE.

3.2 Recursos intracomunitarios en aguas no sujetas a jurisdiccin.  
Se facilitar la plena integracin de la flota espaola en la 
Poltica Pesquera Comunitaria adelantando a 1.993 el final del 
periodo transitorio, que no finalizar hasta el ao 2.002.
3.3. Recursos intracomunitarios bajo jurisdiccin espaola 
(Caladero Nacional).

Dentro del espritu de la conservacin de los recursos, y teniendo 
como objetivo principal su  rpida recuperacin se propone:
- Completar el censo operativo de buques, por especialidades 
de pesca, en caladeros nacionales.

- Elaborar un plan de Ordenacin de los Recursos Marinos 
evaluando la potencialidad de los recursos, al objeto de 
adaptar el esfuerzo de pesca a los recursos existentes.
- Poner en marcha una poltica de recuperacin de recursos y 
de bsqueda de nuevos caladeros.

- Establecer un sistema de vigilancia y control de la flota 
nacional basado en una filosofa real de conservacin de los 
recursos.

4. POLTICA DE RECONVERSIN

- Se redactar un programa nacional de reconversin de la flota 
pesquera que contemplar una vigorosa renovacin y modernizacin 
de la flota, incentivando al mximo la poltica de nuevas 
construcciones, con especial incidencia en la flota de bajura. Se 
atender a las especificidades de la flota congeladora, atunera y 
bacalera y en particular a los problemas de dimensin.

- Se crear un sistema gil de informacin al sector pesquero de 
las ayudas disponibles para el ajuste estructural, en el marco de 
la integracin de la pesca en los Fondos Estructurales 
comunitarios.

- Se fomentar la acuicultura y su diversificacin como actividad 
industrial. Igualmente, se establecern crditos de campaa para 
facilitar el capital circulante que este tipo de actividad  
demanda.

- Se implantarn contratos temporales de asociacin, se mejorar 
la formacin martimo-pesquera y se vigilar y perfeccionar la 
seguridad en el mar.

- Se desarrollar la infraestructura portuaria con objeto de 
disminuir los costes de manipulacin y explotacin, mediante el 
incremento de inversiones pblicas y privadas.

- Se adoptarn medidas preventivas y de control para evitar la 
contaminacin marina y el deterioro del medio ambiente marino y 
martimo terrestre.

- Se fomentar racionalmente la industria de transformacin de los 
productos del mar de forma que sta suponga un complemento a la 
actividad extractiva, un medio eficaz para su comercializacin y 
una fuente alternativa de empleo que permita la absorcin de 
excedentes laborales procedentes de la reduccin de flota.

5. OTROS ASPECTOS

- Se aumentar la investigacin marina, con ms atencin a la 
aplicada que a la bsica y su divulgacin entre el sector, tanto 
la referida a la evaluacin de los recursos pesqueros, como la 
relativa a la acuicultura y proteccin del medio ambiente marino.

- En materia de salvamento. se coordinarn todas las 
Administraciones publicas con competencias en el mismo, y se 
adecuar la sealizacin de las rutas costeras, apenas mejoradas 
en los ltimos aos, con el fin de evitar el mayor nmero posible 
de siniestros martimos.

III.6 POR UNA ENERGA LIMPIA, BARATA Y SEGURA

1. LA REFORMA NECESARIA

La energa tiene una importancia decisiva en cualquier proceso 
productivo.  Los cambios estructurales que se estn produciendo en 
la economa espaola, las exigencias de un crecimiento econmico 
creador de empleo y la evolucin de las demandas sociales 
requieren una respuesta en materia energtica con decisiones 
bsicas, imposibles de posponer por ms tiempo.

La oferta insuficiente de recursos energticos nacionales (en 
conjunto slo abastece el 30% del sistema y vara extremadamente 
en funcin de la meteorologa) obliga a importar grandes volmenes 
de energa primaria para asegurar el abastecimiento interior, 
provocando una excesiva dependencia exterior que resulta cara y  
peligrosa por cuanto puede generar incertidumbres futuras sobre el 
funcionamiento global del pas. Los recursos energticos 
nacionales son, principalmente, la energa hidrulica, carbones y 
minerales radioactivos (uranio). Tambin se producen algunas 
cantidades de petrleo y de gas.

Dentro del sistema energtico nacional, la industria elctrica es 
el subsector que exige un mayor esfuerzo tcnico y econmico. La 
importancia de la energa elctrica dentro de la estructura de 
costes industriales, as como la constatacin de que el precio de 
la electricidad en nuestro pas es superior al de la media de los 
pases de la Comunidad Europea, hace urgente la reforma del 
sector.  Su ordenacin se ha caracterizado por el mantenimiento de 
una frrea regulacin, que acta como barrera de acceso al mercado 
y como proteccin de la competencia exterior. Esta situacin no 
parece sostenible en el tiempo, Adems de ser contraria a las 
reglas del juego que se estn imponiendo en la CE que, mas bien 
favorecen la apertura y reordenacin del mercado.

2. OBJETIVOS

Para corregirlas deficiencias que se presentan en nuestro sistema 
energtico el Gobierno del PP propone un conjunto de actuaciones 
cuyos objetivos bsicos se pueden resumir de la forma siguiente:

2.1 Lograr una mayor seguridad en los abastecimientos energticos, 
lo que Implica su diversificacin.

2.2   El aumento de la utilizacin, en la medida de lo posible de 
los recursos nacionales.

2.3 La mejora de la eficiencia energtica para conseguir un ahorro 
de energa y una disminucin de los costes.

2.4 El apoyo a las industrias espaolas fabricantes de materiales, 
bienes de equipo, ingenieras y a la investigacin y desarrollo 
tecnolgico en el sector.

2.5 La adecuacin de nuestros subsectores energticos para operar 
en el mbito del nuevo contexto europeo.

2.6 La optimizacin de los costes en la generacin de la 
electricidad como uno de los mecanismos de reduccin de los 
precios.

2.7 La mxima seguridad de operacin de las centrales nucleares y 
la proteccin del medio ambiente.

3. MEDIDAS

Las medidas de la poltica energtica del Gobierno del PP para los 
noventa sern las siguientes:

3.1 Flexibilizar la poltica energtica nacional,  en lnea con 
las exigencias que plantea la prxima entrada en vigor del Mercado 
nico de la Energa, modificando los esquemas obsoletos actuales, 
operando con datos reales y desregulando los subsectores 
energticos -especialmente el elctrico-, muy intervenido en la 
actual ordenacin por los poderes pblicos.

3.2 Revisar el llamado "Marco legal estable" del sector a fin de 
que puedan acometerse las actuaciones precisas de construccin de 
nuevas centrales, instalacin de nuevas lneas y reposicin de 
lneas elctricas de baja tensin para mejorar la calidad del 
servicio elctrico, as como la adopcin de las medidas 
correctoras de la contaminacin y otras acciones para la 
proteccin del medio ambiente. Tambin hay que definir claramente 
el estatuto de autoproductor y reducir el coste de la moratoria 
nuclear.

3.3 Apoyar actividades de investigacin y desarrollo, con especial 
atencin al carbn nacional, la eficiencia energtica, la 
reduccin de la contaminacin y otras fuentes energticas, como 
por ejemplo la energa solar fotovoltaica o la elica.

3.4 Privatizar algunas empresas del sector energtico para adecuar 
el funcionamiento de la Red Elctrica de Espaa a un esquema ms
racional eliminando el monopolio publico.

3.5 Formar  recursos humanos en el manejo de las nuevas 
tecnologas que se estn desarrollando en el rea de la fisin 
nuclear a fin de mejorar la calidad de la mano de obra que opera 
en  las centrales nucleares.

3.6 Prestar una atencin especial a la gestin de los residuos 
como parte de la poltica de proteccin del medio ambiente.

3.7 Apoyar plenamente el desarrollo del mercado del gas a travs 
de medidas que garanticen la disponibilidad de los recursos 
precisos, la diversificacin de los suministros y el desarrollo de 
almacenamientos estratgicos.

3.8 Combinar los nuevos aprovechamientos hidroelctricos con los 
programas de Obras Hidrulicas que exija la poltica hidrolgica, 
fomentando la generacin elctrica mediante bombeos para cubrir la 
demanda en puntas y racionalizar la oferta del sistema elctrico 
espaol.

TURISMO: UNA OFERTA DE CALIDAD

El turismo es un sector estratgico de la economa nacional por lo 
que su fomento constituye una de las acciones prioritarias que el 
Gobierno del PP tomar para la reactivacin econmica.

En el turismo espaol confluyen un elevado nmero de empleos 
directos e indirectos, una gran cantidad de empresas y servicios 
distintos y, sobre todo, un patrimonio econmico real, cuya 
preservacin y mejora debe ser objetivo prioritario de gobierno.

Adems, el turismo es un elemento fundamental de la oferta de 
calidad de vida que desde el gobierno debe hacerse a los 
ciudadanos. Es por eso que defendemos la aparicin de nuevas 
formas de turismo que combinen ocio y cultura con el profundo 
respeto al medio ambiente. Para hacer frente a las dificultades 
creadas, principalmente por una competencia creciente ante la que 
no ha habido una adecuada reaccin, el Gobierno del PP adoptar 
las medidas siguientes:

1. La elaboracin de un Programa de Reactivacin, segn los 
criterios de la Ponencia del Congreso de los Diputados que integr 
por consenso las aportaciones de grupos polticos y sectores 
sociales. Entre esos criterios, se darn especial relevancia a:

1. 1 La bsqueda de la cooperacin entre Administraciones con 
competencias tursticas y las empresas del sector, tanto para 
facilitar las actuaciones globales como la promocin exterior. 

1.2 A este fin, la promocin exterior se realizar de la manera 
 profesional posible, difundiendo las marcas tursticas 
nacionales, englobadas en la "marca Espaa". Se considerar el 
turismo como actividad exportadora.

1.3 El apoyo a la modernizacin e innovacin de las instalaciones 
tursticas, fomentando el uso de nuevas tecnologas de informacin 
y comercializacin, tanto a travs de una financiacin 
preferencial como a travs de las desgravaciones fiscales a la 
inversin.

 1.4 La promocin de empresas de servicios tursticos 
especializados y de nuevos servicios de lite, que mejoren la 
competitividad del sector.

1.5 La introduccin en el Plan General de Carreteras y en la 
revisin del Plan Aeroportuario, de medidas para asegurar la 
perfecta conexin de la oferta turstica con la demanda nacional e 
internacional.

1.6 En el campo de la poltica hotelera, se procura elevar la 
calidad de los alojamientos y se intentar eliminar su oferta 
sumergida a travs de la Ley de Arrendamientos, de la inspeccin 
de las Comunidades Autnomas y de la colaboracin con los 
municipios.

1.7 Se regular el alojamiento turstico individual y las 
viviendas de temporada y se reformar el rgimen de precios y 
reservas en alojamientos tursticos tendiendo a alcanzar mayor 
competitividad en los precios.

2. Diversificacin de la oferta

Adems de la oferta tradicional se favorecer:

2.1 Turismo Rural y Ecolgico. Teniendo en cuenta el impacto 
medioambiental, humano y sobre las infraestructuras que tendra 
promover esta oferta, el PP pretende fomentar al mximo esta 
posibilidad, como forma alternativa de impedir la desertizacin 
del mundo rural  y mantener unas expectativas econmicas.

2.2 Municipios tursticos. Ante la problemtica que sufren estos 
municipios que tienen que ofrecer servicios a una poblacin 
estacionalmente muy superior a la censada, se propondra 
clasificar estos municipios y elaborar una Ley de Municipios 
Tursticos; elaborar, de acuerdo con los tres niveles de la 
Administracin, un Plan Urgente que contemple la limpieza de 
playas, mejoras en el abastecimiento de agua, mejoras en los 
saneamientos y depuracin, mejoras viarias y en la seguridad 
ciudadana y regular el mecanismo de solicitud de Bandera Azul a 
los municipios tursticos que lo soliciten para evitar las 
actuales irregularidades.

2.3 Tiempo compartido ("Time Sharing"). Se proceder a su 
regulacin para evitar el fraude y la estafa por el vaco legal 
existente.

3.(.)Se mejorar radicalmente la formacin de los profesionales 
del sector sin la cual la competitividad est gravemente 
amenazada, como en cualquier otra actividad econmica cuyo capital 
humano no estuviese cualificado. A tal fin se propone:

3.1 La creacin de un Centro Europeo de Altos Estudios Tursticos 
en Espaa.

3.2 Trasladar al Ministerio de Educacin todas las dispersas 
actividades de formacin turstica.

3.3 Crear un nuevo marco laboral en el sector que sustituya las 
ordenanzas vigentes por convenios especficos negociados en el 
marco de las Comunidades Autnomas.

3.4 Dotar a los estudios tursticos de una calificacin acadmica 
adecuada, homologando los ttulos con los de la CE y 
homogeneizando la titulacin turstica entre las diversas 
Comunidades Autnomas y potenciando la creacin de Escuelas de 
Hostelera.

3 .5 Asegurar la formacin continuada de trabajadores, mandos 
intermedios y directivos, de forma que los conocimientos se 
adecen a las necesidades de la demanda.

4. En relacin con la Poltica Medio Ambiental
El Gobierno del PP propone:

4.1 la rehabilitacin integral de mbitos territoriales homogneos 
del litoral.

4.2 La preservacin de espacios vrgenes y la reestructuracin 
urbanstica de las zonas congestionadas.

4.3 La aplicacin de nuevas actuaciones territoriales de 
equipamientos tursticos. Especial atencin a la creacin de 
Parques Naturales.

4.4 La exigente aplicacin de las normativas antirruidos.

4.5 La repoblacin forestal inmediata en reas incendiadas. 

SEGUNDA PARTE

ENTRE LA SOLIDARIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA

1. UN CONCEPTO MODERNO DE SOLIDARIDAD

La solidaridad es en Espaa un principio constitucional que 
vincula a todos los poderes pblicos. El Estado social que la 
Constitucin consagra encuentra en l su fundamento.

Ms all de esta formulacin y ante la crisis financiera que ha 
limitado la aplicacin y expansin de las polticas de bienestar 
social, se ha ido abriendo paso un nuevo planteamiento que se 
articula en tomo a tres ejes:

- La lucha decidida contra la marginacin social en sus diversas 
manifestaciones, cada vez ms amplia en las sociedades 
desarrolladas y que constituye un autntico reto para la 
estabilidad social.

- La afirmacin del principio de que nadie debe encontrarse por 
debajo de un determinado nivel de vida, o lo que es lo mismo, que 
las necesidades bsicas del ser humano deben estar suficientemente 
cubiertas. Se trata de garantizar un mnimo comn que permita que 
el principio de igualdad de oportunidades tenga sentido.

- El carcter global u omnicomprensivo, que integra aspectos 
cualitativos concretos como el medio ambiente, el nivel de los 
servicios pblicos bsicos o la erradicacin de discriminaciones 
singulares como las que todava padece la mujer.

Es este concepto de la solidaridad el que inspira el programa de 
Gobierno del PP, sin que ello suponga la absorcin por el Estado 
de iniciativas de la sociedad ni tampoco la expansin del sector 
pblico. Se trata de impulsar y encauzar en un proyecto 
(pluralista e integrador) todas las iniciativas que surgen de la 
sociedad, definiendo un marco garantizado por el Estado que no 
genere una estril dependencia de los poderes pblicos ni anule la 
capacidad de iniciativa de los individuos y grupos sociales.

EDUCACION: RENOVACION A FAVOR DE LA CALIDAD

LA HERENCIA DEL GOBIERNO DEL PSOE

Las mejoras realizadas por los gobiernos democrticos no han 
conseguido la convergencia educativa necesaria para alcanzar las 
cotas de los pases ms avanzados. La calidad es hoy un reto al 
que hay que hacer frente para ser un pas competitivo.

En efecto, Espaa sigue teniendo uno de los ndices ms bajos de 
gasto pblico en educacin.

Espaa es hoy el pas de la OCDE con ms alumnos por clase y 
profesor.

Espaa tiene las tasas ms bajas de escolarizacin de 15 a 19 aos 
de todos los pases de la CE.

Existe dficit de puestos escolares en educacin infantil, 
denunciado incluso por el Defensor del Pueblo.

El ndice de fracaso escolar es todava excesivamente alto.

Se han emprendido reformas no exentas de prejuicios ideolgicos 
que han daado la eficacia administrativa y la profesionalizacin 
(especialmente en profesorado, rganos consultivos y colaboracin 
de iniciativas sociales en educacin e investigacin).

PRINCIPIOS

Hacer de Espaa un pas moderno exige una profunda y decidida 
renovacin de la calidad del sistema educativo. El Gobierno del PP 
se marca este compromiso como cuestin prioritaria.

La nueva poltica educativa girar en tomo a tres ejes bsicos:

* Prioridad en la calidad. Para ello se asume el compromiso de :

- Acercar durante la legislatura el porcentaje de gasto educativo 
y de investigacin a la media de los pases de la OCDE.

- Disminuir el nmero de alumnos por profesor para llegar a una 
atencin personalizada.

- Elaborar un Programa Nacional de Formacin Profesional.

- Articular una financiacin suficiente que haga efectiva la 
reforma de la enseanza media y de los planes de estudio en la 
enseanza universitaria.

- Mejorar las retribuciones y condiciones de trabajo del 
profesorado e investigadores.

* Justicia: eliminando desigualdades por razones econmicas y 
garantizando que el derecho y la libertad de enseanza sern real 
y efectivamente disfrutados por todos los espaoles.

Para ello:

- Se establecer gradualmente la gratuidad en la educacin de 3 a 
18 aos aumentando la oferta pblica y sumando conciertos con 
centros privados.

- Se fomentar la pluralidad de ofertas educativas de calidad.

- Se establecer con urgencia la Red de centros, con participacin 
de los sectores implicados.

* Eficacia: mediante la plena profesionalizacin de la 
Administracin educativa. A tal fin:

- Se elaborar una Ley de la Funcin Docente que regule 
adecuadamente el acceso, promocin y formacin permanente del 
profesorado y que distinga entre carrera docente y carrera 
administrativa.

- Se regular la Funcin inspectora atendiendo estrictos criterios 
de profesionalidad, objetividad, competencia y cualificacin.

- Se consolidar la autonoma econmica y de gestin de los 
centros escolares.

- Se transformarn las estructuras del Ministerio de Educacin y 
Ciencia, elaborando un nuevo organigrama de servicios que permita 
acometer sus funciones bsicas de inspeccin de calidad, 
rendimiento y evaluacin del sistema educativo; diseo de planes 
bsicos de estudio, coordinacin y programacin escolar; fomento y 
coordinacin de I+D.

- Se reformarn en profundidad los rganos consultivos 
dependientes del MEC, -Consejo Escolar del Estado, Consejo General 
de la Formacin Profesional, Consejo de Universidades, CICYT, 
etc.- para dotarlos de credibilidad y cualificacin basados en su 
independencia y profesionalidad.

MEDIDAS

EDUCACION INFANTIL

El Gobierno del PP se propone:

- Generalizar la educacin preescolar en el tramo 3-6 aos.

- Favorecer la escolarizacin de nios de 3 aos a tiempo parcial, 
en situaciones de dficit culturalo social. A tal fin se promover 
en colaboracin con los ayuntamientos y la iniciativa privada la 
creacin y construccin de centros de Educacin Infantil.

- Establecer que los profesionales sean Maestros y Licenciados con 
una alta formacin psicopedaggica.

EDUCACION PRIMARIA

Con el fin de mejorar las condiciones de escolarizacin de los 
alumnos de Enseanza Primaria y garantizar la calidad de la 
enseanza, el gobierno del PP se propone:

- Aumentar la dotacin de profesores de apoyo.

- Reducir la proporcin profesor-alumno.

- Permitir el concierto de aulas en centros privados atendiendo a 
la demanda real de las familias para que el aumento de la calidad 
que supone la disminucin de la relacin nmero de 
alumnos/profesor, no se consiga en ningn caso en detrimento de la 
libertad, del derecho constitucional de los padres para elegir la 
educacin de sus hijos.

- Establecer la plantilla de profesorado especfica de cada 
centro.

- Incrementar los puestos de profesorado por especialidades a la 
vez que se les facilita la necesaria formacin continuada.
- Atender especialmente la enseanza de idiomas (introduciendo una 
segunda lengua extranjera) y facilitando la iniciacin seria y 
profesional al lenguaje informtico.

- Dotar a los centros del profesorado y de los medios adecuados 
para que la educacin fsica y las enseanzas artsticas salgan de 
su actual situacin.

- Dotar con Seminarios Psicopedaggicos y de orientacin a cada 
centro o grupos de centros comarcalizados.

- Evitar el abandono de los estudios al final de la Educacin 
Primaria, especialmente en la zona rural y en el entorno de las 
grandes ciudades, motivado en eran parte por los costes de 
residencia, transporte y comedor, libros, etc., no accesibles a 
las familias y a las que la poltica de becas del Ministerio no da 
respuesta eficaz. Se propone por ello articular un cierto nmero 
de becas  altas con el fin de poder hacer frente a estos 
costes.

EDUCACION  SECUNDARIA

El Gobierno del PP se propone:

- Establecer una educacin personalizada a travs de un sistema de 
crditos obligatorios y optativos.

- Integrar los contenidos tcnicos-profesionales dentro de la 
Enseanza Secundaria no solamente en la enseanza profesional 
propiamente dicha, facilitando el contacto de los alumnos con el 
mundo productivo.

- Apoyar la educacin en este nivel educativo con servicios 
complementarios de transporte y comedor en la zona rural.

- Establecer el profesorado por asignaturas y no por reas, para 
conseguir una educacin  diversificada y adaptada a la 
personalidad del alumnado.

BACHILLERATO

El Bachillerato, de 3 aos de duracin, tendr como objetivos 
principales preparar al alumno para el ingreso en la Universidad, 
o para el mundo del trabajo, va sea directamente o a travs de la 
Formacin Profesional de grado superior. Con el fin de erradicar 
las deficiencias existentes en este nivel, que se caracterizan por 
la masificacin de las aulas y la concentracin de centros 
excesivamente grandes en las ciudades al tiempo que en no pocos 
municipios rurales no existe todava ningn centro de 
Bachillerato, el Gobierno del PP se propone:

- Realizar con urgencia el "mapa escolar" para establecer las 
prioridades de escolarizacin.

- Construir los centros en funcin de la demanda escolar y las 
caratersticas sociogeogrficas de cada zona (distancia a otros 
centros, dficit culturales, etc.).

- Intensificar el sistema de tutoras promoviendo la atencin 
personalizada de los alumnos.

- Incentivar al profesorado con medidas que favorezcan su 
promocin, potenciando las iniciativas de innovacin e 
investigacin educativas.

- Fomentar la enseanza de lenguas extranjeras a travs de un 
profesorado especializado que coordine los intercambios de 
alumnos, de profesores, experiencias didcticas nuevas, etc.

FORMACION PROFESIONAL

El PP considera que para acabar con una de las ms viejas 
frustraciones del sistema educativo espaol, resulta necesario un 
Programa Nacional de Formacin Profesional, que unifique en un 
solo sistema a la Formacin Profesional Reglada la Formacin 
Profesional Ocupacional, la Formacin Profesional que actualmente 
se imparte en las empresas y a la tambin denominada Formacin 
Profesional no formal.

El Gobierno del PP, en orden a la consecucin de este objetivo 
crear una Secretara de Estado para la F.P. para unificar la 
accin de gobierno Y conseguir un gasto coordinado de los recursos 
pblicos atomizados hoy da en distintos departamentos y niveles 
de la Administracin del Estado.

El Programa de Formacin Profesional se propone: 

- Establecer un verdadero sistema de Formacin Profesional, 
estableciendo una estrecha colaboracin entre los centros 
educativos y las empresas, tanto pblicas como privadas.

- Mejorar sustancialmente la calidad educativa impartida en los 
distintos centros de Formacin Profesional (dentro del Sistema 
Educativo en centros de iniciativa pblica o privada, o en el 
mundo de la empresa), a travs de una pedagoga personalizada e 
individualizada, que permita sustituir la sensacin de fracaso que 
percibe la sociedad ante estas enseanzas, por una pedagoga de 
xito Mejorar la administracin, gestin y autonoma de los 
centros que impartan estas enseanzas.

- Establecer una red de centros, que deber superar la actual 
separacin entre Bachillerato y Formacin Profesional, y entre el 
sistema educativo formal y el mundo de la empresa, vinculndolos 
con el mundo empresarial.

- Reformar y potenciar el Consejo General de la Formacin 
Profesional, manteniendo su carcter tripartito, (Administracin 
del Estado de los distintos Departamentos ministeriales. 
representantes de la CEOE y de CEPYME y de las Organizaciones 
Sindicales).

- Realizar un Programa de Formacin del Profesorado especfico y 
permanente para toda la Formacin Profesional, que permita un 
continuo reciclaje del conjunto del profesorado de los distintos 
centros de estas enseanzas.

- Intensificar de modo sustancial y de forma coordinada la 
poltica de orientacin profesional, coordinando todos los 
servicios e instituciones dedicados a esta funcin.

- Establecer un Repertorio de Cualificaciones Profesionales 
demandadas por el sistema productivo, para las que debe preparar 
el sistema de formacin profesional, superando la dualidad 
existente entre formacin profesional rezlada o especfica y la 
formacin ocupacional.

- Desarrollar un sistema de correspondencias y convalidaciones -
acorde con el Programa Europeo de correspondencia de 
cualificaciones, comn para la formacin profesional reglada y la 
ocupacional, de carcter flexible, y por unidades capitalizables 
que permita establecer la posibilidad de poder combinarlos de 
distintas maneras y ampliar la gama de opciones y la posibilidad 
de cursar estudios.

- Incentivar a las empresas en materia de formacin, considerando 
los gastos en forrnacin profesional, a efectos fiscales, como 
inversin.

- Mejorar la movilidad entre las distintas partes del sistema 
educativo y en su relacin con la Formacin Profesional.

- Garantizar en cualquier momento del proceso formativo de una 
persona la incorporacin a las distintas vas educativas de la 
Formacin Profesional.

El Programa partir de la articulacin de la Formacin Profesional 
en tres niveles:

- La Formacin Profesional de Grado Bsico, constituido por los 
mdulos de nivel 1 de Formacin Profesional y los Programas de 
Garanta Social que permitirn el acceso directo al mundo del 
trabajo para aquellos alumnos que no superen la prueba de 
homologacin de la Enseanza Secundaria.

- La Formacin Profesional de Grado Medio, a la que se acceder 
despus de haber superado la Educacin Secundara, estar 
constituido por un conjunto de Mdulos profesionales que 
integrarn la formacin profesional especfica y las enseanzas 
tericas equiparables y convalidables a las asignaturas del 
Bachillerato.

- La Formacin Profesional de Grado Superior, a la que se podr 
acceder desde los Bachilleratos o desde la Formacin Profesional 
de Grado Medio, tras la convalidacin o la superacin de las 
pruebas correspondientes. Podr cursarse en centros de 
Bachillerato, Formacin Profesional y en la Universidad. 

EDUCACIONES ESPECIALES

El sistema educativo ha de contemplar las caractersticas de cada 
nio, tanto por defecto como por exceso. De ah la necesidad del 
pronto diagnstico de las caractersticas de todos los nios.

El Gobierno del PP:

- Articular un modelo educativo, en donde la "comprensividad" por 
ser un perodo ms, perfectamente definido y slo necesario por la 
edad de los nios a los que aplica, no necesita de lo que hoy se 
denmina "integracin", sino de la aplicacin similar a todos de 
una educacin "diferenciada",que espontneamente dar a cada nio 
la que precise.

- Impulsar la eliminacin total de las barreras arquitectnicas.

- Completar las actuaciones que se lleven a cabo con el diseo 
curricular propio para cada nio, con lo que todos ellos 
alcanzarn el grado mximo posible de desarrollo intelectual.

- Determinar que el profesorado de estas enseanzas tenga la 
titulacin de Maestro o Licenciado con la especializacin de 
educacin especial, audicin y lenguaje, logopedia u otras 
similares. 

PROFESORADO

El PP defiende la figura del profesor como profesional de la 
educacin. clave de la calidad de enseanza, y la necesidad de 
encontrar medidas estimuladoras de su rendimiento profesional.

El Gobierno del PP se propone:
 
- Regular la funcin docente en la que se contemplar el acceso, 
promocin y, formacin permanente del profesorado de tal manera 
que se ponga fin a discriminaciones en el acceso a la funcin 
pblica, concursos de traslado, comisiones de servicio e 
incentivos econmicos. Su elaboracin, consensuada con los 
sindicatos representativos, resulta inaplazable, y en la misma se 
defendern los derechos adquiridos.

- De acuerdo con esta defensa de la dignidad del profesorado, se 
distinguir entre carrera docente y carrera administrativa.

- Realizar un Programa de Formacin Permanente del Profesorado que 
incluir a todos los profesores y que tendr carcter global, se 
realizar con carcter descentralizado y contemplar la voluntaria 
y gratuta participacin peridica de todos los profesores en 
alguna de las modalidades del programa.

CENTROS EDUCATIVOS

El Gobierno del PP se propone:

Promover la autonoma de los centros en la toma de decisiones.
Fortalecer el papel de los equipos directivos, defendiendo su 
profesionalizacin.

Incrementar las partidas econmicas destinadas al funcionamiento 
del centro, planificando adecuadamente estas partidas 
presupuestarias en perodos de tres aos, de acuerdo con los 
mandato, de los equipos directivos.

Trasladar a los centros la zestin de las obras menores de 
acondicionamiento Y reparacin, con el debido control y 
supervisin.

Descentralizar la gestin del equipamiento y del material 
didctico.

Hacer pblica la plantilla definitiva de cada centro.

UNIVERSIDADES

La era postindustrial y de alta tecnologa y la sociedad del ocio 
y de la democracia avanzada, en la que Espaa quiere integrarse 
ms plenamente, plantea un doble reto a su sistema de enseanza 
superior:

Conjugar el ineludible carcter acadmico de lo universitario 
(Ciencia terica y Crtica de la cultura y sociedad) con la 
funcionalidad prctica (formacin de profesionales y transmisin 
de saberes especializados) de todo sistema de educacin superior.

Conjugar una igualdad de oportunidades y el derecho de acceso a 
los estudios superiores con la necesidad de evitar la masificacin 
y mejorar la calidad.

El Gobierno del PP quiere una Enseanza superior pblica con unos 
centros dotados de las mximas cuotas de libertad y 
responsabilidad y competitivos con los creados por la iniciativa 
pnivada.

AUTONOMIA

Acorde con estos principios, el gobierno del PP proyectar el 
principio de autonoma universitaria, consagrado por la 
Constitucin en los tres aspectos siguientes:

- autonoma acadmica
- autonoma de gestin
- autonoma econmica

ORGANIZACIN

Se defender la reforma de los rganos de gobierno de las 
Universidades y la creacin de rganos de coordinacin 
universitaria. En este orden se crear una Conferencia de Rectores 
de todas las Universidades y se apoyar la existencia de la 
correspondiente Conferencia sectorial con las Comunidades 
Autnomas.

GESTION

Se favorecer la profesionalidad de la gestin universitaria. Se 
reconsiderar la figura del Gerente de la Universidad que deber 
tener el carcter de Gerente de empresa que, en cierto sentido, es 
la Universidad.

FINANCIACION

La financiacin de la Universidad para alcanzar la exigible 
calidad slo puede hacerse de forma mixta: el Estado y la sociedad 
civil han de ser corresponsables:

El Estado:

- Velar porque se cumpla el derecho a la educacin y que nunca 
razones econmicas impidan su ejercicio.

- Arbitrar para ello una poltica de becas agresiva y eficaz.
- Invertir en aquella investigacin, que considerada de inters, 
tenga difcil rentabilidad.

- Administrar los recursos a travs de los Presupuestos.

 La Sociedad:

- Articular su participacin activa como impulso y control de la 
propia institucin universitaria.

- Mantendr el pago de las tasas acadmicas como tercera va de 
financiacin de la Universidad.

- Incentivar la cooperacin de las empresas en la financiacin de 
las Universidades, a travs de una Ley del Mecenazgo que contemple 
desgravaciones fiscales.

PROFESORADO

El Gobierno del PP se propone mejorar los sistemas de acceso y 
permanencia en los cuerpos docentes.

Se introducir un nuevo sistema que incluye varios cambios 
sustantivos:

La adopcin de un sistema de habilitacin nacional para ejercer la 
funcin docente.

La modificacin de las pruebas de manera que se haga  efectiva 
la aplicacin de los principios de mrito y capacidad aplicados al 
mbito propio universitario.

La utilizacin del sorteo para la designacin de Comisiones 
destinadas a juzgar el acceso a los distintos cuerpos.

El establecimiento de un nuevo sistema de jubilacin que permita 
aprovechar la experiencia acadmica y docente.

La modificacin de la situacin actual de las incompatibilidades, 
con el fin de propiciar el mantenimiento o la incorporacin a las 
Universidades de excelentes docentes e investigadores que hoy se 
ven obligados a abandonarlas.

LA SELECTIVIDAD

Uno de los fracasos  explcitos de la Ley de Reforma 
Universitaria se encuentra en los primeros pasos que dan los 
alumnos en la Universidad: el procedimiento para el acceso a la 
misma, para el ingreso en y los Centros y estudios concretos.

Por ello el procedimiento de acceso a la Universidad y de ingreso 
en los Centros universitarios ser modificado con un sistema que 
satisfaga los siguientes principios:

Igualdad entre los alumnos, con estricta sujecin a los principios 
constitucionales de mrito y capacidad.

Respeto al esfuerzo ya realizado en el Bachillerato, que 
habilitar para el acceso a los estudios Universitarios.

Respeto a la autonoma universitaria, uno de cuyos componentes 
debe ser la seleccin de los alumnos.

Y basado en los siguientes criterios esenciales:

- El Ttulo de Bachillerato, como ttulo de carcter y efectos 
nacionales habilita para el acceso a los estudios universitarios.

- Sin perjuicio de la adopcin de unos criterios comunes de mbito 
nacional cada Universidad, en uso de su autonoma, establecer 
pruebas de acceso para los estudios que imparta. En este caso, la 
valoracin de cada alumno se obtendr por el resultado de las 
pruebas de acceso junto con su expediente en el Bachillerato.

- En cumplimiento de los principios de coordinacin y eficacia, el 
Consejo de Universidades o los rganos correspondientes de las 
Comunidades Autnomas, fomentarn la realizacin conjunta por 
Universidades que voluntariamente lo acepten, de las pruebas de 
acceso.

- En todo caso, debe quedar un cupo de plazas reservado para un 
segundo turno, para cubrirse en el mes de septiembre. De este modo 
se garantiza que el alumno que no sea admitido en una Universidad 
o grupo de Universidades, pueda optar al ingreso en otra u otras.

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Investigacin y desarrollo tecnolgico son actividades que en los 
pases modernos van necesariamente unidos y que trasciende el 
inters cultural para adquirir categora de inters estratgico 
para el pas.

El Gobierno del PP impulsar decididamente la actividad de 
investigacin y la calidad selectiva y adoptar las siguientes 
medidas:

Se establecern incentivos fiscales y financieros que fomenten 
decididamente la realizacin de actividades de I+D en las 
empresas.

Se realizar el mayor esfuerzo presupuestario posible para 
incrementar el gasto pblico en I+D, tratando de compensar el 
retroceso sufrido en los ltimos Presupuestos.

Se potenciar la creacin de redes de cooperacin entre los 
centros pblicos de investigacin, universidades y empresas con el 
objeto de aprovechar las economas de escala, evitar la 
duplicacin y aunar esfuerzos en las lneas de investigacin que 
resulten de las prioridades que se establezcan.

Se favorecer la creacin de organismos de transferencia de 
tecnologa dentro y fuera de nuestras fronteras.

Se reformar el estatuto y sistema retributivo de los 
investigadores al servicio del sector pblico a fin de dar mayor 
motivacin y aplicar criterios de profesionalidad no polticos y 
evitar la evasin a otras dedicaciones.

Se crear la Agencia Nacional de I+D como el lugar de encuentro 
natural entre la comunidad cientfica y los propulsores del 
sistema productivo y las administraciones pblicas. La segunda 
gran finalidad de la Agencia ser organizar, para la promocin de 
la I+D, un mbito de actuacin ajeno a las limitaciones, trabas y 
hbitos de la Administracin, y caracterizado por la libertad y el 
dinamismo propios de la empresa privada.

Las funciones ms caractersticas de la Agencia Nacional sern:
Dar a conocer a la sociedad civil, y especialmente al mundo 
empresarial, las posibilidades de desarrollo que ofrece el sistema 
ciencia-tecnologa.

Financiar los trabajos de I+D que, en consecuencia, quieran 
plantear determinadas empresas y entidades carentes de los 
suficientes recursos propios.

Contratar con cargo a los fondos de las empresas y entidades 
publicas y privadas en ello interesadas las investigaciones de I+D 
que quieran plantear. De esta fuente de ingresos deber 
financiarse la Agencia Nacional en cuanto a su pleno desarrollo, y 
si es posible, con estos mismo ingresos deber contribuir tambin 
a cubrir los gastos de la investigacin ordinaria del sistema 
pblico de ciencia y tecnologa que en la actualidad son atendidos 
por los Presupuestos Generales del Estado.

Articular la participacin espaola en los proyectos de I+D de la 
Comunidad Europea.

Dar soporte econmico y gerencial a los programas y proyectos de 
investigacin de aumento del conocimiento, es decir, de 
investigaciones no inmediatamente finalsticas que por su 
amplitud, complejidad y especial costo econmico se salen del 
mbito de la investigacin ordinaria.

Gestionar las transferencias tecnolgicas tanto del sistema 
ciencia-tecnologa espaol como del de la Comunidad Europea y de 
los Estados que la integran -o en su caso de otros pases- a las 
empresas y entidades espaolas comprometidas con el desarrollo 
econmico y el bienestar social.


SANIDAD: UNA RESPUESTA AL DESAFO DE LA GESTIN

La asistencia sanitaria ha mejorado en Espaa bajo los gobiernos 
democrticos. La universalizacin de la prestacin sanitaria y la 
mejora perceptible de algunos ndices son elementos positivos de 
los ltimos aos.

Sin embargo, el sistema sanitario espaol, tiene graves carencias. 

Su gestin, Adems es ineficiente porque responde a un diseo que 
impide administrar bien todos los recursos sanitarios del pas. La 
modernizacin y la mayor eficacia de la sanidad espaola pasan 
necesariamente por nuevas frmulas de organizacin y  gestin con 
el fin de terminar con el descontrol econmico y presupuestario; 
eliminar las listas de espera. lograr hacer efectiva la libertad 
del ciudadano en el mbito de la asistencia sanitaria; motivar a 
los profesionales abriendo cauces de participacin y corregir las 
fuertes desigualdades regionales que existen en este campo.

Lneas bsicas de una nueva poltica sanitaria

Una financiacin pblica coexistiendo con una provisin mixta. Se 
delimitar claramente la responsabilidad de las Administraciones 
Pblicas en la planificacin, organizacin y financiacin de las 
prestaciones sanitarias. como servicio social que es. La 
financiacin pblica, fundamental si se quiere asegurar la equidad 
del sistema que permita acercarle  a quien  lo necesita, 
coexistir con una provisin mixta. Ello permitir una mejor 
utilizacin de los recursos existentes con independencia de su 
titularidad. Ser objetivo prioritario aprovechar al mximo todos 
los recursos sanitarios disponibles materiales y humanos, 
cualquiera que sea su adscripcin patrimonial y funcional. Slo 
por este camino se podrn reducir sustancialmente las listas de 
espera sin perjudicar la calidad.

Una atencin integral. Se prestar atencin a todos los niveles 
del proceso salud-enfermedad, es decir, la promocin de la salud, 
la prevencin de las enfermedades y la asistencia sanitaria en un 
plano de equidad, que atiende  a quien,  lo necesita.

Un sistema equitativo. Se garantizar igual accesibilidad al 
sistema sanitario a los individuos y a la poblacin. Se buscar 
corregir las considerables desigualdades regionales existentes en 
la dotacin de recursos y en su financiacin.

Una gestin eficiente. Se proceder a establecer prioridades 
claras en la asignacin de recursos, gestionndolos adecuadamente 
por objetivos en salud. Se introducir gradualmente la separacin 
entre las funciones de financiacin y compra de servicios 
sanitarios y las de gestin y provisin. Se introducirn asmismo 
frmulas para el control de las desviaciones presupuestarias que 
prevean la participacin de los profesionales cuya actividad las 
genera.

Un modelo descentralizado. Tanto en lo que respecta al modelo 
organizativo, como a la realizacin de las distintas prestaciones 
sanitarias cuya naturaleza lo permita.

Un sistema participativo. Se considerar objetivo principal 
configurar una comunidad bien informada y comprometida con su 
salud articulando cauces donde usuarios y profesionales sanitarios 
sern escuchados por la administracin, Igualmente se extender la 
participacin, en la gestin de los servicios sanitarios, a los 
profesionales sanitarios.

Una orientacin antropocntrica. Se crearn los mecanismos 
precisos para que el conjunto del sistema pueda funcionar- con 
mayor satisfaccin subjetiva de los usuarios, posibilitando 
mayores grados de libertad de eleccin de mdico y centro 
sanitario.

Una atencin de calidad. Los principios- anteriores habrn de 
perfilar un sistema que procure mejorar la calidad de los 
servicios que preste, medidos con indicadores objetivables tanto 
de la calidad tcnica como de satisfacin del usuario
Un Programa para la reorganizacin sanitaria.

Modalidades asistenciales

Coexistirn en el modelo final que ser mixto las siguientes:
El Sistema Nacional de Salud (S.N.S.) que se reformar en base a 
los objetivos y principios expuestos y cuyo modelo se adaptar, 
con las modificaciones necesarias, a las caractersticas de las 
diferentes Comunidades Autnomas.

Entidades colaboradoras: Atienden hoy a unas 570.000 personas. Se 
mantendrn las actualmente existentes y se apoyar la creacin de 
otras o la ampliacin de su actuacin cuando sea necesario para 
garantizar una asistencia mejor y ms completa, actualizando su 
normativa.

Entidades de seguro libre de prestacin de servicios: Se incluyen 
igualatorios mdicos, Mutualidades de Asistencia Sanitaria, 
Cooperativas y Compaas privadas, que ofrecen plizas de 
asistencia sanitaria, individuales o colectivas, de diferente 
amplitud de cobertura y cuanta. En la actualidad esta modalidad 
cubre, total o parcialmente, la asistencia sanitaria de un alto 
porcentaje de espaoles, gran parte de los cuales tiene derecho 
tambin a la actual asistencia del Sistema Nacional de Salud 
(4.500.000 personas). Y colectivos del sistema pblico (MUFACE; 
ISFAS, MUGEJU, etc ... ), que en conjunto suponen unas 2.500.000 
personas, con la aceptacin de los usuarios y menor costo 
econmico.

Compaas de seguros de reembolso: En las que se incluyen las que 
ofrecen plizas de seguros, exclusiva o parcialmente por riesgos 
sanitarios, mediante el reembolso al tomador del seguro de la 
totalidad o de un porcentaje de los gastos sanitarios realizados. 

Estn popularizndose en nuestro pas fundamentalmente en los 
ltimos aos, siendo unos 600.000 los ciudadanos cubiertos por 
estos seguros, constatndose que el aumento del nivel de vida est 
produciendo la progresiva extensin de esta modalidad.

La pertenencia de los ciudadanos a una sola modalidad asistencial 
de financiacin pblica a su eleccin, ser gradualmente 
introducida mediante una tarjeta sanitaria. Las diversas 
modalidades no sern compartimentos estancos, ya que, entre s, 
podrn transferirse servicios asistenciales e instalaciones 
diagnsticas y teraputicas, lo que proporcionar el mximo 
aprovechamiento de todos los recursos materiales y personales.

Papel de las Administraciones Pblicas

Adems de la prestacin sanitaria directa a travs del Sistema 
Nacional de Salud las funciones bsicas de las Administraciones 
Pblicas en el sistema sanitario, han de dirigirse al eficaz 
cumplimiento de los siguientes cometidos: definicin 
presupuestaria y control econmico del sistema pblica: 
fiscalizacin del gasto en el nivel que corresponda. Ordenacin 
general del sistema y organizacin de la salud pblica y de la 
poltica de promocin de la salud; coordinacin y evaluacin del 
sistema. velar por la satisfaccin de los derechos e intereses de 
los ciudadanos, y vigilar el cumplimiento de las reglas del juego 
en el funcionamiento del sistema; y en general, todos aquellos 
cometidos inherentes al concepto de "autoridad".

Se trata, en definitiva, de potenciar todas las capacidades de 
atencin sanitaria que genera la sociedad, y de utilizarlas con 
eficacia y rentabilidad en un rgimen democrtico de libertades 
personales que viene impuesto desde la letra y del espritu de la 
Constitucin. Y de restablecer, en sus adecuados trminos, el 
imprescindible papel de las Administraciones Pblicas como 
garantes de los intereses generales y de la igualdad de todos los 
ciudadanos.

UNA POLTICA DE PROMOCIN DE SALUD PARA ESPAA

El nivel de salud de los espaoles ha experimentado un innegable 
progreso en los ltimos cincuenta aos, fundamentalmente por la 
elevacin de las condiciones de vida y por los avances cientficos 
y tecnolgicos aplicados a la salud. Con todo, restan muchos 
problemas por revolver, antiguos y nuevos, que inciden 
negativamente en la salud de los ciudadanos.

Mientras se ha extendido y progresado incluso espectacularmente la 
accin asistencial y curativa, la prevencin de enfermedades y la 
promocin de la salud han quedado postergadas, a pesar de los 
pronunciamientos iniciales de los Gobiernos socialistas y de la 
Ley General de Sanidad de 1986.

El papel asistencial del SNS es fundamental, pero se requiere el 
marco  amplio de la Salud Pblica, que el Gobierno del PP 
potenciar y modernizar, como ya lo viene haciendo en las 
Autonomas en que gobierna. Su Fin es claro: reducir los riesgos 
para la salud derivados, frecuentemente, de determinados hbitos 
de vida o de las malas condiciones en que se trabaja o vive. Ello 
requiere una accin constante de informacin y educacin sanitaria 
para que el ciudadano colabore en la preservacin de su salud, y 
una actuacin sostenida para el control y deteccin de los 
problemas de salud.

En este sentido, se priorizarn acciones especficas en funcin de 
las patologas prevalentes, entre las que destacaran amplios 
programas de deteccin precoz del cncer, las enfermedades 
cardiovasculares y de las enfermedades ansmisibles.

Por su especial incidencia social se afrontar una poltica 
decidida en materia de prevencin y tratamiento, hoy paliativo del 
SIDA.

Espaa es el pas europeo que est a la cabeza de esta enfermedad, 
y en el que avanza con  preocupante rapidez, hasta tal punto 
que en breve tiempo podra constituir el principal problema 
sanitario del pas. Ntese que mientras en abril de 1991 haba 
8.000 infectados registrados, hoy son  de 18.000, y el de 
seropositivos se estima en  de 170.000.

La relacin Drogadiccin-Sida en Espaa es patente (67%) y es muy 
superior a la media europea (35%); pero crece alarmantemente la 
incidencia de la transmisin por va heterosexual (9%), con 
consecuencias difciles de predecir, mientras casi se mantiene la 
incidencia porcentual de los dems grupos. La accin pblica en 
materia de SIDA, no slo debe alcanzar a los llamados grupos de 
riesgo sino a la poblacin en general, dado que todos estamos 
potencialmente en riesgo. Hasta que no exista antdoto y 
tratamiento eficaz, informacin y prevencin son las principales 
armas antisida; la informacin ha de ser veraz y clara, ha de 
resaltar que slo ofrecen garantas las relaciones con pareja 
estable y segura, y subsidiariamente y en su defecto, el adecuado 
uso de preservativos y jeringuillas desechables. Se facilitarn 
gratuitamente reconocimiento y atencin a personas con riesgo y a 
los afectados, lo que ha de completarse con especficos servicios 
sociales, y con las garantas de discrecin e integracin social 
que merece la dignidad de estos enfermos.

APLICACIN DEL PROGRAMA DE REORGANIZAON SANITARIA DEL PP

FASE INICIAL: Medidas de choque y preparacin

Reduccin de las listas de espera, indemnizando a los 
beneficiarios que no hayan sido atendidos en los plazos que se 
determinen en funcin de su patologa y circunstancia. Para 
cumplir, en lo posible, tales plazos, se tomarn medidas de 
organizacin, gestin y colaboracin.

Ampliacin de la capacidad de opcin entre modalidades 
asistenciales que actualmente disfrutan los beneficiarios de 
MUFACE a los Funcionarios de la Administracin del Estado regidos 
por la ley 30/1.984, que actualmente se encuentran en el mbito 
del Rgimen General de la Seguridad Social.

Universalizacin total de la cobertura sanitaria, dotando a todos 
los ciudadanos del estado espaol de la correspondiente "tarjeta 
sanitaria individual".

Desarrollo del sistema de homologacin de los procedimientos 
diagnsticos- y teraputicos, para no producir distorsiones en la 
financiacin de las modalidades asistenciales.

Asignacin de un presupuesto especfico a cada centro 
hospitalario, sin menoscabo de las asignaciones econmicas que 
puedan percibir por otras vas para que se constituyan en entes 
autnomos de acuerdo con las prestaciones sanitarias, relaciones 
laborales del personal y otras actividades propias de las 
instituciones hospitalarias.

Aplicacin del Sistema MIR de formacin de especialistas a la 
totalidad de la capacidad docente existente en el Estado.
Establecimiento de la "carreraprofesional" como sisterna de 
promocin estable, previamente conocido objetivo y de base 
estrictamente profesional, cuyos arados tendrn efecto funcionales 
y retributivos.

Reapertura de las Escuelas Universitarias de Enfermera, siempre 
que lo permita su capacidad docente y lo aconsejen las previsiones 
de necesidad de estos profesionales.

Los presupuestos sanitarios respondern al principio de realismo. 
debiendo las ampliaciones de crdito justificar su necesidad 
ineludible, y tomando como base del primer ao el gasto real -
reconocido o no- del ao anterior. El realismo presupuestario 
tambin alcanzar a las asignaciones estatales para la gestin 
transferida a Comunidades Autnomas. 

FASE PRIMERA: Iniciacin del Plan

Extensin de la capacidad de opcin entre modalidades 
asistenciales a los beneficiarios del Rgimen Especial de 
Trabajadores Autnomos de la Seguridad Social, tanto en activo 
como pensionistas.

Establecimiento de la libertad de eleccin de centro hospitalario 
entre todos los del INSALUD y aquellos otros de los Servicios de 
Salud Autonmicos o pertenecientes al sector privado que acepten 
las tarifas por procesos establecidos, dentro de cada rea 
sanitaria.

Modificacin del Real Decreto 3241/1983, del 14 de Diciembre. al 
objeto de que se reconozca capacidad de opcin asistencial a los 
funcionarios de la Administracin Local integrada en MUNPAL. 
Devolver a los funcionarios la capacidad de opcin asistencial que 
representaba MUNPAL.

Desarrollo de la autonoma real de gestin hospitalaria en un 
plazo de tres aos conforme los hospitales vayan considerndose 
capacitados para adquirirla, lo que conllevar la constitucin de 
los correspondientes Consejos de Administracin, el nombramiento 
de gerentes Titulados la plena responsabilidad sobre sus 
presupuestos de ingresos y gastos, sobre las tarifas a aplicar y 
sobre la contratacin de profesionales.

Continuacin de la construccin de centros de salud en las zonas 
 desasistidas y del desarrollo de la red de centros de apoyo 
sanitario en el sector rural por nueva creacin o por reconversin 
de los centros de salud existentes.

Reestructuracin de la atencin primaria en el medio rural, de 
forma que cada ncleo de poblacin tenga asignado profesionales 
determinados para su asistencia sanitaria. El personal sanitario 
del medio rural ser respetado en sus derechos profesionales y 
laborales, especialmente en lo concerniente a su jornada de 
trabajo.

Desarrollo de las especialidades de los Diplomados Universitarios 
de Enfermera.

Desarrollo de un sistema pre-judicial para atender con rapidez las 
reclamaciones por atencin sanitaria defectuosa o mala prctica 
mdica o profesional.

Preparacin de los presupuestos sanitarios asistenciales en 
funcin de cantidad por persona y ao, con los coeficientes de 
correccin dependientes de las especiales necesidades 
asistenciales objetivamente determinadas.

Financiacin de la asistencia sanitaria pblica con recursos de 
origen predominantemente fiscal, reducindose las cuotas a la 
Seguridad Social en el porcentaje actualmente destinado a Sanidad, 
tanto a las empresas como a los trabajadores.

Revisin de los criterios de distribucin interterritorial de 
fondos econmicos consignados en los presupuestos del Estado.
Potenciacin de las acciones de promocin de salud y de prevencin 
general. especialmente las dirigidas a enfermedades prevalentes y 
a grupos de riesgo, mediante estructuras adecuadas. Los afectados 
por SIDA tendrn acceso directo y gratuito a las atenciones que 
precisen.

Reforzar la organizacin y medios de la Sanidad Veterinaria, 
seguir las pautas de la CE, dada su importancia en materia de 
Salud Pblica y Defensa de los Consumidores.

No se ha hecho el esfuerzo necesario en la lucha contra el SIDA. 
limitando las acciones slo a los llamados grupos de riesgo. por 
lo que se arbitrarn medidas que garanticen una prevencin eficaz 
a toda la poblacin as como una vida digna a los seropositivos.
SEGUNDA FASE: Plena aplicacin del Plan de Reorganizacin 
Sanitaria.

Reforma plena del INSALUD que incluye la autonoma de gestin de 
las arcas de salud y, de todos los centros hospitalarios, que 
supondr para los beneficiarios la gradual libertad de eleccin de 
mdico de cabecera y especialista, y centro hospitalario, dentro 
de cada comunidad autnoma.

Libertad de eleccin para todos los ciudadanos entre las cuatro 
modalidades asistenciales siguientes: Sistema Nacional de Salud 
(INSALUD y Servicios Autonmicos de la Salud); empresas 
colaboradoras de la Seguridad Social; entidades de seguro libre de 
prestacin de servicios(igualatorios, mutualidades, cooperativas y 
compaas de seguros espaolas o extranjeras y compaas de 
seguros de reembolso de los gastos sanitarios.

Supresin de todas las diferencias de trato econmico-
presupuestario en la distribucin y liquidacin de recursos, que 
actualmente existe entre la gestin propia del INSALUD y la 
transferida a las Autonomas en el seno del Sistema Nacional de 
Salud.

VIVIENDA: MENOS COSTE, MS CALIDAD

INTRODUCCIN

La vivienda constituye en nuestros das uno de los problemas ms 
graves con los que ha de enfrentarse la sociedad espaola y que de 
manera  inmediata y directa condiciona la calidad de vida de 
los espaoles, singularmente de los  jvenes. El incremento de 
los precios de las viviendas ha constituido una manifestacin  
de los desajustes inflacionistas y, en ltimo trmino, 
estructurales de la economa espaola.

El gobierno socialista ha relegado a un segundo plano la 
construccin de viviendas de proteccin oficial. Tampoco se ha 
enfrentado con decisin al movimiento especulativo producido. Ni 
ha tenido, por ltimo autnticas polticas de suelo ni poltica de 
construccin de viviendas eficaz.

La vivienda constituye adems una importante magnitud econmica, 
sin cuya correcta resolucin es imposible un programa econmico 
coherente que resuelva la crisis econmica que padecemos.

Finalmente este sector es elemento imprescindible para la 
movilidad que es aconsejable introducir en el mbito de las 
relaciones laborales.

OBJETIVOS Y MEDIDAS

Para afrontar decididamente y con soluciones eficaces esta 
prioritaria necesidad, el Gobierno del PP, en la actual situacin 
de crisis econmica, tratar de alcanzar los siguientes objetivos:
Cuantitativos: A lo largo de dos perodos cuatrienales, el 
Gobierno del PP:

- Dar satisfaccin a las necesidades actuales de vivienda. Se 
elaborar un programa para construir en el transcurso de la 
inmediata legislatura 600.000 viviendas, de forma que pueda 
cubrirse el dficit actualmente existente en un plazo mximo de 
ocho aos.

- Incrementar el parque espaol de viviendas en alquiler.

- Emprender una poltica realista de rehabilitaciones, a travs 
de los instrumentos financieros y fiscales, que eliminen las 
infraviviendas y mejoren los cascos antiguos de las ciudades.

- Impulsar la construccin y adquisicin de viviendas de 
promocin pblica, preferentemente por las Comunidades Autnomas y 
Ayuntamientos. por un total anual no menor del 20% de las 
iniciadas. El Programa tendr en cuenta las necesidades 
especficas de la vivienda rural y viviendas para la juventud. En 
el mbito tributario se adoptarn las medidas siguientes:

* Se introducirn modificaciones legales conducentes a evitar todo 
tratamiento desfavorable de la vivienda (rendimientos presuntos), 
a impedir el doble rgimen y a primar los usos de la renta con 
este destino (alquileres, cuentas ahorrovivienda, fondos de 
inversin inmobiliaria).

* Se evitarn, de forma parecida, en el impuesto sobre patrimonio 
los problemas de doble gravamen con el impuesto sobre bienes 
inmuebles.

* Se eximir del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y del 
IVA a las viviendas de proteccin oficial.

* Se reformar la Ley de Haciendas Locales para dotar de mayor 
autonoma a los Ayuntamientos en la Fijacin de la base imponible 
del impuesto sobre bienes inmuebles.

* Se determinar el valor catastral mediante el valor de mercado 
en renta en vez del valor del valor de mercado en venta.

En el mbito financiero, en orden a obtener los recursos 
necesarios para esta poltica de vivienda. el Gobierno del PP, al 
comps de la recuperacin econmica, se marca para el conjunto de 
la legislatura los siguientes objetivos:

- Triplicar en ocho aos los recursos del sistema financiero 
aplicados a la poltica de vivienda. Duplicar las consignaciones 
presupuestarias de los PGE (hoy, 100.000 mollones). Comprometer a 
las Comunidades Autnomas en la financiacin de la poltica de 
vivienda.

- Transformar en profundidad el mercado hipotecario facilitando, 
sin perjudicar la seguridad jurdica: la titulizacin de crdito 
hipotecario por las entidades financieras; acelerando los 
procedimientos legales de ejecucin hipotecaria, o fijando 
mecanismos de garanta de los prstamos privilegiados a familias 
de ingresos bajos.

- Revisar el papel de la Banca Pblica, permitiendo el acceso a 
lneas de crdito de aquellas familias de rentas modestas que no 
hayan tenido acceso a programas de Viviendas de Proteccin 
Oficial.

- Otorgar a las cdulas hipotecarias la condicin de activos 
computables en el coeficiente de caja, con el Fin de reducir los 
tipos de inters de los prstamos hipotecarios.

- En materia de suelo, el objetivo del Gobierno del PP ser poner 
en mercado suelo suficiente para el nmero de viviendas 
consignados en los Planes Cuatrienales.

Con este fin el Gobierno del PP emprender:

- La elaboracin concertada y asumida por todas las 
Administraciones de un Plan de Choque que destine a la Poltica de 
Vivienda la mayor cantidad posible de suelo de patrimonio pblico 
(Estado, Defensa, Renfe, etc).

- La aprobacin de una Norma Bsica, concertada y asumida por 
todas las Administraciones que impida la especulacin con suelo 
pblico, y que ponga lmites a los precios de cesin.

- La reforma del Rgimen Urbanstico y Valoracin del Suelo, y del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo (24 de junio de 1992) a fin de 
favorecer el objetivo bsico de crear suelo y evitar la 
especulacin.

- La potenciacin de los planeamientos urbansticos a todos los 
niveles, siempre que favorezcan la creacin de suelo til para 
viviendas, as como una considerable agilizacin de la gestin 
urbanstica en materia de licencias, y finalmente, unos sistemas 
de compensacin o cooperacin por parte de la Administracin en 
los polgonos destinados a vivienda.

- El restablecimiento, en ciertos casos de beneficio singular 
manifiesto de la figura de las Contribuciones Especiales.
- Las modificaciones legales  importantes sern el envo a las 
Cortes de:

* Proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos: Un nuevo texto que 
supere los errores del proyecto socialista y busque un justo 
equilibrio entre los intereses de propietarios e inquilinos y 
favorezca la rehabilitacin de los edificios  antiguos.

* Proyecto de ley de ordenacin, garantas y calidad de la 
edificacin.

En cuanto a la coordinacin. El Gobierno del PP pondr en marcha 
un Consejo Sectorial para la vivienda integrado por representantes 
del Estado, de las Comunidades Autnomas y de la 
Federacin Espaola de Municipios y Provincias, as como de los 
sectores afectados. Este Consejo, coordinar actuaciones, 
Integrar los Programas de las diferentes Administraciones, fijar 
la asignacin de recursos presupuestarios y revisar y propondr 
medidas legislativas en el campo de la poltica de vivienda.

LA PLENA IGUALDAD DE LA MUJER: UN DERECHO POSIBLE

Para el PP es irrenunciable el objetivo de la plena igualdad de la 
mujer en la sociedad espaola, Al reconocer los avances indudables 
de los ltimos aos, que arrancan de la Constitucin, tenemos que 
constatar que an existen diferencias y discriminaciones que deben 
ser superadas.

La poltica del Gobierno del PP en este campo tendr como objetivo 
facilitar a la mujer la libre eleccin de la forma en que quiere 
vivir, en el trabajo o en la familia, libertad que no debe verse 
limitada ni por barreras legales, sociales, educativas o 
laborales. En consecuencia:

- Realizar acciones positivas de ndole educativo y formativo 
dirigida no slo a las mujeres en edad escolar, sino tambin a 
aquellas otras que no recibieron una formacin adecuada que ahora 
necesitan para poder integrarse en la vida laboral activa o 
promocionarse profesionalmente. Se llevarn a cabo programas 
especficos de educacin destinados a la mujer del mundo rural.

- Impulsar medidas de apoyo para ayudar a conciliar la vida 
familiar y la vida profesional (horario laboral, permisos de 
maternidad, guarderas, etc.). Introducir en la legislacin 
laboral los contratos a tiempo parcial como forma de contratacin 
 favorable para lograr la plena incorporacin de la mujer a la 
vida laboral activa.

- Adoptar medidas, a travs de la inspeccin laboral para 
garantizar la igualdad en materia de retribucin salarial.

- Prolongar las pensiones de orfandad hasta los 25 aos.

- Crear un Fondo de Garanta para pensiones a cnyuges separados 
o divorciados con impago de pensiones. Establecer la cobertura 
econmica precisa que ayude a paliar la situacin econmica 
precaria de las madres con hijos a su cargo menores de tres aos.

- Promover la informacin sexual para evitar los embarazos no 
deseados y se har efectiva en determinados casos la gratuidad de 
los mtodos anticonceptivos a travs de la Seguridad Social.

DROGAS: RECHAZO Y REINSERCIN

SOLUCIONES URGENTES Y EFICACES:

El problema de las drogodependencias en Espaa se ha situado entre 
las cuestiones que producen mayor alarma y  honda preocupacin 
en la conciencia social de los ciudadanos. Su acelerada 
progresin, su virulencia creciente y las graves consecuencias de 
toda ndole que provoca, demandan soluciones adecuadas, urgentes y 
eficaces.

La actitud de rechazo es ampliamente compartida por tratarse de un 
problema que afecta muy negativamente a la integridad de la salud 
pblica, a la paz ciudadana e incluso a la propia libertad 
individual del ser humano al que la droga priva de voluntad y 
degrada, con resultados de desestabilizacin familiar y de 
marginacin social. La sucesin de errores legislativos de los 
gobiernos socialistas, junto con su palpable ausencia de capacidad 
y decisin poltica. ha supuesto un incremento generalizado y 
permisivo de los cauces de oferta, extensin de la demanda y falta 
de respuesta a las perturbaciones ocasionadas tanto en el mbito 
asistencial como en el social.

El Gobierno del PP consciente de la gravedad del problema y sus 
consecuencias, propone un programa integral basado en las 
siguientes medidas:

MEDIDAS DE PREVENCIN

El Gobierno del PP, de acuerdo con los organismos internacionales, 
considera que las medidas  efectivas para erradicar el 
dramtico problema del consumo de drogas radica en actuar 
especialmente contra la "demanda". Se trata por tanto de 
desarrollar, especialmente entre los  jvenes de la sociedad, 
una "cultura del rechazo" que acabe con ciertas ideas cuanto menos 
absurdas, sobre la inocuidad de las drogas y la permisividad de 
las mismas. A este respecto se proceder a:

- Incorporar a los planes de estudios programas de "Educacin para 
la Salud" Y tender a su Integracin en el conjunto de asignaturas 
y actividades regulares del programa acadmico para proporcionar 
una formacin integral y generar hbitos saludables en los jvenes 
espaoles, con un claro carcter disuasorio del consumo de drogas 
("ensear a decir NO").

Desarrollar la "Cultura del rechazo" mediante acciones 
informativas y formativas a travs de:

Cursos formativos para colectivos vinculados a la Educacin.

Cursos para padres que les permita realizar en su ambiente 
familiar una accin informativa adecuada con sus hijos, y en 
ltima instancia que sepan abordar la situacin en el caso de 
tener un hijo drogodependiente.

Programas educativos, de carcter preventivo, a travs de los 
medios pblicos de comunicacin (especialmente TVE que en su 
propio Estatuto se considera elemento cooperante del sistema 
educativo) que por su enorme capacidad de difusin e influencia 
debe ser un soporte complementario en la poltica preventiva.

Sancin del consumo de drogas, reforzando el carcter disuasorio y 
preventivo que toda norma sancionadora debe perseguir, incluyendo 
este supuesto en el Cdigo Penal.

Implantacin de programas preventivos en el medio laboral("centros 
de trabajo") con el fin de reducir el consumo de drogas entre el 
personal e Informar y alertar sobre los riesgos del consumo de 
drogas.

Puesta en marcha de programas preventivos de intervencin 
comunitaria. Se trata de que la poblacin general conciba la tarea 
como colectiva, participativa e integradora.

Realizacin de programas preventivos dirigidos a jvenes con un 
perfil de alto riesgo para el consumo de drogas:

Desarrollar una poltica hacia la juventud que ofrezca 
alternativas ilusionantes y ocupacionales que permita al colectivo 
de jvenes espaoles "engancharse a valores", que desarrollen su 
personalidad de forma equilibrada y saludable. Son necesarias 
alternativas de ocio, tiempo libre, culturales y deportivas que 
han de desarrollarse coordinando todos los recursos de las 
diferentes Administraciones y Estamentos. Dada la falta de 
infraestructuras deportivas y recreativas el Gobierno de PP 
propone la utilizacin de las instalaciones educativas de forma 
extensiva, de tal modo que mediante acuerdos con las Comunidades 
Autnomas y Ayuntamientos el propio Ministerio de Educacin 
desarrolle un importante esfuerzo en actividades extraescolares 
que cubran las necesidades de tiempo libre de los adolescentes.

MEDIDAS DE ASISTENCIA-REHABILITACIN Y REINSERCIN

El Gobierno del PP entiende como obligacin inexcusable poner 
todos los medios posibles para resolver o paliar el problema de 
muchas personas que padecen una situacin de drogodependencia, as 
como procurar su plena reinsercin social, y de la misma manera 
atender el problema que esta situacin provoca en muchas familias 
espaolas:

En el mbito de la asistencia-rehabilitacin se propone:

Tratamiento gratuito para todos los drogodependientes que lo 
soliciten.

Diversificacin y ampliacin de las diferentes ofertas 
teraputicas.

Creacin de programas asistenciales en todos los Centros 
Penitenciarios. Estos programas tendrn una doble vertiente: por 
un lado la asistencial-rehabilitadora y por otro la de educacin 
sanitaria dirigida a los reclusos y familiares de stos.

Establecimiento de "Penas alternativas" para aquellos que habiendo 
sido condenados por un delito relacionado con el consumo de drogas 
acepten incorporarse a un programa de rehabilitacin, 
estableciendo una remisin condicional de penas y el ingreso en 
centros especializados debidamente acreditados para su correcto 
tratamiento.

En el mbito de la reinsercin:

Facilitar la reinsercin social efectiva posibilitando a los 
toxicmanos que se hayan rehabilitado la integracin en el mundo 
laboral y buscando frmulas que alienten a empresas pblicas y 
privadas a contratar a personas que se encuentren recuperadas de 
su dependencia.

Habilitacin de "Hogares Tutelares" para adictos en fase de 
reinsercin que por cualquier circunstancia no puedan contar con 
el apoyo de su familia y deban continuar una pauta de integracin 
social.

Implantacin de un "Plan de Seguimiento" a toxicmanos y 
rehabilitados que les asegure una asistencia sanitaria 
y psicolgica continuada y haga posible su reinsercin real en la 
sociedad.

MEDIDAS DE CONTROL

Aumento en las dotaciones humanas y materiales de la Fiscala 
Especial para la prevencin y represin del trfico ilegal de 
drogas.

Modificacin de la legislacin pena] Y penitenciaria a fin de que 
los condenados por delitos graves de narcotrfico cumplan 
ntegramente las penas que les fueran impuestas por los Tribunales 
de Justicia.

Sancin y clausura de los establecimientos pblicos donde se 
permita o tolere el consumo de droga o se venda bebidas 
alcohlicas a menores de 16 aos.

Penalizacin del blanqueo de dinero procedente del narcotrfico. 

Se adaptar la legislacin espaola a las directivas comunitarias 
y dems convenios internacionales y se dotar de los medios 
materiales necesarios a la Administracin competente para que 
pueda perseguir eficazmente el dinero del narcotrfico.

LOS MAYORES: RESPETO Y COMPROMISO

PUNTO DE PARTIDA

En el momento actual  del 70% de las pensiones de jubilacin 
estn por debajo del salarlo mnimo. Slo alcanzan la equiparacin 
las pensiones de jubilacin e invalidez de las personas con 
cnyuge a cargo.

Sigue pendiente de solucin la injusta situacin de los 
pensionistas de Clases Pasivas anteriores a 1985. Su tratamiento 
en relacin con los jubilados con posterioridad a esa fecha, Ley 
5018-1 de Presupuestos Generales del Estado para 1985, es 
claramente discriminatorio.

En cuanto a la jubilacin, no se han afrontado medidas de 
flexibilizacin que demandan las nuevas y previsibles 
circunstancias demogrficas. An reconociendo los negativos 
efectos de la jubilacin forzosa a los 65 aos de los funcionarios 
con parciales marchas atrs, el Gobierno Socialista no se atrevi 
a afrontar legalmente su propuesta de elevacin de la edad de 
jubilacin forzosa a los 60 aos. En parte porque 
era una propuesta incompleta, discriminatoria y contestada.

El Gobierno se ha mostrado incapaz de llevar a buen fin el Plan 
Gerontolgico que afrontara de manera integral y coordinada las 
polticas de atencin sanitaia y de servicios sociales y pusiera 
remedio a las actuales actuales carencias y falta de coordinacin 
con la incorporacin de nuevas frmulas de gestin y promocin de 
iniciativas sociales.

PRINCIPIOS

1 Solidaridad

La solidaridad es el fundamento del compromiso entre las 
generaciones; compromiso de las actuales generaciones de personas 
activas laboralmente pera hacer frente a las pensiones de quienes 
han concluido su ciclo laboral. En un sistema de seguridad social 
basado en el reparto, como el espaol, no caben otras alternativas 
a corto y medio plazo. Este mismo principio de solidaridad debe 
estar presente en el seno de los pensionistas.

2 Integracin

Cuando las circunstancias de la edad. la salud y el entorno 
familiar conlleven modificaciones en la natural integracin del 
mayor, los servicios sociales se orientarn de manera que se 
produzca el menor desarraigo posible.

3 Autonoma del Mayor

El Gobierno del PP basar su poltica para la Tercera Edad en el 
pleno ejercicio por los mayores de su condicin de ciudadanos 
autnomos Y libres. La obligacin de los poderes pblicos, en 
concierto y colaboracin con la iniciativa social, es ofrecer 
alternativas a los mayores que suplan las carencias derivadas de 
la edad y la salud, nunca tratar de condicionar su modo de vida y, 
modificar su entorno social y familiar.

4 Flexibilidad

Las personas mayores no pasan de la noche a la maana de ser 
personas plenamente activas a ciudadanos pasivos. En la medida que 
la interrupcin del trabajo puede acarrear esta eonsecuencia, el 
Gobierno del PP defender formulas flexibles en cuanto al momento 
de la jubilacin y a su ritmo.

5 Pluralidad

El Gobierno del PP estimular la iniciativa social en la 
prestacin de servicios sociales a los mayores, primando aquellos 
que presten especial atencin a la permanencia del mayor en su 
entorno social y familiar.

La pluralidad de opciones en la gestin permitir apostar por 
aquellas que se demuestren  eficaces y eficientes, con 
favorable repercusin en el gasto pblico y en la extensin y 
calidad de los servicios.

6 Coordinacin

La coexistencia de diversas Administraciones con competencias en 
la prestacin de servicios sociales a los mayores y la presencia 
de la iniciativa social, hacen imprescindible una adecuada 
coordinacin orientada a la mejor rentabilidad de los recursos 
disponibles.

El Gobierno del PP impulsar la coordinacin sobre la base de la 
prioridad de las Administraciones  prximas al ciudadano. Son 
los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos. Consejos y Comunidades 
Autnomas, por este orden, quienes prioritariamente han de contar 
con competencias y recursos para atender a los mayores.

OBJETIVOS A ALCANZAR

Como objetivo bsico, el Gobierno del PP se propone hacer real el 
mandato del art.50 de la Constitucin y garantizar, mediante 
pensiones adecuadas y peridicamente actualizadas, la suficiencia 
econmica a los ciudadanos durante la tercera edad, al tiempo que 
promover, con independencia de las obligaciones familiares, su 
bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atendern 
sus problemas especficos de salud, vivienda, cultura y ocio.

El objetivo de suficiencia econmica y calidad de vida sirva para 
garantizar la permanencia del mayor como ciudadano plenamente 
integrado y socialmente activo y para remover cuantos obstculos 
impidan o menoscaben la participacin, libre y autnomamente 
asumida por los mayores, en la sociedad, el Gobierno del PP 
arbitrar cauces institucionales de participacin de los mayores 
en los rganos de la Administracin Pblica con responsabilidades 
en la poltica para la Tercera Edad y en la elaboracin de 
disposiciones y medidas que afectan de manera especifica a los 
mayores.

MEDIDAS PROPUESTAS

En el marco de esos principios el Gobierno del PP asume como 
objetivo general el mejorar el sistema de prestaciones y servicios 
sociales. No puede perderse de vista que la mejor plataforma para 
mantener un adecuado nivel de prestaciones sociales a los mayores 
consiste en la necesaria recuperacin econmica y en la creacin 
de empleo.

El Gobierno del PP propone:

En relacin con las pensiones.

Consolidar la capacidad adquisitiva de todas las pensiones 
tendiendo a incrernentarlas en mayor medida el nivel de las  
bajas.

Incrementar las pensiones de viudedad de los mayores de 65 aos 
hasta alcanzar el 80% de la pensin del causante.

Implantar un complemento de la pensin para quienes necesiten de 
manera imprescindible el auxilio de una tercera persona.

Establecer un complemento sobre la pensin mnima hasta alcanzar, 
progresivamente, el 50% para los pensionistas mayores de 80 aos 
con especial carencia econmica.

Equiparar gradualmente las pensiones anteriores al 1-1-85 a las 
causadas con posterioridad a esa fecha.

Equiparar los pensionistas de Clases Pasivas a las del Rgimen 
General de la Seguridad Social a la hora de hacer frente a los 
gastos de farmacia.

Acercar gradualmente las prestaciones del Rgimen Especial Agrario 
a las del Sistema General.

Equiparar las contingencias protegidas por el Rgimen Especial de 
Autnomos a las del Rgimen General de la Seguridad Social.

Eximir de tributacin en el IRPF las pensiones pblicas de 
jubilacin.

Al comps de la recuperacin econmica y teniendo en cuenta el 
equilibrio interno del sistema, el Gobierno del PP asume como 
objetivo el acercamiento gradual de todas las pensiones al salario 
mnimo interprofesional.

En relacin con la Jubilacin

Introducir el criterio de jubilacin flexible, antes y, despus de 
los 65 aos, procediendo a la concesin de pensiones parciales a 
personas que pasan al trabajo a tiempo parcial, estimulando el 
retraso en la edad de jubilacin y desincentivando las 
jubilaciones anticipadas.

En relacin con la atencin sanitaria.

Se elaborar y desarrollar un programa especial de atencin 
sanitaria a la tercera edad, subsanando el actual silencio de la 
Ley General de Sanidad al respecto y primando la atencin 
preventiva.

Se mejorar la integracin de los servicios sanitarios y sociales 
y de los primeros entre s con objeto de mejorar la atencin 
dispensada a los mayores.

Se garantizar la atencin geritrica hospitalaria 
extrahospitalaria a los mayores, promoviendo unidades geritricas 
y aumentando el nmero, de especialistas en geriatra.

Se incrementar el nmero de camas para crnicos que no precisan 
atencin intensiva permanente. hasta alcanzar una cama por cada 
mil habitantes, frente al 0'3 existentes actualmente. 
 
En relacin con los servicios sociales
Se impulsar un "Plan de fomento y apoyo del voluntariado" 
implicado, en tareas de apoyo a los mayores como medio de 
participacin de la iniciativa social en la prestacion de 
servicios sociales a los mayores.

Se generalizarn los programas de preparacin a la jubilacin. Se 
promulgar una Ley de participacin de los mayores en la 
administracin y funcionamiento de los servicios sociales y de 
creacin de cauces institucionales que den va a la representacin 
de sus intereses especficos.

Se fomentarn los programas de ayudas a domicilio, viviendas 
tuteladas y compartidas, sistemas de telealarma, atencin mdica 
domiciliaria y centros de da.

Se incrementar la oferta de plazas en residencias pblicas y 
privadas, hasta poder atender la demanda motivada en razones de 
dependencia de los mayores.

Se actuar decididamente en pro de la supresin de barreras 
arquitectnicas en los espacios urbanos habituales de los mayores.

En relacin con el ocio y la cultura, se propondrn medidas de 
apoyo tcnico y econmico al servicio de las asociaciones de los 
mayores, sin interferir su autonoma y libertad, estimulando la 
participacin del voluntariado y la iniciativa social.

En relacin con la familia

Se implantar, progresivamente, un programa de ayudas econmicas a 
familiares con limitaciones en su actividad laboral por tener que 
atender a personas mayores a su cargo.

Se desarrollarn programas de atencin domiciliaria, con 
implicacin del voluntariado social, con el objetivo de que los 
familiares que tienen mayores a su cargo puedan organizar su ocio 
familiar.

Se adoptarn las medidas necesarias que cotribuyan a remover los 
obstculos que dificultan la permanencia de las personas mayores 
en el seno familiar, facilitando los recursos que la hagan posible 
y manteniendo e impulsando la relacin, el entendimiento y la 
solidaridad entre las generaciones.

Se considerarn urgentes las medidas en el plano familiar que 
estimulen cambios en las previsiones demogrficas en pro de un 
equilibrado relevo generacional: medidas que tengan en cuenta el 
problema de la vivienda, las ayudas a los hijos, el tratamiento 
fiscal de las distintas situaciones familiares, etc.

LAS PERSONAS CON IMINUSVALAS: UNA CONQUISTA PENDIENTE 
SITUACIN ACTUAL

El Gobierno del PP se propone atender, de modo particular, los 
derechos e intereses de los grupos menos favorecidos, entre ellos 
los de los minusvlidos.

Increblemente, Espaa carece todava de un Censo General sobre la 
poblacin minusvlida. Los ltimos datos conocidos son de 1986: un 
15% de la poblacin espaola tiene al menos una limitacin para 
realizar una o varias actividades (5.749.000 personas), siendo la 
media de la CE de un 10%.

En el campo legislativo, la ley vigente DISMI), aprobada por 
unanimidad durante el ltimo Gobierno de (UCI), supuso un gran 
avance. Sin embargo el insuficiente desarrollo de dicha ley (su 
desarrollo normativo ha alcanzado el 29% y tan slo llega al 21% 
desde el punto de vista presupuestario) y la falta de concordancia 
entre sus propsitos y la atencin presupuestaria, evidencian la 
falta de voluntad poltica agravada por una pobre y a veces 
inexistente coordinacin de los organismos responsables.

Se ha hecho poco sobre la eliminacin de las barreras 
urbansticas, arquitectnicas, de transporte y de comunicacin 
existentes. Existen, asimismo, vacos legislativos, que el 
Gobierno Socialista no solo no ha abordado, sino que ha impedido 
que se lleven a cabo, como es el caso del Derecho Fundamental de 
Residencia y Circulacin de los Minusvlidos, a pesar del mandato 
constitucional.

OBJETIVOS

El Gobierno del PP se propone:

Dar prioridad a la atencin a las personas con minusvalas 
psquicas, fsicas o sensoriales.

Posibilitar que las personas con algn tipo de minusvala 
encuentren solucin rpida y eficaz a sus peculiares necesidades, 
reciban una educacin adecuada, se integren en el mercado laboral 
Y puedan llevar una vida autnoma de calidad.

Hacer real el mandato del Art. 49 de la Constitucin y garantizar 
una poltica de previsin, tratamiento, rehabilitacin e 
integracin de los disminudos fsicos, sensoriales y psquicos, a 
los que prestar la atencin especializada que requieran.

Promover las condiciones necesarias para que la libertad y la 
igualdad de los minusvlidos sean reales y efectivas, facilitando 
su participacin en los diferentes mbitos de la vida poltica, 
econmica, culturaly social. Inspirar su actuacin en los 
principios de INTEGRACIN, NORMALIZACIN. AUTONOMA Y SOLIDARIDAD, 
as como DERECHO Y RESPETO a las caractersticas diferenciales de 
las personas.

MEDIDAS

El Gobierno del PP adoptar las siguientes medidas:

Asistencia Sanitaria

Se ampliarn las  prestaciones sanitarias de rtesis, prtesis y 
aparatos de locomocin o correccin de anomalas que necesiten las 
personas minusvlidas.

Se prestar especial atencin a las medidas de prevencin:

Fomento de la investigacin.

Prevencin de anomalas genticas.

Diagnstico prenatal.

Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Deteccin precoz de 
anomalas y medidas de seguridad vial.

Asistencia Econmica

Se considerar objetivo prioritario de las prestaciones econmicas 
la rehabilitacin y la insercin laboral y social. Se crear un 
nuevo sistema fiscal que articular las necesarias desgravaciones 
Y devoluciones.

Medidas Instrumentales

Creacin de un Organismo Administrativo adecuado para la atencin, 
prevencin Y rehabilitacin de las personas con minusvalas, que 
impulsar y coordinar la poltica del Gobierno con las polticas 
de los distintos Gobiernos Autonmicos, Corporaciones Locales, 
Asociaciones y personas privadas, a fin de sumar esfuerzos, 
ampliar coberturas y evitar solapamientos o lagunas, mejorando las 
prestaciones y, servicios sociales actuales y promoviendo la 
atencin integral de estas personas.

Creacin de una Comisin Parlamentaria para el seguimiento y 
control de la poltica de atencin a minusvlidos.
Fomento y apoyo de Fundaciones y Asociaciones de iniciativa 
social.

Mayor participacin y aprovechamiento de los distintos programas 
que la CE ofrece.

Medidas Educativas

Se apoyar, siempre que sea posible, la EDUCACIN ADECUADA que 
favorezca su socializacin, y mximo desarrollo de sus 
capacidades.

Se incrementarn los profesores de apoyo y especialistas en 
diversas materias en los centros educativos en los que exista o 
pueda existir integracin.

Se suprimirn las barreras arquitectnicas en los centros 
educativos.

Promocin de la Integracin Laboral. Se fomentar e incrementar 
la integracin laboral y el empleo de personas con minusvala.

Se impulsar la creacin de Centros Ocupacionales para aquellos 
casos en los que no sea posible la integracin laboral.

Fomento de la Vida Autnoma

Se eliminarn las barreras y obstculos salvables que impidan que 
personas con discapacidad puedan tener una vida autnoma de 
calidad y se afrontarn programas de accesibilidad que eliminen 
las barreras existentes.

Se establecern servicios especiales de lectura en bibliotecas y 
centros educativos.

Se fomentarn las actividades deportivas, culturales y recreativas 
en las que puedan participar los minusvlidos para facilitar su 
integracin social.

Se har efectivo el Derecho Fundamental de Residencia y 
Circulacin de Minusvlidos, que es de cumplimiento, por estar 
amparado por el art. 9.2. 19, 47 y 49 de nuestra Constitucin, 
para que as sea real la Igualdad de todos los ciudadanos 
espaoles.

FAMILIA Y MENORES

PRINCIPIOS

Para el PP el compromiso en favor de la proteccin social, 
econmica y jurdica de la familia es, Adems de una exigencia 
constitucional, elemento esencial de una poltica activa que 
favorezca un tejido social sano. El reconocimiento y apoyo que la 
institucin familiar desempea en una sociedad libre, debe ser 
mayor en momentos de crisis, amortiguando los efectos dramticos 
que sin las estructuras familiares llegan a tener el desempleo o 
la escasez de vivienda. Se considerarn principios bsicos en la 
organizacin de proteccin familiar los siguientes:

- Principio de universalidad en el derecho a la proteccin 
familiar.

- Principio de proporcionalidad en la proteccin familiar por 
nmero de miembros.

- Principio de progresividad en la proteccin segn capacidad 
econmica.

- Defensa del asociacionismo familiar.

CRITERIOS

Sern criterios bsicos de ayuda familiar, los siguientes:

El incremento en las deducciones familiares por hijo, 
especialmente a partir del tercero.

En funcin de la poltica demogrfica, el establecimiento de 
ayudas econmicas directas a las familias con tres o  hijos, 
teniendo en cuenta el nivel de ingreso familiar.

La concesin de becas y ayudas en los estudios, el acceso a 
viviendas subvencionadas y a los crditos para su adquisicin, 
prioritariamente a las familias en funcin del nmero de sus 
componentes y del nivel de renta familiar conjunta.

Deducciones fijas adicionales en el IRPF a familias donde haya 
hijos con minusvalas fsicas o psquicas.

La remocin de obtculos que dificulta la permanencia de las 
personas mayores en el seno familiar (Vid. captulo, Los Mayores: 
Respeto y Compromiso).

UNA PROTECCIN ESPECIAL

En casos de separacin o divorcio, tal y como se enuncia en el 
captulo relativo a la igualdad de la mujer, se establecer un 
Fondo de Garanta, que satisfaga la pensin compensatoria o por 
alimentos cuando el obligado al pago incumpla total o parcialmente 
sus compromisos legales. Las cantidades pagadas por el Fondo sern 
siempre reclamables posteriormente al obligado al pago. Se harn 
las modificaciones legales precisas para que la resolucin 
judicial que declare la concesin de pensin compensatoria o 
alimentos sea ttulo suficiente para solicitar en juicio ejecutivo 
medidas de embargo sobre los bienes y rentas del obligado al pago 
que incumpla sus compromisos.

MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIN A LA INFANCIA

La infancia, sujeto muchas veces de marginacin, de malos tratos y 
de manipulacn requiere una particular proteccin que el Gobierno 
del PP asume mediante:

El refuerzo de la accin institucional, dotando de atribuciones 
especficas al Defensor del Pueblo para la efectiva proteccin al 
menor.

La elaboracin de un cdigo tico sobre programacin de emisiones 
violentas o calificadas X en los medios de comunicacin social de 
titularidad pblica o privada.

La elaboracin, de acuerdo con las partes, de normas sobre la 
publicidad dirigida a la infancia, que evite la manipulacin 
comercial sobre el menor.

La garanta, mediante ley del derecho a todo recin nacido a su 
identidad y su identificacin inmediatamente despus del parto 
mediante los procedimientos de registro adecuados.

El agravamiento de las sanciones por actos violentos y delictivos 
que tengan como sujeto pasivo al menor. Entre los actos 
sancionables se incluir la venta de alcohol a menores de 16 aos.
La adopcin de medidas legislativas precisas para hacer efectiva 
en el ordenamiento jurdico espaol. la Declaracin de Derechos 
del Nio, elaborada por las Naciones Unidas y ratificada por el 
Parlamento Espaol.

 LA DEFENSA DE LA VIDA

La vida es un bien absoluto. Es como dice Ortega y Gasset la nica 
realidad radical. Su defensa o proteccin tiene no slo un 
fundamento moral sino tambin racional o filosfico y social. Por 
ello, el debate sobre el aborto no es slo un problema de ndole 
religiosa sino que afecta a toda la Humanidad y al primer derecho 
de todos que es el derecho a la vida.

En la sociedad contempornea, el objetivo  razonable para los 
poderes pblicos radica, a juicio del PP, en que la interrupcin 
voluntaria del embarazo sea completamente innecesaria. En 
consecuencia:

- Se realizar una poltica educativa e informativa en materia de 
sexualidad orientada hacia la responsabilidad y dirigida 
especialmente a la juventud.

- Se pagar la creacin de centros de orientacin y ayuda a la 
mujer y se estimularn las iniciativas sociales en este mbito.

- Se tendr en cuenta la situacin de la mujer en la reforma de la 
legislacin laboral (Vid. captulo. La igualdad de la mujer). Se 
modificar la ley de adopcin para simplificar y acelerar los 
trmites para la adopcin.

- Se apoyarn las iniciativas que den soluciones de viabilidad a 
mujeres con embarazos no deseados. mediante subvencin o 
desgravacin de aportaciones sociales a tales fines.

- Se favorecern por tanto cuantas iniciativas surjan para 
prevenir el aborto. El Gobierno del PP apostar siempre por la 
vida y por la defensa del derecho a la vida sin excepciones, al 
tiempo que reconoce la existencia de casos lmite de mujeres 
embarazadas que justifican la exencin de responsabilidad penal. 
El PP entiende que, para conseguir el pleno respeto de la sociedad 
a la vida del concebido, la solucin no est slo en la 
legislacin penal, sino en la educacin en el respeto y proteccin 
de la vida como un bien superior y en medidas de apoyo como las 
enunciadas.

INMIGRACIN UN MARCO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
PRINCIPIOS BSICOS

La inmigracin es cada vez ms un tema que afecta de manera 
importante a todos los ciudadanos espaoles. Por ello, abordar con 
realismo el problema inmigratorio es un ejercicio de 
responsabilidad y previsin  que el PP se propone adoptar desde el 
Gobierno.

El PP entiende que se trata de un tema que afecta a todos los 
espaoles y que requiere soluciones que impliquen el  amplio 
acuerdo poltico y social posible.

La idea central de una poltica responsable de inmigracin parte 
de la proteccin de la estabilidad democrtica, la identidad 
nacional y la seguridad de los espaoles. Un Gobierno responsable 
tiene la obligacin de controlar los flujos de extranjeros 
residentes en nuestro pas precisamente para evitar que 
inmigraciones masivas, legales e inasimilables, generen fenmenos 
sociales de xenofobia y racismo, como va ha ocurrido en otros 
pases europeos.

Conceptualmente es importante diferenciar a los inmigrantes (que 
por el mero hecho de serlo tienen un estatuto jurdico reconocido) 
de los extranjeros ilegales en nuestro pas. Los inmigrantes 
legales contribuyen al desarrollo de nuestro pas y son por tanto 
un activo positivo cuyo esfuerzo reconocemos y agradecemos.
 
Los espaoles tenemos una larga tradicin de emigracin en Amrica 
y en Europa y por tanto tenemos una actitud abierta y comprensiva 
de los fenmenos migratorios.

El PP se compromete a recabar el ms amplio acuerdo parlamentario 
en materia de inmigracin como el aprobado en el Pleno del 
Congreso de los Diputados, en la Proposicin no de Ley, apoyada 
por nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso, relativa a la 
situacin de los extranjeros en Espaa, de fecha 22 de marzo de 
1991. En ella se enumeran diversas iniciativas de poltica de 
inmigracin cuyo cumplimiento y desarrollo posibilitar la 
aplicacin de polticas activas en relacin a los inmigrantes.

MEDIDAS

El Gobierno del PP apoyar la aplicacin y el desarrollo del 
Convenio de Schengen en lo referente a la poltica inmigratoria de 
la Comunidad.

El Gobierno del PP ofrecer una informacin permanente y 
anticipada sobre la aplicacin logstica del Convenio de Schengen 
y de cuantos otros compromisos comunitarios afecten al cierre de 
nuestras fronteras y a las frmulas de cooperacin policial.

El Gobierno del PP mantendr la poltica de visados en las 
fronteras de Ceuta y Melilla que son exteriores de la Comunidad 
Europea, reforzando en todo lo necesario su precaria situacin 
actual.

El Gobierno del PP se propone reformar la Ley de Extranjera, en 
aquellos artculos que hoy imposibilitan la expulsin de Espaa de 
extranjeros ilegales incursos en causas delictivas.

El Gobierno del PP reenviar a las Cortes el actual Proyecto de 
Reforma de la Ley de Asilo, cuya aprobacin definitiva se ha 
interrumpido por la disolucin de las Cmaras. El objeto de la 
presente reforma es evitar que al amparo del todava vigente 
derecho de asilo se acojan a esta situacin personas que no lo 
precisan desde el punto de vista poltico, demorando los trmites 
y dificultando el adecuado funcionamiento del refugio para quienes 
realmente lo necesitan.

El Gobierno del PP ejercer controles administrativos a los 
efectos de sancionar rigurosamente la contratacin de extranjeros 
con residencia ilegal en Espaa.

El Gobierno  del PP tipificar como agravante, en la prxima 
reforma del Cdigo Penal, la comisin de delitos sobre bienes y 
personas debidas a motivaciones de xenofobia o racismo.

El Gobierno del PP desarrollar un amplio programa de acciones de 
promocin e integracin social de los inmigrantes, en particular 
en materia de empleo, formacin, vivienda, sanidad y proteccin 
social.

Se intensificar la lucha contra la explotacin del trabajo 
clandestino de extranjeros reforzando las actuaciones inspectoras 
y sancionadoras.

Se luchar decidida y eficazmente contra las redes de trfico 
ilegal de mano de obra y de delincuencia ciudadana y situaciones 
de marginacin y explotacin de ciudadanos extranjeros ilegalmente 
introducidos en Espaa.

CALIDAD DE VIDA: OBJETIVOS URGENTES

DIRECTRICES PARA UNA POLITICA DEL AGUA

El problema del agua en Espaa, los recursos hdricos, los usos, 
abusos y necesidades, se ha convertido en un punto del debate 
poltico. Afecta al futuro socioeconmico de grandes regiones 
espaolas y al futuro medioambiental del pas entero.

Lejos de cualquier visin localista y buscando la solidaridad 
interregional , la mayor eficacia posible en la utilizacin del 
recurso hidrulico, el Gobierno del PP propondr como principios 
bsicos de gobierno las siguientes:

El agua es un bien social. Por ello, el PP defiende la repercusin 
de los costos de regulacin, distribucin y depuracin, 
manteniendo la gratuidad bsica del agua como recurso.

El agua es elemento bsico de la ordenacin del territorio, por lo 
que su regulacin y trasvase no debe contribuir a aumentar los 
desequilibrios interterritoriales que ya existen.

El aumento de las disponibilidades, mediante:

Una Poltica de ahorro, que reduzca el consumo entre un 10 y 15% 
mediante la mejora de embalses, acequias y conducciones; el 
reciclado del agua; la mentalizacin del usuario: el 
cstablecimiento de dotaciones medias por cultivo, penalizando el 
abuso; incentivos en el ahorro de agua en usos industriales y 
urbanos.

Una poltica racional de construccin de embalses, respetuosa con 
el medio ambiente.

Una poltica de gestin de acuiferos.

Una poltica de potabilizacin, en zonas costeras e insulares.

Una poltica de trasvase de excedentes, con carcter excepcional. 

slo cuando las necesidades de la cuenca receptora condicionen su 
legtimo futuro, y respetando siempre los intereses de la cuenca 
cedente.

Apoyo decidido a la Agricultura. mediante:

El apoyo a la modernizacin de las tcnicas de riego y de los 
sistemas de canales y acequias.

La dotacin de nuevos regados nicamente por razones de 
rentabilidad econmica o social. La activa participacin de las 
Comunidades Autnomas en la concentracin parcelaria para 
regados.

Una eficaz poltica de seguro contra el pedrisco.

La defensa del medio ambiente implica:

La lucha contra la contaminacin de las aguas a travs de planes 
de choque de depuracin de aguas residuales urbanas, que incluya 
la cofinanciacin estatal con las Comunidades Autnomas y 
Ayuntamientos para dotar de depuradoras a todos los municipios de 
 de 15.000 habitantes antes del ao 2.000.

La lucha contra las inundaciones y avenidas, mediante un Plan de 
Restauracin Hidrolgico Forestal que suponga acciones de 
reforestacin de las cuencas a un ritmo de doscientas mil 
hectreas anuales; acciones de regulacin de las cabeceras de 
cuenca va embalses; y acciones de mantenimiento de la capacidad 
de desage con especial atencin al dragado de los cauces.

El mantenimiento de los caudales ecolgicos. La proteccin y 
recuperacin de los humedales.

El aprovechamiento hidroelctrico como fuente limpia de energa 
renovable.

Gestin y Administracin del agua mediante:

La modificacin de la Ley de Aguas: Se considerarn las 
Confederaciones Hidrogrficas como organizaciones representativas 
y participativas, con presencia ponderada de Administracin y 
usuarios, encargadas de la gestin del agua y del capital 
hidrulico acumulado de las cuencas. Asimismo, las Comisaras de 
Aguas o Servicios Hidrulicos, dependientes en su caso del MOPT o 
de la Consejera autonmica correspondiente, sern las encargadas 
de la concesin, autorizacin y funciones de control y polica.

El reforzamiento del control en vertidos urbanos e industriales y 
de los usos, abusivos o no, autorizados de caudales y acuferos.
El fomento de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterrneas, 
como instrumento mejor para la gestin de acuferos.

Los cnones del agua:  El Gobierno del PP no introducir un nuevo 
impuesto sobre el agua.

Las obras de infraestructura bsica se financiarn a travs de los 
Presupuestos Generales del Estado, fomentando la coparticipacin 
del capital privado.

Se repercutir en el usuario los coste de regulacin, distribucin 
y depuracin.

Se impulsar la gestin privada de los servicios pblicos de 
abastecimiento y depuracin de aguas urbanas, en la medida en que 
suponga un abaratamiento y mejora en la calidad y eficacia de su 
prestacin.

UNA POLITICA INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE: POR UN FUTURO MS LIMPIO

Para el PP el medio ambiente que se debe conservar y proteger 
incluye tanto el patrimonio natural como el patrimonio histrico, 
artstico y cultural. La preservacin y mejora del medio 
natural. del entorno urbano, del patrimonio histricoartstico son 
condiciones indispensables para una vida de calidad y tambin para 
que el desarrollo econmico y social pueda sostenerse a largo 
plazo. Ahora bien la ecologa no puede convertirse en una coartada 
para pedir  dirigismo y  intervencionismo.

El Gobierno del PP considera que la sociedad civil tiene un papel 
fundamental en la solucin de los problernas medioambientales, 
encauzada por una accin pblica que establezca el marco legal 
para evitar comportamientos antisociales y regular un adecuado 
sistema de incentivos sociales y econmicos y de sanciones 
penales.

Hay que superar el autntico caos normativo que sufre Espaa en 
materia medioambiental, al superponerse frecuentemente sobre un 
mismo territorio normas de la CE, estatales, autonmicas y 
locales, en ocasiones contradictorias. Adems, en materia de medio 
ambiente, no podemos aceptar pasivamente el camino que se marque 
en Bruselas. Espaa tiene unos problemas medioambientales que en 
algunos casos difieren de los de pases europeos de otras 
latitudes o con otro grado de desarrollo.

Gobierno del PP considerar prioritarios los siguientes programas:
Prevencin y lucha contra los incendios forestales, mediante el 
incremento de las dotaciones y otras medidas de prevencin.
Proteccin de las aguas continentales mediante la instalacin de 
medidas correctoras oportunas para depurar las aguas residuales de 
los municipios e industrias otras medidas de vertidos.

Restauracin de la calidad de las zonas del litoral y playas 
deterioradas. Aplicacin estricta de la Ley de Costas en materia 
de vertidos.

Reduccin de la contaminacin atmosfrica en las grandes reas 
urbanas y zonas industriales, procedentes de instalaciones fijas y 
de los vehculos automviles.

Control del vertido de residuos txicos y peligrosos, de su 
transporte y del tratamiento y eliminacin de los mismos y control 
especfico del uso de pesticidas.

Conservacin y defensa de los espacios naturales de proteccin 
especial. extendiendo los Parques Nacionales hasta una superficie 
de 500.000 hectreas, en un plazo de diez aos, favoreciendo el 
desarrollo socioeconmico de los habitantes de estas zonas.

Realizacin de un programa de reforestacin a medio y largo plazo, 
que evite el fenmeno de la erosin y desertificacin, comenzando 
por las cabeceras de las cuentas hidrogrficas. Se proceder a una 
reforestacin Y forestacin de 200.000 hectreas por ao.

Ampliacin de los programas de educacin ambiental, en todos los 
niveles de la enseanza, introduciendo estas disciplinas en los 
programas educativos.

Establecimiento de una cooperacin real  y eficaz entre las 
Administraciones central, autonmica y local.

Como medidas legislativas se propone:

Ley Bsica para la Proteccin del Medio Ambiente.

Ley Bsica de Montes, aprovechamientos forestales y vas 
pecuarias.

Ley sobre Auditoras Ambientales y Control Integrado de la 
Contaminacin.

Revisin y desarrollo de la Ley de Aguas.

Revisin y desarrollo de la Ley Bsica de Residuos Peligrosos.

Ley Bsica reguladora de los cnones y tasas para la proteccin 
ambiental.

La Ley de Fundaciones y la de Incentivos Fiscales a las 
actividades sin nimo de lucro que propone el PP contribuirn a 
favorecer la participacin de las empresas y los particulares en 
la conservacin y defensa del medio ambiente.

El medio ambiente es una cuestin de todos, en este sentido un 
Gobierno del PP establecer:

Un Fiscal especial para el medio ambiente que, con la colaboracin 
de los ciudadanos haga efectiva la persecucin del delito 
ecolgico.

La educacin medioambiental como asignatura obligatoria, que 
induzca a hbitos de conservacin y defensa del medio ambiente en 
toda su dimensin.

La unificacin de la gestin ambiental en un slo organismo, sin 
producir incremento de gasto ni del nmero de funcionarios.

POLITICA CULTURAL: UN PROYECTO PARA TODOS

Para el PP la cultura espaola es una de las ms grandes de la 
Humanidad, que a los espaoles nos corresponde conservar, difundir 
y acrecentar como nuestra principal sea de identidad corro Nacin 
y como uno de los ms importantes activos de Espaa en su posicin 
en el mundo. Los poderes pblicos, con pleno respeto a la libertad 
de creacin, tienen la obligacin constitucional de favorecer el 
acceso de todos a la cultura y garantizar la conservacin y 
enriquecimiento del patrimonio cultual espaol.

La decepcin que la dcada que termina ha supuesto en el mbito de 
la cultura. pese a las esperanzas y adhesiones que suscit en su 
inicio, no se debe slo al incumplimiento de las promesas de 
dedicar mayores recursos a las actividades culturales, sino, sobre 
todo. a la falta de un proyecto cultural que informe toda la 
accin del gobierno y a la instrumentacin ideolgica y electoral 
de la Cultura.

Para el Gobierno del PP la atencin a la cultura informar toda la 
accin del Gobierno, muy principalmente en los siguientes campos:
La poltica cultural tendr en la educacin uno de sus pilares 
bsicos. Se revisarn los actuales planes de	Prestando mayor 
atencin a la enseanza de las humanidades y a las enseanzas 
artsticas.

La televisin pblica ser un instrumento de cultura y 
no de propaganda. El gobierno del PP utilizar al mximo la 
capacidad de este medio para promover el teatro y la msica, el 
conocimiento y disfrute de la historia, la literatura y el 
patrimonio cultural, as como para apoyar el cine espaol y la 
difusin de cultura en el exterior.

La poltica turstica favorecer el turismo cultural, ayudando a 
conservar nuestro patrimonio histrico y natural. La poltica de 
ordenacin del territorio considerar el respeto al entorno, y las 
medidas urbansticas tratarn de impedir el deterioro de los 
cascos histricos y favorecer su revitalizacin.

EL Gobierno del PP aplicar el principio de subsidiariedad, tanto 
la subsidiariedad horizontal -en favor de la sociedad y los 
individuos-, como la vertical -entre las distintas 
administraciones pblicas-.

Para el PP la cultura es cuestin de los individuos, de los grupos 
sociales y de la sociedad en su conjunto. Pero el Estado tiene 
unas responsabilidades que el Gobierno del PP mantendr como 
objetivos inspiradores de su accin: Adoptar las medidas legales 
para la conservacin de lo que nos han legado quienes vivieron 
antes que nosotros. Aquello que forma parte del patrimonio 
histrico de la Nacin y es irremplazable si desaparece.

Fomentar, bsicamente mediante estmulos Fiscales, la actividad y 
la difusin cultural.

Dar ejemplo, conservando dando uso al patrimonio histrico, 
respetando las formas y tradiciones que constituyen una parte 
importante del patrimonio inmaterial de un pas, honrando la 
memoria y la obra de quienes han destacado en el terreno cultural, 
haciendo un uso correcto del idioma, etc.

 Procurar la presencia de las distintas manifestaciones de la 
cultura nacional dentro de Espaa, garantizando la comunicacin 
cultural entre las Comunidades Autnomas, como exige la 
Constitucin, y fuera de nuestras fronteras, como uno de los  
importantes activos, si no el que ms, de que dispone Espaa en el 
mundo.

El Gobierno del PP estimular la colaboracin de la sociedad 
mediante la creacin de un marco legal que contemple:
Para los trabajadores culturales, la aplicacin de un sistema de 
distribucin en varios aos del importe sobre la renta, por sus 
percepciones de carcter no peridico.

Para las fundaciones, exenciones fiscales adecuadas a sus fines.

Para el mecenazgo, deducciones fiscales para las donaciones y 
legados efectuados a instituciones o proyectos culturales.

Para el patrimonio histrico del que es titular la Iglesia 
Catlica, las medidas que garanticen su conservacin y el acceso 
del pblico al mismo, sin separarlo de la finalidad para la que 
fue creado.

Para el patrimonio arquitectnico en manos de particulares, una 
rebaja en el valor de los inmuebles, como consecuencia de las 
servidumbres culturales a que estn sujetos.

Para los gastos hechos en la conservacin y mantenimiento del 
patrimonio, la deduccin de esos gastos en los impuestos de sus 
titulares.

El Gobierno del PP presentar en la prxima Legislatura un 
Proyecto de Ley de Fundaciones y un Proyecto de Ley de Incentivos 
Fiscales a las actividades sin nimo de lucro.

El Gobierno del PP propiciar la coordinacin y colaboracin con 
las Comunidades Autnomas, a travs de la Conferencia Sectorial de 
Cultura y del Consejo del Patrimonio Histrico Espaol, respetando 
las respectivas reas de competencia y superando recelos y 
desconfianzas.

Sern objeto de especial atencin Museos, Archivos, Bibliotecas, 
dotndolas de recursos y capacidad de gestin suficiente para que 
puedan cumplir plenamente la misin culturalque la Nacin les ha 
encomendado.

Se dar un apoyo directo al cine, la msica y el teatro, por ser 
sectores en que los meros incentivos fiscales resultan 
insuficientes. La poltica de subvenciones se basar en criterios 
pblicos y objetivos, garantizados por organismos que estn 
integrados por personas independientes de distinta procedencia 
elegidas por su experiencia y capacidad. Se revisarn los sistemas 
y mecanismos de inversin pblica, incentivando la participacin 
de la iniciativa privada en el sector. En el caso del cine se 
aplicarn los elementos de fomento y estmulo contemplados en 
la Directiva europea de la TV sin fronteras.

Se potenciar el papel de las Reales Academias como instancias de 
prestigio y foros de debate sereno e independiente.

DEPORTE: FACILITAR SU PRCTICA

INTRODUCCION

El PP entiende que la educacin fsica y la prctica deportiva son 
parte esencial de una mayor calidad de vida de los ciudadanos. El 
Gobierno del PP la  en aras de la mejor utilizacin del tiempo de 
ocio y de conseguir una educacin integral y una vida ms sana.

El Gobierno del PP propone:

Mejorar el modelo deportivo en el sentido de:

Potenciar la dimensin asociativa y desarrollar las actividades de 
Clubes, Asociaciones, Federaciones y Comit Olmpico Espaol, de 
tal modo que prime realmente lo deportivo sobre lo poltico.

Revitalizar el deporte escolar y universitario como parte 
fundamental de una estructura deportiva nacional.

Impulsar y coordinar el ejercicio de las competencias de las 
distintas Administraciones en el fomento de la educacin fsica y 
la prctica deportiva.

Reformar el marco jurdico, modificando la vigente Ley del Deporte 
con el fin de:

Asegurar la plena independencia de Clubes, Asociaciones, 
Federaciones y COE.

Establecer normas ms objetivas para la obtencin de subvenciones 
y crditos, sus destinos  (construccin de instalaciones y 
prctica deportiva), y las obligaciones de los 
perceptores. Garantizar la plena independencia como accionistas en 
las Sociedades Annimas Deportivas de los entes pblicos y dar 
entrada, cumpliendo las directrices de la CE, a los accionistas de 
otros pases comunitarios.

Definir con mayor precisin el deporte y el deportista 
profesionales.

Definir, con mayor eficacia disuasoria los tipos punibles en 
relacin con conductas violentas o agresivas en el mbito 
deportivo, agravando las sanciones.

Mejorar el modelo de Financiacin con objeto de:

Fomentar el patrocinio del deporte por parte de las empresas, 
incluyendo la actividad deportiva en la Ley de Mecenazgo.

Facilitar la declaracin de utilidad pblica de las asociaciones 
deportivas de importancia social, incluidos los Consejos 
Nacionales del Deporte Escolar y Universitario.

Facilitar mediante concurso pblico y lneas especiales de 
crdito, la entrada de capital privado en la construccin y 
explotacin de instalaciones deportivas.

Financiar adecuadamente el Plan Nacional de Instalaciones 
Deportivas.

Controlar rigurosamente los fondos pblicos destinados al deporte, 
con una eficaz gestin de las inversiones realizadas por la 
Administracin deportiva estatal.

Establecer un Plan Nacional de Instalaciones deportivas que 
comprenda:

Los Centros de alto rendimiento.

Las instalaciones deportivas en los centros escolares y 
universitarios.

La dotacin suficiente de profesores y tcnicos en todos los 
centros educativos para la enseanza de la Educacin Fsica y la 
prctica del deporte.

La elaboracin de un Registro Nacional de Instalaciones 
Deportivas, que sirva de inventario del patrimonio deportivo y de 
sus necesidades.

Medidas Educativas, que supondrn:

La efectiva regulacin de los estudios de Educacin Fsica y 
Especialidades deportivas, as como la proteccin de los derechos 
de los profesionales de la enseanza.

La obligatoriedad de la Educacin Fsica desde la enseanza 
preescolar, con sustitucin gradual hacia el personal facultado.
La creacin de plantillas adecuadas de docentes y especialistas 
deportivos. Las instalaciones deportivas se adaptarn al nmero de 
alumnos de cada Centro.

La creacin de, al menos, una agrupacin deportiva por Centro, 
como elemento bsico de la estructura deportiva escolar.

La remodelacin del Consejo Espaol del Deporte Universitario, 
independiente del Consejo Superior de Deportes . Se fomentar la 
constitucin de asociaciones deportivas en las Universidades. La 
creacin de una plantilla suficiente de tcnicos deportivos, y un 
plan de construccin, rehabilitacin y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas universitarias.

Todo estudiante tendr desde su inicio en la actividad fsica una 
cartilla mdico-deportiva para el seguimiento permanente de su 
evolucin fsica.

Se ampliar a toda la poblacin estudiantil, los campeonatos 
escolares y universitarios, incluyendo nuevos deportes, entre 
ellos los de invierno.

Con el fin de favorecer la prctica deportiva se proceder a:
Facilitar la prctica deportiva en barrios y con la poblacin 
marginal de nuestro pas, con la finalidad de ocupar a la juventud 
en prcticas sanas que la aparten del mundo de la droga y la 
delincuencia. En este sentido se estimular el liderazgo social 
que los mejores deportistas ejercen sobre la Juventud, dotndole 
de cauces de actuacin eficaz.

Desarrollar y potenciar nuestros deportes populares, protegiendo 
de esta manera nuestra tradicin culturaldeportiva.
Establecer un sistema de proteccin del deportista de alto nivel, 
facilitndole los medios econmicos, tcnicos, Instrumentales y 
mdicos necesarios, as como orientacin de su futuro una vez 
acabada su vida competitiva.

Desarrollar un marco que fomente el deporte en las crceles y 
centros de reinsercin, como medida que estimule la integracin 
social y eliminacin del consumo de drogas en los centros 
penitenciarios.

GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

El Gobierno del PP se propone:

Desarrollar en todos su trminos la Ley para la Defensa de los 
Consumidores para hacer efectiva la proteccin de consumidores y 
usuarios en los trminos del artculo 51 de la Constitucin. Se 
proceder a la plena adaptacin de la legislacin espaola a la 
normativa de la CE.

Definir una poltica de consumo en coordinacin con las 
Comunidades Autnomas Y con participacin de las asociaciones de 
consumidores. Estas continuarn siendo subvencionadas pero se 
revisarn los criterios de concesin con el fin de garantizar una 
mayor objetividad. Garantizar la obtencin por va arbitral o 
judicial de indemnizaciones por daos y perjuicios en caso de 
productos en mal estado o de servicios deficientemente prestados o 
de abuso manifiesto en perjuicio del consumidor o del usuario.

TERCERA PARTE

PARA REVITALIZAR LA DEMOCRACIA

INTRODUCCIN: RECUPERAR EL ESPRITU DE LA TRANSICIN DEMOCRTICA 
NFRENAR EL DETERIORO INSTITUCIONAL

Es preciso recuperar el espritu de la transicin democrtica que 
propici el dilogo y el consenso y favoreci un equilibrio 
institucional respetuoso con la autonoma propia de cada 
institucin.

En el campo de las libertades pblicas, la Legislatura que 
concluye pasar a la historia porque el Gobierno del PSOE y su 
mayora parlamentaria han introducido una grave restriccin en el 
rgimen de libertades.

Se ha restringido, a juicio del PP de manera inconstitucional, la 
inviolabilidad del domicilio, desfigurando el concepto de 
flagrante delito para eludir la autorizacin judicial en ciertos 
registros domiciliarios y de otra parte, se ha legalizado la 
retencin gubernativa para no tener que aplicar las garantas 
constitucionales de la detencin policial.

Aunque frustrado por la disolucin de las Cortes es preciso aludir 
al atentado a la libertad de expresin que supona la regulacin 
de la difamacin contenida en el Proyecto de Cdigo Penal. Al que 
habra de denominarse Cdigo Penal de la Democracia. Se le 
empezaba a conocer como "Ley-mordaza".

Es preocupante la postracin que bajo el Gobierno del PSOE han 
padecido las libertades y el Estado de Derecho. Es todo un sntoma 
que del lenguaje habitual de los socialistas haya desaparecido 
toda referencia a la profundizacin de la democracia, al tiempo 
que se impulsaba una concepcin restrictiva y a veces asfixiante 
de las instituciones democrticas y de las libertades. El 
Parlamento, por ejemplo, se ha visto con frecuencia impedido de 
ejercer su funcin de control al negrsele informacin o al 
rechazar la mayora socialista por sistema las propuestas de 
creacin de comisiones de investigacin. El Consejo General del 
Poder Judicial carece de las competencias adecuadas para 
garantizar  plenamente la independencia de la Justicia.
Ello es lamentable, como lo es que bajo el Gobierno del PSOE se 
haya producido el debilitamiento del principio de legalidad en la 
accin de la Administracin segn podra deducirse del 
extraordinario incremento de recursos contenciosos-administrativos 
contra su actuacin.

Finalmente el gobierno y el PSOE son responsables de la permanente 
manipulacin de la informacin realizada por los servicios 
informativos de una institucin pblica mal llamada Televisin 
Espaola. Los telediarios vulneran todos los das el derecho a una 
informacin veraz que tienen los ciudadanos. La cuestin no radica 
en la mayor o menor presencia del Gobierno en los programas 
informativos -en los que tambin hay un manifiesto abuso. La 
cuestin radica en la constante deformacin en la imagen y en los 
contenidos de todo aquello que en la realidad cotidiana es crtico 
o simplemente no favorece al Gobierno y al PSOE. Es 
antidemocrtico que el primer partido de la oposicin as como 
otros grupos sociales no tengan acceso a Televisin Espaola, 
hayan de padecer una constante distorsin de su imagen y ni 
siquiera puedan ejercer adecuadamente un derecho de rplica. El 
Gobierno ha puesto Televisin Espaola al servicio de su partido y 
ha contribuido as a deteriorar gravemente el funcionamiento del 
sistema democrtico.

Pero hay otras deformaciones institucionales tambin graves de las 
que el Gobierno del PSOE es responsable. El Fiscal General del 
Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo han 
perdido prestigio en esta Legislatura. Hemos asistido a un 
intolerable "consenso", forzado por el Gobierno para que el 
Defensor del Pueblo no presentase recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Hemos contemplado con 
estupor como el Tribunal de Cuentas no encontraba irregularidad 
alguna en el asunto Filesa y todos los das vemos como el Fiscal 
General de Estado parece olvidar las funciones que le asigna la 
Constitucin y por accin u omisin, explcita o implcitamente, 
sale en defensa del PSOE o amenaza con querellas a la oposicin.

En sntesis, el Gobierno del PSOE y su mayora parlamentaria:

Han bloqueado con frecuencia la funcin de control del Parlamento, 
oponindose por ejemplo a suministrar informacin o a crear 
comisiones de investigacin. Han manipulado la televisin estatal 
en su beneficio y en el de su partido vulnerando el Estatuto de 
RTVE y el art. 20 de la Constitucin.

Han patrimonializado instituciones como la Administracin Pblica,
el CIS, la Fiscala General del Estado o el Tribunal de Cuentas.

Han utilizado instituciones y medios pblicos para descalificar a 
la oposicin y para negarle el carcter de alternativa.

Han propiciado leyes gravemente restrictivas de las libertades 
fundamentales como la que debilita la inviolabilidad del domicilio 
y autoriza la patada en la puerta o la autoriza retencin 
gubernativa.

Todo ello ha producido un deterioro institucional que hay que 
superar mediante la revitalizacin democrtica que el PP propone:

LA RECUPERACIN DEL PARLAMENTO COMO CENTRO DE LA VIDA POLTICA

Las Cortes hoy legislan con deficiencias y controlan poco. Las 
causas principales de semejante situacin son: la vigencia de un 
reglamento en exceso formalista y la actitud prepotente de la 
mayora. Tampoco ayuda a realzar la imagen de las Cortes la 
ambigua levedad de la posicin del Senado en el sistema 
constitucional, que habr de ser reforzado como Cmara de 
Representacin Territorial.

El vigente reglamento del Congreso de los Diputados, naci al 
servicio de estos objetivos: permitir la ordenacin de 
los trabajos de Cmara y cubrir en lo posible la vulnerabilidad 
procedimental de los gobiernos minoritarios de la poca.

Desde 1982 ha habido en las Cortes una mayora absoluta homognea, 
que no ha necesitado proteccin reglamentaria. Ninguna votacin 
poda debilitarle o poner en riesgo la estabilidad poltica. La 
mayora socialista, sin embargo, amparndose en un reglamento 
pensado para otras circunstancias y en otras circunstancias  
delicadas, ha impuesto con perniciosa rigidez su control sobre el 
funcionamiento de la Cmara, anulando la proyeccin de la 
institucin parlamentaria sobre la vida del pas.

La salud de la democracia demanda una revitalizacin institucional 
del Parlamento y ste, a su vez, una reforma de las normas 
reglamentarias; reforma que, en aras de la recuperacin 
institucional del Congreso y de su acercamiento a la opinin 
pblica y a los problemas reales de la sociedad, se basar en los 
siguientes criterios:

Agilizar el procedimiento legislativo y primar la vertiente 
poltica de la discusin de los proyectos de ley sobre la 
vertiente tcnico-jurdica.

Garantizar de manera ms efectiva la funcin fiscalizadora de la 
oposicin mediante medidas y disposiciones que no dependan en su 
aplicacin de la exclusiva voluntad de la mayora, en tales como:

Preservar una mayor parte del orden del da a las cuestiones no 
legislativas.

Aumentar las sesiones o las horas dedicadas al control 
parlamentarios, asegurando el inmediato sometimiento a debate de 
los problemas que surjan en la actualidad.

Establecer la obligatoriedad de comparecencia de los Ministros sin 
posibilidad de dilacin as como de la remisin de los documentos 
necesarios para supervisar la actuacin del Ejecutivo.

Instituir, al servicio de los diputados y de los grupos 
parlamentarios, una oficina tcnica de control presupuestario, con 
vinculacin orgnica y funcionala las Cortes y dotada de amplios 
medios econmicos y humanos. La razn de ser de la medida no es 
otra que la de hacer posible la vigilancia de la aplicacin de los 
Presupuestos Generales del Estado. El volumen y la Finalidad del 
gasto pblico lo decide la mayora, pero su ejecucin debe quedar 
bajo el control poltico de la oposicin que puede, de esta 
manera, informar a los ciudadanos del destino real que reciben los 
impuestos que pagan.

Facilitar la creacin de comisiones de investigacin a peticin de 
tres grupos parlamentarios o de la cuarta parte de los diputados.
Organizar de manera diferente los trabajos legislativos y el 
desarrollo del debate pblico.

Las anteriores  medidas no produciran ningn efecto revitalizador 
de no reorganizarse el trabajo  legislativo y de no reordenarse el 
procedimiento de debate. A tal fin es preciso:

Evitar que, en el procedimiento legislativo la discusin en 
Comisin y en Pleno sea reiterativa.

Crear la figura de "Comisin de la Cmara entera" para favorecer 
el, eco del debate pblico en Comisin y dar le agilidad a las 
sesiones de control.

Incrementar el tiempo y los turnos del debate o permitir que cada 
grupo parlamentario administre su tiempo dividindolo en varios 
turnos. Tambin debern organizarse debates abiertos, sin tiempo 
lmite y sujetos a la mocin de cierre (motion de clture) cuando 
se produzca el agotamiento del tema.

Repartir  equitativamente el tiempo de intervencin entre 
Gobierno y oposicin. (El primer turno del Gobierno puede ser 
ilimitado pero en rplica no debera serlo).

Permitir que cada grupo parlamentario pueda inscribir varios 
intervinientes.

Delimitar claramente las obligaciones del Gobierno: Se regular la 
obligacin del Gobierno y de todas las Administraciones Pblicas 
de suministrar a la Cmara toda la informacin y documentacin que 
se solicite sin  excepciones que las que derivan de la 
declaracin formal por el Consejo de Ministros de materia 
reservada o secreto.

Se reglamentar asimismo la obligacin de comparecencia del 
Presidente del Gobierno en determinadas circunstancias Adems de 
introducir un tiempo semanal para preguntas orales.

Acercar el Parlamento a los ciudadanos.

Se facilitar una conexin en tiempo real para que cualquier 
distribuidor, de imgenes de televisin o de sonido, legalmente 
constituido, pueda proceder a la emisin de las actividades 
parlamentarias, cuando lo considere oportuno.

LOS PARTIDOS POLTICOS Y SU FINANCIACIN

La creciente desafeccin de los ciudadanos con respecto a algunas 
instituciones tiene su ejemplo ms claro en la desconfianza 
popular hacia los partidos polticos. La revitalizacin de la 
democracia, requiere, por tanto una nueva regulacin que les haga 
ms abiertos y transparentes.

El Gobierno del PP:

Modificar el sistema de financiacin de los partidos polticos 
con el fin de favorecer la participacin directa de los ciudadanos 
y limitar el peso de las subvenciones pblicas. Se tendrn en 
cuenta los siguientes criterios:

La financiacin pblica (subvenciones electorales ordinarias) 
constituir como mximo el 60% del presupuesto de los partidos. Se 
limitar el incremento de las subvenciones anuales para 
actividades ordinarias de los partidos al correspondiente 
incremento del IPC.

Se liberalizarn las contribuciones privadas a los partidos 
polticos, pero se establecer un lmite para tales 
contribuciones.

Se desgravarn las cuotas de los afiliados as como otras 
donaciones privadas hasta una determinada cuanta.

Se liberalizar la publicidad poltica en las televisiones 
pblicas y privadas.

Se arbitrar la fiscalizacin de las subvenciones pblicas por la 
Intervencin General del Estado y se exigir que los balances 
contables de los partidos se presenten al Tribunal de Cuentas 
previamente auditados por compaa de reconocido prestigio.

Propondr una modificacin de los Reglamentos de las Cmaras, 
Asambleas y Ayuntamientos, para que los cargos representativos 
electos no puedan durante su mandato cambiar de grupo poltico.

EL PODER JUDICIAL Y LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. ADMINISTRACIN 
PENITENCIARIA

El Gobierno del PSOE ha tratado siempre de evitar que la Justicia 
llegue a configurarse como un poder del Estado. Ha hecho todo lo 
posible para recortar la autonoma y atribuciones del Consejo 
General del Poder Judicial. No debera ser necesario, por otra 
parte, recordar que una Administracin de Justicia rpida y eficaz 
es uno de los requisitos esenciales de un Estado de Derecho 
moderno. Una justicia eficiente es adems imprescindible para 
garantizar la seguridad ciudadana. Las acciones policiales, en 
efecto, sirven de poco si no corren paralelas con una actuacin 
judicial adecuada. Por ltimo, de la eficacia de la justicia 
depende tambin el normal desenvolvimiento de las relaciones del 
ciudadano con la Administracin y de los ciudadanos entre s.

Es cierto que se han hecho esfuerzos que el PP valora. Los 
aumentos de plantilla derivados de la Ley de Planta han supuesto 
un refuerzo saludable de efectivos y una significativa renovacin 
de las carreras fiscal y judicial. Pero, como se pone de relieve 
cada ao en los informes del Consejo General del Poder Judicial, 
contina el atasco de sumarios en los juzgados y no logran 
acortarse los plazos de resolucin que se alargan ms all de lo 
razonable. En el Informe del Defensor del Pueblo de 1992 se siguen 
detectando las siguientes carencias:

Inadecuacin de los vigentes instrumentos procesales.

Falta de medios materiales y personales o defectuosa organizacin 
de los mismos.

Insuficiente preparacin de jueces, fiscales o personal auxiliar.
Excesiva movilidad del personal.

Inadecuacin de los edificios judiciales.

Falta de desarrollo de las previsiones legales sobre planta 
judicial.

En el mbito de la Justicia, durante esta Legislatura no se ha 
cumplido adecuadamente la Constitucin y en la prctica se ha 
vulnerado el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial 
efectiva sin dilaciones indebidas- (del art. 24 del texto 
constitucional). En 1992 la sala Tercera del Tribunal Supremo, una 
de las que resuelve los pleitos de los ciudadanos con la 
Administracin, tena casi 30.000 recursos sin resolver.
Es , se est produciendo una perversin de nuestro sistema 
judicial de tal modo que con frecuencia se acude a lajusticia para 
evitar precisamente que se haga justicia, es decir, dada su 
lentitud, para evitar que el que tiene razn pueda hacer efectivo 
su derecho con prontitud.

Este deterioro, evidente para la opinin pblica, est teniendo 
como consecuencia un creciente descrdito de la justicia lo cual 
daa gravemente al Estado de Derecho y al sistema democrtico.
El Gobierno del PP, en consecuencia, y con el fin de recuperar la 
confianza del ciudadano en la Justicia y configurar un autntico 
Poder Judicial adoptar las siguientes medidas:

1.- Se reformar la Ley Orgnica del Poder Judicial para reforzar 
la autonoma y atribuciones del Consejo General  del Poder 
Judicial. restableciendo la participacin activa de las 
asociaciones de jueces en la eleccin de sus vocales,
devolvindole la potestad reglamentaria en los trminos de la Ley 
de 1980 y asignndole las competencias precisas para decidir con 
independencia la poltica judicial y la seleccin y formacin de 
Jueces y Magistrados. El volumen de los recursos de su presupuesto 
se fijar de acuerdo con la poltica presupuestaria del Gobierno.

2.- Se dar un nuevo impulso a la aplicacin de la Ley de Planta y 
Demarcacin y se dar cumplimiento inmediato al mandato de 
instituir los juzgados unipersonales de lo contencioso-
administrativo, Se arbitrar, de acuerdo con el Consejo General 
del Poder Judicial, un programa para descongestionar los juzgados 
y tribunales as como para mejorar su organizacin y los edificios 
judiciales. Tendr carcter excepcional y una duracin de cinco 
aos. Se pondrn a disposicin del Consejo General del Poder 
Judicial los medios personales y materiales que permitan eliminar 
el atasco que hoy paraliza la jurisdiccin contencioso 
administrativa y alarga indebidamente los litigios, civiles y 
mercantiles y los procesos penales dotndole, en su caso, de 
incentivos a la productividad para aquellos Jueces o Malgistrados 
que tengan que acumular otro Juzgado o que atiendan a un atasco 
excepcional.

3.- Modificar la legislacin procesal para simplificar los 
procedimientos y trmites y reducir los procedimientos especiales. 
reforzar las garantas de ejecucin inmediata de las resoluciones 
judiciales; introducir mecanismos de "autocomposicin" o acuerdos 
en supuestos de faltas y delitos menores, fomentar el arbitraje y 
la mediacin y favorecer la pronta reparacin del dao.

4.- Se pondr en marcha una verdadera polica judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial intervendr en la designacin de los 
mandos orgnicos de la polica judicial y se garantizar la 
inamovilidad de los funcionarios as como su dedicacin exclusiva 
a las funciones de polica judicial.

5.- Se asegurar de manera eficaz por parte del Ministerio Fiscal 
el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Se reforzarn 
los requisitos tendentes a garantizar la imparcialidad, 
objetividad y profesionalidad del Fiscal General de Estado. Se 
establecer la inefigibilidad para el cargo de quienes hubieren 
desempeado puesto directivo en partidos polticos, cargo poltico 
o cargo representativo en Parlamentos, Asambleas y Corporaciones 
Locales. en los diez aos anteriores a la fecha de su 
nombramiento.

6.- Se remitir a las Cortes un provecto de Ley del Cdigo Penal. 
Se articular un procedimiento para que, una vez obtenido el  
amplio consenso, se realice la redaccin tcnica del Cdigo Penal 
de la Democracia por una comisin de juristas sin perjuicio de las 
ulteriores competencias parlamentarias. Los tipos penales sern 
definidos en funcin de las exigencias y valores de una democracia 
moderna. Se inspirar en el principio de efectivo cumplimiento de 
las penas, especialmente para los delitos de sangre, los violentos 
y los relacionados con el narcotrfico.

7.- Se mejorarn las instituciones penitenciarias con el fin de 
garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los 
reclusos; evitar la entrada clandestina de drogas en los centros 
penitenciarios y promover un tratamiento adecuado de los enfermos 
toxicmanos: perfeccionar la formacin de los funcionarios 
penitenciarios y favorecer las actividades laborales en los 
centros. Se potenciar un plan de construcciones penitenciarias.

UNOS MEDIOS DE COMUNICACIN SOCIAL DE TITULARIDAD PUBLICA AL 
SERVICIO DE TODOS

El Gobierno del PP asume el firme compromiso de asegurar la 
independencia, el pluralismo y  la imparcialidad de los medios de 
comunicacin social de titularidad pblica. El sistemtico 
incumplimiento por el Gobierno del PSOE del vigente Estatuto de la 
Radio y la Televisin desde 4/1980 de 4 de enero, sin sancin 
posible, ha puesto de relieve su insuficiencia y la necesidad de 
una reforma profunda, con el objetivo inexcusable de garantizar 
de manera efectiva el ejercicio de la libertad de expresin, el 
respeto al pluralismo y el derecho de los ciudadanos a una 
informacin veraz, objetiva e imparcial.

El Gobierno del PP enviar a las Cortes Generales los proyectos 
legislativos precisos as como un proyecto de ley reguladora de lo 
audiovisual inspirado en los siguientes criterios:

Se modificar la estructura orgnica del Ente Pblico 
Radiotelevisin Espaola. El Consejo de Administracin ser 
socialmente representativo. Ser elegido por las Cortes Generales 
entre los candidatos que propongan las instituciones sociales y 
culturales que la ley determine. La calidad de miembro ser 
incompatible con la afiliacin poltica. El Director General ser 
nombrado por el Gobierno de acuerdo con el Consejo de 
Administracin as configurado. Se propiciar, en la radio 
Nacional en la televisin pblicas, la elaboracin de Estatutos de 
Redaccin y la creacin de consejos profesionales de redaccin.
Se regular eficazmente el derecho de rplica y de rectificacin 
se garantizar la igualdad de oportunidades entre el Gobierno, y, 
la oposicin parlamentaria en los programas de carcter 
informativo.

Se reducir el tamao de la radiotelevisin pblica estatal 
procediendo a la privatizacin parcial de su gestin y se 
arbitrarn las medidas legislativas que posibiliten la 
privatizacin de las teje-visiones autonmicas.

Se modificar la ley reguladora de la televisin privada con el 
fin de:

Autorizar cuantos canales privados sean tcnicamente posibles sin 
perjuicio de dar prioridad a la formacin de cadenas que cubran 
todo el territorio nacional.

Derogar las normas que restringen o falsean la libre competencia 
entre las televisiones pblicas y las privadas.

Derogar igualmente las restricciones sobre publicidad poltica y 
electoral.

Se crear una Comisin Nacional de Radiotelevisin cuya 
composicin y funcin se regularn en la ley de lo audiovisual. 
Actuar como rgano superior autnomo y autoridad pblica para 
garantizar el respeto al pluralismo y como rbitro en los 
conflictos de intereses.

Se regularn (armnica y conjuntamente) las modalidades de 
televisin por cable y va satlite de manera que favorezca la  
amplia competencia. Se incorporarn a la legislacin espaola los 
criterios antimonopolio que, aplicados Ya en otros paises 
democrticos, se propone introducir la legislacin comunitaria en 
este campo, de tal modo que no se puedan concentrar en una sola 
titularidad jurdica medios de comunicacin social de distinta 
naturaleza.

Se modificar la regulacin de la Agencia Efe manteniendo su 
carcter pblico pero garantizando, con criterios similares a los 
defendidos para la Radiotelevisin estatal, la profesionalidad, la 
independencia, el pluralismo y la imparcialidad.

SEGURIDAD CIUDADANA Y FUERZAS DE SEGURIDAD. PROTECCIN CIVIL
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El PP considera que el mantenimiento de la accin terrorista -
especialmente la de la banda ETA- sigue constituyendo uno de los 
principales problemas de la democracia espaola. No obstante ello, 
tambin entiende que esa actividad y sean cuales fueren los 
objetivos que persiga, carece de fuerza para imponer sus 
condiciones  all del dramtico saldo de vctimas inocentes que 
provoca.

(.)pues, cualquier peligro de desestabilizacin, el gobierno del 
PP propone:

Fortalecer la accin comn y la cohesin de los firmantes del 
"Acuerdofrente a la violencia" (hecho en Madrid el 5 de noviembre 
de 1.987), del "Acuerdo para la normalizacin pacificacin del 
Pas Vasco" (firmado en el Palacio de Ajuria-Enea el 12 de enero 
de 1.988) y del "Acuerdo por la Paz y la Tolerancia" (Pamplona. 7 
de octubre de 1.988).

Fortalecer asimismo la cooperacin internacional. Exigir del 
Gobierno de Francia el mantenimiento de una cooperacin con Espaa 
tan intensa como sea precisa para evitar la reorganizacin de la 
cpula de ETA en SU territorio as como para poner a disposicin 
judicial al resto de los integrantes de esta banda. Esta 
cooperacin ser una prioridad en !as relaciones entre ambos 
pases que no debe verse afectada por 	ningn tipo de coyuntura 
poltica y debe tener como fin ltimo imposibilitar la preparacin 
en territorio francs de acciones terroristas de ETA contra 
ciudadanos e intereses espaoles en nuestro pas.

Elaborar un plan especfico de mejora de los medios con que las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan en la lucha 
antiterrorista, especialmente en el Pas Vasco, promoviendo una 
mayor coordinacin entre todos los cuerpos policiales.

Promover las iniciativas legislativas oportunas para que los 
condenados por delitos terroristas cumplan ntegramente sus penas, 
manteniendo los actuales criterios de dispersin penitenciaria de 
los miembros de las bandas terroristas.

Realizar una prudente poltica de reinsercin en aquellos casos de 
colaboracin de los interesados con la Justicia y teniendo en 
cuenta si estn o no implicados en delitos de sangre.

Solicitar del Ministerio Fiscal una accin sostenida para la 
persecucin de las conductas de encubrimiento, cooperacin Y 
auxilio de los delitos terroristas y, singularmente, de su 
apologa.

Apoyar a los movimientos sociales que luchan por la paz y que han 
contribuido al rearme mural de la sociedad. Contribuir a la 
reduccin del apoyo social al terrorismo mediante polticas 
especficas dirigidas a la juventud a fin de evitar la existencia 
de sectores marginales proclives a la violencia.

Prestar ayudas econmicas, educativas y sociales a las vctimas de 
acciones en lnea con las recomendaciones del Consejo de Europa y 
del Parlamento Europeo en esta materia.

LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA COMN

La seguridad ciudadana en Espaa ha experimentado un grave 
deterioro en estos ltimos aos, pasando a ser hoy, con el paro, 
el primer motivo de preocupacin de los espaoles. Los ndices de 
criminalidad se han duplicado en nuestro pas desde 1.982 a 1.991, 
es decir, durante el perodo de gobierno socialista.

Entre 1.982 y 1.991, y siempre segn los datos que el Fiscal 
General del Estado ofrece en sus Memorias anuales, se produjo un 
incremento de 1.011.079 procedimientos, alcanzndose ese ltimo 
ao la impresionante cifra de 1.744.321, lo que representa un 137% 
 que en 1.982, y ello sin contar con los delitos no 
denunciados, que no forman parte de la estadstica judicial.

Al objeto de corregir esa situacin y de ofrecer a los espaoles 
una alternativa seria, realista y prudente frente a este problema, 
el Gobierno del PP tomar las siguientes medidas: 

- De carcter general

* La elaboracin de un nuevo Cdigo penalque responda a las 
exigencias de una sociedad moderna v. en este campo, regule con 
realismo las caractersticas que la delincuencia tiene en nuestro 
pas. En dicho texto se incluirn:

	* La completa adaptacin a la Convencin de las Naciones 
Unidas (hecha en Viena) contra el trfico ilcito de drogas 
txicas, sustancias estupefacientes y psicotrpicas.

	* El cumplimiento ntegro de las penas por los 
narcotraficantes.

* La revisin de las condiciones de concesin de la libertad 
provisional.

* Aplicacin de medidas que permitan la inmediata 
intervencin e incautacin de todas las cuentas corrientes, 
depsitos o figuras afines, de sumas procedentes del narcotrfico.

* Exigencia de colaboracin a las entidades depositarias.

* La atribucin a los jueces de amplia facultad para imponer 
a los drogodependientes habituales la alternativa del cumplimiento 
de condena. por reclusin en centro teraputico adecuado, pblico 
o privado, sometindole a un programa de tratamiento obligatorio 
de desintoxicacin, rehabilitacin y reinsercin social, por el 
tiempo necesario para lograr ese fin.

* La elaboracin de una ley sobre indemnizacin en supuestos 
especficos a las vctimas de delitos violentos.

* La definicin y puesta en prctica de planes especficos de 
fomento de la colaboracin ciudadana con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad Y la Justicia, mediante adecuacin de las Comisaras a 
las exigencias reales de la sociedad, la agilizacin de los 
trmites de denuncia, la obligatoriedad de su respuesta y una 
informacin clara y precisa sobre las condiciones en que stas 
pueden realizarse.

- De carcter policial

* Completar el modelo policial espaol nacido de la Ley 
Orgnica 2/1986, de 13 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y a tal fin:

La promulgacin del Reglamento Orgnico y de Servicio 
del Cuerpo de la Guardia Civil.

La promulgacin del Real Decreto de Plantillas de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de carcter estatal, 
previa consulta con las fuerzas polticas con 
representacin parlamentara y con los representantes 
sindicales del Cuerpo Nacional de Polica, y basado todo 
ello en el principio de garantizar una mayor presencia 
policial en todo el territorio espaol.

La remisin a las Cortes Generales de un proyecto de ley 
sobre segunda actividad de los miembros de las Fuerzas Y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

La dotacin de las correspondientes partidas 
presupuestaras que hagan posible una poltica 
retributiva de mejoras a los miembros del Cuerpo de la 
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Polica, as como 
la mejora de las condiciones de trabajo.

El reforzamiento de los medios materiales en la lucha 
contra la delincuencia y, especialmente, contra el 
terrorismo. La elaboracin de planes especficos de 
seguridad ciudadana a travs de los cuales el Gobierno 
ejerza las ineludibles competencias que le corresponden 
en la materia, sin perjuicio del Impulso en la creacin 
y actuacin de las juntas locales de seguridad con 
objeto de favorecer la correcta coordinacin de los, 
distintos cuerpos policiales. En dichos planes deber 
contemplarse la creacin de comisaras de barrio capaces 
de evitar duplicidades de servicios y de descentralizar 
la presencia de dichos cuerpos policiales.

* Asimismo se elaborarn planes especficos de seguridad 
rural que garanticen los mismos objetivos de reduccin de la 
criminalidad.

* El reforzamiento en medios materiales y humanos de los 
puestos fronterizos as como la adopcin de medidas especiales de 
control en los mismos, en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en la Ley Orgnica 7/1985, de 1 de julio. sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y dentro, todo 
ello, de las polticas comunitarias de inmigracin.

* El fomento de la cooperacin policial internacional, 
especialmente en el mbito comunitario, en el marco  amplio del 
espacio policial europeo, todo ello en aplicacin de los convenios 
multilaterales y bilaterales firmados por Espaa, con una atencin 
especial a la actuacin policial dentro del marco del Convenio de 
Schengen, para cuyo cumplimiento se dotar presupuestariamente al 
Ministerio del Interior de los recursos necesarios para atender 
debidamente las necesidades derivadas del sistema informativo 
previsto en dicho Convenio.

* La creacin de un organismo policial centralizado de 
investigacin y coordinacin de la lucha contra el crimen 
organizado, especialmente contra las mafias de la droga. 

- De carcter organizativo

* La configuracin de una autntica Polica Judicial en los 
trminos previstos en el captulo de la Justicia. El urgente 
desarrollo de la Guardia Civil del Mar, en el contexto normativo 
que le es propio.

DESARROLLO DE LA PROTECCION CIVIL.

Nuestro pas no cuenta an con el grado de organizacin eficacia 
que sera de desear, de un sistema fiable de alerta y respuesta 
ante las catstrofes que, con distinto origen y efectos, Espaa 
padece regularmente. Por ello, el gobierno del PP:

Promulgar la necesaria Ley de Defensa Civil, con rango de 
Orgnica, prevista desde 1.980, en la disposicin final de la Ley 
Orgnica 6/80 de 1 de julio y en su artculo 21 en la que se 
contemplarn sus condiciones, organizacin y funcionamiento, as 
como la coordinacin de todos los poderes pblicos (Administracin 
Central, Autonmica y Local), con la formulacin previa de la 
correspondiente doctrina comn y simultnea campaa de divulgacin 
del contenido de este sector de la defensa nacional.

En el mbito de la proteccin civil en sentido estricto se 
diversificarn las actuaciones y medidas a realizar en tres 
aspectos fundamentales:

- Catlogo de riesgos nacionales, comunitarios y municipales con 
una anlisis exhaustivo de causas originadores de graves 
catstrofes, medidas de previsin y prevencin, as como de 
actuaciones encaminadas a paliar, si no evitar totalmente, el 
potencial riesgo (previsin, prevencin e intervencin).

- Planificacin de una red de asistencia en materia de proteccin 
civil, con cobertura de todas las Comunidades Autnomas y especial 
intensificacin respecto a aqullas que, por sus especiales 
caractersticas o precedentes, alcancen un alto, ndice de riesgo.

- Elaboracin de un Plan Nacional de Emergencia en el que se 
contemplarn todas las posibles causas de riesgo, su tratamiento y 
acciones encaminadas a combatirlas, sobre el que elaborarn los 
planes de comunidades autonmicas, de municipios y sectoriales.

- Se fomentar el voluntariado. Se preveern ensayos peridicos de 
los planes de emergencia creacin de unidades mviles de socorro; 
promulgacin de una normativa bsica sobre autoproteccin 
colectiva e individual en lugares pblicos y de riesgo
- Se institucionalizar un sistema de coordinacin entre 
Ayuntamientos, Comunidades Autnomas y Gobierno central y se 
delimitarn claramente los deberes y responsabilidades de los 
posibles organismos pblicos intervinientes.

- Se adoptarn, entre otras, las siguientes medidas legales:
* Aprobacin del Reglamento General de la Ley de Proteccin Civil; 
normativa especial sobre proteccin del Patrimonio Cultural y 
Artstico.

* Ley bsica de Movilizacin Nacional, sustitutiva de la actual, 
inadecuada, por haber desaparecido las circunstancias en que se 
basaba su aplicacin: ley reguladora de los Servicios de 
Prevencin y Extincin de Incendios y Salvamento; Ley reguladora 
del Servicio civil, para dar cumplimiento a los fines de inters 
general previsto en el art. 30 de la Constitucin y promulgacin 
de una normativa de carcter sancionador, suficientemente eficaz y 
ejemplar que evite la escalada de incendios intencionados.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN. LA NECESARIA TRANSPARENCIA Y 
CONTROL DEL GASTO PBLICO.

El Gobierno del PSOE y su mayora parlamentaria han interpretado 
el control del casto pblico como un estorbo que haba que 
suprimir. Su actitud ha sido reaccionaria, porque si hay algo que 
caracteriza a una democracia avanzada es, justamente, el riguroso 
control del gasto pblico para poder rendir cuentas exactas al 
contribuyente.

El Gobierno del PSOE, en efecto, ha eliminado los controles 
ordinarios, modificando la Ley General Presupuestarla con un doble 
propsito: ampliar la discrecionalidad de ciertas decisiones de 
gasto, despus de la aprobacin de los Presupuestos del Estado por 
las Cortes, y reducir la autonoma y medios de la Intervencin 
General del Estado al propio tiempo ha introducido un sistema de 
control por auditora, insuficiente porque no tiene la necesaria 
continuidad y permanencia ni genera responsabilidades. Es claro, 
por ltimo, que ha hecho todo lo posible para evitar que el 
Tribunal de Cuentas pueda funcionar.

Consecuencia de todo ello ha sido el debilitamiento del principio 
de legalidad, el crecimiento de las irregularidades y la aparicin 
de graves casos de corrupcin.

Para hacer frente a esta situacin el grupo parlamentario del PP, 
durante la legislatura que ahora se extingue, present en el 
Congreso un conjunto de iniciativas. Las que llegaron a debatirse 
fueron rechazadas por la mayora del PSOE.

El Gobierno del PP, reiterar en forma de proyectos de ley 
aquellas iniciativas, y por tanto se propone adoptar las 
siguientes medidas:

Reformar la Ley General Presupuestarla con el fin de restablecer 
el alcance propio de las leyes de  presupuestos evitando que 
puedan reformar leyes sustantivas; suprimir el concepto de 
"imprevistos y no clasificados" de la nomenclatura presupuestaria: 
limitar los supuesto de ampliacin y las transferencias de 
crditos. 

Restablecer con carcter general la fiscalizacin de todos los 
actos que originan derechos y obligacionesde tipo econmico ms 
all de su estricta legalidad (fiscalizacin crtica); controlar 
de manera  efectiva los crditos con cargo al Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (Rechazada por la mayora socialista el 26-5-92).

Reformar los procedimientos de contratacin del sector pblico, 
reduciendo los mrgenes de discrecionalidad en la contratacin 
directa mediante limitaciones que permitan, determinar el volumen 
mximo a realizar por este procedimiento, y reforzando los 
requisitos para dar  transparencia a los concursos pblicos 
(Rechazada por la mayora socialista el 16-6-92).

Reformar la Ley de Rgimen Local en materia de personal para 
limitar la posibilidad de cubrir mediante libre designacin, 
puestos que deben reservarse a funcionarios locales habilitados 
con carcter nacional para ejercer funciones de control de 
legalidad (Rechazada por la mayora socialista el 29-9-92).

Establecer un procedimiento  riguroso con participacin de las 
Cortes Generales para la privatizacin o enajenacin de las 
empresas o de participaciones accionariales cuya titularidad 
corresponda al Estado (Rechazada por la mayora socialista el 15-
9-92).

Restablecer los requisitos concernientes a los contratos 
patrimoniales de compraventa, permuta, donacin y cualquier otra 
disposicin de bienes con constitucin de derechos reales sobre el 
patrimonio de todas las administraciones pblicas, de forma que 
los procedimientos ganen en objetividad, transparencia y 
seguridad.

Regular la publicidad procedente del sector pblico para 
imposibilitar que constituya un factor de alteracin de la libre 
competencia y del principio de igualdad en el mbito de los medios 
de comunicacin social (Rechazada por la mayora socialista el 22-
9-92).

Equiparar, mediante ley, el grado de responsabilidad de los Altos 
Cargos con el legalmente establecido para los gestores privados 
para garantizar una mayor diligencia en la gestin del dinero del 
contribuyente (Rechazada por la mayora socialista el 27-10-92).

Introducir en el nuevo Cdigo Penaluna extensin de la figura 
penal de a malversacin de caudales pblicos no slo a los bienes 
dinerarios, sino al uso incorrecto o interesado de inmuebles 
propiedad del Estado (Rechazada por la mayora socialista el 24-
11-92).

Reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para 
posibilitar la creacin de Comisiones de Investigacin (no lleg a 
ser debatida), en los trminos que recoge el captulo sobre el 
Parlamento de este Programa del PP.

Reformar la Intervencin General del Estado garantizando su 
autonoma funcional. El Interventor General ser nombrado por el 
Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno para 
el perodo que comprende cada Legislatura y no podr ser removido 
salvo por causas tasadas previstas por la ley.

Perfeccionar el sistema de control del gasto pblico mediante 
auditoras, delimitando los supuestos en que proceda realizarlas y 
estableciendo un rgimen de responsabilidades. El control del 
gasto se extender a la empresa pblica y a los gastos de 
transferencia (subvenciones, transferencias de capital, etc.) al 
sector privado de la economa.

Se reformar el Tribunal de Cuentas, en el sentido de establecer 
un procedimiento ms objetivo para la designacin de su 
Presidente; ampliar y endurecer los requisitos para poder ser 
elegido vocal del Tribunal de tal modo que se garantice ms 
plenamente su profesionalidad e independencia y, por ello, su 
despolitizacin, introduciendo como causa de inelegibilidad el 
haber desempeado cargo pblico poltico o puesto directivo en 
partido poltico con diez aos de antelacin a la fecha de 
designacin: extender el deber de colaboracin con el Tribunal a 
todas las personas que mantengan relaciones econmicas con 
entidades sujetas a fiscalizacin; ampliar su capacidad de 
propuesta en el ejercicio de su funcin jurisdiccional, establecer 
la remisin obligatoria de sus memorias, notas e informes a las 
Cortes y, garantizar la ejecucin de las medidas, que proponga por 
parte de los organismos fiscalizados.

Se le dotar de los medios personales y materiales adecuados para 
el  eficaz ejercicio de sus funciones de control.

ADMINISTRACIONES PBLICAS: UN EFICAZ SERVICIO A LOS CIUDADANOS
PUNTO DE PARTIDA

Si el xito del mandato socialista hubiera que medirlo por el "que 
Espaa funcione" de 1982 el fracaso sera notable.

No se ha alcalzado el objetivo bsico de una moderna 
Administracin: la prestacin de servicios de calidad a los 
ciudadanos, la lentitud en los procedimientos, la ausencia de 
respuesta a las demandas y pretensiones de los ciudadanos, las 
interminables listas de espera, la deficiente calidad de algunos 
servicios la ausencia de agilidad y flexibilidad, la 
desconsideracin para con el ciudadano, la discrecionalidad,
arbitrariedad y hasta sectarismo en los procedimientos de acceso y 
asignacin de puestos de trabajo en la funcin pblica y un largo 
etc han sido moneda corriente durante estos aos.

Adems se ha producido un considerable incremento del gasto 
pblico y una desmedida creacin de altos cargos y Puestos de alto 
nivel.

Al concluir la IV Legislatura, la Administracin del Estado sigue 
arrastrando un perfil desfasado y en cierto modo anacrnico. 
Mientras esta situacin se mantenga, la Administracin entorpecer 
la competitividad y el dinamismo social, cultural y econmico.

PRINCIPIOS QUE DEFINEN EL PROGRAMA DEL PP SOBRE ADMINISTRACION 
PUBLICA.

Adems de los principios que figuran en la Constitucin, el PP 
apoya su concepcin de la Administracin Pblica en estos tres 
principios bsicos:

* De coordinacin y colaboracin

- La realidad del actual reparto de competencias del Estado de las 
autonomas demanda la vigencia de este principio de coordinacin y 
colaboracin de las Administraciones Central, Perifrica y 
Territoriales.

- La nueva concepcin de la Administracin del Estado exige a sta 
abandonar su tradicional pretensin de omnipresencia. Su 
articulacin con los niveles de gobierno comunitario, autonmico y 
local exigen la definicin de su identidad. Esta debe centrarse en 
una correcta comprensin de sus responsabilidades propias.

* De servicio al ciudadano

- El ciudadano es el destinatario de la actuacin administrativa. 
Esta debe circunscribirse a su funcin de prestacin del servicio 
pblico de la manera  eficaz. El ciudadano como sujeto de 
derechos y obligaciones debe disponer de los medios necesarios 
para exigir que la Administracin Pblica realice de manera  
eficiente las prestaciones a que est obligada. Y debe encontrar 
el pronto amparo cuando sus derechos e intereses sean perjudicados 
ilcitamente por la Administracin.

* De actuacin sin inmunidades

- La Administracin Pblica debe actuar siempre, como exige la 
Constitucin con plena sujecin a la legalidad, y, con criterios 
de objetividad e imparcialidad. Debe asimismo respetar los 
derechos de los ciudadanos configurados por el ordenamiento 
jurdico Debe estar sujeta al control de los tribunales, a los que 
no cabr sustraer su competencia bajo el pretexto de la naturaleza 
poltica de ciertos actos administrativos.

 OBJETIVOS

El Gobierno del PP aspira a:

Una Administracin moderna, mediante la incorporacin de modos de 
organizacin y mtodos de trabajo de eficacia probada en otros 
mbitos del quehacer social y econmico.

Una Administracin de tamao adecuado, mediante su configuracin 
en funcin de los cometidos efectivos que correspondan a la 
Administracin del Estado, despus de las transferencias 
competenciales a las Comunidades Autnomas.

Una Administracin eficaz, mediante la introduccin de 
organizacin y programas por objetivos.

El diseo de las reas organizativas en funcin de los cometidos 
debe arrancar de la reforma de los Ministerios y proseguir con la 
reforma de los entes instrumentales -Administracin perifrica e 
institucional- para promover que efectivamente sean instrumentos 
operativos.

De otra parte, en las reas que no correspondan a funciones 
pblicas de ejecucin, la organizacin debe especializarse de 
acuerdo con las tareas de prospectiva, programacin, coordinacin 
y supervisin.

Una Administracin austera y eficiente en el marco de la poltica 
de austeridad presupuestaria que el Gobierno del PP aplicar. Se 
pondr en marcha el presupuesto en base cero y se introducirn 
tcnicas modernas de gestin presupuestaria. Una Administracin 
profesional izada mediante el reforzamiento de los criterios de 
mrito y capacidad en el acceso a la funcin pblica y de 
garantas para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones 
por el personal al servicio de la Administracin.

MEDIDAS

Con carcter urgente el Gobierno del PP proceder a constituir una 
comisin de expertos, con participacin o audiencia de los 
sectores interesados y de organizaciones sociales representativas. 
que elabore un Libro Blanco de Reforma de la Administracin 
Pblica.

Sin perjuicio de lo que se deduzca de tal Libro Blanco, que ser 
objeto de un debate parlamentario para extraer por consenso las 
directrices bsicas de la reforma, se adoptarn las siguientes 
medidas:

En relacin con la prestacin de servicios pblicos, se elaborar 
un "PLAN DE CALIDAD", con el fin de corregir y mejorar aspectos 
cotidianos del funcionamiento de la Administracin Pblica.

En relacin con la Funcin Pblica

* Nueva ordenacin de la carrera administrativa con erradicacin 
de la discrecionalidad.

* Profesionalizacin de la Funcin Pblica hasta el nivel de 
Director General.

* Extensin del concurso de mritos para la cobertura de puestos 
de trabajo hasta el nivel de Subdirector General.

* Modificacin del actual sistema de retribuciones buscando un 
mayor equilibrio entre los haberes asignados al puestos de trabajo 
y los correspondientes al escaln en la carrera administrativa. Se 
racionalizar y despolitizar el complemento retributivo de 
productividad.

* Puesta en vigor de un Plan de Formacin que permita, 
progresivamente, llegar a una Inversin en el mismo equivalente al 
3% de la masa salarial.

* Introduccin de la jubilacin obligatoria a los 70 aos y 
voluntaria a partir de los 65.

* Adecuacin de las pensiones de Clases Pasivas causadas con 
anterioridad al 1.1.85. a las causadas tras la Ley 50/84 de 
Presupuestos Generales del Estado para 1985.

En relacin con los Altos Cargos

* Reduccin de los actuales altos cargos en funcin del traspaso 
de competencias a las Comunidades Autnomas.

* Delimitacin estricta de los puestos de confianza en la 
Administracin que pueden ser ocupados por personal ajeno a la 
Funcin Pblica.

En relacin con la actual estructura de la Administracin
* Reforma y reduccin de los Ministerios, teniendo en cuenta las 
competencias que realmente ejercen.

* Reduccin del nmero de Organismos Pblicos, bien porque sus 
objetivos ya han sido cumplidos, bien porque al haberse incumplido 
se ha demostrado la ineficacia del instrumento. O bien porque sus 
competencias hayan sido transferidas a las Comunidades Autnomas.

* Ampliacin  de las frmulas de descentralizacin y/o de 
desconcentracin que permitan Introducir en la gestin 
administrativa criterios de organizacin y financiacin de 
eficiencia probada en el mbito de la empresa privada. La sujecin 
al derecho privado se decidir en funcin del tipo de intereses 
generales que persigan los rganos o entes a que se refiera.

* En relacin con las medidas legislativas se estar a lo que se 
desprenda del Libro Blanco.

MEJORAR EL ESTADO DE LAS AUTONOMAS

El perfeccionamiento del modelo de financiacin de las Comunidades 
Autnomas por Acuerdo del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera 
de 20 de enero de 1992 y el Pacto Autonmico firmado el 28 de 
febrero de 1992 entre el Gobierno, el PSOE y el PP, convertido en 
Ley Orgnica desde el 25 de diciembre siguiente, han sido los 
pasos  importantes dados en la Legislatura que ahora se 
extingue, para mejorar el Estado de las autonomas.

El Gobierno del PP inspirar su poltica autonmica en los 
siguientes principios:

Buscar siempre el  amplio consenso para alcanzar los objetivos 
a que aspira en el perfeccionamiento del Estado de las Autonomas.
Aplicar el principio de cooperacin, tal y como ha sido 
desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es 
decir como criterio informador que necesariamente debe presidir 
las relaciones recprocas entre el Estado, las Comunidades 
Autnomas y los Ayuntamientos.

En el marco de estos principios el Gobierno del PP se propone:

* En el terreno de la financiacin autonmica

- Impulsar la autonoma financiera de las Comunidades Autnomas, 
mejorando el automatismo de la financiacin Y disminuyendo el peso 
de las subvenciones condicionadas en el total de ingresos 
autonmicos.

- Avanzar en la corresponsabilizacin Fiscal en el sentido de 
establecer una mayor vinculacin entre los impuestos pagados a los 
Gobiernos autonmicos y los servicios prestados por stos. La 
cesin de un porcentaje del IRPF a las Comunidades Autnomas, si 
se adoptara esta frmula, se realizar con sujecin al criterio 
enunciado.

- Garantizar  plenamente la solidaridad interterritorial 
mediante:

La creacin de un fondo de nivelacin para garantizar en 
todas las Comunidades  Autnomas la existencia de un nivel 
mnimo de calidad en la prestacin de los servicios pblicos.
Una dotacin  adecuada y una mayor especializacin del 
Fondo de Compensacin Interterritorial.

* En el terreno de la organizacin

- El Gobierno del PP se propone: Configurar el Senado como Cmara 
de Reprsentacin Territorial. En un primer momento se tratar de 
reformar el Reglamento de la Cmara con el fin de:

Incrementar la presencia institucional de las Comunidades 
Autnomas en el Senado mediante la comparecencia e intervencin de 
los Presidentes Autonmicos para informar sobre asuntos de inters 
de su Comunidad.

Reforzar la Comisin de Autonomas.

Crear una Comisin Territorial para cada Comunidad Autnoma que 
emita dictamen sobre los proyectos y proposiciones de ley que le 
afecten.

Potenciar los Grupos Territoriales del Senado para que puedan 
ejercer iniciativas de control parlamentario del Ejecutivo.

- En una segunda fase, de conseguirse un amplio consenso poltico, 
el Gobierno del PP no descarta proponer la reforma constitucional 
para perfilar el Senado como genuna Cmara de Representacin 
Territorial de las Comunidades Autnomas.

- Proceder de manera gradual y siempre por amplio consenso a la 
estructuracin de una Administracin Comn o nica con el fin de:
Corregir las duplicaciones administrativas, es decir, aquellos 
supuestos en que dos o  rganos administrativos pertenecientes 
a Administraciones distintas realizan idntica funcin. Deslindar 
la responsabilidad de cada Administracin Pblica en la prestacin 
de servicios, es decir, ordenar administrativamente la 
descentralizacin poltica inherente al Estado de las Autonomas, 
porque el ciudadano tiene derecho a saber cual es la 
Administracin responsable en la prestacin de un servicio.

Reducir y reconducir la actuacin de la Administracin Perifrica 
del Estado a su funcin propia en aquellas competencias cuyo 
ejercicio es por esencia estatal, es decir, constitucional mente 
intransferible e indelegable y a aquellas que por mandato 
constitucional deben coordinarse por el Delegado del Gobierno que 
la Constitucin instituye.

- Con tal propsito podrn delegarse en las Comunidades Autnomas 
facultades sobre materias de titulardad estatal con exclusin de 
todas aquellas materias que constituyen el ncleo bsico de la 
unidad poltica de Espaa, es decir, las competencias clsicas 
inherentes al concepto de Soberana y las que garantizan la 
efectividad del principio constitucional de solidaridad que slo 
el poder central puede garantizar.

- Continuar el proceso de homogeneizacin competencial de manera 
compatible con la existencia de hechos diferenciales de carcter 
histrico, cultural, Iingstico o insular.

- Dotar a las ciudades de Ceuta y Melilla del Estatuto de 
Autonoma a que constitucionalmente tienen derecho.

- Regular las actividades exteriores de las Comunidades Autnomas 
en materias de su competencia para asegurar el principio de unidad 
accin del Estado y la competencia exclusiva del Gobierno de la 
Nacin en Poltica Exterior.

* En el mbito municipal

El Gobierno del PP:

- Favorecer la transferencia o delegacin de competencias desde 
las Comunidades Autnomas a los Ayuntamientos en base al principio 
de Administracin nica o Comn.

- Modificar el Impuesto de Actividades Econmicas de acuerdo con 
los planteamientos que expresan los Ayuntamientos.

- Propiciar inversiones en las grandes ciudades destinadas a 
cubrir los dficit de infraestructuras y equipamientos.

- Impulsar la modificacin del marco legal de la contratacin 
administrativa local para garantizar ms eficazmente, y en 
consonancia con la revisin de la legislacin de contratos del 
Estado, los principios de transparencia, concurrencia y 
publicidad.

- Revisar la Ley de Financiacin de Corporaciones Locales, con 
objeto de un reparto  justo de los Tributos del Estado, a fin 
de ampliar la autonoma financiera de las Corporaciones Locales.

CINCO LEYES PARA DESARROLLAR LA CONSTITUCIN

La disolucin de las Cortes y el inmovilismo del Gobierno 
socialista han impedido algunos avances deseables en el desarrollo 
constitucional.

El Gobierno del PP enviar a las Cortes los siguientes textos 
legislativos:

Un proyecto de ley de fundaciones para regular uno de los cauces 
ms eficaces de actuacin de la Sociedad civil en los pases  
desarrollados y favorecer iniciativas privadas que persiguen fines 
de inters general y singularmente culturales, educativos, 
medioambientales, de cooperacin al desarrollo y de asistencia 
social.

Un proyecto de ley que regule el recurso de amparo ordinario en 
desarrollo del art. 53.2 de la Constitucin y en sustitucin de la 
vigente ley de proteccin jurisdiccional de los derechos y 
libertades fundamentales.

Un proyecto de ley regulador del derecho de huelga equivalente en 
su contenido a la legislacin en vigor en los paises de la Europa 
Comunitaria.

Un proyecto de ley que, en desarrollo de los arts. 20 y 24 de la 
Constitucin. regule la clusula de conciencia de los periodistas 
y el secreto profesional en sus diversas modalidades.

Un proyecto de ley que prevea la introduccin gradual del jurado 
para determinados delitos, de carcter opcional para el inculpado.

CUARTA PARTE

POLTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD. POLTICA COMUNITARIA
UNA POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD PARA IMPULSAR LA PROYECCIN 
INTERNACIONAL DE ESPAA

INTRODUCCIN: CONTINUIDAD Y CONSENSO

El mayor mrito de la poltica exterior de los gobiernos 
socialistas ha radicado en la adopcin de planteamientos que 
originariamente no eran suyos. Despus de haber defendido una 
poltica exterior de perfiles neutralistas, la aceptacin por 
parte del PSOE del carcter europeo y occidental de Espaa 
reflejado en la pertenencia a la CE y a la OTAN, ha permitido la 
creacin de un amplio terreno para el entendimiento y el consenso 
en tomo a la proyeccin exterior de nuestro pas. El PP, que 
considera positivo ese dato y que estima conveniente alcanzar las 
mximas cotas de acuerdo posible en terrenos como el de la 
poltica exterior y de seguridad continuar y desarrollar las 
lneas fundamentales de esa poltica exterior, buscando el 
mantenimiento de la convergencia al respecto manifestada por las 
principales fuerzas polticas espaolas.

PRINCIPIOS

En consecuencia, el Gobierno del PP realizar la promocin y, 
defensa de los intereses de Espaa y de los espaoles como 
objetivo esencial de la poltica exterior y de seguridad en el 
marco de los siguientes principios:

La poltica exterior espaola se basar en la defensa de los 
derechos humanos, en el respeto a las normas del Derecho 
Internacional y en la solidaridad y la cooperacin con todos los 
pueblos.

La poltica exterior de seguridad de Espaa tendr como finalidad 
permanente la consecucin de un orden internacional basado en la 
paz, en la libertad y en la satisfaccin de las necesidades 
materiales elementales del conjunto de la humanidad. Se apoyar el 
desarrollo del deber de asistencia y del derecho de ingerencia 
humanitaria, a la diplomacia preventiva y a la constitucin de 
fuerzas armadas de imposicin de la paz.

La poltica exterior espaola de inters nacional con el 
horizonte de la Unin Europea.

ORIENTACIONES Y CRITERIOS

El Gobierno del PP con referencia a esos principios desarrollar 
su poltica exterior sobre la base de los siguientes criterios
La poltica espaola de seguridad tendr como puntos de referencia 
principales:

La Alianza Atlntica, nico organismo de seguridad estable y 
eficaz, participando en el proceso de elaboracin doctrinal y 
estratgico por el que atraviesa actualmente la OTAN para definir 
su nuevo papel en el mundo. Espaa prestar apoyo al papel que la 
OTAN est realizando al servicio de la seguridad internacional 
bajo los auspicios de Naciones Unidas as como el papel regional 
que la CSCE puede desempear.

La presencia activa de la UEO concebida como pilar europeo de la 
OTAN y parte del proceso de integracin comunitaria. En todo caso 
Espaa apoyar la creacin de un sistema de	europeo como parte del 
proceso de la Unin Europea.

La continuacin eficaz y efectiva de la cooperacin multilateral y 
bilateral con los EE.UU. as como, en particular, del vnculo 
poltico y de seguridad creado entre los pases europeos de un 
lado y EE.UU. y el Canad de otro en el seno de la Alianza.

La conveniencia, a largo plazo, de un sistema nico de seguridad 
en Europa y en el Atlntico a travs del juego integrado y 
armnico de las organizaciones existentes: ONU, OTAN, CE, UEO y 
CSCE.

La poltica espaola de cooperacin al desarrollo concebida como 
uno de los instrumentos significativos de la poltica exterior 
espaola, concentrar su actividad en los sectores en que su 
accin pueda resultar  necesaria y efectiva Iberoamrica, el 
Magreb, Guinea Ecuatorial, e inspirar su realizacin en la 
clusula democrtica Espaa cooperar con los pases dotados de 
regmenes polticos en donde la forma democrtica otorgue un 
mnimo de garantas de libertad y en los que, de palabra y de 
hecho, se respeten los derechos humanos bsicos. Espaa, al comps 
de la recuperacin econmica aumentar progresivamente las 
partidas presupuestarias dedicadas a esta finalidad para tratar de 
alcanzar en el ao 2000 la cifra del 0,75% del PIB fijada como 
objetivo por las Naciones Unidas para los pases desarrollados. La 
poltica espaola de cooperacin destinar sus aportaciones de la 
siguiente manera: un 40% para Iberoamrica; un 30% para el Magreb; 
y un 30% para otros pas es, entre los que tendra relevancia 
especial, en el caso de solucionar las tensiones actualmente 
existentes, la cooperacin con Guinea Ecuatorial. Con respecto al 
pas africano, la poltica exterior espaola actuar decididamente 
en favor de la democracia y la prosperidad de todos los habitantes 
y exigiendo de sus actuales gobernantes la disposicin ms 
abierta, transparente y objetiva, en la celebracin de unas 
elecciones libres.

Iberoamrica ser referencia prioritaria en la proyeccin exterior 
de Espaa en una doble dimensin: la de las imprescindibles 
relaciones bilaterales y la correspondiente a un miembro de la CE, 
Y tendr en cuenta un cudruple imperativo:

Espaa desarrollar un poltica activa de solidaridad, 
instrumentada sobre todo a travs de la cooperacin econmica con 
los pueblos y pases iberoamericanos y seguir estimulando la 
participacin creciente de la CE en este rea.

Espaa modular la calidad e intensidad de sus relaciones 
bilaterales con los pases iberoamericanos a la existencia de 
regmenes democrticos.

Espaa coordinar su poltica cultural con la de los pases 
iberoamericanos en torno al conocimiento y difusin de la lengua 
espaola.

Espaa participar de manera activa en la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones, cuyos trabajos debern adquirir un grado de precisin 
tcnica y compromiso poltico que aleje de la Comunidad el riesgo 
de lo retrico.

Desde la perspectiva mediterrnea, otro de los ejes permanentes de 
la poltica exterior de Espaa, la tarea fundamental consistir en 
buscar cauces estables de entendimiento fructfero con todos los 
pases ribereos. Al Sur del Mediterrneo, en nuestra inmediata 
vecindad, los pases del Magreb -zona de conflictividad potencial 
extraordinaria- sern objeto de una atencin preferente en favor 
de su prosperidad econmica y de su estabilidad. Se realizarn 
esfuerzos especiales de cooperacin con el Magreb tanto en el 
plano bilateral como en el piano de la CE y se mantendrn las 
mismas relaciones amistosas con todos los pases de la zona. 
Espaa deber apoyar la celebracin del Referndum en el Sahara en 
cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Espaa 
apoyar asimismo la celebracin de una conferencia de seguridad Y 
cooperacin en el Mediterrneo.

Entre las vecindades espaolas, lugar privilegiado ocupa Portugal, 
hoy tambin socio comunitario. Las relaciones bilaterales debern 
fructificar en un conjunto amplio de iniciativas y contactos en 
todos los terrenos. Espaa continuar manteniendo una especial 
poltica de cooperacin con Francia con el fin de erradicar 
definitivamente la presencia de ETA en territorio francs.

Espaa considera a las Naciones Unidas como pieza clave del 
despliegue exterior espaol. Apoyar el fortalecimiento del 
sistema de seguridad colectivo previsto en la Carta de las 
Naciones Unidas, as como los mecanismos jurdicos de la ONU, 
tanto en el terreno de la prevencin del conflicto como en el de 
la poltica sobre derechos humanos y en el de la solucin pacfica 
de controversias.

Espaa mantendr la reivindicacin de la soberana sobre Gibraltar 
y exigir la apertura de una negociacin que tenga como objetivo 
su retrocesin. Denunciar la pasividad britnica ante la CE y la 
OTAN. Defender la postura hasta ahora mantenida sobre la 
definicin de las fronteras exteriores de la CE. Exigir el 
cumplimiento del Acuerdo de Bruselas de 1987 sobre la utilizacin 
conjunta del aeropuerto de Gibraltar.

La proyeccin internacional de Espaa tiene una especfica e 
inexcusable dimensin cultural. La difusin de la lengua espaola 
como vehculo de cultura e instrumento de proyeccin exterior sera 
el fundamento de una poltica que potenciar los institutos 
Cervantes, los intercambios culturales y de cooperacin tcnica 
as como la difusin de nuestros productos audiovisuales.

El Servicio Exterior del Estado ser objeto mediante Ley de una 
reforma en profundidad para adecuarlo en todas sus facetas a las 
exigencias de la actual proyeccin internacional de Espaa y a la 
Internacionalizacin de la economa. Recoger el principio de 
unidad de accin exterior del Estado. encomendando su gestin al 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se facilitar la necesaria integracin de los espaoles en el 
extranjero en el conjunto de la sociedad espaola. A tal fin se 
darn a nuestros emigrantes las mximas facilidades para ejercer 
sus derechos como espaoles de origen Y mantener su vinculacin 
cultural con Espaa. Se proceder a la -adopcin de diversa 
medidas tales como: facilitar el censo de los espaoles en base al 
Registro de Matrcula de las oficinas consulares y permitir el 
derecho a voto en consulados y secciones consulares.

La poltica de inmigracin se ajustar a las disposiciones 
comunitarias. Se buscar modificar la lista de pases a cuyos 
nacionales se exigir visado para entrar en territorio comunitario 
por aplicacin del  Convenio Le Schengen con el fin de lograr la 
exclusin de los pases iberoamericanos.

UNA POLITICA COMUNITARIA REALISTA
INTRODUCCIN

Espaa, miembro de la CE, se enfrenta a unas elecciones generales 
en un momento presidido por tres incertidumbres comunitarias:
La efectiva entrada en vigor del Tratado de Maastricht. En caso 
afirmativo:

- Las crecientes dificultades de casi todos los pases miembros 
para alcanzar las condiciones de convergencia que permitan el 
arranque de la Unin monetaria. Ante ello, la revisin del Tratado 
de Maastricht prevista en el propio texto para 1996.

- El PP asume como irrenunciable la defensa de la Unin Europea y, 
con el propsito de empujar el proyecto hacia adelante, invita a 
abrir, como lo estn haciendo otros pases comunitarios, un gran 
debate nacional. El ejemplo de los pases  avanzados de la 
Comunidad invita a contemplar, el proceso comunitario como una 
forma de defender sin complejos, los intereses nacionales, es 
decir, el bienestar y el progreso de las propias sociedades.

PRINCIPIOS

El Gobierno del PP, que impulsar ese debate, se propone 
desarrollar su poltica comunitaria bajo los siguientes 
principios:

Identificacin del inters nacional espaol con el horizonte de la 
Unin Europea.

Superacin en la Unin poltica de la concepcin que expresa o 
implcitamente tiende a reducir la Europa comunitaria a una zona 
de libre cambio.

Defensa del proceso hacia la Unin Econmica y Monetaria. Defensa 
de la necesidad de introducir en el funcionamiento de CE 
mecanismos presupuestarios de redistribucin que vayan  all 
del carcter mramente compensatorio de los fondos de cohesin.

Despliegue del mximo esfuerzo para que la Comunidad se enfrente y 
ayude a solucionar los problemas reales que la Unin Monetaria 
plantea a las economas de sus miembros con mayores dificultades o 
menor nivel de desarrollo. Resulta impresindible a la hora de 
definir una postura, medir  y mejor ciertos costes porque, de 
lo contrario podra empezar a producirse en Espaa un peligroso 
rechazo de la idea europea, especialmente en la actual fase de 
profunda recesin econmica.

Bsqueda del consenso social y parlamentario  amplio posible 
para que la poltica europea de Espaa tenga un slido respaldo y 
pueda hacer valer con eficacia los intereses reales de la sociedad 
espaola.

ORIENTACIONES Y CRITERIOS

El Gobierno del PP:

Introducir con mayor nfasis y, junto al habitual planteamiento 
macrocomunitario sobre las grandes lneas de la construccin 
europea, la dimensin de lo microcomunitario, es decir, la 
valoracin y defensa de los intereses reales  concretos y 
cotidianos de los distintos sectores productivos que se dilucidar 
en cada directiva, reglamento o decisiones del Consejo de 
Ministros y de la Comisin. A tal Fin ser preciso definir los 
intereses vitales de la economa espaola, es decir trazar el 
lmite que no deber traspasar. se sin obtener slidas 
compensaciones o contrapartidas.

Procurar por todos los medios a su alcance que la Comunidad se 
enfrente a la Unin Monetaria asumiendo la realidad, es decir, 
diseando un proceso y un modelo que tenga en cuenta el hecho 
obvio de que hay grados de desarrollo, de riqueza y de bienestar 
muy distintos que presuponen una capacidad tambin muy distinta. 
La mejor defensa de Europa es la de procurar construirla sobre la 
realidad y desde la realidad, y no desde la ficcin de una 
igualdad inexistente. En todo caso, no se podr construir slo a 
la medida de los Estados ms prosperos.

Adoptar una postura favorable a la ampliacin de la CE en el 
doble sentido de apoyar la plena integracin, sin estatutos 
especiales o privilegiados que daen intereses reales espaoles, 
de Austria, Suecia, Finlandia y Noruega siempre que, por tanto, 
asuman todo el acervo comunitario sin condiciones, y de 
profundizar en los vnculos asociativos de la CE con las nuevas 
democracias del Centro y del Este de Europa. Propondr en su 
momento a las Cortes que autorice la ratificacin del Tratado del 
Espacio econmico europeo.

Apoyar un desarrollo institucional de la CE que de respuesta a un 
triple imperativo: a) La garanta de participacin previa de las 
Cortes Generales en el proceso de formacin de las decisiones de 
los rganos de la Comunidad; b) la transparencia -es decir 
informacin y publicidad- de las decisiones comunitarias; c) la 
gradual eliminacin del dficit democrtico con el fin de 
preservar y conciliar los diversos intereses nacionales que 
concurren en las decisiones comunitarias y de asegurar el control 
poltico sobre el ejercicio de las competencias comunitarias. 

Defender la ms amplia concepcin de la Ciudadana europea y 
desarrollar las normas que garanticen su puesta en prctica.
Abogar, en el mbito de la poltica exterior y de seguridad 
comn, porque se preste mayor atencin a los pases de 
Iberoamrica y del Magreb.

Participar  activamente en el mbito de la cooperacin 
jurdica y policial en la lucha contra el terrorismo y la 
criminalidad organizada, especialmente contra el narcotrfico. No 
se reconocer al territorio de Gibraltar como frontera de la 
Comunidad.

Defender, en el mbito de la poltica agrcola comn, la 
introduccin de mejores mecanismos de salvaguarda de nuestros 
productos agrcolas y ganaderos, entre otros, el principio de 
preferencia comunitaria frente a la entrada en la Comunidad de 
ciertos productos de terceros pases en condiciones  favorables 
que las de sus propios Estados miembros.

 Propiciar, en el mbito de la solidaridad con una poltica de 
desarrollo regional tendente a reducir diferencias de riqueza y 
renta.

UNA POLTICA DE DEFENSA PARA EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
INTRODUCCION

El orden Internacional nacido tras el final de la Guerra Fra se 
caracteriza por la existencia de nuevas oportunidades para la Paz 
junto con nuevos riesgos e incertidumbres para el futuro. Entre 
las caractersticas principales del nuevo Orden Europeo destacan 
la ruptura de la bipolaridad entre el Este y el Oeste, el 
establecimiento de una nueva jerarqua estratgica entre las 
distintas potencias, la permanencia de importantes arsenales 
convencionales y nucleares, el surgimiento de conflictos sumamente 
sangrientos como el de la antigua Yugoslavia y la frustracin 
generada en buena parte de las poblaciones de las nuevas 
democracias del Este.

En el aspecto exterior se encuentran la periferizacin de los 
riesgos militares (Guerra del Golfo), la proliferacin de sistemas 
de destruccin masiva y convencionales muy sofisticados, la 
existencia de flujos migratorios crecientes, con el riesgo de 
inestabilidad social y surgimiento de tendencias racistas y 
xenfobas en las sociedades europeas, as como la agravacin de 
amenazas no militares como el terrorismo internacional, el 
narcotrfico o el crimen organizado.

Finalmente, existen una serie de riesgos que afectan especialmente 
a nuestro pas, consecuencia de la situacin de inestabilidad en 
el norte de frica.

PRINCIPIOS

El gobierno socialista, ante esta situacin, ha carecido de una 
autntica poltica de defensa y ha colocado bajo mnimos 
histricos las capacidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas.

El Gobierno del PP propone, por tanto, una poltica de defensa 
inspirada en los siguientes principios:

Contar con unas Fuerzas Armadas capaces de disuadir a cualquier 
potencial agresor de atentar contra nuestros intereses nacionales 
vitales y, si la disuasin fallase, garantizar su 
defensa. Colaborar en el mantenimiento de la paz y estabilidad 
internacional a travs de nuestra contribucin en alianzas 
defensivas, OTAN y UEO (Unin Europea Occidental), y de nuestra 
cooperacin en el marco de las Naciones Unidas.

Fomentar un equilibrio de fuerzas regional al nivel  bajo 
posible que satisfaga los intereses de seguridad de todos los 
vecinos.

El Gobierno del PP, con referencia a esos principios considera 
imprescindible adecuar las estructuras, medios y hombres de 
nuestros ejrcitos a fin de conseguir una defensa razonable en su 
dimensin, eficaz en el ejercicio de sus funciones, al menor coste 
posible y capaz de dar respuesta a los retos de hoy y del maana. 

Por ello asume los siguientes objetivos:

ORIENTACIONES Y CRITERIOS

* Un servicio militar voluntario y profesional

Se definir un modelo de Fuerzas Armadas  reducidas, ms 
flexibles y mviles, mejor dotadas, ms operativas y eficaces.

Se articulara a tal fin la progresiva profesionalizacin de sus 
soldados, mediante la mejora de los salarios de la tropa 
profesional, la creacin de frmulas de contratacin flexibles y 
atractivas, el reconocimiento de las titulaciones acadmicas y 
profesionales obtenidas en los ejrcitos, apoyo para el reingreso 
en la actividad civil de los soldados profesionales, incorporacin 
plena de la mujer a las Fuerzas Armadas, contratacin de personal 
civil para los servicios auxiliares, as como la mejora de las 
condiciones de prestacin del servicio militar obligatorio 
mientras este sea necesario y el establecimiento de una 
compensacin econmica adecuada.

* Un presupuesto de Defensa equilibrado

Se impondr una base econmica estable sin la que es imposible una 
defensa eficaz.

Se realizar un planeamiento y una programacin a medio y largo 
plazo de nuestro gasto en defensa; una reestructuracin profunda 
del gasto, primando el gasto de material sobre el de personal; la 
racionalizacin del presupuesto favoreciendo los gastos operativos 
frente a los burocrticos; el cumplimiento del nivel de recursos 
dedicados a la defensa fijado recientemente por el Parlamento 
mediante acuerdo PP-PSOE como objetivo a largo plazo, instaurando 
Adems una nueva cultura de la austeridad, especialmente en el 
rganos central; y, finalmente, convirtiendo el gasto en defensa 
en un motor del desarrollo econmico, de la innovacin tecnolgica 
y de la creacin de empleo en nuestro pas.

* Unas Fuerzas Armadas adaptadas a un mundo en cambio

Se desarrollar un modelo de Fuerzas Armadas con un alto grado de 
integracin entre sus componentes, capaces de actuar en todo tipo 
de escenarios y circunstancias, equilibradas en sus diferentes 
componentes de tierra, mar y aire, capaces de proyectar su poder 
all donde se estim necesario, con posibilidad de expandir sus 
contingentes en un periodo limitado de tiempo, dotadas de una 
importante capacidad de modernizacin permanente, altamente 
profesionalizadas y con posibilidades de actuar en cooperacin con 
las Fuerzas Armadas de nuestros aliados.

* Un Ejrcito de Tierra reducido pero ms eficaz

Se  realizar una accin urgente Y decidida de reforma en orden a 
clarificar sus misiones, reducir sus efectivos, reestructurar su 
organizacin operativa, incrementar su capacidad de proyeccin de 
fuerza, modernizar su material, profesionalizar y especializar su 
personal y, finalmente. concentrar y redesplegar sus unidades.

* Una Armada moderna y flexible

Se definir un nuevo concepto estratgico naval adecuado a la 
nueva situacin estratgica internacional que contemplar la 
potenciacin tanto de nuestra flota de superficie como del arma 
submarina, la modernizacin de nuestra fuerza anfibia, el 
desarrollo de las capacidades de lucha contraminas: la aplicacin 
de medidas de ahorro en la administracin de los recursos y la 
potenciacin del planeamiento y la programacin.

* Una fuerza area ms compacta y operativa

Se procurara un mayor equilibrio de la  distribucin de los 
recursos entre los tres ejrcitos; se reducir la diversidad de 
modelos de aeronaves existentes; se concentrarn las instalaciones 
que el Ejrcito del Aire tiene dispersas por toda la geografa 
nacional; se mejorarn los sistemas de vigilancia y defensa area; 
y se impulsar la adecuacin tecnolgica, la motivacin del 
personal y la mejora radical de la seguridad en vuelo.

* Un rgano central ms reducido y eficiente

Se organizar la direccin y coordinacin de la defensa en un 
Ministerio  reducido, que absorba un menor volumen de los 
escasos recursos de la defensa y que desarrolle una gestin  
eficaz y transparente que el actual.

* Una poltica de personal distinta

El factor humano es elemento clave de cualquier poltica de 
defensa. En nuestra opinin, el  grave error cometido por el 
gobierno socialista, en lo referido al Ministerio de Defensa, ha 
sido su desastrosa poltica de personal que ha causado descontento 
generalizado, frustracin profesional y la desmoralizacin del 
personal civil y militar.

El Gobierno del PP propondr el incremento de los cuadros 
intermedios, la reforma profunda de la enseanza militar, y la 
motivacin del personal.

* La necesidad de una base industrial de la defensa

Se revitalizar la base industrial nacional de la defensa, 
actualmente en peligro de extincin. A tal fin, se estabilizar la 
demanda de material; se promover mayor transparencia en las 
adquisiciones de defensa; se favorecer la competencia y en su 
caso la privatizacin de parte del sector pblico empresarial 
vinculado a la defensa; se favorecer la cooperacin internacional 
en el desarrollo de nuevos sistemas, especialmente en el mbito 
europeo y se promover enrgicamente la investigacin y el 
desarrollo propios. 
