PROGRAMA DEL PARTIDO POPULAR 1996.

UNA POLTICA PARA CREAR EMPLEO

El potencial de crecimiento de nuestra economa es sin duda muy 
alto. Somos un pas con elevados recursos ociosos, con voluntad 
y capacidad de trabajar e invertir.

Contamos con capital humano bien preparado, la ms importante 
fuente de riqueza de una sociedad moderna. Nuestras empresas, 
con otra poltica econmica, son capaces de crecer, competir y 
crear empleo.

La poltica econmica del gobierno socialista nos ha llevado a 
un dficit pblico excesivo, una grave inflacin y unas 
carencias estructurales no resueltas, que son las causas ltimas 
de nuestro principal problema econmico y social: el paro.
El paro, principal preocupacin de los espaoles, es el ms 
claro exponente del fracaso de la poltica econmica de los 
gobiernos socialistas.

Las cifras son reveladoras de la grave situacin: el ndice ms 
elevado de la Unin Europea, por encima del 22% de la poblacin 
activa y con una tasa de ocupacin de tan slo el 38%. Poco ms 
de la tercera parte de los que pueden trabajar tienen empleo. 

Nuestra tasa de paro duplica la media europea y casi triplica la 
media de los pases de la OCDE.

Esta situacin resulta inadmisible al considerar otros rasgos 
propios de la situacin espaola: la temporalidad en el empleo 
afecta al 35% de los ocupados; el paro de larga duracin alcanza 
al 52,7% de los parados; el paro femenino supera el 30% y el de 
los jvenes sube al 42%, siendo en el caso de mujeres jvenes de 
ms del 50%. Algo ms de un milln de hogares carece de ingreso 
alguno derivado del empleo de cualquiera de los miembros, o lo 
que es igual: tienen en paro a todos sus miembros.

La creacin de empleo constituye, por tanto, el desafo ms 
importante de la sociedad espaola a final del siglo XX. Para el 
Gobierno del PP la prioridad absoluta de su poltica econmica y 
social ser construir una economa fuerte y configurar un nuevo 
modelo de crecimiento econmico para generar empleo y garantizar 
el bienestar social. Todas las polticas pblicas han de 
enfocarse en ese sentido.

El dficit pblico y su corolario de aumento vertiginoso de la 
deuda pblica constituyen otra prueba de la incompetencia de la 
poltica econmica del gobierno socialista. La deuda pblica ha 
pasado de 19,4 billones en 1989 a ms de 45 billones en 1995. 
Hoy, el pago de los intereses de la deuda pblica equivale al 
coste del sistema sanitario pblico, alcanza la mitad de la 
cuanta destinada a pensiones y supera ampliamente el total de 
inversin pblica.

La alta inflacin se ha resistido a bajar, incluso en momentos 
de cada de nuestra demanda de consumo. La estabilidad en 
precios es esencial para conseguir una economa ms competitiva 
y generar empleo. La poltica econmica del gobierno socialista 
ha fracasado en erradicar las altas expectativas inflacionistas 
existentes en los agentes econmicos.

El desequilibrio del sector exterior, la excesiva dependencia 
del capital extranjero para financiar nuestra economa y el 
agudo dficit comercial advierten que an est por resolver el 
problema de la competitividad y de la financiacin de la 
economa espaola.

Con todo, el mayor de los perjuicios ocasionados a la economa 
espaola por el socialismo, ha sido la absoluta falta de 
credibilidad en los ltimos aos de su poltica, frente a los 
agentes econmicos tanto nacionales como extranjeros.

Para restaurar la necesaria credibilidad del Gobierno de Espaa, 
el PP plantear  una poltica econmica rigurosa. A tal fin, se 
comprometer  con la reduccin de los desequilibrios bsicos, 
inflacin y dficit pblico, conducentes a rebajar los tipos de 
inters consolidando el crecimiento econmico y la creacin de 
empleo. Aplicar  polticas presupuestarias rigurosas que 
permitan rebajar la tensin de la poltica monetaria en su 
esfuerzo por rebajar los precios. Asimismo, el Gobierno 
acometer  las reformas estructurales necesarias para modernizar 
nuestro tejido productivo y potenciar la eficacia de nuestros 
mercados. Espaa tiene una oportunidad histrica ante s: 
situarse en el grupo de cabeza de los pases desarrollados en un 
plazo no demasiado largo, con el consiguiente aumento de 
bienestar de sus ciudadanos. La nica forma de conseguirlo es 
obtener los beneficios inherentes a la integracin plena en el 
gran mercado interior europeo y en la economa internacional. 

Nuestro propsito es entrar en la tercera fase de la Unin 
Econmica y Monetaria Europea en los plazos establecidos. La 
reduccin del dficit pblico y la inflacin son, para ello, 
objetivos ineludibles.

La construccin de una economa fuerte debe cimentarse en una 
solidaridad activa que facilite la vertebracin de la sociedad 
espaola a travs de la garanta de ciertos niveles de 
bienestar, la igualdad de oportunidades y la distribucin 
equitativa de la renta. La solidaridad activa es el eje de la 
nueva sociedad del bienestar, en la que se atienda la 
problemtica y se corrija la marginacin derivada de la falta de 
empleo. Es precisamente la creacin de empleo el mecanismo 
primordial para alcanzar una distribucin justa de la renta, 
objetivo al que debe contribuir la accin pblica mediante una 
poltica de gasto en servicios y prestaciones sociales orientada 
a atender prioritariamente a los ms necesitados y una poltica 
impositiva respetuosa con el principio de equidad. Determinadas 
prestaciones sociales, como el sistema pblico de pensiones y el 
sistema pblico de salud, deben garantizar la solidaridad y la 
cohesin territorial y social de Espaa.

La solucin de los problemas econmicos de Espaa depende del 
xito de nuestra integracin en  reas de mercado cada vez ms 
amplias, en primer lugar la Unin Europea. La consecucin de un 
crecimiento sano y sostenible exige que la exportacin se 
constituya en uno de los motores bsicos y estables del 
desarrollo, a cuyos efectos debe ganar cuotas de participacin 
en el Producto Interior Bruto (PIB) hasta asimilarse a los 
niveles que registran los pases ms avanzados.

La competitividad es la resultante de un conjunto de factores en 
el que destacan los costes de produccin, incluidos los fiscales 
y financieros, y los elementos definidores de la calidad, as 
como la gestin, la formacin, el diseo, las polticas de I+D y 
todos aquellos que contribuyen a la diferenciacin de producto. 

La consecucin de un tamao adecuado de las empresas y el 
establecimiento de redes de cooperacin con empresas extranjeras 
en los campos de produccin, distribucin y financiacin son 
tambin frmulas para incrementar la presencia de nuestros 
productos en el mundo.

La adecuada capitalizacin de la economa espaola requiere el 
aumento del ahorro interno y su encauzamiento hacia frmulas de 
medio y largo plazo, nica va para garantizar una financiacin 
estable. En los ltimos aos, las Administraciones Pblicas han 
sido el principal responsable de la cada del ahorro nacional: 
si en 1989 el ahorro bruto de las Administraciones Pblicas 
ascenda al 2,9% del Producto Interior Bruto, cinco aos ms 
tarde, en 1994 se registraba un ahorro negativo del 2,3% del 
PIB.

Adems de la correccin del desequilibrio presupuestario de las 
Administraciones Pblicas, es obligado favorecer el ahorro de 
familias y empresas; a cuyos efectos, la reforma fiscal y la 
mejora e introduccin de frmulas de ahorro a medio y largo 
plazo, fondos de inversin y de pensiones, jugarn un papel 
decisivo.

El PP considera que hay reformas estructurales que no pueden 
demorarse ms. Se trata de modernizar la economa espaola para 
adaptarla a las nuevas condiciones derivadas de nuestra 
integracin en la economa mundial, de las nuevas tecnologas y 
de una demanda cambiante y exigente. Para ello hay que revisar 
las restricciones a la competencia y otras regulaciones que 
entorpecen un funcionamiento eficaz de los principales sectores 
productivos, especialmente en el sector servicios.

El PP se presenta ante los ciudadanos espaoles con un programa 
econmico claro, coherente y realizable. A partir de la realidad 
actual, de sus carencias y de sus posibilidades, se propone un 
amplio conjunto de medidas concretas en cuyo desarrollo estamos 
firmemente comprometidos.

1. Promover El Empleo Estable

Para el Gobierno del PP la prioridad absoluta de su poltica 
econmica, social y laboral ser facilitar que en Espaa se cree 
empleo y empleo estable.

Es necesario remover los obstculos que le han impedido la 
visin incompleta y simplista del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el estmulo de la contratacin temporal, la ruptura del 
dilogo social, la carencia de adecuadas polticas activas del 
mercado de trabajo de colocacin y de formacin, la no 
aplicacin del Programa Nacional de Formacin Profesional, las 
vacilaciones y contradicciones en el planteamiento de las 
reformas del Gobierno.

El modelo social del PP descansa en la conviccin de que el 
progreso econmico y el progreso social son interdependientes, 
es decir, la competitividad y la solidaridad son las dos caras 
de un mismo modelo de desarrollo de los pases europeos ms 
avanzados.

La poltica del Gobierno del PP se basar en el dilogo. A tal 
fin promover con los agentes sociales un Acuerdo Social para el 
empleo.
El Gobierno del PP con el dialogo social, como instrumento 
fundamental, desarrollar  un marco estable que permita crear 
empleo.

El nuevo modelo de relaciones laborales deber considerar 
aquellos aspectos que en las economas modernas permiten 
conciliar la cohesin social y la solidaridad con la 
competitividad que permita la creacin de empleo estable.

1.1. Mejorar la adaptabilidad interna y la organizacin del 
trabajo mediante: 

* La ampliacin del sistema de "clasificacin profesional" a 
grupos profesionales, desapareciendo las categoras.

* Una nueva orientacin de la negociacin colectiva que tenga en 
cuenta, de modo creciente, las diversas realidades de las 
empresas.

* Una ms adecuada utilizacin del principio de causalidad en la 
contratacin temporal, con el fin de concertar frmulas legales 
y contractuales que garanticen la estabilidad.

* La modificacin del contrato de aprendizaje para que forme en 
una cualificacin reconocida a nivel nacional y, en su caso, 
europeo y contribuya a reducir el desempleo de los jvenes.

* El estmulo del contrato en prcticas cuya ltima normativa ha 
perjudicado sensiblemente a quienes estn en posesin de alguna 
titulacin, incluidas las procedentes de la Formacin 
Profesional.

* El fomento de la contratacin estable para los desempleados de 
larga duracin, con una significativa bonificacin en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, frente al fomento de la 
contratacin temporal que ha practicado el gobierno socialista.

* La extensin de la mediacin y el arbitraje en las relaciones 
de trabajo, a fin de reducir su excesiva judicializacin.

* La elevacin de la calidad de vida en el trabajo mediante el 
impulso y apoyo de una autntica cultura de la prevencin, a 
travs de la oportuna motivacin e incentivacin de empresarios 
y trabajadores, principalmente en las PYMES, en los sectores de 
mayor riesgo y respecto de los trabajadores ms jvenes.

1.2. Mejorar el sistema de acceso de los parados al mercado de 
trabajo, evitando simultneamente el fraude y el descontrol, 
mediante 

* La transformacin del INEM (que en 1994 slo ha prestado 
servicios individualizados de Formacin Profesional al 3,5% de 
los parados) en un Instituto de Empleo y Formacin, concentrando 
sus recursos en las polticas activas de empleo -colocacin y 
formacin- y transfirindose la gestin econmica de la 
proteccin por desempleo -como prestacin de seguridad social- 
al Instituto Nacional de Seguridad Social.

* La extensin real a toda la poblacin registrada en las 
Oficinas de Empleo del sistema de informacin y orientacin 
profesional, con prioridad a la poblacin desempleada mayor de 
45 aos, a fin de obtener un conocimiento personalizado de sus 
niveles de instruccin y experiencia profesional y, de este 
modo, poder informarles y orientarles profesionalmente de 
acuerdo con el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

* La garanta plena de las prestaciones por desempleo a fin de 
paliar las graves consecuencias de carcter personal, familiar y 
social que provoca la prdida de empleo. El subsidio de paro 
deber incorporarse al concepto de solidaridad activa en que se 
inspiran las modernas polticas sociales de los pases europeos 
encaminadas decididamente a reinsertar a los ciudadanos en la 
actividad productiva. A tal fin es conveniente vincular de 
manera eficaz la prestacin con una poltica activa de formacin 
que incluya la clasificacin y cualificacin profesional. Es 
tambin precisa una accin clara conducente a erradicar el 
fraude, de tal modo que slo se beneficien del subsidio quienes 
tienen derecho a l.

* La equiparacin del gasto en polticas activas del mercado de 
trabajo a la media de la Unin Europea y, de este modo, reforzar 
la colocacin y formacin de los trabajadores y demandantes de 
empleo.

1.3. Reducir los costes no salariales del trabajo a fin de 
incrementar la competitividad de nuestras empresas y favorecer 
la creacin de empleo, mediante la disminucin progresiva en los 
trminos del Pacto de Toledo, de las cotizaciones sociales como 
elemento dinamizador del empleo, con prioridad en los trabajos 
de baja cualificacin y en los sectores ms intensivos de mano 
de obra. Esta reduccin favorecer la financiacin del sistema 
pblico de pensiones porque: a) promueve la creacin de empleo 
y, por tanto, el nmero de cotizantes y b) se aplica sin poner 
en riesgo la viabilidad financiera del sistema de reparto -
pensiones contributivas- vigente en Espaa.

1.4. Aumentar la intensidad de creacin de empleo en el 
crecimiento econmico mediante: 

* El fomento de una poltica salarial, favorable a la creacin 
de empleo, que garantice que el crecimiento del salario sigue a 
la productividad.

* El fomento de iniciativas en el mbito regional y local que 
permitan la creacin de puestos de trabajo en el campo del medio 
ambiente y de los servicios sociales, especialmente, y en 
aquellos otros que favorezcan la creacin de empleo.

2. La Contencin Del Gasto Publico
 
Los gastos de pensiones, sanidad o educacin no son los que han 
provocado en Espaa el excesivo dficit pblico. Su causa est 
en el descontrol y el despilfarro, la duplicidad de la 
Administracin, los intereses de la deuda y el mal 
funcionamiento del sector pblico.

El crecimiento del gasto pblico no se ha traducido en una 
mejora correlativa de los servicios pblicos que utilizan los 
espaoles. El dficit pblico es responsable en buena medida de 
la inflacin, del dficit exterior de la economa espaola y de 
los altos tipos de inters que todava amenazan la inversin y 
la creacin de empleo.

La reduccin del dficit pblico requiere una reestructuracin 
del gasto de las Administraciones Pblicas. Con este objetivo el 
Gobierno del PP promover un pacto de austeridad entre las 
Administraciones Pblicas.

Slo actuando de forma decidida sobre el excesivo gasto se podr  
controlar la inflacin, bajar los tipos de inters y reducir la 
presin fiscal. El objetivo principal de esta reforma debe ser 
la mejora de la eficiencia y de la calidad de los servicios 
pblicos. Los ciudadanos espaoles exigen, sin ms demoras, una 
mejor calidad de los bienes y servicios pblicos que demandan y 
una utilizacin ms eficiente de los recursos que aportan 
mediante el pago de impuestos. En lo sucesivo, el gasto de las 
Administraciones Pblicas no debe superar la inflacin.

A fin de controlar el dficit pblico, el Gobierno del PP 
adoptar  las siguientes medidas: 

2.1. Realizar  con carcter previo e inmediato una auditora 
completa de la situacin de las cuentas pblicas, con el objeto 
de identificar el dficit real de las Administraciones Pblicas 
y articular una estrategia que permita su erradicacin.

2.2. Mantendr  la inversin pblica en niveles suficientes, de 
manera que el ajuste del Presupuesto no recaiga sobre esta 
partida ya significativamente reducida por los gobiernos 
socialistas. As lo requieren tanto la necesidad de seguir 
acortando distancias con las naciones ms desarrolladas de 
Europa como por los efectos positivos que tiene el gasto de 
inversin productiva sobre el crecimiento econmico, la creacin 
de empleo y la productividad de las empresas.

2.3. Establecer  instrumentos que dificulten la utilizacin 
ineficiente, y a veces fraudulenta, de los recursos que aportan 
los ciudadanos a travs del pago de sus impuestos. Es necesario 
a tal fin el establecimiento de mecanismos que limiten la 
discrecionalidad de los poderes pblicos a la hora de gastar los 
recursos pblicos o de exigir mayores impuestos. Para avanzar 
hacia este objetivo, es preciso modificar la actual Ley General 
Presupuestaria en las siguientes vertientes:
 
* Reducir la discrecionalidad de los poderes pblicos en las 
modificaciones presupuestarias y limitar de forma estricta los 
supuestos de reconocimiento de gasto sin crdito presupuestario 
disponible.

* Reduccin del nmero de altos cargos y lmite de asesores y 
cargos de designacin directa.

* Reduccin de la Administracin Perifrica e Institucional del 
Estado.

* Fijar lmites claros a los crditos ampliables, a las 
generaciones e incorporaciones de crditos e incrementar el 
nmero de crditos vinculantes.

* Introducir y aplicar unos Principios de Contabilidad Pblica 
que den la imagen fiel de la actividad econmica de los 
Organismos Pblicos, con el mismo nivel de exigencia que se 
impone a las empresas privadas en la elaboracin de sus cuentas 
anuales.

* Eliminar la morosidad de las Administraciones Pblicas 
definiendo responsabilidades y sanciones y estableciendo lmites 
legales estrictos en el aplazamiento de los pagos a proveedores 
y contratistas.

* Introducir el Presupuesto por objetivos de gasto en el marco 
de una autntica presupuestacin por programas, es decir, 
corregir a fondo la prctica presupuestaria de los gobiernos 
socialistas de forma que se evite su carcter: a) 
incrementalista -se crean e incrementan programas que nunca se 
concluyen-, b) residual -a menudo depende excesivamente de la 
clasificacin administrativa- y c) ineficiente -desvirta el 
seguimiento de las funciones-.

* Valorar y clasificar los distintos programas por criterios de 
coste-eficacia y coste-beneficio, de forma que se puedan 
seleccionar los que implican una mayor eficacia para el 
contribuyente por peseta gastada o un beneficio ms elevado para 
la sociedad en relacin a su coste.

* Aumentar la transparencia y posibilidades de control 
financiero y parlamentario sobre todas las clases de Organismos 
y Entes Pblicos.

* Realizar un mayor seguimiento y control de las subvenciones, 
tanto de los objetivos para los que se conceden como de sus 
receptores.

* Definir lmites ms rgidos para el endeudamiento del Estado, 
de Comunidades Autnomas y Ayuntamientos.

2.4. Crear  una Oficina Presupuestaria adscrita a la Presidencia 
del Gobierno que permitir un mejor seguimiento y control de las 
iniciativas de los distintos Departamentos.

2.5. Fortalecer  el control externo de la ejecucin del gasto 
pblico, otorgando una mayor responsabilidad y nuevas 
prerrogativas a los organismos correspondientes en la vigilancia 
estricta de la ejecucin presupuestaria. En este sentido: 

* Se reformar  la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
con el objeto de dotarle de las necesarias cotas de agilidad y 
eficacia.

* Se reforzar  el control parlamentario de la ejecucin de los 
Presupuestos Generales del Estado mediante la creacin de una 
Oficina Presupuestaria en el Congreso de los Diputados.

2.6. Reforzar  el control interno del gasto pblico: la 
Intervencin General de la Administracin del Estado gozar de 
mayor autonoma funcional mediante una jerarqua administrativa 
y recursos superiores a los actuales.

2.7. Reformar  el sistema de contratacin del Estado mediante: 

* La reduccin de la discrecionalidad y mrgenes de la 
adjudicacin directa, el favorecimiento de la concurrencia entre 
proveedores y la transparencia del sistema de adjudicacin. Se 
penalizarn las bajas temerarias de precio en las ofertas 
presentadas; 

* La diversificacin de los proveedores bajo criterios de 
mercado y segn las normativas del Mercado nico Europeo; 

* El aumento del control interno para evitar el despilfarro y la 
corrupcin; 

* La potenciacin del papel de las mesas de contratacin con 
actuacin pblica, reforzando su carcter tcnico.

* Una poltica de compras pblicas estable a medio plazo para 
dotar de certidumbre a contratistas y suministradores.

2.8. Un pacto de las Administraciones Pblicas para la reduccin 
de dficit pblico que se articular mediante: a) una 
informacin trimestral homogeneizada de la ejecucin del gasto, 
de la evolucin del dficit y del endeudamiento de todas las 
Administraciones Pblicas y de los organismos de ellas 
dependientes y b) la garanta del cumplimiento de los acuerdos 
de consolidacin presupuestaria entre las Administraciones 
Pblicas, estableciendo previsiones financieras cuantificadas y 
vinculando su realizacin a las posibilidades de endeudamiento 
de las Administraciones Territoriales y del Estado;

2.9. Elaboracin de un Programa de erradicacin del fraude en el 
gasto pblico en cuya ejecucin inmediata se contemple la mejora 
de la Administracin y gestin de las prestaciones 
asistenciales, las transferencias y las subvenciones pblicas. 

Este plan contemplar que la asignacin de subvenciones, en 
aquellos casos que sean imprescindibles, se haga mediante 
requisitos objetivos, estableciendo cauces de control de su 
eficacia finalista.

2.10. Aplicacin de un Plan de Austeridad que contemple las 
siguientes medidas: 

* Reducciones lineales por conceptos del gasto de funcionamiento 
de la Administracin Central.

* Reordenacin del nmero de Departamentos Ministeriales.

* Supresin de Organismos Pblicos.

3. Una Fiscalidad Para El Ahorro Y La Inversin 

La experiencia espaola demuestra que los continuos aumentos de 
la presin fiscal promovidos por los sucesivos gobiernos 
socialistas no slo no han reducido el dficit pblico, sino que 
han inducido crecimientos adicionales del gasto pblico, que a 
su vez han requerido nuevas subidas de impuestos. El Gobierno 
del PP se propone acometer una reforma fiscal completa y 
coherente, orientada al establecimiento de unos impuestos que 
estimulen el ahorro, la inversin y la creacin de empleo, a 
partir de un ms equitativo reparto de la carga tributaria y de 
una estructura fiscal ms sencilla y comprensible para el 
contribuyente.

La reduccin del dficit pblico no se basar en aumentos de la 
presin fiscal. La aplicacin gradual de la reforma permitir  
reducir la carga fiscal de los contribuyentes, al tiempo que se 
rebaja el dficit pblico.

3.1. Los objetivos de la reforma son: 

* Luchar contra el fraude fiscal para mejorar la equidad del 
reparto de la carga tributaria.

* Crear un nuevo marco de relaciones entre la Administracin 
tributaria y los contribuyentes.

* Eliminar o reducir los costes fiscales con que nuestro 
ordenamiento tributario penaliza el empleo y potenciar el 
capital humano.

* Favorecer el incremento de los niveles de ahorro de nuestra 
economa.

* Impulsar la inversin productiva y la creacin y 
capitalizacin de las empresas.

* Mejorar la competitividad, tanto exterior como interior, de 
las empresas espaolas y promoverla creacin de nuevas 
empresas.

3.1.1. Lucha contra el fraude fiscal 

Los socialistas han basado su estrategia de lucha contra el 
fraude en la adopcin de medidas de control y represin, dejando 
de lado las medidas de prevencin. Esta poltica ha fracasado. 
El fraude se calcula en cifras superiores a los 3 billones de 
pesetas.

La lucha contra el fraude fiscal exige: 

* Disear unos impuestos ms justos y sencillos.

* Reducir los niveles de complejidad del sistema tributario y 
evitar las modificaciones continuas de las normas tributarias.

* Mejorar la gestin del gasto pblico, restableciendo los 
controles polticos y administrativos.

* Estimular los valores de la responsabilidad personal y la 
solidaridad a fin de fomentar una cultura de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales que contemple tanto el papel ejemplar de 
las Administraciones Pblicas en el uso de gestin de los 
recursos de todos, como en la mejora de la calidad y eficacia de 
los servicios pblicos que se sostienen con los ingresos de los 
contribuyentes. La lucha contra el despilfarro y la corrupcin 
son elementos imprescindibles de esa cultura de la 
responsabilidad.

3.1.2. Un nuevo marco de relaciones tributarias: el Estatuto del 
contribuyente 

La seguridad jurdica es esencial en un sistema tributario 
moderno. Para alcanzarla es preciso un nuevo marco de relaciones 
entre la Administracin Tributaria y los contribuyentes. Un 
Estatuto del contribuyente sistematizar los derechos y 
obligaciones de los ciudadanos con la Administracin Tributaria 
y se inspirar en los siguientes principios y criterios: 

* La publicacin anual de los textos refundidos de los impuestos 
estatales, siempre que se haya producido alguna variacin 
respecto de la legislacin aplicable en el ejercicio anterior.

* El derecho del contribuyente a la definicin de sus 
obligaciones fiscales a travs de una sistema de consultas 
vinculantes o de acuerdos previos a la Administracin 
Tributaria.

* La no ejecutividad de las sanciones hasta que no se ponga fin 
a la va administrativa.

* El establecimiento de la cuenta corriente tributaria que 
permita la compensacin de deudas y crditos entre los 
contribuyentes y la Hacienda Pblica.

3.1.3. La reforma de los grandes impuestos 

* Reforma del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Fsicas.
  
El IRPF necesita una profunda revisin dirigida a simplificarlo, 
hacerlo ms justo y convertirlo en un instrumento eficaz para el 
fomento del ahorro.

Esta reforma recoger, entre otras, las siguientes medidas:
 
- La disminucin progresiva del nmero de tramos de la 
tarifa del IRPF hasta llegar a tres, reduciendo el tipo 
marginal aplicable a todos los contribuyentes y situando el 
mximo en el 40%. En ningn caso, los tipos medios 
resultantes de la nueva tarifa estaran por encima de la 
tarifa en vigor en 1996. Para mayor garanta de los 
contribuyentes, si en algn supuesto resultase superior se 
aplicara la tarifa vigente en 1996.

- Se tender a modular el impuesto de manera que refleje 
fielmente la capacidad econmica de los contribuyentes en 
funcin de sus circunstancias personales y familiares.

- La reforma del tratamiento de las plusvalas reduciendo 
los plazos para quedar exoneradas de tributacin, en lnea 
con el tratamiento que reciben en los pases de nuestro 
entorno, para favorecer el proceso de ahorro e inversin.

- La mejora de la fiscalidad de la vivienda eliminando la 
tributacin por la renta presunta derivada de la 
utilizacin de la vivienda propia, para evitar la 
acumulacin de gravmenes sobre la vivienda. Asimismo, la 
deduccin por adquisicin de la vivienda habitual se 
mantendr y se modificar el rgimen de las cuentas ahorro-
vivienda, ampliando el plazo actual en dos aos.

- Reduccin del plazo de devolucin en el IRPF.

- La mejora de la fiscalidad de los sistemas 
complementarios de previsin social, en particular 
contratos de seguros y planes y fondos de pensiones, para 
que constituyan una opcin atractiva para el ahorro a largo 
plazo y el ahorro-previsin.

- El establecimiento de un mecanismo de correccin 
automtica de los efectos de la inflacin en el impuesto 
para evitar subidas encubiertas de impuestos.

* Reforma del Impuesto sobre Sociedades
 
Los cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades por la 
ltima reforma, resultan insuficientes. Deben aadirse otras 
medidas, imprescindibles para la mejora de la competitividad de 
nuestro tejido empresarial.

Incentivos a la inversin y a la capitalizacin empresarial, 
tales como: 

- La actualizacin de balances para eliminar el impacto de 
la inflacin acumulada en las cuentas de las empresas y 
mejorar sus niveles de capitalizacin.

- La mejora de los coeficientes mximos de amortizacin con 
el fin de aproximarlos a los establecidos en los dems 
pases de nuestro entorno econmico.

- El diseo de una poltica eficiente de incentivos 
fiscales, contribuyendo a corregir ineficiencias del 
mercado o a mejorar los niveles de inversin en funcin de 
la coyuntura econmica. De esta forma, se disear una 
poltica de incentivos fiscales con carcter estructural, 
en I+D, intangibles, internacionalizacin de la economa y 
formacin del personal, as como de incentivos a la 
inversin de carcter coyuntural en funcin de la evolucin 
de la actividad econmica.

Eliminacin plena de la doble imposicin econmica mediante la 
exencin para los dividendos, con independencia del porcentaje 
de participacin.

Medidas de apoyo a la internacionalizacin de la empresa 
espaola tales como: 

- Eliminacin de la doble imposicin econmica 
internacional a travs del mtodo de exencin.

- Exencin para rentas empresariales obtenidas a travs de 
sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero.

- Eliminacin de la doble imposicin jurdica internacional 
mediante el mtodo de crdito mundial.

- Ampliacin de la deduccin por actividad exportadora a 
las inversiones destinadas a crear estructuras 
comercializadoras o productivas en el exterior, siempre que 
contribuyan a mantener los niveles de empleo y actividad 
econmica en nuestro pas.

- Ampliacin de la red de convenios internacionales para 
evitar la doble imposicin, en particular con los pases 
del rea de Amrica del Sur y con aquellos otros que puedan 
constituir el destino natural de las inversiones espaolas.
 
- Mejora del rgimen de transparencia fiscal internacional.

- Otras medidas tales como: la libertad de amortizacin 
para determinados activos afectos a la proteccin del medio 
ambiente o a sistemas que permitan el ahorro de energa o 
la reduccin del consumo de agua, residuos y gases; el 
establecimiento de una provisin por retraso en el cobro 
que sustituya a la actual provisin por insolvencias; la 
mejora del rgimen de tributacin de los grupos de 
sociedades, y la supresin del rgimen de transparencia 
fiscal obligatoria cuando se haya acometido la necesaria 
reforma de la tarifa del IRPF.

* Reforma del Impuesto sobre el Patrimonio 

Debe reformarse para que no penalice el ahorro, la inversin y 
la capitalizacin empresarial o para evitar que grave a gran 
nmero de ciudadanos espaoles por el solo hecho de poseer una 
vivienda. Por ello es preciso: 

- Ampliar el mbito de la exencin por "tiles de trabajo" 
a la actividad profesional.

- Elevar el mnimo exento del impuesto evitando que grave 
injustamente los pequeos patrimonios constituidos 
exclusivamente por una vivienda.

- Revisar el lmite conjunto de tributacin por el IRPF e 
Impuesto sobre el Patrimonio.

- Establecer un mecanismo de correccin automtica de los 
efectos de la inflacin sobre el impuesto.

* Reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Debe reformarse tambin para no penalizar el ahorro y favorecer 
la capitalizacin y la continuidad de las empresas familiares. A 
tal fin se establecer: 

- Mejorar el tratamiento fiscal de la transmisin por 
herencia, legado o donacin de empresas familiares de 
cierta dimensin entre determinados miembros de la unidad 
familiar y que desarrollen una actividad industrial, 
comercial, artesanal o profesional, siempre que el 
adquirente contine en el ejercicio de la actividad durante 
un perodo mnimo de 10 aos.

- La supresin del patrimonio preexistente como criterio 
para determinar la carga fiscal por el impuesto.

- El establecimiento de un mecanismo de correccin 
automtica de los efectos de la inflacin sobre el 
impuesto.

- La reduccin en donaciones y herencias de la vivienda 
habitual en favor del cnyuge y de los hijos hasta un 
lmite determinado.

* Reforma del Impuesto sobre el Valor Aadido
 
Debe tener como objetivo prioritario eliminar las distorsiones 
financieras que provoca su aplicacin y que, por ello, reducen 
la competitividad de nuestras empresas y las posibilidades de 
creacin de empleo. En particular, resulta necesario para 
algunos supuestos admitir la deduccin del IVA repercutido y no 
percibido por los sujetos pasivos, por facturas que han 
resultado impagadas en un determinado plazo, siempre que no se 
trate de empresas interrelacionadas.

*Impuestos Especiales Revisin de la fiscalidad sobre el tabaco 
y el alcohol, armonizndolo con los pases de la Unin Europea.

4. Una Poltica Industrial Y De Reformas Estructurales Para 
Fortalecer La Economa

La causa principal que explica la mayor desindustrializacin de 
nuestro pas en relacin con la UE no es otra que la poltica 
econmica practicada por los gobiernos del PSOE, que ha 
perjudicado claramente a la industria espaola. La deficiente 
instrumentacin de las polticas macroeconmicas ha originado 
que el sector industrial en nuestro pas se enfrente con un 
entorno desfavorable y desalentador para ejercer su actividad.

El Gobierno del PP aplicar la siguiente poltica: 

* Se realizar  una poltica industrial activa que elimine 
obstculos al desarrollo del mercado e impulse un marco 
competitivo.

* El diseo y la ejecucin de las medidas de la poltica 
industrial se realizar en estrecha conexin con los sectores 
productivos.

* El objetivo de la poltica macroeconmica ser reducir 
nuestros diferenciales de inflacin y de tipos de inters, as 
como conseguir un tipo de cambio estable. Se pondr en prctica 
una poltica fiscal favorecedora de la industria, que tendr su 
principal campo de actuacin en la reforma del impuesto de 
sociedades y la reduccin progresiva de las cuotas de la 
Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo.

* Se impulsar un conjunto de reformas estructurales y de 
mercados tendentes a satisfacer las necesidades de la industria 
en unas condiciones competitivas y abaratar los costes de 
produccin, en particular infraestructuras, telecomunicaciones, 
energa, suelo, transportes y financiacin.

* Se potenciarn las polticas horizontales como el diseo, la 
calidad, la normalizacin, diferenciacin de productos e 
internacionalizacin de la empresa espaola, reduciendo 
drsticamente la burocratizacin, el dirigismo y la 
discrecionalidad existentes en la actualidad. Se tender a 
aplicar a la inversin en intangibles el mismo trato fiscal que 
el otorgado a las inversiones fijas.

* Entre las polticas horizontales merecen mencin aparte las 
polticas de I+D. El objetivo ser el incremento de la eficacia 
de los recursos dedicados a este fin para incrementar la 
competitividad de nuestra industria. Para ello, sin olvidar la 
investigacin de base, se redisear el sistema con un 
planteamiento que d ms peso a la investigacin aplicada y a 
aquellos proyectos que se encuentren ms cerca de la 
comercializacin de sus resultados y en donde los objetivos 
'prioritarios' no vengan marcados desde el Gobierno, sino que 
sea el mercado el que gue la asignacin de los recursos.

* Se elaborar una relacin de las principales y ms gravosas 
regulaciones vigentes que afecten a la economa productiva, y 
una relacin de las medidas tomadas para su eliminacin, con el 
objetivo de ir evaluando los avances en este campo.

* Se pondr en prctica un poltica de compras pblicas estable, 
predecible y transparente para que la industria pueda prepararse 
para suministrar de una manera eficiente las necesidades 
pblicas con beneficios para ambos.

* Se disearn medidas especficas para los distintos sectores 
industriales, que tendrn como objetivo el eliminar los 
desincentivos y los obstculos que impidan el adecuado 
funcionamiento de las actividades empresariales, que profundicen 
en el uso del mercado en la asignacin de los recursos, y que 
impulsen el incremento de su competitividad.

4.1. Reforma del sistema financiero 

El reto que representan los nuevos procesos financieros y la 
implantacin de un mercado financiero nico obliga a seguir 
profundizando en el proceso liberalizador del sistema financiero 
espaol, a la vez que se incrementa la confianza que debe 
generar y su credibilidad, transparencia y eficiencia.

4.2. Reforma del sistema de supervisin de entidades y mercados 
financieros: 

* Fijar el marco jurdico-legal de la supervisin financiera 
tras la aprobacin de la Ley de Autonoma del Banco de Espaa.
* Mejorar la coordinacin entre las instituciones supervisoras 
(Banco de Espaa, Comisin Nacional del Mercado de Valores y 
Direccin General de Seguros).

* Perfeccionar la Ley del Mercado de Valores con el fin de hacer 
operativa a la Comisin Nacional del Mercado de Valores y 
dotarla de mayor autonoma. Se modificar  el texto legal con el 
fin tambin de luchar contra la informacin privilegiada ms 
eficazmente.

4.3. Favorecer la competencia entre instituciones en beneficio 
del usuario: 

* Permitir la movilidad entre diferentes Instituciones de 
Inversin Colectiva sin la prdida de los beneficios fiscales 
asociados a esta forma de ahorro.

* Seguir las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la 
Competencia sobre liberalizacin del sistema bancario.

4.4. Fomento del ahorro mediante: 

* El desarrollo de las Instituciones de Inversin Colectiva: 
creacin de nuevas figuras (fondos, fondos garantizados...) y 
revisin de algunas de las existentes.

* El fomento de los Planes y Fondos de Pensiones, para facilitar 
la captacin de recursos propios de las empresas para: 

- Facilitar una mayor implantacin de los Planes de 
Pensiones del Sistema Empleo, de modo que se ample la 
poblacin potencialmente beneficiaria del uso de esta forma 
de ahorro. Se permitir  el acceso de las PYMES a estos 
planes a travs de agrupaciones entre empresas y se 
ofrecer  a los grupos de empresas la posibilidad de que se 
constituyan como promotores de un nico plan para todos sus 
empleados.

- Flexibilizar ciertos aspectos funcionales de los planes 
de empleo que obstaculizan la extensin de su uso entre las 
empresas como forma de remuneracin a sus trabajadores.

- Mejorar la liquidez de los planes, tanto individuales 
como asociados, para fomentar su utilizacin como 
instrumento de ahorro de las familias.

- Racionalizar el rgimen fiscal, de modo que se tengan en 
cuenta aspectos como la edad del trabajador, y se permita 
realizar aportaciones suficientes para alcanzar un poder 
adquisitivo digno en el momento de la jubilacin.

4.5. Seguridad en el trfico mercantil 

* Revisin de la legislacin cambiaria y del cheque: 

- Agravar el rgimen sancionador por falta de atencin del 
cheque, de la letra de cambio, pagars, tarjetas de crdito 
y otros documentos mercantiles an logos.

- Establecer la responsabilidad personal de quienes 
estampen su firma en los documentos mercantiles de pago.

- Reducir la carga fiscal de los documentos de giro.

* Revisin de la Ley de suspensin de pagos, de quiebra y de 
concurso de acreedores.

- Evitar la designacin arbitraria de los interventores, 
sndicos y administradores en los casos de suspensin de 
pagos y quiebra.

- Revisar el sistema actual de fijacin de tarifas (en 
lugar de sobre el pasivo, sobre el activo o por trabajo 
realizado).

- Clarificar el orden de prioridad de cobros por parte de 
los acreedores.

5. Reforma De La Empresa Pblica
 
Un sector pblico moderno ha de asumir tareas imprescindibles en 
la bsqueda del bienestar del conjunto de los ciudadanos, as 
como en la ejecucin de una actividad inversora bsica. La 
creacin y direccin de empresas no es una funcin propia de la 
Administracin Pblica, es una actividad que debe ser 
fundamentalmente desempeada por los ciudadanos en un marco de 
libre competencia.

A tal fin, el Gobierno del PP articular su poltica con dos 
ejes bsicos: clarificar el sector empresarial pblico y ordenar 
el proceso de privatizaciones.

El futuro de la empresa pblica requiere de un marco de 
renovacin que atienda a los siguientes aspectos:
 
* Los criterios que definan la utilidad, objetivos y lneas de 
actuacin de las empresas pblicas as como los sectores, 
actividades y zonas geogrficas en los que su presencia est 
justificada.

* Las reformas necesarias para abordar un plan de reduccin de 
la burocracia del sistema de cabeceras de los grupos pblicos.
* Los criterios que aseguren que las empresas pblicas realizan 
una poltica de contratacin trasparente -que no discrimine en 
favor de otras empresas pblicas- basada en las normas del 
mercado y en los principios de publicidad y transparencia.

* Los mecanismos para hacer efectiva la coordinacin entre las 
Administraciones Pblicas a fin de racionalizar el conjunto de 
las empresas pblicas, evitando duplicidades generadoras de 
mayor gasto o ineficacia.

* Los criterios de la seleccin de los directivos y miembros de 
los Consejos de Administracin en los que deber primar la 
profesionalidad.

* En el proceso de reordenacin del sector pblico empresarial, 
la poltica de privatizacin ocupa un lugar destacado. Las 
privatizaciones realizadas en los ltimos aos con escasa 
transparencia y control no han obedecido a un plan estratgico 
definido, sino a la necesidad de obtener ingresos 
extraordinarios, sin contar tampoco con garantas de 
transparencia y control.

El Gobierno del PP elaborar un plan estratgico de 
privatizacin que introduzca criterios de m xima transparencia, 
dote de garantas a quienes acudan al proceso privatizador y 
cumpla los siguientes fines: 

* Incrementar la eficacia de las empresas y el grado de 
competencia de los sectores en que operan. Las privatizaciones 
deben considerarse como parte de un proceso de liberalizacin y 
desregulacin de la economa para que sta aumente su potencial 
de crecimiento y la capacidad de generar empleo.

* Contribuir a que se amplen los mercados de capitales 
espaoles que an no han alcanzado el volumen de actividad 
necesario ("masa crtica") para poder competir con los grandes 
centros financieros internacionales.

* Difundir el derecho de propiedad, en la medida en que pueden 
serun til instrumento para potenciar la inversin en Bolsa por 
parte de un amplio segmento de poblacin (accionariado popular).

* Amortizar deuda pblica. Los ingresos que se deriven de la 
privatizacin de empresas pblicas se destinarn a la 
amortizacin de deuda pblica, para reducir el nivel de 
endeudamiento, y no a la reduccin del dficit pblico.

6. Los Creadores De Empleo. Medidas De Apoyo A Las PYMES 

Una poltica de empleo estable necesita ms y mejores empresas.
 
En la actualidad las PYMES constituyen el 99% del tejido 
empresarial espaol y aseguran el 80% de los puestos de trabajo.
 
Es necesaria una poltica ms decidida de apoyo y estmulo a 
quienes hoy son creadores de empleo, as como fomentar nuevas 
iniciativas para que surja una nueva generacin de empresas y 
empresarios. El Gobierno del PP apoyar a las PYMES, reduciendo 
sus costes fiscales, disminuyendo las cargas burocrticas, 
facilitando su acceso a nuevos mercados y estimulando sus 
programas de formacin. En las PYMES, por su dinamismo y 
capacidad de adaptacin, estn concentradas las mayores 
posibilidades de creacin de empleo. Por estas razones, se 
impulsar la accin de gobierno del PP en apoyo del pequeo 
empresario, con un conjunto de medidas entre las que se 
encuentran las siguientes: 

6.1. Medidas de carcter fiscal.

* Establecimiento de un tipo reducido en el Impuesto sobre 
Sociedades del 25% para beneficios de hasta 10 millones, con la 
finalidad de mejorar la integracin entre el IRPF y el Impuesto 
sobre Sociedades y evitar la penalizacin que supone desarrollar 
una actividad empresarial o profesional a travs de una 
sociedad, para niveles bajos de beneficio.

* Un tratamiento fiscal ms adecuado en los impuestos 
patrimoniales de la herencia y transmisin de activos.

* Establecer mecanismos que eliminen las distorsiones 
financieras provocadas por el IVA repercutido y no percibido.

* Mejorar el tratamiento fiscal de la transmisin de pequeas 
empresas familiares en el IRPF y en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones entre miembros determinados de la unidad familiar, 
con el fin de favorecer la capitalizacin, el ahorro y la 
inversin y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

*La reforma del rgimen de Estimacin Objetiva para alcanzar una 
mayor adecuacin de los rendimientos netos a los beneficios 
reales de las empresas, teniendo en cuenta la situacin 
econmica de los sectores a los que es de aplicacin el rgimen 
y no penalizando el empleo.

* Modificar el Impuesto de Actividades Econmicas para adecuarlo 
al beneficio de cada actividad y mejorar su integracin con los 
impuestos directos.

6.2. Medidas de carcter administrativo 

La reduccin de las numerosas barreras administrativas que 
obstaculizan el nacimiento y el desarrollo normal de la 
actividad empresarial, as como la simplificacin de las 
relaciones entre las Administraciones Pblicas y las empresas 
exige: 

* La elaboracin de una auditora de los procedimientos 
establecidos en las relaciones entre las empresas y la 
Administracin, que permita detectar y eliminar las cargas 
impuestas por las obligaciones administrativas al desarrollo de 
la actividad empresarial, a travs de un proceso de 
simplificacin de las normas.

* La creacin de la figura de la "ventanilla nica", como nico 
interlocutor a todos los efectos entre la Administracin y las 
pequeas y medianas empresas.

* Una poltica de compras pblicas ms abierta y predecible, 
especialmente en aquellos sectores donde las ventas al sector 
pblico representan un elevado porcentaje del total.

6.3. Medidas financieras como: 

* La creacin de un marco legal adecuado para el desarrollo de 
las Entidades de Capital-Riesgo y participacin de las 
Administraciones Pblicas y de los grandes agentes econmicos en 
Fondos de Capital Riesgo que estimulen la creacin de empresas.
* La potenciacin de las Sociedades de Garanta Recproca 
mediante la participacin de las Administraciones Pblicas en 
los sistemas de refianzamiento.

* La progresiva sustitucin de subvenciones directas por 
subvenciones financieras, va diferenciales de tipos y 
aportaciones a Fondos de Capital Riesgo.

6.4. Medidas en materia de formacin e innovacin 

Se impulsar la formacin de empresarios y trabajadores, 
mediante la aplicacin de programas de reciclaje y formacin 
diseados conjuntamente con los sectores, y en el que se 
prestar especial atencin a la formacin de empresarios 
individuales y de los promotores de nuevas actividades 
empresariales. Se establecer, adems, un marco ms favorable 
para la realizacin de polticas de I+D en las PYMES, 
especialmente para la investigacin aplicada y la innovacin.

6.5. Internacionalizacin de la pequea y mediana empresa 
* Se estimular la creacin de redes de cooperacin e 
internacionalizacin de las PYMES.

* Se fomentar la formacin de recursos humanos en el mbito de 
las inversiones exteriores y el comercio exterior.

6.6. Unificacin de criterios y actuaciones y creacin de 
centros de impulso a la creacin de empresas, a nivel local, 
autonmico y estatal que informen y faciliten el acceso del 
empresario y del autnomo potencial a toda la informacin 
relativa a nuevos proyectos empresariales: tr mites, fuentes de 
financiacin, ayudas econmicas y consultora en la puesta en 
marcha del proyecto empresarial.

7. Invertir En Infraestructuras Para Poder Competir 

Una red de infraestructuras moderna es una garanta para la 
integracin econmica y social de Espaa.

El PP propugna un modelo integral de planificacin de las 
infraestructuras con los siguientes objetivos: 

* Incrementar la competitividad general del sistema productivo 
rompiendo estrangulamientos donde se produzcan.

* Garantizar la integracin econmica y social de las zonas ms 
atrasadas a fin de evitar una grave fractura social y la 
desertizacin, poblacional y econmica, de grandes  reas del 
pas.

* Asegurar el equilibrio interterritorial considerando la 
contribucin al mismo de las acciones que se emprendan.

* Compatibilizar el desarrollo de las infraestructuras con el 
mximo respeto al medio ambiente.

Este modelo se compone de los apartados siguientes:
7.1. Carreteras 

El PP propone la elaboracin de un nuevo Plan de Carreteras que 
tendr  como objetivos: 

* Satisfacer la demanda de los ciudadanos, adaptando el nivel de 
servicio de la red a la evolucin del trfico y mejorando la 
seguridad vial mediante un adecuado dimensionamiento de la red 
viaria.

* Mejorar la cohesin econmica y social de las regiones 
espaolas entre s, y de Espaa con los pases de la Unin 
Europea, garantizando la accesibilidad bsica, de personas y 
mercancas, a los centros de actividad econmica y asegurando 
umbrales mnimos de calidad de servicio en todo el territorio.

* Homologar nuestra red viaria de gran capacidad, en extensin y 
calidad, a la de los pases desarrollados de la Unin Europea.

* Dotar a la red de una estructura densa, favoreciendo los 
itinerarios alternativos para viajes de medio y largo recorrido.
* Eliminar de la red estatal las travesas de poblaciones, 
construyendo accesos que permitan mejorar los niveles de 
servicio y minimizar los daos al entorno urbano.

El Nuevo Plan de Carreteras en el programa de vas de gran 
capacidad contemplar la ejecucin o finalizacin de los 
siguientes ejes:
 
* Accesos a Galicia desde la Meseta: - Autova de las Ras 
Bajas: Vigo-Orense-Benavente - Autova del Noroeste: La Corua-
Lugo-Benavante.

* Interior de Galicia: - Santiago de Compostela-Orense - Vern-
Frontera Portuguesa.

* Autova del Cant brico: - Avils-Ribadeo-N VI (Baamonde)-La 
Corua - Torrelavega-Gijn-Oviedo.

* Accesos a Cantabria: - Benavente-Palencia-Aguilar de Campoo- 
Torrelavega - Burgos-Aguilar de Campoo-Torrelavega.

* Asturias: - Acceso Valle del Naln.

* Castilla-Len: - Onzonilla-Benavente - Benavente-Palencia - 
Astorga-Len-Burgos - Zamora-Valladolid-Soria Conexin con el 
eje Valencia-Huesca - N-I-Segovia-vila.

* Conexiones de Castilla-Len con Portugal: - Tordesillas-
Salamanca-Frontera Portuguesa - Tordesillas-Zamora-Alcaices 
* Autova de la Plata: - Benavente-Zamora-Salamanca-Cceres-
Mrida- Zafra-Sevilla.

* Extremadura: - Badajoz-Mrida-Herrera del Duque-Ciudad Real-N-
II (Honrubia) - Trujillo-C ceres - Completar N-V.

* Conexiones Castilla-La Mancha: - N-V (Maqueda)-Toledo-Ocaa-
Tarancn-Cuenca - N-III (Utiel).

* Conexiones de Levante: - Madrid-Valencia - Alicante-Cartagena 
- Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza-Huesca-Somport - Cartagena-
Murcia-Albacete.

* Aragn: - Somport-Huesca-Zaragoza-Teruel-Sagunto - Conexiones 
de la carretera nacional y vas de gran capacidad de Zaragoza.
* Andaluca: - Almera-Adra-Motril-Mlaga-Baha de Algeciras- 
Baha de Cdiz - Bailn-Granada-Motril - Crdoba-Antequera-
Mlaga - Rincn de la Victoria-Nerja - Huelva-Ayamonte-Frontera 
Portuguesa.

* Conexiones de Catalua: - Autova del Baix Llobregat: 
Martorell-Girona - Nuevo cinturn viario del area metropolitana 
B-40 en Barcelona - Huesca-Lleida - Manresa-Puigcerd  * Madrid: 

- Variantes de nuevo trazado de las N-II, N-III, N-IV y N-V - 
Nueva M-45 complementaria de la M-40 - Reforma de la M-50 
mantenindola como circunvalacin no cerrada.

Se considerarn tambin otros itinerarios de gran inters, 
llevando a cabo los estudios precisos para que puedan ser 
ejecutados cuando las disponibilidades de fondos, pblicos o 
privados, lo permitan: 

Entre ellos: - Conexin Burgos-Logroo - Logroo-Soria-Conexin 
con la N-II - Alicante-Elche - Baza-Puerto Lumbreras-Murcia - 
Conexin de Cuenca con el eje Somport-Aragn- Valencia.

El nuevo Plan de Carreteras contemplar un programa de 
acondicionamientos, cuya finalidad ser la mejora de las 
caractersticas geomtricas de trazado y la seguridad de las 
carreteras actuales.

* Se dar prioridad a la eliminacin de "puntos negros", a la 
eliminacin de travesas, a las dobles vas en subidas y 
desdoblamientos de los tramos ms congestionados.
 
* Se construirn variantes de travesas urbanas e itinerarios 
con carreteras conveccionales, y en ciudades no incluidas en el 
programa de actuaciones en medio urbano.

El nuevo Plan de Carreteras contemplar un programa de 
Conservacin, que se dedicar a la conservacin de carreteras, 
suficientemente dotado en los Presupuestos Generales del Estado 
para el mantenimiento del patrimonio viario.

El nuevo Plan de Carreteras contemplar  un Programa de 
Actuaciones en Medio Urbano, que comprenda: 

* Actuaciones en capitales de provincia y ciudades de ms 50.000 
habitantes. Los objetivos de estas actuaciones son la 
integracin adecuada de la red interurbana con la urbana de las 
ciudades, la integracin de la infraestructura viaria en el 
medio urbano y la mejora de los accesos a las ciudades.

Se dar prioridad a las actuaciones comprometidas y no cumplidas 
del Plan 84/91.

Programa de actuaciones viarias en las Comunidades Autnomas de 
Canarias y Baleares.

* Canarias: 

Se desarrollar el convenio de carreteras entre la 
Administracin Central y la Comunidad Autnoma de Canarias.

Se actuar prioritariamente en: 

- Gran Canaria: - Circunvalacin de Las Palmas. - Variante 
Gua-Gldar-Agaete - Prolongacin de la autopista GC-I 
hasta Mogn.

- Tenerife: - Circunvalacin a Santa Cruz de Tenerife. - 
Conexin Norte-Sur.

- Restos de las islas: - Se realizarn actuaciones de 
mejora y acondicionamiento con objeto de facilitar las 
conexiones entre los ncleos urbanos.

* Baleares: 

En el caso de la Comunidad Autnoma de Baleares el PP impulsar 
los oportunos acuerdos con el Gobierno Balear para suscribir un 
Convenio que permita la ejecucin de acciones conjuntas en los 
siguientes itinerarios: 

- Desdoblamiento Palma-Valldemosa. - Autopista de Poniente, 
Central (prolongacin), y Sa Pobla-Alcudia. - Variante de 
Inca. - Mejoras entre Palma y Manacor.

7.2. Seguridad vial

El elevado nmero de vctimas en accidente de circulacin pone 
de manifiesto que en Espaa es necesario intensificar las 
actuaciones de seguridad vial.

Ante esta realidad, el Gobierno del PP adoptar las siguientes 
medidas: 

* De carcter organizativo: 

- Potenciar el campo de actuaciones del Consejo Superior de 
Trfico y Seguridad de la Circulacin Vial.

- Modificar la estructura y duracin actuales de los Planes 
Nacionales de Seguridad Vial basando sus actuaciones en el 
desarrollo de un modelo de seguridad vial preventivo.

* De carcter preventivo, tales como llevar a cabo y apoyar 
campaas institucionales de carcter divulgativo enfocadas a 
incrementar la percepcin del riesgo.

- Mejorar la calidad de nuestra red viaria estatal, a 
travs de las actuaciones del Plan de Carreteras, 
suprimiendo los puntos negros e incrementando las partidas 
presupuestarias destinadas a su acondicionamiento y 
conservacin.

- Modificar el Reglamento Sancionador de Trfico con el fin 
de establecer un perodo de prescripcin para los 
expedientes de sancin, acorde con lo establecido en la Ley 
de Procedimiento Administrativo; fijar un plazo de 
respuestas, por parte de la Administracin, para los 
recursos administrativos y regular un sistema eficaz para 
la notificacin de denuncias y sanciones.

- Introduccin de las normativas de mbito internacional 
que contribuyen a mejorar la seguridad activa y pasiva de 
los vehculos a motor.

7.3. Puertos y Costas 

En materia de puertos, el PP: 

* De acuerdo con las Comunidades Autnomas, determinar los 
puertos, actualmente de inters general, que puedan ser 
transferidos.

* Contribuir  a programas y proyectos de inters especial para 
los puertos de inters general y autonmicos, dentro del esquema 
de autofinanciacin del Sistema Portuario sin necesidad de 
acudir a los Presupuesto Generales del Estado.

* Llevar a cabo una planificacin adecuada de los usos y 
actividades a desarrollar en los espacios portuarios para que, 
en colaboracin con las autoridades municipales, se mejore la 
interaccin entre ciudad y puerto, con especial respeto del 
medio ambiente y la ordenacin urbanstica.

* Mejorar los servicios a prestar a los usuarios, fomentando la 
competitividad y la profesionalizacin de la Administracin y 
gestin del Sistema Portuario.

* Mejorar y simplificar las actuales tarifas portuarias para 
mejorar la competitividad de los puertos, revisndose, con la 
misma finalidad, la actual poltica de concesiones y cnones.

* Restablecer la autonoma portuaria del El Musel y Avils.

* Otorgar  un tratamiento singular a los puertos de las Islas 
Canarias y Baleares, as como a los de Ceuta y Melilla 
potenciando los mismos.

* Dotar a los puertos de los adecuados accesos y conexiones con 
las restantes redes de comunicacin y transporte potenciando el 
transporte combinado.

*Fomentar la especializacin de los puertos para mejorar su 
competitividad y oferta de mejores niveles de servicio, 
prestando especial atencin, por su especificidad, al trfico de 
contenedores.

* Instar a que se desarrolle en el seno de la Unin Europea una 
poltica comn de Puertos, acorde con las caractersticas de 
nuestro Sistema Portuario, potenciando el uso de nuestros 
puertos como plataformas de entrada de trficos internacionales 
y de cabotaje nacional y comunitario.

En materia de costas el PP: 

* Apoyar  de forma decidida la mejora y regeneracin de las 
playas y obras martimas de defensa, proteccin y 
embellecimiento del litoral, despus de los oportunos estudios 
de impacto ambiental.

* Impulsar  la coordinacin entre las Administraciones Central y 
Local en todas las intervenciones a realizar en la costa, sin 
olvidar que la ordenacin territorial corresponde a las 
Comunidades Autnomas.

7.4. Transportes 

La poltica ferroviaria del Gobierno del PP se enmarcar dentro 
de los siguientes objetivos: 

* Potenciacin de los servicios de cercanas en las grandes 
aglomeraciones urbanas en coordinacin con las Comunidades 
Autnoma y las Corporaciones Locales.

* Apoyo a la red de alta velocidad que incluya las redes 
transeuropeas y aquellas otras conexiones de trfico entre 
grandes ciudades que, por el volumen de pasajeros transportados, 
justifiquen este tipo de infraestructuras, en un horizonte 
temporal de dos legislaturas. En sta, se prestar  atencin 
preferente a la lnea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa y Madrid-Valencia, y se estudiar la incorporacin de 
la Y Vasca.

*Potenciacin de la velocidad alta en las lneas troncales con 
mayor intensidad de trfico, para hacer competitivos los 
servicios de largo recorrido con los restantes modos de 
transporte.

* Modernizacin y racionalizacin de los servicios regionales, 
en estrecha colaboracin con las Comunidades Autnomas para 
mejorar la calidad, regularidad y rentabilidad de los mismos.
* Grandes acciones de vertebracin territorial de la Red 
ferroviaria, tales como: 

- Variante de Guadarrama - Variante de Pajares - Variante 
de Reinosa - Desdoblamiento La Encina-Alicante.

* Prestar especial atencin a los servicios de mercancas 
propios del ferrocarril y muy especialmente a los trficos 
combinados.

* Promocin del libre acceso a la infraestructura ferroviaria de 
nuevos operadores, de acuerdo con las directrices emanadas de la 
Unin Europea, y creacin de centros de intercambio modal para 
impulsar el transporte combinado.

* Elaborar un nuevo contrato-programa para RENFE entre cuyos 
objetivos destacar  la reduccin del dficit, basado en la 
profesionalizacin de la gestin y en la eficacia de la 
organizacin. Elaborar un contrato-programa para FEVE.

En el mbito de transporte por carretera, y dentro del marco de 
las directrices de la Unin Europea, el Gobierno del PP: 

* Eliminar  progresivamente los sistemas de contingentacin e 
implantar  un sistema de autorizacin a la empresa para 
favorecer la libre competencia. Revisar  las condiciones de 
acceso a la profesin, especialmente las de capacidad 
financiera.

*Considerar  que, aunque el sistema concesional en los servicios 
regulares de transporte de viajeros por carretera cumple una 
funcin social en beneficio del usuario y debe ser preservado, 
deben coordinarse y reordenarse las actuales concesiones y 
fomentarse el otorgamiento de concesiones zonales.

* Liberalizar  el sistema tarifario en el transporte pblico de 
mercancas.

* Exigir  el cumplimiento de las condiciones de seguridad, 
calidad del servicio y defensa del derecho de los usuarios.

* Elaborar  un plan de formacin empresarial y profesional para 
mejorar la gestin de las empresas.

* Regular  especialmente el transporte de paquetera, mensajera 
y el servicio urgente de mercancas no pesadas.

La poltica de transporte areo del Gobierno del PP, habida 
cuenta de la liberalizacin del sector en el mbito de la Unin 
Europea, estimular  la competitividad y eficiencia del sector. A 
tal fin: 

* Se modificar  el Estatuto del Ente Pblico Aeropuertos 
Espaoles y Navegacin Area (AENA), dot ndole de los 
instrumentos necesarios para racionalizar y mejorar su gestin y 
autonoma, implicando en ello a los sectores profesionales y 
empresariales. AENA elaborar  un nuevo plan director de 
inversiones y desarrollo aeroportuario que reconocer  las 
singularidades de las Isla Baleares, Canarias y Melilla.

* Se potenciar  la coordinacin de los centros de control del 
espacio areo para flexibilizar el servicio y reducir las 
esperas, los costes de explotacin y, por tanto, las tasas de 
ruta.

* Dentro de las normas liberizadoras de la Unin Europea, se 
diversificarn los servicios de handling (asitencia en tierra) 
con criterios claros y de futuro.

*Se homologarn los requisitos para la obtencin de titulaciones 
aeron uticas y se procurar  la armonizacin de las condiciones 
exigidas por cada Estado de la Unin Europea para el 
otorgamiento de licencias de piloto.

* Se dedicar mayor esfuerzo inversor en I+D con destino a las 
ayudas a la navegacin.

* Se afrontarn los problemas que puedan plantearse por la 
cercana de algunos aeropuertos o por las necesidades de 
ampliacin o reforma en armona con la Comunidad Autnoma 
correspondiente.

* Se integrar a Espaa, de pleno derecho, en EUROCONTROL.

* Se favorecer la colaboracin de AENA con las entidades 
locales, provinciales y autonmicas para la promocin de 
aeropuertos locales como una de las medidas para racionalizar el 
sistema aeroportuario y apoyar la aviacin regional y deportiva.
* Se revisarn las relaciones de AENA con la Direccin General 
de Aviacin Civil.

En materia de transporte martimo, el Gobierno del PP:
 
* Facilitar  la creacin de una flota eficiente, a travs de un 
marco administrativo y financiero adecuado, de manera que su 
tamao est en funcin de las necesidades del mercado.

* Liberalizar los factores de coste que impiden a la flota 
competir en trminos de igualdad en el mercado internacional.

* Concentrar la inspeccin de buques en un solo organismo, 
promulgando un nico Reglamento que seguir  las recomendaciones 
de la Unin Europea y la Organizacin Martima Internacional 
(OMI).

* Sanear  y potenciar , dentro del diseo actual, el salvamento 
martimo de personas y buques, prestando especial atencin a la 
proteccin del medio martimo.

* Reconocer  las especialidades derivadas de la insularidad de 
las Islas Canarias y Baleares y las singularidades de Ceuta y 
Melilla.

* Intensificar  la coordinacin entre el transporte martimo y 
el sistema portuario.

* Mejorar  el registro especial de Canarias con el 
establecimiento de condiciones fiscales, financieras y sociales 
similares a las existentes, para armadores de otras naciones con 
objeto de hacer ms competitiva la flota espaola.

7.5. Correos

Durante la prxima legislatura comenzar la aplicacin de las 
medidas comunitarias sobre liberalizacin. Es preciso que el 
Correo pblico quede en condiciones de competir eficazmente con 
el sector privado.

Para ello el PP propondr las siguientes medidas: 

* Separacin neta de las funciones de regulacin y operacin, 
con el establecimiento de los lmites autorizados para la 
competencia en los distintos servicios y eventualmente de las 
contribuciones a la financiacin del servicio universal.

* Adopcin de medidas para la modernizacin de los procesos 
postales y la racionalizacin de las funciones y procedimientos 
de explotacin de los servicios, orientndolos a una gestin de 
criterios de coste-eficacia, decidida tras los pertinentes 
estudios y reflexiones llevados a cabo en colaboracin con los 
agentes afectados.

* Elaboracin de un nuevo Plan de Empresa, con criterios 
realistas y basado en la responsabilidad de los profesionales, 
as como de una poltica de Recursos Humanos y de personal 
motivadora, basada en criterios de profesionalidad.

* Elaboracin de unos Presupuestos de gastos e inversiones con 
criterios de eficacia que favorezcan la reduccin del dficit de 
explotacin, con atencin a las prioridades ms urgentes de los 
servicios y adopcin de unas normas de calidad del servicio bien 
definidas.

* Cumplimiento de las directrices de la Unin Europea, adecuando 
la legislacin y teniendo en cuenta a los usuarios en los 
posibles marcos de competencia.

8.- Una energa limpia y barata 

Hacer de Espaa un pas ms moderno y poner a nuestra economa 
en condiciones de competir exige una reforma del sector 
energtico que nos permita obtener una energa de mayor calidad 
y menor coste.

En breve plazo va a jugar un papel esencial la poltica 
energtica de la Unin Europea con la progresiva introduccin de 
las fuerzas del mercado, eliminando regulaciones y monopolios, y 
buscando una gestin integrada de los recursos energticos 
comunitarios, salvaguardando la soberana de los Estados.

El coste y la calidad en el suministro de la energa entran a 
formar parte de la estructura de costes de todas las actividades 
productivas. Por ello influyen en la competitividad de los 
distintos sectores de la economa y es especialmente importante 
para los que se encuentran abiertos a la competencia 
internacional.

Por ello, los objetivos prioritarios de las medidas que el PP 
propone en la poltica energtica son conseguir unos costes y 
una calidad en el suministro de energa competitivos con los de 
nuestros socios europeos ms aventajados, que beneficie tanto a 
las empresas como a los ciudadanos.

Para lograr estos fines es necesario introducir mayores dosis de 
competencia en nuestro sistema energtico, disminuir el 
intervencionismo y reconsiderar la planificacin energtica que 
se ha mostrado incapaz de acertar en las previsiones y no ha 
resultado coherente con la libertad de los agentes para tomar 
sus decisiones econmicas.

Salvo excepciones debidas a imperativos comunitarios, el camino 
seguido por los gobiernos socialistas ha sido el inverso. Valgan 
como ejemplos el sector del gas, donde prcticamente se ha 
creado un monopolio; el caso de la nueva Ley Elctrica, que 
incrementa el grado de intervencionismo sobre las empresas 
elctricas o el aumento del peso de la propiedad pblica sobre 
la privada dentro del sector elctrico. Tendencias, todas ellas, 
que van justamente en la direccin opuesta a la que han seguido 
-y estn siguiendo- los pases desarrollados. Las medidas 
propuestas por el PP van encaminadas -adems de incrementar la 
transparencia- a la liberalizacin progresiva del sector y a la 
reduccin drstica del intervencionismo existente. En 
definitiva, se persigue aumentar de manera significativa, 
introduciendo las dosis de prudencia necesarias, el peso del 
mercado en la toma de decisiones empresariales y por tanto en la 
asignacin de los recursos en el sistema energtico espaol.

8.1. Objetivos de poltica energtica.

El PP entiende que la defensa del inters nacional se concreta 
en los siguientes objetivos bsicos: 

* La seguridad de los suministros energticos, lo que requiere 
una diversificacin (de fuentes y de origen) de los 
abastecimientos.

* La reduccin de costes de la energa final. Se fomentar la 
mejora del rendimiento energtico, para conseguir un ahorro de 
energa y una disminucin de los costes y la optimizacin de los 
costes de generacin elctrica, aumentando -en lo posible- el 
factor de carga de las Centrales y ajustando las externalidades.

* La proteccin del Medio Ambiente, con una atencin especial en 
este mbito.

* La utilizacin -en la mayor medida posible- de recursos 
nacionales.

* La mxima seguridad de operacin de las Centrales Nucleares, 
incluyendo todo el ciclo del combustible nuclear y del resto de 
actividades energticas.

* El apoyo a las industrias espaolas fabricantes de bienes de 
equipo, a las Ingenieras y a la Investigacin y Desarrollo 
Tecnolgico.

* El incremento de las exportaciones de energa elctrica y de 
los bienes de equipo ligados a las industrias agua-energa y a 
todo el sector energtico en general.

* La adecuacin de los subsectores energticos espaoles al 
marco jurdico europeo.

* El apoyo real al desarrollo e implantacin de energas 
renovables.

* El impulso de verdaderos programas de I+D en el rea 
energtica.

8.2. Propuestas 

El PP se propone reorientar la poltica energtica, que ser 
mucho ms flexible y realista, en lnea con la Unin Europea y 
modificar los esquemas obsoletos del PEN-91, operando con datos 
reales y no ideolgicos. Sin embargo, nuestro Programa 
energtico debe partir, inevitablemente y como condicin previa, 
de la situacin inicial del abastecimiento, con sus 
instalaciones de produccin, medios de transporte, redes de 
distribucin, medios de acopio de mercancas energticas, de la 
irreversible paralizacin de los activos de la moratoria nuclear 
y con los proyectos en curso de ejecucin, as como de los 
compromisos adquiridos.

Las principales propuestas sectoriales pueden resumirse como 
sigue: 

8.2.1. Sector carbn 

* Mejora de los rendimientos de extraccin de carbones 
nacionales, para incrementar la competitividad de la empresa 
minera.

* Mejora permanente de la seguridad de las instalaciones.

* Reduccin de costes de produccin.

* Fomento de la produccin de carbn siderrgico.

* Fomento del desarrollo tecnolgico, y en especial de 
tecnologas de combustin limpia, de desulfuracin de gases de 
combustin de Centrales Trmicas y de gasificacin de carbn.

* Actuaciones en zonas mineras en declive: mejora de la gestin 
de las empresas pblicas y reconversin de las regiones 
afectadas, a travs del desarrollo de las infraestructuras y 
acciones de diversificacin industrial.

8.2.2. Sector petrleo 

* Acelerar su liberalizacin para incrementar la competencia y 
reducir los costes.

* Reduccin de la dependencia del petrleo.

* Continuacin de la reconversin del sector de refino para 
adaptarlo a los cambios en la demanda de productos del petrleo.
* Uso racional del fuelleo en Centrales Trmicas.

* Fomento de las mejoras de eficiencia energtica en las 
refineras.

* Apoyo a la cogeneracin en Refineras.

8.2.3. Sector gas natural 

* Redefinicin de la estrategia de utilizacin y abastecimiento 
de gas natural.

* Reduccin de la vulnerabilidad de los suministros. 
Diversificacin.

* Mejora de la flexibilidad de la red del gas.

* Desarrollo de almacenamientos subterrneos estratgicos.

* Apoyo a la cogeneracin y ciclos combinados.

* Ampliacin de la red a toda la Comunidad Autnoma.

8.2.4. Energa hidroelctrica
 
* Desarrollo de la produccin hidroelctrica como medio de 
incrementar la flexibilidad del sistema elctrico: bombeo y 
centrales en embalses existentes.

*Apoyo a la construccin de mini centrales hidroelctricas.

8.2.5. Energa nuclear 

* Mantenimiento de la moratoria nuclear e incremento de las 
medidas de seguridad de estas centrales.

* Apoyo a la participacin de la industria espaola en los 
Programas de desarrollo de los reactores avanzados.

* Mantenimiento de la capacidad tecnolgica de la industria 
nuclear espaola: ingeniera, construccin, fabricacin de 
bienes de equipo, operacin.

* Apoyo a la participacin de la industria espaola en proyectos 
internacionales.

* Informacin objetiva a la sociedad espaola sobre todos los 
aspectos relevantes de la energa nuclear y sobre los costos de 
generacin.

* Atencin especial a la gestin de los residuos radioactivos y 
reevaluacin de las actividades de ENRESA.

* Estudio del papel de la energa nuclear en el sistema de 
generacin elctrica espaol.

* Resolver la titulacin de los activos de la moratoria nuclear.

8.2.6. Energa elctrica.

Los objetivos en relacin con el sector elctrico sern: 
* Aumentar el grado de privatizacin y de competencia de las 
empresas, y suprimir los tratos discriminatorios entre ellas.

* Planificacin elctrica orientada a la seguridad, calidad y 
bajo coste del suministro.

* Revisin del ordenamiento del sector de acuerdo con los 
principios de libre iniciativa, incentivos al suministro seguro 
y de bajo coste e igualdad de condiciones entre los 
competidores.

Se estudiarn las necesidades y tecnologas para el alargamiento 
de la vida til de todas las Centrales elctricas.

Espaa necesita compensar su creciente dficit comercial, en el 
que las importaciones energticas suponen un porcentaje alto.
 
Por ello, se potenciar n las exportaciones, especialmente las 
elctricas, mejorando los costos de la electricidad al aumentar 
las horas de funcionamiento de diversos grupos y en general, el 
factor de carga de las plantas.

Asimismo se impulsar n las tecnologas de generacin con ciclos 
combinados y cogeneracin, de modo que se optimice el 
rendimiento del uso del gas natural previsto en el Protocolo 
suscrito en 1994 entre ENAGAS y las empresas elctricas.

El Gobierno del PP impulsar , previo dilogo con los sectores 
implicados, productores y consumidores, una modificacin del 
marco jurdico del Sistema elctrico Nacional a fin de reducir 
el intervencionismo excesivo y modernizar nuestro sistema.

8.2.7. Energas renovables 

* Estimular la investigacin y desarrollo tecnolgico en el 
campo de las energas renovables, especialmente la elica y la 
solar.

* Apoyo en la remuneracin de estas energas.

* Fomento de la utilizacin de las energas renovables por parte 
de la iniciativa privada y las actuaciones pblicas.

8.2.8. Ahorro de energa y mejoras de eficiencia energtica.
* Apoyo a las pequeas empresa con servicios de informacin y 
facilidades financieras para proyectos de ahorro.

* Objetivo de reduccin de la intensidad enrgetica en la 
industria.

*Establecimiento y seguimiento de normas de calidad en los 
materiales y en las tcnicas de construccin.

8.2.9. Electrificacin rural.

* Extensin de la electrificacin rural y mejora de su calidad, 
como medio de correccin de desequilibrios regionales.

8.2.10. Investigacin y desarrollo tecnolgico.

* Anlisis de los proyectos realizados en el marco del PIE y 
ordenacin de los Programas energticos de I+D. Se evaluarn las 
potencialidades del Programa ESTELA (Estrategia Tecnolgica 
energtica de Largo Alcance) y su incardinacin en la poltica 
nacional de I+D.

9. las telecomunicaciones, clave del futuro 

Espaa, integrada en la Unin Europea, se encuentra inmersa en 
el imparable proceso mundial de globalizacin y liberalizacin 
de sus telecomunicaciones. Esto impone la desaparicin gradual 
de los tradicionales monopolios nacionales. El 1 de enero de 
1998, fecha fijada para la liberacin plena de infraestructuras 
y servicios, va a representar el inicio de una nueva etapa de 
espectacular crecimiento en la expansin y uso de estas 
tecnologas, que se desenvuelven en una convergencia creciente 
con la Informtica y el Audiovisual. Ordenadores, satlites y 
cables de fibra ptica, conforman las nuevas infraestructuras de 
banda ancha utilizadas para la transmisin digital simultnea de 
cualquier tipo de seal: voz, datos e imgenes, que necesitamos 
potenciar en Espaa hasta que se extiendan por toda la geografa 
de modo que sus beneficios alcancen a todos los sectores de la 
sociedad.

Para proseguir el nivel de desarrollo, en los prximos aos ser 
necesario efectuar fuertes inversiones en el sector, que hagan 
posible una mayor y mejor oferta de servicios a los ciudadanos 
en el disfrute de una mejor calidad de vida y a las empresas en 
sus niveles de competitividad.

Un empleo racional de estas tecnologas nos debe permitir en 
pocos aos alcanzar altas cotas de eficacia. La Administracin, 
la sanidad, la educacin, el trabajo, etc., se vern favorecidos 
por la puesta en prctica de aplicaciones telemticas, en un 
proceso progresivo de incorporacin de Espaa a la sociedad de 
la informacin comunitaria.

El gobierno socialista, guiado por un afn de control poltico, 
ha retrasado innecesariamente la modernizacin de Espaa en este 
sector. El PP ms pendiente de trabajar en solucionar los 
problemas de los ciudadanos que en favorecer el control 
poltico, adoptar  las medidas que fomenten el desarrollo del 
sector, la pluralidad de ofertas, la iniciativa social y la 
reduccin de costes.

Para ello, el PP propone: 

* Reformar la legislacin para adecuarla al nuevo marco de 
liberalizacin plena.

*Preparar a Telefnica para competir en los nuevos escenarios, 
modernizando su gestin, seleccionando sus inversiones con el 
m ximo rigor y aplicando un sistema de tarifas que responda a 
los costes reales de las nuevas redes.

* Creacin del segundo operador de redes y servicios, en 
condiciones de competir con Telefnica, a partir de otras redes 
existentes en la actualidad.

* Favorecer el desenvolvimiento en competencia de los dos 
operadores pblicos, Retevisin y Telgrafos, con adopcin de 
las frmulas administrativas, tecnolgicas, organizativas y 
financieras precisas.

* Mximo impulso a la extensin de las redes de cable y al uso 
de las comunicaciones por satlite.

* Apoyar la expansin de nuestros operadores en los mercados 
internacionales.

* Progresiva implantacin en todo el territorio nacional de la 
red digital, y supresin de las restricciones a la competencia 
en la oferta de servicios de valor aadido.

* Adopcin de los criterios de red abierta para el acceso e 
interconexin de los nuevos operadores a las redes pblicas.

* Implantacin de sistemas contables diferenciados por 
servicios, para conocer los costes respectivos en que se basarn 
las tarifas.

* Estudiar la continuidad del Proyecto Hispasat con satlites de 
segunda generacin, en un diseo con financiacin privada o 
mixta y amplia participacin espaola.

* Promover la participacin espaola en los proyectos 
comunitarios de la sociedad de la informacin y en las redes 
transeuropeas que se implantarn para el desarrollo de los 
proyectos comunitarios.

* Promover la elaboracin de un Plan Director de 
Infraestructuras y Servicios, basado en la participacin de la 
iniciativa privada, con la participacin del Estado como usuario 
caracterizado de estos servicios.

10. Defendiendo Los Intereses Del Campo Espaol

En estos momentos, la agricultura y ganadera espaola se 
encuentran inmersas en una vertiginosa carrera de reformas y 
cambios de tal magnitud, que difcilmente se pueden comparar con 
los producidos en las ltimas decenas de aos.

La reciente y no concluida reforma de la Poltica Agraria Comn, 
unida a los acuerdos GATT, o el inmediato establecimiento de una 
zona de Libre Cambio con los pases del norte de frica, disean 
un presente y un futuro inmediato que afecta a centenares de 
miles de agricultores y ganaderos, as como a las comunidades 
rurales.

A ello hay que aadir la creciente y continuada cada de las 
rentas agrarias reales (-4,8% en 1995) en nuestro pas, as como 
el desconcierto del sector ante la confusa situacin actual y la 
ausencia de directrices y expectativas claras de futuro.

Por estas razones y por la gran importancia que para la economa 
nacional y para el futuro del mundo rural representa el sector 
agrario, el Gobierno del PP emprender  una nueva poltica en 
defensa de este sector, mediante la adopcin de las siguientes 
medidas: 

10.1. Principios de la poltica agraria 

* El mantenimiento de una postura firme de las negociaciones y 
defensa de las capacidades de nuestra agricultura y ganadera en 
el seno de la Unin Europea, especialmente en la aplicacin del 
Principio de Preferencia Comunitaria, cl usula de salvaguardia e 
invocacin de la solidaridad en el caso de cat strofes naturales 
como la sequa, en aplicacin del Principio de Solidaridad 
Financiera.

* La dotacin financiera suficiente de las partidas destinadas a 
cofinanciar los Fondos Estructucturales Comunitarios, que en 
muchos casos se desaprovechan, y no se incorporan a la renta de 
los agricultores espaoles importantes ayudas procedentes de 
estos Fondos.

*La reforma de la Administracin agraria espaola, de manera que 
se adapte racionalmente a hacer eficaces los nuevos 
planteamientos de la Poltica Agraria Europea.

* El dilogo con las Organizaciones Agrarias y sus 
representantes y la bsqueda de soluciones consensuadas, as 
como la dignificacin de la profesin de agricultor y ganadero 
buscando la equiparacin de sus niveles de vida a la de sus 
homlogos comunitarios.

* La defensa y proteccin de nuestro medio ambiente natural, 
tanto de ecosistemas como de especies amenazadas de extincin.

* El rejuvenecimiento de la poblacin agraria mediante una 
decidida e innovadora poltica global de apoyo a la 
incorporacin de los jvenes al sector, basada en medidas 
fiscales, crediticias, subvenciones, promocin y formacin 
profesional, etc.

* El apoyo a la industria agroalimentaria espaola, principal 
cliente de agricultura, y a sus programas de formacin, mejora 
de la calidad y de la competitividad.

10.2. Modernizacin y desarrollo del medio rural.

* Se aprovecharn al mximo todas las posibilidades de 
financiacin que ofrecen los diferentes fondos estructurales de 
la U.E. (FEDER, FSE y FEOGA-Orientacin), para el desarrollo de 
infraestructuras y servicios de base: asistencia sanitaria y 
educacional, redes viarias, ferrocarril, electrificacin, 
telefona rural, desarrollo de medios culturales y de ocio, etc.

* La mejora de las infraestructuras agrarias propiamente dichas: 
caminos rurales, redes de riego, vivienda rural, construcciones 
agrarias y ganaderas, reconversin de cultivos, etc., en 
estrecha colaboracin con las Comunidades Autnomas: 

- El desarrollo del medio rural, en colaboracin con las 
Comunidades Autnomas, potenciando los aspectos 
complementarios de la agricultura, tales como el turismo y 
la artesana rural, las actividades cinegticas, 
medioambientales y de esparcimiento y el desarrollo de la 
industria agroalimentaria, favoreciendo las vocaciones 
agrarias de los jvenes.

10.3. Eficacia y rentabilidad de las explotaciones agrarias.

* Supresin del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la 
transmisin de las explotaciones agrarias entre miembros de la 
unidad familiar que continen en el ejercicio de la actividad.

* Promulgacin de una normativa de modernizacin de las 
explotaciones agrcolas, ganaderas y forestales, en donde se 
contemple una mejora de la fiscalidad en la transmisin de las 
explotaciones, asentamiento de los jvenes, ayudas a la 
reestructuracin y modernizacin de las mismas, tanto en sus 
aspectos productivos como de transformacin y comercializacin.

* Mejora de la financiacin de las actividades agrarias 
facilitando la capitalizacin de los agricultores y ganaderos, 
permitindoles con ello alcanzar mayores grados en la 
cofinanciacin comunitaria, impulsando los convenios con Cajas 
Rurales, de Ahorro y Bancos, para un sistema de financiacin 
especial para las inversiones productivas en el sector agrario, 
tanto para la actividad productora como la de transformacin 
industrial.

* Aprobacin de los Programas sectoriales de investigacin y 
desarrollo, que ofrezcan alternativas a los actuales cultivos y 
explotaciones no rentables y contribuyan a la mejora de calidad 
de los productos y sistemas productivos agrarios, y, 
paralelamente, otorgando prioridad a la mejora de la sanidad 
animal y vegetal.

* Modificacin del rgimen de Seguros Agrarios, poniendo esta 
trascendental institucin al servicio de los profesionales del 
campo y acentuando su carcter de garanta de rentas, 
potenciando la creacin de MUTUAS tanto sectoriales como 
territoriales.

* Establecer un funcionamiento eficaz de las ayudas al campo por 
sequa.

* Modificacin del rgimen de las Organizaciones 
Interprofesionales, evitando su actual y aniquilante 
politizacin y falta de democracia real.

* Aprobacin de un programa integral de modernizacin de las 
estructuras comerciales agrarias, con especial compromiso de 
apoyar la creacin y fortalecimiento de las Organizaciones de 
Productores, flexibilizando las normas que actualmente regulan 
su creacin.

* Establecimiento de un sistema de renovacin de la maquinaria 
agrcola, facilitando la retirada de la vieja y su sustitucin 
por otra nueva y ms segura.

* Mejora, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, de los 
programas de aplicacin en Espaa de las medidas de 
acompaamiento de la PAC (jubilacin anticipada, forestacin de 
tierras y medidas medioambientales) especialmente en las zonas 
donde la agricultura y ganadera estn condicionadas por unos 
rendimientos bajos y una climatologa y orografa adversos.

10.4. Medidas para el sector productor.

10.4.1. Agrcola.

* Defender activamente nuestros intereses en la Unin Europea, y 
en particular la agricultura ms din mica y competitiva, como es 
la basada en las producciones de ctricos, frutas, hortalizas, 
vino, aceite de oliva, arroz y algodn.

* Defender que las reformas de las Organizaciones Comunes de 
Mercado de frutas, hortalizas, aceite y sector vincola, hoy en 
debate en la comisin Europea, se efecten de forma que tengan 
en cuenta la importancia de las producciones espaolas dentro 
del conjunto europeo.

* Solicitar el aumento de la superficie de siembra de 
oleaginosas (girasol, colza, etc.), la suficiente financiacin 
del barbecho blanco como prctica agronmica indispensable en 
nuestros secanos ms desfavorecidos y la especial consideracin 
del cultivo de la remolacha en Espaa, al constituir ste una de 
las escassimas alternativas que tienen nuestros regados del 
interior.

* Defender ante las instituciones comunitarias la necesidad de 
cambiar al alza los rendimientos de cereales asignados a las 
diversas comarcas productivas, habida cuenta de que estn 
fijados muy por debajo de nuestras posibilidades productivas.

* Luchar para que el principio de preferencia comunitaria 
prevalezca frente a cualquier intento de favorecer el acceso de 
los mercados comunitarios de productos obtenidos fuera de la 
Unin y que entren en directa competencia con los producidos en 
nuestro pas, en especial en las nuevas OCM de frutas y 
hortalizas y del vino.

10.4.2. Ganadero.

* Solicitar de la Unin Europea una cuota adicional de 
produccin de leche de vaca, habida cuenta del gran nmero de 
explotaciones ganaderas con cuotas insuficientes para lograr una 
estructura competitiva en este Sector.

* Adecuar las primas del ganado vacuno de carne a la realidad 
espaola, as como el nmero de cabezas a primar por explotacin 
y las zonas preferentes.

* Procurar una normativa diferencial para el cerdo "tipo 
ibrico" por tratarse de una ganadera extensiva y ecolgica, 
estableciendo las ayudas y apoyos institucionales precisos y 
evitando as los problemas de importaciones de cerdos negros del 
este.

* Elaborar un Plan Nacional de tratamiento de los residuos 
ganaderos.

* Aprobar una estrecha colaboracin con las Comunidades 
Autnomas, un plan coordinado horizontal de erradicacin de 
enfermedades infecciosas en la ganadera.

* Aprobar un programa coordinando de seleccin y reproduccin 
animal con la participacin de las Comunidades Autnomas.

* Favorecer la incorporacin de los jvenes a la actividad 
ganadera mediante el ptimo aprovechamiento de los programas 
comunitarios que se prevn a tal fin y los programas de cese 
anticipado, jubilacin y modernizacin de la explotacin 
ganadera.

10.4.3. Forestal.

* Aplicar un autntico programa forestal que contemple todas las 
posibilidades de fomento, expansin, conservacin y 
comercializacin de nuestro Patrimonio Forestal, incluido un 
especfico plan de lucha contra los incendios, elaborado 
conjuntamente con las Comunidades Autnomas.

* Defender la aprobacin de un plan de forestacin para nuestro 
pas, que permita la reforestacin de un milln de hectreas 
durante los prximos cuatro aos.

* Implantar la aplicacin en Espaa de las diversas medidas y 
programas medioambientales que posibiliten la salvacin de 
nuestros ecosistemas puestos en peligro por la accin del 
hombre, sin que su mantenimiento tenga que producirse a costa de 
la renta de los agricultores y ganaderos que han sido, hasta 
ahora, los nicos que con su sacrificio han permitido la 
existencia de estos parajes.

* Establecer un sistema fiscal especial para favorecer el 
desarrollo del sector forestal en Espaa.

10.5. Medidas en favor de la industria agroalimentaria.

* Financiar los proyectos agroindustriales, completando las 
ayudas estructurales recogidas en los reglamentos comunitarios.

*Establecer medidas especficas de carcter fiscal y crediticio 
para facilitar la instalacin de estas industrias en el medio 
rural, especialmente en las comarcas que no disponen de otras 
alternativas colectivas.

* Fijar nuevas orientaciones en orden a potenciar la 
competitividad del sector basada en la calidad, denominaciones 
de origen y en la promocin de consumo tanto interior como 
exterior.

* Conceder un decidido apoyo para la recuperacin de nuestro 
potencial exportador, hoy tan deteriorado , favoreciendo la 
participacin de los grupos profesionales interesados.

* Estimular los procesos de fusin e integracin que 
proporcionen a las industrias agroalimentarias el logro de una 
mayor dimensin productiva.

10.6 Agua y agricultura.

* Establecer un programa de modernizacin y mejora de los 
regados en colaboracin con las Comunidades Autnomas y las 
Comunidades de Regantes, que permita sustanciales ahorros en los 
consumos de agua, as como la mejora de la competitividad de las 
producciones agrcolas obtenidas en los mismos.

* Completar los estudios para la realizacin del Plan Nacional 
de Regados y su posterior puesta en funcionamiento.

* Impulsar nuevos regados atendiendo prioritariamente a 
criterios sociales de fijacin de poblacin en el medio rural y 
a criterios econmicos de productividad, rentabilidad y de 
mantenimiento de nuestro sistema agroalimentario.

11. Un Sector Pesquero Con Futuro

La actividad pesquera constituye una de las principales fuentes 
de riqueza para numerosas comarcas del litoral espaol, tanto 
por la dependencia que de ella tienen un gran nmero de 
colectivos socioeconmicos, como por el papel que desempea 
dentro de la estrategia alimentaria.

Espaa sigue siendo una de las primeras potencias pesqueras 
mundiales y el segundo pas en consumo "per capita" de productos 
pesqueros. Por otra parte, cien mil empleos estn vinculados a 
la pesca de manera directa y alrededor de otros cuatrocientos 
mil de manera inducida en tierra.

Ante la vital importancia de la actividad pesquera espaola, el 
Gobierno del PP emprender  las siguientes acciones: 

11.1. Recuperacin de los recursos.

Al objeto de recuperar y consolidar los recursos pesqueros, se 
acometer : 

* La adopcin de medidas de mejora de los caladeros sujetos a la 
jurisdiccin espaola, adoptando medidas especiales de 
recuperacin biolgica de nuestras aguas territoriales.

* La prohibicin efectiva de la captura y posterior 
comercializacin de inmaduros, potenciando los medios de 
Inspeccin y Vigilancia directamente por el Gobierno y a travs 
de Acuerdos con las Comunidades Autnomas.

11.2.Defensa del sector pesquero espaol 

El gobierno del PP emprender  una firme defensa exterior de 
nuestros intereses pesqueros, al objeto de lograr la plena, 
total y efectiva integracin del sector espaol en la poltica 
pesquera comunitaria, en igualdad de condiciones con los 
restantes pases de la Unin Europea, evitando las 
discriminaciones que an sufre nuestra flota pesquera. Para ello 
se actuar  en los siguientes aspectos: 

* Defensa, en el seno de la Unin Europea, del libre acceso de 
la flota espaola a todos los caladeros comunitarios en igualdad 
de condiciones que las flotas de los restantes pases miembros.
* Impulso en la bsqueda de nuevos caladeros, tanto en aguas 
internacionales como en aguas de terceros pases.

* Defensa de la extensin de la prohibicin, a todas las flotas 
comunitarias, de la utilizacin de artes pesqueras prohibidas en 
Espaa por razones ecolgicas y de conservacin de los 
caladeros, como ocurre con las "redes de enmuelle a la deriva" 
en las capturas del bonito.

* Defensa del mantenimiento de la preferencia comunitaria en los 
mercados de los productos de pesca.

* Actualizacin de la Poltica Comn de Pesca de forma que 
desarrolle los aspectos sociales de la misma.

11.3. Readaptacin de capacidades pesqueras

El Gobierno del PP adoptar:
 
* La redaccin de un nuevo programa de renovacin de la flota 
pesquera que contemple y complete su reestructuracin 
controlada, adaptando la capacidad pesquera a las alternativas 
realmente existentes, acometiendo su modernizacin y optimizando 
su productividad.

* El fomento de la acuicultura, en colaboracin con las 
Comunidades Autnomas, y su diversificacin como actividad 
industrial, al tiempo que se evalan los recursos marisqueros y 
se apoya la construccin y modernizacin de las instalaciones y 
el saneamiento integral de los espacios marinos.

11.4. Mejora de las infraestructuras 

El Gobierno del PP adoptar: 

* La reestructuracin del sector transformador, al objeto de 
favorecer el incremento de la dimensin empresarial y la 
internacionalizacin del sector transformador, as como la 
interdependencia entre los sectores extractivos e industrial.

* Las medidas necesarias para modernizar el sistema portuario 
espaol, realizando las necesarias inversiones para su 
adaptacin a la normativa de la Unin Europea, con creacin y 
modernizacin de las instalaciones y lonjas, adecuadas a las 
peculiaridades de cada puerto.

* La liberacin de las descargas para disminuir los costes 
excesivos de las operaciones de desestiba y descarga, as como 
la mecanizacin de estas operaciones.

11.5. Mejora de la comercializacin 

Se adoptar: 

* La introduccin de nuevas tecnologas para una mejor 
comercializacin de la pesca, modernizando su manipulacin, 
inspeccionando los diversos eslabones de la cadena, e 
incorporando las precisas denominaciones de origen.

* La reordenacin de los mercados a todos los niveles respecto a 
controles sanitarios y normalizacin de tallas.

* El aprovechamiento integral de los recursos pesqueros y la 
reorientacin del Fondo de la Regulacin y Organizacin del 
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), 
d ndole un mayor y ms adecuado contenido.

* La informatizacin de las subastas e intercambio de 
informacin entre los distintos puntos de venta ("Bolsa del 
Pescado").

11.6. Otros aspectos 

El Gobierno del PP, asimismo, actuar en : 

* El fomento y desarrollo de la investigacin marina, as como 
su divulgacin entre el sector, tanto referida a la evolucin de 
los recursos pesqueros, como a la relativa acuicultura y 
proteccin del medio ambiente marino.

* El impulso y desarrollo de los programas de Formacin y 
Orientacin Nutico Pesquera.

* La defensa del nivel de empleo tanto directo como inducido en 
tierra del sector pesquero, as como el fomento de la 
participacin de la mujer en las empresas vinculadas al sector 
pesquero.

* El decidido apoyo a las instituciones sectoriales pesqueras y 
la potenciacin de la Conferencia Sectorial de Pesca, d ndole 
contenido real como foro de informacin, de debate y toma de 
acuerdos.

* Un especial esfuerzo para mejorar la seguridad de los 
trabajadores en el mar y en materia de salvamentos martimos, 
coordinando las Administraciones Pblicas. Se adecuar la 
sealizacin de las rutas costeras.

12. Turismo: La Batalla De La Calidad 

El sector turstico es la primera industria de Espaa; aporta 
algo ms del 9% del PIB, da empleo a un 11% de la poblacin 
ocupada, y genera un saldo positivo que apoya destacadamente el 
equilibrio de nuestro Sector Exterior y Balanza de Pagos. 

Asimismo, el sector turstico contribuye decisivamente al nivel 
de vida y al impulso cultural de la poblacin, as como al 
equilibrio socioeconmico regional, aportando un efecto 
dinamizador de otros sectores productivos y servicios.

El turismo de Espaa cuenta con una consolidada imagen de marca, 
de prestigio en el contexto internacional y un gran potencial de 
diversificacin, crecimiento y expansin continuada, debido a 
nuestra variedad geogrfica, climatolgica, histrica y 
cultural.

Desde el Gobierno del PP se llevarn a efecto una serie de 
medidas, entre las que selectivamente cabe sealar: 

* Se impulsar, de forma gil y decidida, la cooperacin entre 
el Estado, las Comunidades Autnomas, las Corporaciones Locales 
y los Organismos institucionales.

* Se potenciar la actividad de la Comisin Interministerial de 
Turismo, como rgano rector de coordinacin entre los diferentes 
Departamentos ministeriales de la Administracin del Estado, 
cuyo mbito de competencias incide directa o indirectamente 
sobre el Sector del Turismo.

* Se crear una comisin sectorial de turismo, foro de trabajo, 
cooperacin y coordinacin entre la Administracin Turstica del 
Estado y los operadores del sector privado del Turismo en sus 
diversas manifestaciones.

* Se proceder a la reorganizacin, planificacin y potenciacin 
de la Promocin Exterior de las regiones y productos tursticos, 
as como a la mejora de su Comercializacin.

* Se incrementar el nivel de actividad y calidad de los 
servicios que prestan las Oficinas Espaolas de Turismo en el 
Exterior (OETS), potenciando de forma decisiva el objetivo de 
apoyo, ayuda y servicio a los empresarios tursticos, tanto en 
la promocin como en la comercializacin de sus productos.

* Se potenciar el servicio de realizacin de estudios de 
mercado e informes de coyuntura sobre los mercados emisores, 
mejorando su sistema de distribucin hacia las Empresas 
tursticas.

* Resulta imprescindible efectuar una urgente modificacin 
integral en el diseo de las Estadsticas Tursticas, en la 
actualidad totalmente obsoleto, distorsionador de la realidad 
del Sector e ineficaz para apoyar a los operadores y a las 
Administraciones en sus diseos de estrategias de organizacin, 
promocin y gestin.

* En el seno de la Administracin Turstica del Estado, se 
crear una unidad especializada en el asesoramiento a las 
Empresas tursticas sobre los procedimientos y opciones de 
internacionalizacin de su actividad y presencia.

* Se apoyarn los proyectos de coparticipacin empresarial con 
financiacin conjunta de los sectores pblicos y privados.

* Se ampliar la oferta turstica potenciando la calidad de 
acceso turstico a nuestro patrimonio histrico, artstico y 
cultural. En esta lnea se apoyar  el turismo rural que tiene en 
Espaa una elevada potencialidad de crecimiento.

* Son necesarios planes especficos de promocin de la 
gastronoma espaola, una de las ms ricas del mundo y cuyo 
potencial en el campo de la promocin y la comercializacin 
internacional es muy relevante.

* Debe aspirarse al saneamiento integral de nuestras playas y 
aguas, obteniendo la progresiva implantacin de banderas azules 
mediante el desarrollo de planes de actuacin concertados con 
las Comunidades Autnomas.

*Resulta imprescindible disear, concertar y ejecutar unas 
lneas de actuacin para reordenar la inmensa oferta generada de 
apartamentos tursticos no clasificados.

* La Sociedad Estatal Paradores de Turismo de Espaa, S.A. 
deber  generar recursos que le permitan autofinanciarse, no 
gravando los gastos del Estado. Mediante una gestin de 
orientacin privada, deber  alcanzar los altos niveles de 
calidad y servicios.

* Se reestructurarn y actualizarn los programas de estudios de 
la Escuela Oficial de Turismo, elaborando un Plan de Estudios 
adaptado a las necesidades reales del Sector y ofreciendo una 
respuesta eficaz a la actual demanda profesional de formacin 
proveniente tanto de las Empresas tursticas como de la 
Administracin.

* Se impulsarn los estudios de turismo en el mbito 
universitario, dotndolos del rango y contenido requeridos por 
nuestro potencial turstico.

* Se apoyar al sector privado de la formacin mediante la 
homologacin y concertacin de acciones y programas, 
estableciendo unos cnones referenciales de calidad.

* Se promover la renovacin del capital que constituye la 
infraestructura turstica de nuestro pas.

13. Impulsar El Comercio Al Servicio Del Consumidor 

13.1. Comercio Interior 

En materia de comercio interior, uno de los principales 
problemas a resolver por el Gobierno del PP ser armonizar los 
esfuerzos de la Administracin bajo una unidad de accin, lo que 
permitir contemplar la problemtica de la produccin, 
comercializacin y consumo de forma conjunta, armnica y 
equilibrada, con medidas orientadas a: 

* Desarrollar una poltica de comercio interior, cuyos objetivos 
tendern a la reduccin de los costes de comercializacin, con 
el fin de disminuir el aporte inflacionista del sector derivado 
de la escasez tecnolgica que protagoniza de forma mayoritaria 
el sector de la distribucin comercial. tambin se procurar la 
consecucin del equilibrio del sistema dual de distribucin 
comercial, tradicional y tecnolgico. La mayora de los pequeos 
comercios se mantienen dentro del subsistema denominado 
tradicional, cuya presencia en el mercado resulta 
imprescindible, entre otras razones, para: a) Garantizar el 
comercio de proximidad de todo tipo de productos, asegurando as 
el consumo de la poblacin y el abastecimiento imprescindible de 
las zonas rurales, b) Favorecer el desarrollo y el 
funcionamiento de las ciudades, toda vez que son pieza clave en 
la consolidacin del tejido urbano, al evitar la desertizacin 
y/o degradacin de amplias zonas ciudadanas, as como conservar 
los cascos histricos y promoverel turismo y c) Absorber un 
elevado porcentaje de mano de obra activa de la poblacin 
laboral de Espaa, representando un 12% de dicha poblacin.

* Reordenacin de las polticas integradas de Comercio Interior, 
Consumo y Defensa de la Competencia, estableciendo el nexo entre 
las distintas Administraciones Pblicas competentes en la 
materia.

* El desarrollo del conjunto de medidas de carcter financiero 
fiscal, laboral y de formacin que repercuten singularmente en 
el sector, contemplados en los apartados especficos de este 
Programa y tendentes a dotarlo de una estructura moderna, 
eficiente, competitiva y adaptada a los nuevos requerimientos de 
los consumidores.

13.2. Comercio exterior 

* Se establecern los canales de informacin que permitan 
detectar las innovaciones demandadas por el sector exportador, 
las inercias del mercado que deben ser objeto de anlisis para 
el posible establecimiento de una poltica especfica que 
permita su mejor aprovechamiento y desarrollo, y las tcnicas e 
instrumentos ya experimentados en otros pases e incluso en 
determinadas Comunidades Autnomas, cuya adopcin o aplicacin 
generalizada pueda mejorar la competitividad de nuestras 
empresas en los mercados internacionales.

* Se elaborar una poltica de imagen de marca de Espaa ante el 
exterior, que permita arropar y diferenciar positivamente 
nuestros productos y servicios en los mercados de destino.
* Se disear y har operativo un plan de aproximacin e 
informacin al usuario de los servicios de la Administracin 
Comercial, informando detalladamente sobre la estructura 
existente, los servicios disponibles y la forma de acceso y 
utilizacin de los mismos, presentando una Administracin 
Comercial al servicio de la Empresa exportadora.

* Se dotar al ICEX de mayor operatividad y flexibilidad, 
reforzando la conexin y coordinacin con la Administracin 
Comercial y dotando de especial relevancia al Consejo Asesor del 
ICEX, del que formarn parte destacada los representantes de las 
Comunidades Autnomas y de las Organizaciones representativas de 
las Empresas exportadoras.

14. Espaa En Primera Lnea De Europa 

Nuestra posicin en Europa. Nuestra vocacin es entrar en la 
Tercera Fase de la Unin Econmica y Monetaria Europea en los 
plazos establecidos, lo que supone cumplir los criterios de 
convergencia contenidos en el Tratado de la Unin. La reduccin 
del dficit pblico y de la inflacin son objetivos ineludibles 
para conseguir el aumento de nuestra competitividad 
internacional y consolidar la recuperacin econmica y la 
creacin de empleo. El cumplimiento de la convergencia nominal 
es la va para conseguir la convergencia real, que site a 
Espaa entre los pases ms desarrollados de Europa.

Ahora bien, la Unin Monetaria no debe precipitarse por razones 
exclusivamente polticas. La estabilidad de las monedas debe ser 
fruto de la convergencia nominal de las economas, es decir de 
la correccin de sus equilibrios bsicos (precios, sector 
pblico y sector exterior). Vemos con desconfianza la Unin 
Monetaria a dos o ms velocidades, ya que podran originarse 
tensiones que pusieran en peligro el proyecto mismo de Unin 
Econmica. La pasada crisis del Sistema Monetario Europeo, que 
llev a la ampliacin de las bandas de fluctuacin en agosto de 
1993, y la reciente crisis financiera que afect seriamente a la 
peseta, son lecciones que no pueden olvidarse. La forma de 
evitar la crisis financiera es fortalecer las economas 
europeas, reduciendo unos desequilibrios; tarea que Espaa debe 
acometer sin ms demora, tras el fracaso del gobierno socialista 
que nos ha llevado a no cumplir ninguno de los criterios de 
convergencia.

La estabilidad de los tipos de cambio es conveniente para que el 
gran mercado interior desarrolle su capacidad y para que se 
alejen definitivamente las tentaciones proteccionistas en 
Europa. A su vez, el xito de la Unin Monetaria exige completar 
el gran mercado interior en los numerosos e importantes aspectos 
an incompletos. La autntica defensa de los intereses de Espaa 
en Europa pasa por superar las trabas que todava hacen del 
mercado interior un proyecto incompleto: restricciones a travs 
de normas tcnicas, estrategias de compras pblicas limitadas, 
una insuficiente poltica de competencia que garantice el acceso 
al mercado en condiciones de igualdad de oportunidades, la 
deficiente movilidad del trabajo, la incompleta dotacin de 
infraestructuras de transportes y comunicaciones de rango 
europeo, la insuficiente fluidez en la transmisin de la 
informacin, el inconcluso mercado de la energa y la escasa 
desregulacin de sectores como los transportes y las 
telecomunicaciones.

II. LA CULTURA: HERENCIA Y PROYECTO

Un proyecto nacional para Espaa requiere la formulacin de una 
poltica cultural honda, ambiciosa e imaginativa. La cultura no 
slo se hereda, tambin se conquista. De todas las batallas que 
va a ganar Espaa, la de la cultura es la que afrontamos desde 
una posicin ms favorable. Nos falta beber, sin complejos ni 
mezquindades, en nuestra historia, y mirar sin sectarismo a 
nuestro alrededor, a todos los que hacen posible que hoy sigamos 
siendo lo que hemos sido: una gran potencia cultural.

Nuestro legado cultural es inmenso y es, en s mismo, la mejor 
demostracin del valor espiritual de nuestra existencia como 
nacin. Conservar este patrimonio, enriquecerlo y transmitirlo a 
las futuras generaciones es esencial para nuestro porvenir. Pero 
conservacin no se opone a innovacin. La creacin intelectual, 
literaria y artstica, junto a la actividad cientfica, son 
factores decisivos para una sociedad libre y dinmica.

La escuela es un pilar fundamental para la vitalidad y el 
progreso de cualquier sociedad. Hay que dedicar el mximo empeo 
en lograr que las escuelas espaolas sean instituciones que 
sirvan para la transmisin, consolidacin y aprendizaje de los 
valores y de nuestra cultura. Esto slo ser posible si hacemos 
de la escuela una institucin slida y con prestigio, si 
afianzamos la autoridad moral de maestros y educadores, si 
logramos que la comunidad educativa se convierta en un centro 
vivo de cultura y de formacin de ciudadanos libres y 
responsables. Del mismo modo, las Universidades han de ser 
instituciones a la altura de nuestro tiempo para la transmisin 
de nuestros saberes, el progreso cientfico y el quehacer 
intelectual.

Por ello, pondremos el mejor y el mayor esfuerzo en devolver a 
nuestro sistema educativo su calidad y sus cuotas de exigencia, 
hoy tan irresponsablemente rebajadas. Una educacin digna de tal 
nombre ha de poner el nfasis en la libertad.

El Estado democrtico tiene unas especiales responsabilidades en 
esta gran tarea nacional. El PP considera que resulta 
indispensable la ms estrecha coordinacin en el desempeo de 
las funciones educativa, cultural y de apoyo a la ciencia que 
corresponden al Estado. Para el logro ms eficaz de tal objetivo 
se constituir  un Ministerio de Cultura y Educacin; que ser el 
gran centro impulsor de la accin de gobierno en este mbito.

El Ministerio de Cultura y Educacin desarrollar su actividad 
en constante cooperacin con las Comunidades Autnomas y apoyar  
siempre las iniciativas que partan de la misma sociedad con el 
mximo respeto de los principios de libertad y pluralismo.

1. La Cultura Como Factor De Progreso 

La cultura espaola es una de las grandes culturas del Mundo. Al 
igual que Espaa como nacin, es una cultura plural. Para el PP 
la defensa de la pluralidad de lenguas y manifestaciones 
culturales, as como la garanta de la comunicacin cultural 
entre las diversas partes de Espaa, es un compromiso 
irrenunciable.

La atencin a la cultura ser un objetivo de toda la accin de 
gobierno del PP. La poltica cultural no se reducir, tan slo, 
a un compartimento estanco, sino que inspirar otras polticas, 
como las de educacin, medios de comunicacin pblicos, turismo, 
medio ambiente, urbanismo, poltica fiscal o poltica exterior.

1.1. La responsabilidad de los poderes pblicos 

Los poderes pblicos tienen unas responsabilidades en el terreno 
cultural, expresamente recogidas en la Constitucin, en cuyo 
Prembulo se seala la voluntad de la Nacin Espaola de 
"promover el progreso de la cultura y de la economa, para 
asegurar a todos una digna calidad de vida" y en sucesivos 
artculos se refiere al papel de la cultura en la sociedad 
espaola y precisa las obligaciones del Estado y de los poderes 
pblicos.

El PP considera que junto a estas responsabilidades el principio 
de subsidiariedad debe tambin inspirar la poltica cultural, 
tanto la subsidiariedad en favor de la sociedad y de los 
individuos, como entre las distintas Administraciones.

Para el PP las obligaciones del Estado, entendido como el 
conjunto de los poderes pblicos, son bsicamente cuatro: 

* Adoptar las medidas legales de fomento y de polica para la 
conservacin de nuestro Patrimonio Histrico.

* Fomentar la accin cultural, creando un marco que favorezca y 
estimule la creacin cultural y la conservacin de esos bienes, 
as como la difusin de la cultura, facilitando el acceso a los 
bienes culturales de todos los ciudadanos.

* Dar ejemplo, conservando y dando uso al patrimonio histrico, 
respetando las formas y tradiciones que constituyen una parte 
importante del patrimonio inmaterial de nuestro pas.

* Procurar la presencia de las distintas manifestaciones de la 
cultura dentro de Espaa, garantizando la comunicacin cultural 
entre las Comunidades Autnomas, como exige la Constitucin, y 
fuera de nuestras fronteras, como uno de los ms importantes 
activos de que dispone Espaa en el mundo.

1.3.- El fomento de la cultura 

La poltica de fomento debe ir orientada a crear un marco que 
favorezca y estimule la creacin cultural y la conservacin de 
esos bienes, as como la difusin de la cultura, facilitando el 
acceso a los bienes culturales de todos los ciudadanos. Ello 
exige: 

* Una poltica educativa que apoye y facilite el inters de los 
ciudadanos por la Cultura.

* Un marco jurdico y administrativo favorable al desarrollo de 
actividades culturales y a la conservacin del patrimonio.

*Un rgimen fiscal que estimule la participacin de la sociedad 
en las actividades culturales y el desarrollo de las industrias 
culturales.

1.4. Educacin y cultura 

Para el PP, la mejor poltica cultural es una buena poltica 
educativa en la que ocupen un lugar adecuado, la enseanza de 
las humanidades, de la historia, de la filosofa, de la 
literatura, as como la promocin de las artes y de la cultura 
en general.

Para los socialistas, que ha gobernado en Espaa durante estos 
aos, la cultura no pasa por la educacin, sino por la 
animacin.

Los teatros, auditorios y salas de conciertos, en cuya 
construccin y rehabilitacin se ha hecho un esfuerzo notable, 
tienen una ocupacin muy escasa, debido principalmente a que la 
enseanza musical y de arte dramtico ha estado fuera de los 
planes de estudio, sin que las previsiones de la LOGSE, sin 
presupuesto ni profesores suficientes, lo vayan a remediar.

El PP propone: 

* Intensificar de manera efectiva, en los planes de estudio, la 
enseanza de las humanidades, de las artes y las letras.

* Incluir en los programas de enseanza y formacin profesional 
conceptos bsicos sobre la importancia del patrimonio histrico 
y su conservacin, su repercusin en la calidad de vida y 
facilitar el cultivo de actividades artsticas o culturales en 
la enseanza media y universitaria.

* Procurar la colaboracin de los medios de comunicacin con 
esta labor de educacin cultural. En el caso de los medios de 
comunicacin de titularidad pblica, deben asumir, con 
objetividad y respeto a la libertad de creacin, un papel de 
difusin y defensa de la cultura y de acercamiento de los 
espaoles a las manifestaciones culturales, tanto a las 
populares, como a las consideradas ms minoritarias.

1.5. Conservacin del Patrimonio Histrico 

El PP entiende que la proteccin del patrimonio frente a la 
expoliacin, a la exportacin ilcita y al deterioro, as como 
su enriquecimiento, es una obligacin del Estado recogida en la 
propia Constitucin, que ha de llevar a cabo de acuerdo con las 
Comunidades Autnomas.

El PP se compromete a desarrollar, con el ms amplio acuerdo 
posible, una legislacin moderna y favorable a los fines 
constitucionales: conservar y promover el patrimonio histrico. 

La Ley de 1985 supuso un paso adelante en la buena direccin, 
pero pasados diez aos de vigencia, debe mejorarse, corrigiendo 
insuficiencias y dando respuestas a nuevas necesidades, 
especialmente en el trato de los inmuebles, en mayor generosidad 
en las medidas de fomento, en reducir la discrecionalidad de la 
Administracin y en estimular la colaboracin de los 
particulares poseedores de bienes culturales.

La culminacin del inventario de los bienes que forman parte del 
patrimonio histrico espaol, que ha de hacerse en colaboracin 
con las Comunidades Autnomas, es una primera medida de 
conservacin, imprescindible para evitar la salida ilegal de los 
mismos del territorio espaol.

Es preciso, adems, incentivar la participacin privada y marcar 
unas prioridades, de acuerdo con las Comunidades Autnomas, as 
como coordinar las inversiones de stas y el Estado, e incluso 
las de los municipios. Es necesario eliminar toda 
instrumentalizacin poltica de esos presupuestos.

Se establecer una eficaz colaboracin entre los poderes 
pblicos y la Iglesia Catlica indispensable para la 
conservacin del patrimonio histrico espaol.
Se atendern, de manera efectiva, las obligaciones del Estado en 
materia de museos, archivos y bibliotecas, en coordinacin con 
las Comunidades Autnomas, a las que, en muchos casos, se debe 
transferir la gestin de esas instituciones, conservando el 
Estado la titularidad.

Se realizar, adems, una poltica presupuestaria y legislativa 
estable que permita a estas instituciones hacer frente a sus 
necesidades, por encima de los vaivenes polticos o 
administrativos.

1.6. Un nuevo marco legal y fiscal de fomento 

La combinacin de los prejuicios socialistas contra la 
iniciativa privada o social, su vocacin controladora y la 
obsesin recaudadora de Hacienda, han impedido, hasta la ltima 
legislatura, que exista en Espaa una normativa sobre mecenazgo 
y sobre fundaciones que permita a particulares y empresas 
llegar, en libertad, a muchos sitios donde la accin estatal es 
insuficiente. A tal fin, ser revisada la vigente e 
insatisfactoria Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales, que 
slo se ha aprobado cuando los socialistas no tena mayora 
suficiente para impedirlo. Se incorpora un tratamiento fiscal 
adecuado para incentivar la participacin privada en las 
actividades culturales.

En el fomento de la creacin artstica y de la produccin 
cultural, el PP apuesta claramente por el incentivo fiscal 
frente a la subvencin, pero siendo conscientes de que las 
ayudas pblicas directas son imprescindibles particularmente en 
el cine, el teatro y la msica. Las ayudas directas se aplicarn 
en todo caso con criterios objetivos, excluyendo la 
discrecionalidad y tendrn una finalidad incentivadora.

En el caso de las subvenciones, buscando estimular la iniciativa 
privada y evitar que la afinidad poltica pese ms que el 
talento o el inters de los espectadores, se tendr en cuenta la 
opinin del pblico siempre que sea posible, y el dinero pblico 
deber ser complementario del dinero privado, evitando financiar 
ntegramente con fondos pblicos actividades de iniciativa 
privada.

El Gobierno del PP se propone tambin: Reducir las trabas 
administrativas que en vez de proteger a los bienes culturales 
los convierten en una carga para sus poseedores, facilitando su 
uso y disfrute.

Facilitar crditos favorables a las entidades dedicadas a 
actividades de inters cultural, contemplando la posibilidad de 
tener en cuenta esos crditos para cubrir los porcentajes de las 
instituciones financieras dedicados a fines sociales.

Dar apoyo a la formacin de profesionales y artesanos necesarios 
para la conservacin y restauracin del patrimonio histrico y 
para la realizacin de actividades culturales.

1.7. La creacin cultural 

La cultura espaola no es slo un rico Patrimonio Histrico, del 
que sin duda nos sentimos orgullosos. La cultura espaola es 
algo vivo. No se trata slo de conservar y conmemorar, sino 
sobre todo de seguir creando y enriqueciendo ese patrimonio.

1.8. La difusin cultural 

El acceso de los ciudadanos a la cultura es una exigencia de 
cualquier sociedad libre y moderna. El gobierno del PP impulsar  
una poltica cultural dirigida a elevar el nivel cultural de los 
espaoles.

La tarea de difusin cultural comprende tres vertientes, 
contempladas todas ellas en la Constitucin: 

* La promocin del acceso de los ciudadanos a la cultura.

* La comunicacin cultural entre las Comunidades Autnomas.

* La proyeccin exterior de la cultura espaola.

El Gobierno del PP impulsar  una poltica cultural de base, 
frente a la tentacin de los "grandes proyectos" espectaculares, 
prestando gran atencin al acceso de los ciudadanos a la cultura 
mediante el buen funcionamiento de las llamadas infraestructuras 
culturales (museos, archivos, bibliotecas, teatros y 
auditorios).

Fomentar el conocimiento y la difusin de la cultura espaola 
fuera de nuestras fronteras, reforzando en especial los vnculos 
histricos y culturales que nos unen con la Comunidad 
Iberoamericana, constituye un deber histrico, una gran 
oportunidad que debemos aprovechar y es requisito imprescindible 
para el fortalecimiento del papel internacional de Espaa. El 
gobierno del PP dotar de medios adecuados y mejorar la 
coordinacin y la capacidad de actuacin de las instituciones 
culturales con proyeccin en el exterior.

El PP defender la aplicacin de una parte significativa de las 
ayudas internacionales para la cooperacin y el desarrollo a los 
proyectos de conservacin y restauracin del patrimonio 
histrico de origen hispnico, como una de las mejores maneras 
de estrechar nuestros lazos culturales con Iberoamrica.

1.9. Libro 

El libro constituye el elemento esencial de la transmisin de la 
cultura. El Gobierno del PP apoyar la red de bibliotecas 
espaolas con el fin de que la lectura se convierta en hbito 
comn entre la poblacin. Se favorecer la modernizacin y 
expansin del sector editorial espaol.

La creacin literaria y la industria editorial representan un 
sector que necesariamente debe recibir un tratamiento plural y 
que ha de ir unido, desde la escuela, a polticas de fomento de 
la lectura y de dotacin y utilizacin de las bibliotecas.

El apoyo oficial a la literatura debe orientarse no tanto a la 
creacin, sino al acercamiento del escritor a los lectores y a 
la difusin de su obra. El reconocimiento pblico, mediante los 
premios o mediante cualquier acto que implique una promocin, se 
har por; rganos integrados por: profesionales de reconocido 
prestigio, evitando as la discrecionalidad y el dirigismo, as 
como el riesgo de favorecer una cultura oficial-artificial.

1.10. Msica 

Slo promoviendo la aficin musical en la escuela, dotando a los 
centros educativos de profesores idneos y de material 
suficiente, una poltica musical tendr efectos positivos a 
medio y largo plazo.

Es preciso apoyar la difusin de la msica espaola. A este 
respecto, debe destacarse la importancia de la danza y del 
ballet espaoles. Adems de difundir nuestra msica es necesario 
conocerla, por lo que ha de promoverse la investigacin y la 
catalogacin de la misma, partiendo de los centros de 
documentacin existentes.

1.11. Artes plsticas 

Las artes plsticas exigen marcos adecuados de exhibicin, 
promocin y venta. Se percibe un distanciamiento entre el arte 
contemporneo y el pueblo, de modo que suele darse a las artes 
plsticas una consideracin elitista. La educacin en el arte 
debe llegar hasta la actualidad, promovindose una estrecha 
relacin entre los escolares y la realidad artstica. En este 
sentido es muy importante conseguir la presencia de los artistas 
plsticos en los centros educativos, considerando stos como 
centros de cultura.

El PP propugna alentar la iniciativa privada en materia de 
galeras de arte, singularmente las que presten atencin a los 
valores nuevos que encuentren dificultades en exponer sus 
creaciones.

La adquisicin de obras de arte por parte de la Administracin, 
que adems de ayudar a la labor de creacin supone la formacin 
de patrimonio, debe rodearse de las mximas garantas de 
neutralidad. La poltica de adquisiciones se disear en un 
marco que garantice la independencia de criterios y el necesario 
pluralismo.

1.12. Teatro

El teatro es un hecho cultural de primer orden, pero es, adems, 
un hecho comercial, empresarial, razn por la que requiere un 
entendimiento singular. Slo una poltica a medio y largo plazo, 
que necesariamente pasa por la enseanza, podr crear la 
suficiente aficin, sin la que toda otra ayuda tender a ser 
ineficaz.

El sector privado del Teatro est en regresin temporada tras 
temporada, presionado por una intervencin pblica desmedida, 
por fuertes impuestos y por falta de alicientes. El PP propugna 
el apoyo a las actividades profesionales privadas. Este apoyo se 
asentar  en una garanta total de objetividad y de pluralismo.

1.13. Cine 

El PP propugna el decidido apoyo a la cinematografa espaola y 
la potenciacin de la difusin internacional de nuestro cine.

El apoyo pblico al cine tendr como criterios el de la 
complementariedad y el inters de los espectadores que deben ser 
el supremo juez, al tiempo que constituyen la representacin ms 
aproximada de los contribuyentes.

Asimismo, deben tomarse medidas para movilizar hacia las 
iniciativas cinematogrficas recursos privados de patrocinio 
que, habiendo llegado a otros sectores culturales, no han 
llegado suficientemente al cine.

La Filmoteca Espaola mantendr al da sus fondos, 
descentralizando y ampliando sus actividades a toda Espaa para 
potenciar el cumplimiento de sus fines de difusin de la 
historia del cine y de fomento de la cultura cinematogrfica.

1.14. Televisin 

La televisin pblica deber ser un instrumento de difusin 
cultural, que promueva y difunda el cine, el teatro, la msica, 
la danza, la literatura y las artes plsticas, con una especial 
atencin a las obras espaolas y las nuevas creaciones.

La adecuada promocin y difusin de la cultura, en general, y de 
la espaola en particular, a travs de la televisin pblica 
deber  hacerse, en todo caso, sin caer en una competencia 
desleal que pueda restar espectadores a los espectculos en 
vivo.

1.15. Reales Academias 

Se potenciar el papel de las Reales Academias integradas en el 
Instituto de Espaa as como a las Instituciones Acadmicas de 
carcter regional o provincial en sus respectivos mbitos 
territoriales y de actividad.

El prestigio de las Reales Academias, su tradicin como 
dinamizadoras, valedoras, defensoras y creadoras de cultura y el 
saber justifican una mayor atencin para con ellas por parte de 
los poderes pblicos.

La expansin de su actividad, que favorezca su comunicacin y la 
eficacia de su alto magisterio, ha de ser paralela a una 
suficiente consignacin presupuestaria, ahora desfasada.

2. Educacin: Calidad Y Libertad 

2.1. La herencia del gobierno del socialista 

A pesar de las mejoras realizadas por los gobiernos democrticos
y los avances en materia de escolarizacin, nuestro sistema 
educativo padece serias patologas.

Los prejuicios ideolgicos del socialismo, su concepcin 
dirigista de la enseanza, la gestin burocratizada que ha 
desarrollado, han provocado una preocupante prdida de calidad y 
han limitado de modo injustificable el ejercicio de la libertad 
de enseanza: 

* No se han abordado las medidas exigidas por la evolucin 
demogrfica en los dos ltimos decenios.

* El ndice de fracaso escolar es excesivamente alto.

* El profesorado sufre una profunda desmoralizacin.

* Las ltimas reformas puestas en marcha con precipitacin y sin 
los recursos y directrices adecuadas han provocado un gran 
desconcierto muy perjudicial para el funcionamiento del sistema.

* La Formacin Profesional sigue sin encontrar su sitio en el 
sistema educativo.

* Una Universidad masificada y desorientada no responde a su 
verdadera misin al servicio de la sociedad espaola.

2.2. Principios 

Resolver todos estos problemas exige una nueva poltica 
educativa. La modernizacin de Espaa obliga a que la educacin 
se convierta en cuestin prioritaria. El PP asume este 
compromiso.

La nueva poltica educativa girar en torno a dos ejes bsicos: 
calidad y libertad. Consideramos que son dos conceptos 
inseparables, que han de ser potenciados al mximo.

2.3. Calidad 

Para ello nos proponemos como objetivos bsicos: 

* Acercar el porcentaje de gasto educativo y de investigacin a 
la media de los pases de la Unin Europea.

* Acompasar la aplicacin de las reformas educativas a su 
financiacin real, poniendo fin a aplicaciones precipitadas, sin 
exigencias de calidad y sin los medios adecuados.

* Potenciar la educacin en los valores humanos que contribuyen 
a la formacin integral de los alumnos como personas y 
ciudadanos.

* Ampliar el contenido humanstico en todo el sistema educativo.

* Dotar al profesorado de las condiciones que, atendiendo a 
estrictos criterios de profesionalidad, mrito y capacidad, les 
den motivacin para asumir activamente el papel de protagonistas 
de la necesaria renovacin de nuestro sistema educativo.

* Elaborar un marco jurdico de la funcin docente que regule 
adecuadamente el acceso, promocin y formacin permanente del 
profesorado.

* Profesionalizar la Inspeccin Educativa, atendiendo a 
estrictos criterios de profesionalidad, objetividad, competencia 
y cualificacin.

* Consolidar e intensificar la autonoma econmica, pedaggica, 
de direccin y de gestin de los centros escolares.

* Reformar las estructuras del Ministerio de Cultura y Educacin 
con un nuevo organigrama de servicios que permita acometer sus 
funciones bsicas de inspeccin de calidad, rendimiento y 
evaluacin del sistema educativo; diseo de planes bsicos de 
estudio, coordinacin y programacin escolar; fomento y 
coordinacin de I+D.

* Reformar en profundidad los rganos consultivos dependientes 
del MEC para dotarlos de credibilidad y cualificacin basados en 
su independencia y profesionalidad.

2.4. Libertad 

Libertad de enseanza y derecho a la educacin no son dos 
conceptos antagnicos, sino que han de integrarse armnicamente. 

A tal fin, el PP desarrollar  una poltica orientada a: 

* Hacer efectivo el derecho que asiste a los padres a elegir el 
tipo de educacin para la formacin de sus hijos, lo que incluye 
la libre eleccin de centro educativo sin trabas ni 
condicionamientos discriminatorios.

* Establecer la gratuidad en la educacin desde los 3 a los 16 
aos.

* Los centros educativos de titularidad pblica y los de 
iniciativa social sostenidos por fondos pblicos han de poder 
impartir la enseanza en condiciones similares, sin que se 
establezcan diferencias de trato injustificadas entre uno y otro 
tipo de centro.

* Se eliminarn las normas que limitan la libertad de creacin y 
direccin de centros docentes, garantizando el carcter propio 
de los centros como contenido esencial de la libertad de 
enseanza.

* En los niveles superiores a la educacin gratuita, ningn 
espaol deber ser excluido de poder realizar estudios -sean 
profesionales o universitarios- por razones econmicas. Bajo los 
principios de igualdad de oportunidades y de mrito y capacidad 
se establecer una nueva poltica de becas y de ayudas al 
estudio para contribuir a la plena realizacin de este objetivo.

* Se fomentar la pluralidad de ofertas educativas de calidad.

* Se favorecern los cauces de formacin de adultos ampliando 
las posibilidades de acceso a los bienes culturales y formativos 
que les permitan mejorar sus condiciones de insercin laboral y 
de participacin social.

2.5. Medidas 

2.5.1.- Educacin infantil 

El Gobierno del PP se propone: 

* Generalizar la educacin infantil, favoreciendo la 
escolarizacin entre los 3 y 6 aos garantizando la gratuidad en 
este tramo.

* Favorecer la escolarizacin de nios menores de 3 aos, en 
situaciones de dficit cultural o social recurriendo a horarios 
especiales o frmulas a tiempo parcial. Para ello se promover 
la colaboracin con los ayuntamientos y la iniciativa social.

* Mejorar la calidad de este nivel educativo, estableciendo que 
de forma progresiva lo asuman profesionales especializados con 
alta formacin psicopedaggica, as como posibilitando espacio y 
materiales adecuados y arbitrando medidas de coordinacin con 
los centros de educacin primaria que, sin menoscabo de la 
eleccin de los padres, faciliten el trnsito adecuado a stos.

2.5.2. Educacin primaria 

Con el fin de mejorar las condiciones de escolarizacin de los 
alumnos de Enseanza Primaria y garantizar la calidad de la 
enseanza, el gobierno del PP se propone:
 
* Permitir el concierto de aulas en centros concertados 
atendiendo a la demanda real de las familias para que el aumento 
de la calidad que supone la disminucin de la relacin nmero de 
alumnos/profesor, no se consiga en ningn caso en detrimento de 
la libertad, del derecho constitucional de los padres para 
elegir la educacin de sus hijos.

* Establecer la plantilla de profesorado especfica de cada 
centro.

* Incrementar los puestos de profesorado por especialidades a la 
vez que se les facilita la necesaria formacin continuada.
* Atender especialmente la enseanza de idiomas (introduciendo 
una segunda lengua extranjera ) y facilitando la iniciacin 
seria y profesional al lenguaje informtico.

* Dotar a los centros del profesorado y de los medios adecuados 
para que la educacin fsica y las enseanzas artsticas salgan 
de su actual situacin.

* Dotar con Seminarios Psicopedaggicos y de orientacin a cada 
centro o grupos de centros comarcalizados.

* Arbitrar medidas de coordinacin con los centros de educacin 
infantil y de educacin secundaria obligatoria, para facilitar 
la escolarizacin sucesiva del alumnado.

2.5.3. Educacin secundaria 

El Gobierno del PP se propone: 

* Facilitar una educacin ms personalizada a travs de un 
sistema de crditos, obligatorios y optativos.

* Integrar los contenidos tcnicos-profesionales dentro de la 
Enseanza, facilitando el contacto de los alumnos con el mundo 
productivo.

*Apoyar la educacin en este nivel educativo con servicios 
complementarios de transporte y comedor en la zona rural.

* Establecer tendencialmente el profesorado por asignaturas y no 
por reas, para conseguir una educacin ms diversificada y 
adaptada a la personalidad del alumnado.

2.5.4.- Bachillerato 

El Bachillerato, que debe tener una capacidad educativa propia, 
tendr tres aos de duracin y preparar  al alumno para el 
ingreso en la Universidad o para el mundo del trabajo, ya sea 
directamente o a travs de la Formacin Profesional de grado 
superior. Con el fin de erradicar las deficiencias existentes en 
este nivel, que se caracterizan por la masificacin de las aulas 
y la concentracin de centros excesivamente grandes en las 
ciudades, al tiempo que en no pocos municipios rurales no existe 
todava ningn centro de Bachillerato, el Gobierno del PP se 
propone: 

* Racionalizar la poltica de creacin de centros, de acuerdo 
con un mapa escolar que refleje las necesidades educativas de 
las distintas zonas y la libre demanda de los ciudadanos.

* Intensificar el sistema de tutoras, promoviendo la atencin 
personalizada de los alumnos.

* Incentivar al profesorado con medidas que favorezcan su 
promocin, potenciando las iniciativas de innovacin e 
investigacin educativas.

* Fomentar la enseanza de lenguas extranjeras a travs de un 
profesorado especializado que coordine los intercambios de 
alumnos, de profesores, experiencias didcticas nuevas, etc.

2.5.5. Programas de garanta social 

Los programas de Garanta Social, regulados en el ao 1990, se 
han empezado a aplicar en fechas muy recientes, de una forma 
inacabada, incompleta y desconectada de las zonas en que mayor 
es el abandono escolar.

Para corregir esta situacin proponemos un nuevo diseo, 
coherente con las necesidades de los alumnos y las demandas de 
la sociedad, atendiendo a los siguientes criterios: 

* Iniciar la ubicacin de los programas de Garanta Social en 
los lugares donde las necesidades sean ms urgentes, tras un 
estudio conjunto con los municipios e instituciones implicadas y 
que se plasme en los oportunos convenios.

* Aprovechar las infraestructuras de los centros docentes de 
educacin secundaria, tanto pblicos como de iniciativa social.

* Deslindar la aplicacin de los programas de Garanta Social y 
Formacin de personas adultas, para lograr una mayor eficacia en 
los objetivos perseguidos por unos y otros.

2.5.6. Integracin y educacin especial 

El sistema educativo ha de contemplar las caractersticas de 
cada nio, tanto por defecto como por exceso. De ah la 
necesidad del pronto diagnstico de las caractersticas de todos 
los nios. La atencin a los alumnos con caractersticas 
especiales exige un cambio de actitud para dar paso, al margen 
de toda retrica, a "una escuela para la diversidad". Es 
necesario mejorar el actual sistema, para lo que el Gobierno del 
PP adoptar  las siguientes medidas: 

* Sin perjuicio de proyectos experimentales, todos los centros, 
tanto estatales como aquellos que tengan concertadas aulas de 
educacin especial, sern especializados para la atencin en el 
mbito geogrfico concreto de las demandas de integracin de 
nios y jvenes con dificultades fsicas, psquicas o 
sensoriales.

* Se iniciar una poltica ms amplia de concertacin de 
unidades de educacin especial que evite la existencia de 
alumnos no atendidos o con una inadecuada proporcin profesor-
alumno.

* Se potenciarn centros especficos de educacin especial. El 
traslado de alumnos a centros ordinarios garantizar  que stos 
hayan sido previamente dotados para asumir con calidad y 
eficacia sus responsabilidades con los alumnos con necesidades 
educativas especiales. Estos centros asumirn, adems, funciones 
de atencin temprana, estimulacin precoz, taller o pre-taller.

* Se impulsar la eliminacin de barreras arquitectnicas en los 
centros educativos.

2.5.7. Profesorado 

El PP defiende la figura del profesor como profesional de la 
educacin, clave de la calidad de enseanza, y la necesidad de 
encontrar medidas estimuladoras de su rendimiento profesional.

El Gobierno del PP se propone: 

* Regular la funcin docente contemplando el acceso, promocin y 
formacin permanente del profesorado de tal manera que se ponga 
fin a discriminaciones en el acceso a la funcin pblica, 
concursos de traslado, comisiones de servicio o incentivos 
econmicos. Se procurar lograr su elaboracin consensuada con 
los sindicatos representativos.

* Impulsar la formacin inicial del profesorado, pilar bsico de 
su futura actuacin atendiendo tanto a la formacin cientfico-
didctica como a la psicopedaggica y la prctica docente.

* Abordar un sistema que garantice las sustituciones de corta 
duracin, superando las perturbadoras disfunciones actuales.

* Mejorar las condiciones de trabajo, tanto tcnicas como 
laborales del profesorado para ponerlo en condiciones de asumir 
las nuevas atribuciones y capacidad de autonoma que le sitan 
ante un trabajo ms complicado y difcil. Se apoyar n igualmente 
sus iniciativas, reduciendo su actual tensin laboral y la 
creciente burocratizacin en su trabajo y elevando su grado de 
satisfaccin profesional.

* Arbitrar medidas para proteger la salud fsica y psicolgica 
de los profesores, dando paso a una adecuada catalogacin de 
enfermedades profesionales.

* Disear Programas de Formacin Permanente del Profesorado que 
incluirn a todos los profesores y que tendrn carcter global. 
Se realizarn de forma descentralizada y en ellos se incluirn 
entre otros, cursos de formacin de directivos de centros con 
atencin al mbito gestor, tecnolgico, de direccin por 
objetivos, de participacin social, etc.; fomento de la 
investigacin activa en el mbito de la enseanza aprendizaje; 
cursos especficos para el profesorado de Formacin Profesional, 
dirigidos a lograr la actualizacin de sus conocimientos y la 
eficacia de su tarea en contacto con las empresas y cursos 
especficos para el profesorado de educacin fsica, enseanzas 
musicales e idiomas.

2.5.8. Centros educativos 

El Gobierno del PP se propone: 

* Promover la autonoma de los centros en la toma de decisiones.

* Fortalecer el papel de los equipos directivos, defendiendo su 
profesionalizacin.

* Trasladar a los centros la gestin de las obras menores de 
acondicionamiento y reparacin, con el debido control y 
supervisin y descentralizar la gestin del equipamiento y del 
material didctico.

* Adecuar la plantilla del profesorado de cada centro a sus 
necesidades educativas estableciendo mecanismos que eviten los 
actuales desfases y demoras garantizando el normal 
funcionamiento de los centros.

* Aprovechar sus recursos tanto en beneficio de la comunidad 
educativa como del entorno social programando su uso 
extraescolar para proyectos educativos culturales y deportivos 
mediante acuerdo con los Municipios.

3. Una Formacin Profesional Que Facilite El Empleo
 
Es fcil constatar la unanimidad entre las fuerzas polticas y 
sectores sociales para reconocer que la Formacin Profesional en 
Espaa es un fracaso. Su falta de prestigio, su diseo 
inadecuado, su errneo emparejamiento con el fracaso escolar y 
la desvinculacin del mbito laboral y empresarial exigen 
abordar de manera decidida y rotunda una poltica de prestigio, 
alternativa a la enseanza superior, eficaz y creble.
Para alcanzar esos fines el gobierno del PP adoptar el 
siguiente conjunto de medidas: 

* Aplicar de manera urgente el Programa Nacional de Formacin 
Profesional, elaborado con los interlocutores sociales y basado 
en la existencia de un Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, fundado en los estudios sectoriales y que atienda 
de manera especial y prioritaria a las PYMES y sectores 
estratgicos de creacin de nuevos empleos o reciclaje 
profesional.

* Elaboracin definitiva del Catlogo de Ttulos y Certificados 
Profesionales conforme a la directiva 92/51 sobre reconocimiento 
de formaciones profesionales, a fin de acreditar y validar a 
nivel europeo la oferta formativa.

* Desarrollar el contenido formativo de los contratos de 
aprendizaje para convertirlos en pieza bsica del nuevo sistema.

* Garantizar la efectiva realizacin de prcticas en la empresa.

* Mejorar la movilidad entre las distintas partes del sistema 
educativo y en su relacin con la Formacin Profesional y 
garantizar en cualquier momento del proceso formativo de una 
persona la incorporacin a las distintas vas educativas de la 
Formacin Profesional. Se modificar  la LOGSE para que el acceso 
de los titulados de grado medio al superior se realice sin la 
exigencia de cursar el bachillerato.

* Establecer una autntica y eficaz coordinacin orgnica entre 
los departamentos ministeriales competentes, las 
Administraciones Pblicas implicadas y los interlocutores 
sociales, tanto sindicales como empresariales y educativos, 
pblicos o de iniciativa social.

* Intensificar de modo sustancial y de forma coordinada la 
poltica de orientacin profesional, coordinando todos los 
servicios e instituciones dedicados a esta funcin.

* Perfilar un sistema de correspondencias y convalidaciones 
entre las enseanza de la FP reglada y los conocimientos 
adquiridos en la formacin ocupacional y la experiencia laboral.

* Estimular a las empresas y trabajadores a invertir en 
formacin permanente, impulsando una reforma de las prcticas 
contables que, de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, 
mejoren la informacin sobre el valor de las inversiones 
dedicadas a formacin.

* Realizar un Programa de Formacin del Profesorado especfico y 
permanente para toda la Formacin Profesional, que permita un 
continuo reciclaje del conjunto del profesorado de los distintos 
centros de estas enseanzas.

* Reformar y potenciar el Consejo General de la Formacin 
Profesional, manteniendo su carcter tripartito a la vez que se 
acenta su carcter tcnico, supervisando y evaluando el 
cumplimiento de la normativa y la experimentacin de nuevas 
iniciativas o la coordinacin con otras iniciativas.

4.- La Universidad Que La Sociedad Demanda 

El evidente crecimiento cuantitativo de la Universidad se ha 
realizado, desgraciada o innecesariamente, a costa de un 
deterioro cualitativo que impide que la universidad alcance los 
niveles de calidad exigibles del pas que queremos ser.

El Gobierno del PP orientar su poltica universitaria en 
promover las condiciones y eliminar los obstculos para que el 
ejercicio de la autonoma universitaria, al servicio de la 
calidad cientfica y docente, pueda ser real y efectiva.

Para ello se adoptar el siguiente conjunto de medidas: 

* Se disear  una carrera acadmica que con el fin de 
incrementar y garantizar la calidad del profesorado, potencie la 
tarea investigadora y la formacin continua.

* El acceso a los cuerpos de catedrticos y titulares de 
universidad se realizar a travs de un sistema de habilitacin 
nacional, que valore con la mxima objetividad el mrito y la 
capacidad atendiendo a la preparacin cientfica y conocimientos 
especficos de los aspirantes.

* Se replantearn los rganos de gobierno universitario, 
garantizando que las facultades de decisin las ejerzan los 
especficamente competentes en los problemas abordados, 
confiriendo protagonismo a los rganos unipersonales (Rectores, 
Decanos, Directores), para que la autonoma universitaria sea 
ejercida responsablemente, al margen de todo anonimato 
colectivo.

* Se estimularn las titulaciones de ciclo corto, exigiendo que 
el profesorado, salvo excepciones especficas, sea de idntico 
nivel que las de ciclo largo, evitando con ello que lleguen a 
verse consideradas como de segundo orden.

*Se mejorar el sistema de becas y se desarrollar un tipo de 
ayudas basado en prstamos con inters subvencionado.

* Se reformar el sistema de selectividad a fin de atender de 
una manera ms justa y adecuada a la vocacin, aptitud y 
preparacin de los alumnos.

* Se pondr fin a las discriminaciones que vienen sufriendo los 
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientficas, haciendo que el acceso a tales plazas se realice en 
condiciones de publicidad y objetividad equiparables a las de 
profesorado universitario, equiparndoles en su capacidad de 
participar en los rganos de gobierno, reconocindoles la 
jubilacin a los 70 aos, etc.

* Se contemplar el carcter nacional y caracterstico propio de 
metodologa en la UNED, abordando la problemtica de los 
"tutores" y otorgando la dotacin suficiente.

* Transferidas las Universidades, la Administracin central 
establecer programas de cofinanciacin de titulaciones y 
centros universitarios, que garantizan un equilibrio en la 
oferta y nivel de calidad de los estudios universitarios en todo 
el pas. Se incentivar la cooperacin e iniciativas sociales y 
empresariales en la financiacin de las Universidades, a travs 
de una Ley del Mecenazgo que contemple las oportunas 
desgravaciones fiscales.

5. Poltica De Investigacin Y Tecnologa 

La poltica cientfica del Gobierno del PP estar orientada a 
aumentar la eficacia de la innovacin tecnolgica, como factor 
bsico para alcanzar mayores niveles de productividad 
industrial, de competitividad internacional, de creacin de 
empleo y de mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Se 
articular  en torno a dos ejes. El primero ser la conjuncin 
entre la poltica cientfica, tecnolgica e industrial con una 
economa nacional competitiva. El segundo ser la creacin de un 
entorno socioeconmico que favorezca la generacin y realizacin 
de las actividades de I+D+I. La responsabilidad bsica de la 
innovacin tecnolgica es de las empresas, pero ciertas 
caractersticas de su proceso (incentivos, incertidumbre, 
economas de escala, etc.) exigen una decidida actuacin 
pblica. Sern analizados y revisados con serenidad tanto la 
"Ley de la Ciencia" como el Plan Nacional de I+D.

En consecuencia: 

* Paralizado en el ltimo decenio el prometedor ascenso de la 
inversin en I+D, que es ahora slo del 0,85% del PIB, el 
Gobierno del PP se propone elevarla en un futuro prximo a nivel 
medio en la Unin Europea dnde alcanza ya el 2% del Producto 
Interior Bruto. La participacin en ella de la inversin privada 
se pretende sea igual o superior al 50% del total.

* Se concertar la poltica de I+D con otras polticas 
sectoriales, como las de educacin, cultura, industria, 
agricultura, sanidad, obras pblicas, comunicaciones, desarrollo 
regional, defensa y economa, para contribuir a los fines de 
stas y para que todas ellas tengan en cuenta la dimensin 
cientfica y tecnolgica de la accin pblica.

* Se disearn con el sector empresarial los medios de formacin 
y entrenamiento en la gestin de la I+D. En este sentido se 
procurar mayor interaccin entre los centros pblicos de 
investigacin, las universidades y la empresa, fomentando y 
organizando el intercambio tecnolgico que permita a las 
empresas adquirir ventajas competitivas y su ms activa 
participacin en el proceso de generacin de conocimientos, 
apoyando la innovacin empresarial con incentivos fiscales y 
econmicos.

* Se acordar el establecimiento de sistemas de informacin en 
el seno de las empresas y de centros que proporcionen a stas 
informacin, asistencia y asesora sobre mercados y sobre 
tecnologas, reforzando su capacidad de absorcin y adaptacin. 

Con carcter urgente, se favorecer la utilizacin a gran escala 
de las autopistas de la informacin.

* Se reforzarn los centros tecnolgicos y los de excelencia 
como grupos punteros experimentales y cientficos, resultado de 
aos de esfuerzo investigador e inversor y se facilitar que 
acten como germen de otros centros.

* Se har una evaluacin de los programa de I+ D, que concilie 
la libertad de los investigadores y protagonistas del proceso de 
innovacin con una administracin de los recursos que atienda a 
las necesidades reales y a los intereses estratgicos de nuestro 
pas. Especial atencin se prestar a los sectores tradicionales 
y a las PYMES que forman la base de nuestro tejido industrial.

* Con objeto de movilizar, desarrollar y utilizar eficazmente 
los recursos humanos en el proceso de innovacin y difusin, se 
establecer una coordinacin entre el sistema educativo y el 
mercado de trabajo, en particular en los niveles secundario y 
superior, atendiendo muy singularmente a la enorme importancia 
estratgica que en este sentido tiene el tercer ciclo de los 
estudios universitarios.

* Se otorgar a la Comisin Interministerial de ciencia y 
tecnologa, a sus organismos consultores, as como a la Agencia 
Nacional de Evaluacin y Prospectiva el rango poltico y el 
marco jurdico, competencial y poltico adecuados, a fin de 
potenciar su actividad, estableciendo los mecanismos de 
coordinacin interministerial y con las restantes 
administraciones pblicas.

* Se mejorar la participacin espaola en los programas 
internacionales tales como EUREKA, El Programa Marco de la Unin 
Europea, la Agencia Europea del Espacio, el CERN, CYTED etc. 
definiendo el mbito de actividades y recuperando los retornos 
correspondientes, con la voluntad de superar cuando proceda la 
actual situacin deficitaria.

* Se equilibrar adecuadamente el esfuerzo interno con la 
contribucin espaola a la cooperacin cientfica y tecnolgica 
internacional, posibilitando la mxima rentabilidad, as como la 
cooperacin en proyectos estratgicos tanto por su nivel como 
por su mbito geogrfico.

* Se prestar especial atencin a las necesidades del personal 
investigador dedicado a tareas de I+D por lo que respecta a su 
formacin y perfeccionamiento, a su situacin profesional y a 
las oportunidades de aplicacin de las capacidades. Dado el 
carcter de su actividad, el personal investigador deber contar 
con un marco de actuacin lo ms flexible posible que permita, 
sin trabas ni prejuicios, la transferencia de personal del 
sector pblico al privado y viceversa, en aras de la mayor 
eficacia de los programas de investigacin nacionales.


6. El Deporte, Factor De Bienestar 

El deporte constituye hoy una de las demandas ms 
caractersticas de la sociedad espaola, a la que el PP quiere 
responder con una nueva poltica deportiva basada en el 
protagonismo de la sociedad y en la primaca de las 
consideraciones deportivas sobre las polticas.

Los elementos bsicos de esta poltica deportiva sern: 

* Mejorar el modelo deportivo impulsando la creacin y 
actividades de Clubes, Asociaciones y Federaciones, de manera 
que predomine lo deportivo sobre lo poltico, revitalizando el 
deporte escolar y universitario, como elemento fundamental de la 
estructura deportiva.

* Reformar el marco jurdico, modificando y completando el 
desarrollo de la vigente ley del deporte, limitando las 
competencias de la Administracin deportiva, estableciendo el 
control de subvenciones que sern otorgadas con criterios 
objetivos y reestructurando el Consejo Superior de Deportes. Se 
asegurar la independencia del Comit Olmpico Espaol y de 
Federaciones, Asociaciones y Clubes y se garantizar que los 
derechos y deberes de las Sociedades Annimas Deportivas y de 
sus accionistas y administradores sean similares a los del resto 
de las sociedades annimas complementados por las 
particularidades deportivas que establezcan sus Federaciones. Se 
defender el deporte y al deportista profesional y se 
establecern los campos profesionales y condiciones de acceso a 
ellos en todos los niveles educativos y profesionales de las 
titulaciones deportivas.

* Mejorar la financiacin del deporte, facilitando la 
participacin de la iniciativa privada en actividades 
deportivas, as como en la construccin y explotacin de 
instalaciones deportivas de uso pblico, mediante adjudicacin 
por concurso y asignacin de lneas prioritarias de crdito.

*Elaborar un plan director de instalaciones deportivas de 
inters general, que incluyendo los centros de alto rendimiento 
y la construccin, remodelacin y mantenimiento de instalaciones 
deportivas en los centros educativos, contemple las normas para 
la homologacin de las instalaciones.

* Impulsar medidas educativas complementarias, como potenciar la 
educacin fsica desde la educacin infantil con personal 
cualificado, modificar el Consejo Espaol del Deporte 
Universitario, respetando la autonoma de la Universidad y la 
ampliacin en los campeonatos escolares y universitarios.

* Impulsar medidas sociales como intensificar la prctica del 
deporte entre la juventud de barrios marginales con la 
colaboracin de deportistas que sirvan de ejemplo y estmulo; 
potenciar el deporte como elemento integrador en todos aquellos 
colectivos con algn grado de minusvala, y desarrollar un marco 
que fomente el deporte en los centros penitenciarios y de 
reinsercin.

* Incrementar las medidas que conduzcan a la erradicacin de la 
violencia en los espect culos deportivos.

* Impulsar la investigacin en materia de tecnologa 
deportiva para la mejora del deporte de alta competicin, al 
que se dotar  de un adecuado estatuto.

III. FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO Y LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRTICAS 

La restauracin del rgimen democrtico fue una gran obra, 
resultado de la voluntad del pueblo espaol y del impulso de la 
Corona con la colaboracin del ms amplio abanico del pluralismo 
poltico espaol. Culmin con la Constitucin de 1978, smbolo 
de la concordia nacional.

En los aos de la transicin se pusieron los cimientos del 
Estado de Derecho e iniciaron su andadura las instituciones que 
forman el entramado orgnico-constitucional bajo el principio de 
la divisin de poderes.

Durante los aos de ejercicio del poder socialista se han 
producido fenmenos y episodios, algunos de ellos de extrema 
gravedad, que han supuesto un preocupante debilitamiento del 
Estado de Derecho. El principio de la mayora se ha interpretado 
y aplicado abusivamente, al pretender que todo lo que el poder 
dispusiera fuese legtimo.

El gobierno socialista y su mayora parlamentaria, suplida en la 
ltima legislatura por CiU, han introducido en estos aos 
restricciones en el rgimen de libertades y han enrarecido el 
normal funcionamiento de las instituciones. El Parlamento se ha 
visto con frecuencia impedido de ejercer su funcin de control 
al negrsele informacin o al rechazar la mayora socialista, 
por sistema, las propuestas de creacin de comisiones de 
investigacin. Al Consejo General del Poder Judicial no se le 
han conferido las competencias adecuadas para garantizar el 
cumplimiento de su funcin al servicio de la independencia de la 
Justicia.

El Partido Socialista incluso pretendi restringir de manera 
inconstitucional, la inviolabilidad del domicilio, desfigurando 
el concepto de flagrante delito para eludir la autorizacin 
judicial en ciertos registros domiciliarios y la retencin 
gubernativa para no tener que aplicar las garantas 
constitucionales de la detencin policial.

Asimismo, se ha producido el debilitamiento del principio de 
legalidad en la accin de la Administracin segn podra 
deducirse del extraordinario incremento de recursos contenciosos 
administrativos contra su actuacin, o de las muchas normas que 
han aumentado la discrecionalidad en el uso de las potestades 
administrativas.

Finalmente, el Gobierno y el Partido Socialista son responsables 
de la permanente manipulacin de la informacin realizada por 
los Servicios informativos de una institucin pblica que 
debera estar al servicio de la democracia, como es la 
Televisin Espaola. Sus informativos vulneran habitualmente el 
derecho a una informacin veraz y neutral que tienen los 
ciudadanos. La cuestin no radica en la mayor o menor presencia 
del Gobierno en los programas informativos, en los que tambin 
hay un manifiesto abuso. La cuestin radica en la constante 
deformacin en la imagen y en los contenidos de todo aquello que 
en la realidad cotidiana es crtico o simplemente no favorece al 
Gobierno y al Partido socialista. Es antidemocrtico que el 
primer partido de la oposicin, as como otros grupos sociales, 
no tengan acceso a Televisin Espaola, hayan de padecer una 
constante distorsin de su imagen y ni siquiera puedan ejercer 
adecuadamente un derecho de rplica. El Gobierno ha puesto 
Televisin Espaola al servicio de su partido y ha contribuido 
as a deteriorar gravemente el funcionamiento del sistema 
democrtico.

Pero en la dcada socialista hay otras deformaciones 
institucionales tambin graves de las que el Gobierno socialista 
es responsable. El Fiscal General del Estado, el Tribunal de 
Cuentas o el Defensor del Pueblo han perdido prestigio. 

Asistimos en la legislatura anterior a un intolerable 
"consenso", forzado por el Gobierno para que el Defensor del 
Pueblo no presentase recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley de Seguridad Ciudadana. Hemos contemplado con estupor cmo 
el Tribunal de Cuentas no encontraba irregularidad alguna en el 
asunto Filesa y vimos cmo el anterior Fiscal General de Estado 
olvid las funciones que le asigna la Constitucin, y por accin 
u omisin, explcita o implcitamente, sala en defensa de los 
socialistas o amenaz con querellas a la oposicin.

En sntesis, el gobierno socialista y su mayora parlamentaria: 

* Han bloqueado con frecuencia la funcin de control del 
Parlamento, oponindose por ejemplo a suministrar informacin o 
a crear comisiones de investigacin.

* Han manipulado la televisin estatal en su beneficio y en el 
de su partido vulnerando el Estatuto de RTVE y el art. 20 de la 
Constitucin.

* Han patrimonializado instituciones como la Administracin 
Pblica, el CIS, la Fiscala General del Estado o el Tribunal de 
Cuentas.

* Han utilizado instituciones y medios pblicos para 
descalificar a la oposicin y para negarle el carcter de 
alternativa.

* Han propiciado leyes gravemente restrictivas de las libertades 
fundamentales, como la que debilita la inviolabilidad del 
domicilio y autoriza la patada en la puerta o la llamada 
retencin gubernativa.

Todo ello ha producido un deterioro institucional que hay que 
superar mediante la revitalizacin democrtica que el PP 
propone. Es preciso recuperar el espritu de la transicin 
democrtica que propici el dilogo y favoreci un equilibrio 
institucional respetuoso con la autonoma de cada institucin. 

En la nueva etapa poltica que se iniciar tras las elecciones 
del 3 de marzo, el PP impulsar todas las acciones y medidas 
necesarias para que la democracia y el Estado de Derecho sean de 
nuevo realidades vivas percibidas por los espaoles. El 
compromiso del PP al servicio de las libertades y de la 
democracia pluralista es irrenunciable e inspirar
toda la accin del Gobierno.

1. El Parlamento, En El Centro De La Vida Poltica 

Las Cortes hoy legislan con deficiencia y controlan poco. Las 
causas principales de semejante situacin son: la vigencia de un 
reglamento en exceso formalista y la actitud prepotente de la 
mayora socialista, mantenida con el apoyo de CiU en la ltima 
legislatura.

La salud de la democracia demanda una revitalizacin 
institucional del Parlamento y ste, a su vez, una reforma de 
las normas reglamentarias; reforma que, en aras de la 
recuperacin institucional del Congreso y de su acercamiento a 
la opinin pblica y a los problemas reales de la sociedad, se 
basar en los siguientes criterios: 

* Convenir con las dems fuerzas polticas el desbloqueo de las 
listas electorales, de suerte que puedan recoger las 
preferencias del votante.

* Promulgar el Reglamento de las Cortes Generales 

* Agilizar el procedimiento legislativo y a tal fin:
 
- Primar la vertiente poltica de la discusin de los 
proyectos de ley en el Pleno sobre la vertiente tcnica y 
jurdica que se realizar  en Comisin.

- Evitar que el debate legislativo en Pleno y en Comisin 
sea reiterativo.

* Fortalecer la capacidad del Parlamento para exigir la 
respuesta del Presidente del Gobierno a preguntas e 
interpelaciones de especial relieve.

* Establecer, en un marco temporal razonable y sin dilaciones 
interesadas, la obligatoriedad de comparecencia de los 
Ministros, as como de la remisin de los documentos necesarios 
para supervisar la actuacin del Ejecutivo.

* Instituir, al servicio de los Diputados y de los Grupos 
Parlamentarios, una oficina tcnica de control presupuestario, 
con vinculacin orgnica y funcional a las Cortes y dotada de 
medios econmicos y humanos suficientes. La razn de ser de la 
medida no es otra que la de hacer posible la vigilancia de la 
aplicacin de los Presupuestos Generales del Estado y evaluar 
todas las iniciativas parlamentarias que incidan en el gasto 
pblico.

* Regular las comisiones de investigacin con el fin de que se 
atengan con objetividad a la dilucidacin de responsabilidades 
polticas. Su creacin no depender de la exclusiva voluntad de 
la mayora.

* Organizar de manera diferente los trabajos legislativos y el 
desarrollo del debate pblico y en concreto:
 
- Incrementar el tiempo y los turnos del debate no 
legislativo o permitir que cada grupo parlamentario 
administre su tiempo dividindolo en varios turnos. tambin 
debern organizarse debates abiertos, sin tiempo lmite y 
sujetos a la mocin de cierre cuando se produzca el 
agotamiento del tema.

* Delimitar claramente las obligaciones del Gobierno y a tal 
fin: 

- Regular la obligacin del Gobierno y de las 
Administraciones Pblicas de suministrar a la Cmara toda 
la informacin y documentacin que se solicite, sin ms 
excepciones que las que derivan de la declaracin formal 
por el Consejo de Ministros de materia reservada o secreto 
oficial.

2. La Justicia: Poder Independiente Y Servicio Eficaz 

La Constitucin Espaola de 1978, al consagrar un Estado Social 
y Democrtico de Derecho, estableci las pautas fundamentales de 
un nuevo modelo de Justicia que, sin embargo, no ha sido 
desarrollado en plenitud hasta el momento. Los gobiernos 
socialistas han perdido unos aos cruciales para la 
modernizacin de la Justicia y, con su errtica poltica, basada 
primero en reformas con fines claramente sectarios 
(parlamentarizacin total del Consejo General del Poder 
Judicial; reduccin de la edad de jubilacin de Jueces y 
Magistrados; ingreso en la Carrera Judicial por el sistema de 
turnos) y luego en contrarreformas oportunistas, han generado 
una Administracin de Justicia atascada, deteriorada en su 
calidad y profesionalidad, y que no goza de la necesaria 
confianza de los espaoles como instrumento eficaz e 
independiente de satisfaccin de pretensiones justas.

El modelo de Justicia del PP no es otro que el modelo de 
Justicia querido por la Constitucin, y no desarrollado por los 
sucesivos Gobiernos socialistas; a saber: a) Una justicia 
independiente (Ttulo VI, C.E.); b) R pida y eficaz (Art. 24, 
C.E.); c) Prestada por Jueces y Magistrados profesionales (Art. 
122, C.E.) responsables (Art. 117 y 121, C.E.) y sometidos 
nicamente al imperio de la Ley (Art. 117, C.E.); d) Proteccin 
especial de los derechos y libertades fundamentales (Art. 53.2 
C.E.).

Para desarrollar este modelo y lograr el objetivo de la 
modernizacin y eficacia de la Justicia, el PP se compromete con 
los espaoles a desarrollar las siguientes iniciativas en su 
accin de Gobierno: 

2.1. Para recuperar y fortalecer la independencia del Poder 
Judicial.

* Una Ley Orgnica devolver al Consejo General del Poder 
Judicial su carcter de rgano de gobierno del mismo, a travs 
de: a) La eleccin de 12 de sus 20 vocales de entre y por Jueces 
y Magistrados de todas las categoras con arreglo a un sistema 
proporcional; b) La devolucin de competencias sustradas al 
Consejo en la ltima reforma o nunca desarrolladas: potestad 
reglamentaria, seleccin y formacin de Jueces, etc.; c) La 
articulacin de una frmula de responsabilidad de los actos de 
gobierno del Poder Judicial.

* El carcter de rgano constitucional del Consejo requiere para 
su configuracin el consenso ms amplio posible entre las 
fuerzas con representacin parlamentaria, que el PP se 
compromete a buscar para la tramitacin de esta Ley.

* Restablecimiento del Ministerio de Justicia, separndolo de la 
fracasada unin con el de Interior, e integrando en el nuevo 
Departamento todas las competencias del Ejecutivo en su relacin 
con el rgimen jurdico de garantas de las libertades y 
derechos fundamentales.

* La garanta de la independencia y neutralidad poltica de los 
Jueces, y por tanto la confianza en la Justicia, reclama una Ley 
que impida la vuelta de Jueces y Magistrados a sus mismos 
Juzgados y Tribunales tras haber desempeado puestos polticos; 
la nueva regulacin establecer la situacin de excedencia para 
los Jueces y Magistrados que quieran participar en poltica y la 
imposibilidad de volver al ejercicio jurisdiccional o de ser 
promovidos a rganos constitucionales durante los cinco aos 
siguientes al cese en el puesto poltico.

2.2. Para garantizar la profesionalidad de todo el personal al 
servicio de la Administracin de Justicia.

* Restriccin del uso del tercer y cuarto turnos de acceso a la 
Carrera Judicial, utilizado hasta ahora en forma abusiva en 
notorio perjuicio de la profesionalidad y objetividad que 
proporciona el sistema de oposicin. El Consejo General del 
Poder Judicial determinar anualmente el cupo correspondiente a 
los llamados "turnos", pudiendo en los prximos aos mantener en 
cero el nmero de plazas a cubrir por tales turnos y sin que en 
ningn caso puedan suponer, anualmente y de forma conjunta, ms 
de la cuarta parte de las plazas convocadas para oposiciones.

* Restriccin de la provisin temporal o interina de las plazas 
judiciales.

* Nombramiento del Fiscal General de entre los miembros de la 
Carrera Fiscal, y bsqueda de un amplio consenso parlamentario 
para reformar el sistema, de forma que quede garantizada la 
autonoma de la Fiscala General.

* Adscripcin de los Secretarios Judiciales al Consejo General 
del Poder Judicial, utilizando para ello la reforma de su Ley 
Orgnica.

* Dependencia funcional del Consejo General del Poder Judicial 
de los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales, as como de 
los Mdicos Forenses.

2.3. Para lograr una justicia rpida y eficaz 

* Un paquete de medidas urgentes contra el atasco se pondr de 
inmediato en marcha por el Gobierno, con los siguientes 
contenidos: 

- La adscripcin en la medida necesaria a los Juzgados y 
Tribunales que se detecten como puntos negros, por el 
volumen de asuntos acumulados, de Jueces y Magistrados que 
puedan compaginar la titularidad que ostenten con otra de 
tales Juzgados, dotndoles de los medios necesarios y de un 
complemento especial de productividad.

- La puesta en marcha gradual de los Juzgados Unipersonales 
de lo Contencioso-Administrativo, con competencias en 
materias de Administracin Local, entre otras 
(funcionarios, tributos locales y licencias urbansticas) 
que se proveern por concurso-oposicin entre Jueces y 
Magistrados.

- La tramitacin por el procedimiento de urgencia de un 
Proyecto de Ley de reforma de los juicios ejecutivos y del 
procedimiento de ejecucin de sentencias y procedimientos 
concursales.

* La reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, 
bajo los siguientes principios: 

- Reduccin drstica de procedimientos especiales.

- Innovacin del rgimen de los actos procesales, con un 
nuevo sistema de actos de comunicacin ms expeditivo y 
rpido, y mxima unificacin de los plazos.

-Nuevo rgimen de la prueba, con sustitucin de la 
confesin en juicio por un interrogatorio de las partes; 
una regulacin ms realista y menos complicada de la prueba 
pericial y del reconocimiento judicial y una reordenacin 
de la prueba documental.

* Ordenacin e implantacin de un sistema informtico, que 
abarque desde la informtica de gestin (tanto de la Oficina 
Judicial como del procedimiento) a la propiamente llamada 
informtica jurdica (banco de datos: legislacin y 
jurisprudencia), as como apoyo al Registro de la Propiedad en 
su proyecto de homologacin informtica del Registro del 
Catastro.

* Potenciacin del arbitraje.

2.4. Para conseguir una justicia equilibrada y eficaz que 
garantice el imperio de la ley 

* Reforma urgente del sistema de penas en el nuevo Cdigo Penal, 
que corrija la desproporcionada rebaja de la prisin a los 
delitos ms graves (asesinato, violacin, delitos de 
corrupcin), que garantice el cumplimiento ntegro de las penas 
por narcotraficantes y terroristas y el cumplimiento real de las 
restantes penas privativas de libertad, y ponga en manos de los 
Jueces los permisos penitenciarios y las progresiones de grado, 
acabando con la excarcelacin por va administrativa so pretexto 
de reinsercin.

*Redefinicin ms estricta de las competencias de la Audiencia 
Nacional.

* Reforma de la Polica Judicial que debe tender a su 
especializacin y dedicacin exclusiva y a lograr que est
efectivamente adscrita a los Juzgados y Tribunales, atribuyendo 
al Consejo General del Poder Judicial la facultad de informar la 
designacin de sus mandos.

* Reforma del sistema de responsabilidad de Jueces y 
Magistrados, que ample los supuestos de indemnizacin a los 
particulares por error judicial y anormal funcionamiento de la 
Administracin de Justicia.

2.5. Para reforzar la tutela de los derechos y libertades 

Se atender  el mandato del art. 53.2 de la Constitucin y se 
regular un procedimiento preferente y sumario ante los 
Tribunales ordinarios para la tutela de los derechos y 
libertades fundamentales.

2.6. Participacin y corresponsabilidad de la sociedad 

Los Colegios Profesionales relacionados con la Justicia han de 
potenciar su funcionamiento autnomo como representantes de los 
intereses de sus asociados, y al servicio del inters general.

2.7.- Administracin penitenciaria 

Se continuarn los programas de construccin y mejora de los 
establecimientos penitenciarios y se velar por la garanta del 
ms escrupuloso respeto de los derechos humanos de los internos 
y por la lucha activa contra la droga en las crceles.

3. Una Administracin ms Sencilla Al Servicio Del Ciudadano 

La Administracin Pblica est siendo duramente criticada por su 
incapacidad para responder a las demandas de una sociedad 
moderna y plural que exige respuestas rpidas, eficaces y 
eficientes.

Esta preocupacin y esta crtica cobran un especial relieve en 
Espaa. Hablar del deterioro que en la dcada de gobierno 
socialista ha sufrido la Administracin Pblica es casi hablar 
de lo evidente: la lentitud en los procedimientos, la ausencia 
de respuesta a las demandas y pretensiones de los ciudadanos, 
las interminables listas de espera, la deficiente calidad de 
algunos servicios, la discrecionalidad, arbitrariedad y hasta el 
sectarismo en los procedimientos de acceso y promocin dentro de 
la Funcin Pblica, han sido moneda corriente durante estos 
aos.

Desde las propias filas socialistas se ha reconocido el fracaso 
de sus sucesivos gobiernos en la reforma, modernizacin y 
regeneracin de la Administracin Pblica, que ha producido, por 
el contrario, resultados como: la multiplicacin de estructuras 
y una desmedida creacin de altos cargos y puestos de alto 
nivel; el aumento considerable del dficit pblico, del 
despilfarro y de la corrupcin; la desprofesionalizacin de la 
Funcin Pblica; o la inadecuacin al nuevo diseo de 
competencias autonmico y local consagrados en la Constitucin.
 
Estos fracasos hacen necesario acometer una seria reforma, 
modernizacin y regeneracin de la Administracin pblica.

El PP pretende que la Administracin sea un instrumento austero, 
transparente y eficaz para el cumplimiento de los servicios que 
corresponden al Estado y que facilite al tiempo el dinamismo de 
la sociedad desterrando la ineficacia, el despilfarro y la 
corrupcin. Para ello, es imprescindible afrontar los dos 
grandes retos que la Administracin Pblica tiene planteados:
 
* En el mbito interno, la Administracin del Estado debe 
definir su posicin y cometidos propios, adecuando su estructura 
y funcionamiento al diseo del rgimen de Administracin nica 
que evite duplicidades, encarecimiento y confusin.

* En el mbito externo, es necesario que la Administracin del 
Estado respete la libre iniciativa social y abandone las 
posiciones de monopolio o intervencionismo excesivo. Ello supone 
una nueva concepcin de las relaciones Administracin-Sociedad 
en la que se diseen y robustezcan sus potestades 
imprescindibles, al tiempo que se abandonan otras actuaciones 
para permitir un rgimen de intercambios seguro, libre y 
debidamente informado.

El proceso de remodelacin y modernizacin de la Administracin 
del Estado es, por lo tanto, la respuesta a esos dos grandes 
retos y debe iniciarse sentando las ideas y principios 
cardinales que sirvan como motores del cambio en los sectores 
estratgicos: concepto, organizacin, funcionamiento y personal.

3.1. Principios que definen la poltica popular de 
Administraciones Pblicas 

* Principio de neutralidad poltica de la Administracin. La 
neutralidad poltica de la Administracin se redondea con la 
neutralidad administrativa del Gobierno, de la cual es clave una 
Administracin Pblica profesionalizada, a travs de un Estatuto 
de la Funcin Pblica en el que primen los principios de mrito 
y capacidad.

* Principio de legalidad. El Gobierno y la Administracin deben 
actuar con sujecin plena a la Ley y el Derecho, y con criterios 
de objetividad e imparcialidad.

* Principio de subsidiariedad. La Administracin Pblica debe 
actuar complementando a la sociedad; no haciendo por ella lo que 
sta pueda hacer por s misma.

* En el mbito interno, cada entidad territorial debe tener 
capacidad para gestionar los intereses que a ella afectan.

*Principio de coordinacin y cooperacin. La realidad del actual 
reparto de competencias del Estado de las Autonomas demanda la 
vigencia de este principio de coordinacin y colaboracin de las 
Administraciones Central, Perifrica y Territoriales.

La nueva concepcin de la Administracin del Estado exige a sta 
abandonar su tradicional pretensin de omnipresencia. Su 
articulacin con los niveles de gobierno comunitario, autonmico 
y local exigen la definicin de su identidad. sta debe 
centrarse en una correcta comprensin de sus responsabilidades 
propias.

3.2. Objetivos del programa popular 

* Una Administracin moderna 

Una Administracin moderna que responda a las circunstancias de 
los nuevos tiempos y sea consecuente con: a) La pertenencia de 
Espaa a la Unin Europea; b) La configuracin de Espaa como un 
Estado de las Autonomas; c) Las exigencias de los nuevos modos 
de organizacin social y de la prestacin de los servicios 
pblicos; d) La incorporacin de modos de organizacin y mtodos 
de trabajo de eficacia probada en otros mbitos del quehacer 
social y econmico.

* Una Administracin simplificada y ajustada en su tamao a la 
nueva organizacin del Estado.

* Una Administracin gil y eficaz 

Una Administracin gil y eficaz, para lo cual ser necesario 
reconvertir los procedimientos de actuacin de la Administracin 
Central y los que por puro mimetismo copian las Administraciones 
Autonmicas y aplicar con rigor el principio de desconcentracin 
administrativa.

Los cometidos de la Administracin estatal se configurarn con 
arreglo a grandes reas de organizacin por objetivos. El diseo 
de esas reas organizativas deber arrancar con la reforma de 
los Ministerios y proseguir con la de los Organismos 
instrumentales, Administracin Perifrica e Institucional, con 
el objetivo final de que el conjunto sea operativo en trminos 
de eficacia.

* Una Administracin austera y eficiente 

La Administracin ha de introducir criterios de economicidad y 
de evaluacin de la eficiencia en los servicios pblicos. Es 
preciso reducir los trmites burocrticos y eliminar los gastos 
innecesarios.

* Una Administracin profesionalizada 

Una Administracin profesionalizada que cuente con funcionarios 
pblicos despolitizados, que sirvan con objetividad los 
intereses generales, personalmente motivados, dignamente 
retribuidos y que tengan una carrera administrativa basada en el 
mrito y la capacidad.

3.3.- Medidas

* En relacin con la prestacin de servicios pblicos 
El PP se propone la elaboracin y puesta en ejecucin de un 
"Plan de calidad en la prestacin de servicios". En su 
elaboracin, puesta en prctica, seguimiento y evaluacin, el 
gobierno del PP contar con la colaboracin y participacin de 
los responsables de la Administracin, funcionarios, usuarios, 
organizaciones sociales, medios cientficos y acadmicos.

* En relacin con la Funcin Pblica 

- Ingreso en la Funcin Pblica. Regular un sistema de 
ingreso en la Funcin Pblica basado inexcusablemente en 
los principios constitucionales de igualdad, publicidad, 
mrito y capacidad. El respeto por dichos principios no es 
incompatible con la introduccin de reformas en el actual 
sistema de oposiciones. El PP eliminar del sistema de 
ingreso los procedimientos excepcionales y arbitrarios como 
los utilizados recientemente para la funcionarizacin del 
personal laboral.

- Carrera administrativa.- Disear y poner en prctica un 
sistema de carrera administrativa basado en los principios 
de mrito, capacidad, antigedad y evaluacin del desempeo 
de los cometidos, vinculando el progreso en la carrera al 
derecho a ocupar puestos de trabajo de superior 
responsabilidad. En la Proposicin de Ley sobre el Gobierno 
y la Administracin, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso de los Diputados, los puestos de 
Subsecretarios y Directores Generales sern los ltimos 
escalones de la carrera administrativa.

Dentro de estas medidas correspondientes a la carrera 
administrativa, el PP dar prioridad a: 

- La utilizacin del concurso de mritos como sistema 
general y principal para la asignacin de puestos de 
trabajo hasta el nivel de Subdirector General.

- El uso restrictivo de las libres designaciones en la 
asignacin de puestos de trabajo.

- Un sistema objetivo de retribuciones sin margen para la 
discrecionalidad y basado en un adecuado equilibrio entre 
haberes asignados al puesto desempeado y los 
correspondientes al eslabn o nivel en la carrera 
administrativa. Se implantarn progresivamente sistemas de 
evaluacin del desempeo.

- La posibilidad de prolongar voluntariamente la jubilacin 
hasta los 70 aos, en que ser  obligatoria, mediante un 
gradual y flexible rgimen transitorio.

*En relacin con la organizacin 

Promulgacin de la Ley del Gobierno y de la Administracin del 
Estado que permita adoptar las siguientes medidas: 

- Reduccin de los departamentos ministeriales con arreglo 
a la organizacin por reas de cometido y teniendo en 
cuenta las competencias que realmente permanecen en la 
Administracin Central del Estado. El primer Gobierno del 
PP, en el que no se incluirn Vicepresidentes sin cartera, 
se compondr de los siguientes Ministerios: Asuntos 
Exteriores; Justicia; Defensa; Economa y Hacienda; 
Interior; Fomento; Cultura y Educacin; Asuntos Sociales; 
Industria, Energa y Turismo; Agricultura; Administraciones 
Pblicas; Presidencia; Sanidad y Medio Ambiente.

- La supresin de los organismo pblicos que hayan cumplido 
los objetivos que motivaron su creacin, aquellos que 
resulten ineficaces y aquellos otros cuyas competencias han 
sido transferidas a las Comunidades Autnomas.

- Una sustancial reduccin del nmero de altos cargos y 
puestos de alto nivel en la Administracin Central del 
Estado.

- Reduccin del nmero de los llamados Entes Pblicos con 
estatuto jurdico especial creados al amparo del artculo 
6 de la Ley General Presupuestaria sometindolos, en todo 
caso, a una reglamentacin precisa con arreglo a la cual el 
personal directivo superior y tcnico deber estar 
compuesto por funcionarios profesionales, bien de Escalas 
del propio Ente, bien del resto de la Administracin.

- Simplificacin de la Administracin Perifrica del Estado 
en lnea con el objetivo de una Administracin nica o 
Comn. - Pacto de austeridad entre todas las 
Administraciones: afectar  principalmente a la organizacin 
y funcionamiento, sin merma de la eficiencia en la 
utilizacin de los recursos. Prever  el control 
parlamentario de cuantas medidas de carcter organizativo 
en la Administracin del Estado supongan incremento del 
gasto presupuestario y asegurar  el sometimiento pleno del 
Gobierno y de las Administraciones Pblicas a la Ley y al 
Derecho y la garanta del control por los Tribunales.

* En relacin con las garantas administrativas y jurdicas para 
los ciudadanos 

Se impulsar la inmediata promulgacin de la Ley de la 
Jurisdiccin Contencioso Administrativa, que haga posible y 
efectiva: 

- La respuesta pronta y ajustada a derecho a las 
pretensiones fundadas de los ciudadanos.

- La solucin sin dilacin de los conflictos planteados por 
los ciudadanos frente a la Administracin ante los 
Tribunales.

- El cumplimiento en plazo de las resoluciones de los 
Tribunales favorables a los ciudadanos frente a la 
Administracin.

- El acceso fcil y sin ms costes de los estrictamente 
necesarios a la informacin y documentacin en poder de la 
Administracin y a los procedimientos y recursos para hacer 
valer sus pretensiones, con el objetivo de la ventanilla 
nica.


4. Opinin Pblica Y Democracia

La democracia es ante todo un rgimen de opinin pblica que se 
define por la existencia de unos medios de comunicacin libres, 
sea cual sea su titularidad y rgimen jurdico. El Gobierno 
socialista ha convertido los medios de titularidad pblica en su 
patrimonio privado y ha llevado su manipulacin hasta lmites 
intolerables en una sociedad democrtica.

El marco legal y todas las intervenciones pblicas en este 
dominio deben tender a la ms plena y eficaz garanta de los 
valores constitucionales de la libertad de expresin y el 
derecho a la informacin. Se ha de tender a garantizar el mximo 
pluralismo posible que permitan la tecnologa, el mercado y los 
acuerdos internacionales. Por ello se incorporarn a la 
legislacin espaola los criterios orientados a evitar las 
posiciones dominantes y favorecer  las innovaciones 
tecnolgicas. Espaa debe impulsar adems su presencia en los 
crculos internacionales, apoyndose en el poder de la lengua 
espaola y, en especial, en Iberoamrica.

4.1. Los Medios Audiovisuales 

Cualquier ordenacin del espacio audiovisual ha de tender a 
garantizar el mximo pluralismo posible que permitan la 
tecnologa y el mercado. La legislacin tender a evitar la 
cristalizacin de posiciones dominantes. El marco legal 
favorecer  la expansin de las innovaciones tecnolgicas, 
factores cruciales para la modernizacin de nuestra sociedad y 
para el progreso econmico.

En el mundo sin fronteras que se abre en el campo de la 
comunicacin, Espaa debe impulsar su ms activa presencia en 
los circuitos internacionales, partiendo del instrumento 
poderossimo que es la lengua espaola, idioma de la gran 
mayora de la Comunidad Iberoamericana y principalsimo 
instrumento de comunicacin de la sociedad internacional 
moderna.

4.2.- La reordenacin del Ente Pblico RTVE. Un modelo viable 
En el contexto del creciente pluralismo audiovisual, el PP sigue 
atribuyendo a la Radiotelevisin de titularidad pblica de 
cobertura estatal un relevante papel.

El Ente Pblico RTVE y sus sociedades han de desempear, leal y 
eficazmente, una triple funcin: 

* Servir de vehculo de informacin y formacin de la opinin 
pblica y auxiliar la participacin poltica, en el marco plural 
de una democracia libre, para lo que deber rectificar su 
actividad, sujetndola a los principios de objetividad, 
veracidad e imparcialidad de las informaciones, respeto al 
pluralismo poltico, religioso, social y cultural.

* Servir de instrumento de difusin de la cultura espaola y de 
apoyo a su creacin y a la industria cultural en sus diversas 
expresiones y dimensiones; de canal de comunicacin de las 
manifestaciones ms importantes de la vida nacional; y de 
proyeccin y defensa de los valores constitucionales y de la 
cohesin nacional, con especial atencin a la proyeccin de la 
juventud y de la infancia.

* Servir la presencia de Espaa en el mundo, con atencin 
preferente a la comunidad hispano hablante, reforzando los 
vnculos que nos unen con ella.

Para cumplir aquellos objetivos, RTVE reclama una profunda 
reestructuracin que debe comprender la reforma de su marco 
jurdico; la de su organizacin y medios operativos; y la de su 
sistema de financiacin.

La irresponsable y sectaria direccin ejercida por los 
socialistas ha conducido a RTVE a una situacin de extrema 
gravedad que compromete su propia supervivencia, tanto por el 
exorbitante nivel de endeudamiento como por una gestin cuajada 
de despilfarros e irregularidades y toda ella inspirada por una 
beligerante orientacin partidista que ha daado gravemente su 
credibilidad. Nos importa afirmar que el PP quiere salvar la 
televisin pblica y, ante la situacin de quiebra prctica y de 
absoluto descontrol en el que se encuentra instalada, el 
gobierno del PP propondr un acuerdo a todas las fuerzas 
polticas para disear un modelo viable de RTVE para el futuro, 
con arreglo a los siguientes puntos: 

* Reforma del Estatuto de 1980. La reforma deber comprender: a) 
configuracin de un Consejo de Administracin cuya composicin, 
por personas de relevantes mritos profesionales o culturales, 
sea expresin del pluralismo poltico y social de la sociedad 
espaola y que asuma plenamente las funciones de administracin 
de las sociedades; b) un Director General, rgano de gestin de 
las sociedades nombrado por el Gobierno a propuesta del Consejo 
de Administracin de entre personas de relevantes mritos 
profesionales o culturales; c) mecanismos precisos que 
garanticen la observancia de los principios de objetividad, 
neutralidad e imparcialidad de la informacin y respeto al 
pluralismo; d) determinacin de las obligaciones indeclinables 
de una televisin perteneciente al Estado, garantizando el 
efectivo control parlamentario.

* Reduccin de la dimensin de RTVE, acomodndola al 
cumplimiento de las funciones que justifican su existencia, 
garantizando sus necesidades financieras y su solvencia.

* Creacin de una Comisin Nacional de Radio y Televisin 
mediante ley acordada por las fuerzas polticas que actuar como 
rgano superior autnomo para asegurar el pluralismo en todas 
las televisiones pblicas y como rbitro de los conflictos que 
se puedan producir.

* Adopcin en relacin con las televisiones pblicas de las 
Comunidades Autnomas de las medidas legales que permitan su 
privatizacin.

5. Un Pas Seguro, Garanta De La Libertad 

El PP quiere un pas seguro como garanta de la libertad de los 
espaoles.

Durante los ltimos aos, los ndices de criminalidad se han 
mantenido en constante progresin como consecuencia de los 
errores e imprevisiones de los gobiernos socialistas en la lucha 
contra la delincuencia.

Para superar esta situacin y hacer real el libre ejercicio de 
los derechos fundamentales es necesaria una accin decidida y 
firme en el desarrollo de las siguientes medidas de gobierno:
 
5.1. Reordenar el Ministerio del Interior 

El Ministerio del Interior, uno de los Departamentos claves en 
la accin de cualquier gobierno, se ha visto afectado en los 
ltimos aos por una serie de decisiones polticas y 
organizativas y de acontecimientos que le han imposibilitado dar 
la respuesta adecuada a los problemas que la inseguridad pblica 
ha creado a los espaoles.

Como punto de partida de su poltica de seguridad ciudadana, el 
PP se propone: 

* La separacin de los Ministerios de Justicia e Interior.

* La creacin de una Secretara de Estado para la Seguridad con 
amplias funciones de direccin y coordinacin de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

* El estricto sometimiento de los fondos reservados a la 
legislacin vigente.

Se delimitarn cuidadosamente las funciones y competencias del 
Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y de los 
jueces en relacin con el sistema penitenciario y, muy 
singularmente, con las nuevas modalidades de cumplimiento de 
penas, alternativos a la privacin de libertad contemplados en 
el nuevo Cdigo Penal.

5.2. Disear un nuevo modelo policial 

El PP se propone ofrecer a las restantes fuerzas polticas un 
consenso para elaborar un nuevo modelo policial que responda a 
una concepcin integradora de su funcin y articule la 
cooperacin entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
tanto los que dependen del Gobierno de la Nacin como los que 
dependen de las Comunidades Autnomas y de los municipios. Su 
diseo recoger las diferentes singularidades territoriales, y 
garantizar un completo despliegue en todo el territorio 
nacional. En particular, se revisar el actual plan de 
despliegue de la Guardia Civil, para garantizar adecuadamente la 
seguridad ciudadana en el medio rural.

Dicho modelo policial estar orientado a mejorar la eficiacia 
policial frente al terrorismo y la delincuencia y requerir  el 
grado mximo de coordinacin en el intercambio de informacin 
entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, favorecer el incremento de la prevencin general de 
la delincuencia mediante una mayor presencia en la calle que 
responda eficazmente al incremento de los delitos contra las 
personas y las propiedades. Se crearn unidades especiales para 
perseguir los delitos econmicos y medioambientales.

La colaboracin ciudadana se estimular a travs de Comisaras 
que respondern adecuadamente a las exigencias de los 
ciudadanos, agilizando los trmites de las denuncias, 
normalizando las respuestas y facilitando informacin clara y 
precisa sobre las cuestiones de inters. Se contemplar la 
figura de las Comisaras de Barrio que eviten duplicidades para 
que la descentralizacin resultante cubra el mayor rea posible 
del territorio.

5.3. Recuperar la dignidad y la eficacia de la funcin policial 
En paralelo a la eficacia de la norma, el imperio de la ley, la 
dignidad y la eficacia de la funcin policial son elementos 
imprescindibles para crear un clima de seguridad en nuestro 
pas. En este sentido, el PP propone: 

*La promulgacin del Reglamento Orgnico y de Servicio de la 
Guardia Civil y del Real Decreto de Plantillas del Cuerpo 
Nacional de Polica, aplicando un plan de despliegue territorial 
que garantice adecuadamente su presencia en el mbito urbano 
como en el rural.

* La gradual equiparacin retributiva entre los miembros de las 
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la mejora de sus 
medios tcnicos y materiales y el establecimiento de planes para 
la formacin permanente de sus miembros.

* Acometer las necesarias mejoras en la dotacin y medios 
tcnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, acordes con las 
exigencias actuales.

5.4. Fomentar la colaboracin internacional
 
El PP fomentar la plena cooperacin internacional, 
especialmente en el mbito de la Unin Europea, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Tratado de la Unin y en el Convenio de 
Schengen.

A tal fin, se dotar debidamente al Ministerio del Interior para 
atender las necesidades derivadas del Sistema Informtico 
Schengen (SIS) y se intensificarn los trabajos entre los pases 
de la Unin sobre el futuro desarrollo de la EUROPOL, al objeto 
de que se consolide como una Oficina Europea de Polica con las 
competencias necesarias para la lucha contra la criminalidad 
organizada en una Europa sin fronteras.

5.5. Lucha contra el narcotrfico 

El PP se propone incrementar progresivamente las dotaciones 
humanas y materiales de la Fiscala Especial para la prevencin 
y represin del trfico de drogas.
Asimismo se intensificar el seguimiento y sancin del blanqueo 
de dinero procedente del narcotrfico, y, a tal fin, se crearn 
unidades policiales especializadas y adecuadamente dotadas para 
luchar eficazmente contra las organizaciones criminales. Se 
adoptarn medidas especiales de vigilancia en zonas escolares y 
se sancionar a los establecimientos donde se permita el consumo 
de drogas.

Finalmente, se modificar  el Cdigo Penal para lograr el 
cumplimiento ntegro de las condenas por delitos graves de 
narcotrfico.

6. Doblegar El Desafo Terrorista 

El terrorismo de ETA representa el elemento ms perturbador de 
la convivencia en la sociedad espaola. Es imprescindible 
erradicarlo, movilizando todos los recursos legales y todas las 
energas morales, impugnando intelectual y dialcticamente todos 
sus respaldos y apoyos polticos y sociales, sin acostumbrarnos 
a convivir doloridamente con l.

ETA y el entramado de sus organizaciones satlites pasan por un 
momento de envalentonamiento y radicalizacin. Nos encontramos 
ante una escalada de ETA y su entorno. Los terroristas enjuician 
el momento poltico como de debilidad y tratan de 
rentabilizarlo. Piensan que disponen de una oportunidad 
histrica para desestabilizar nuestra sociedad y nuestro Estado.

Los atentados de la organizacin terrorista en todo el 
territorio nacional tratan de generalizar un sentimiento de 
rechazo del conjunto de la poblacin espaola hacia el Pas 
Vasco.

ETA pretende imponer en la sociedad espaola la conviccin de 
que la nica solucin consiste en una nueva negociacin 
poltica, entre la banda y el gobierno de Espaa. Con tal fin 
acentan la visin catastrfica de la situacin poltica vasca y 
quieren deducir de ella el fracaso de los actuales marcos 
jurdico y poltico. Frente a ello, el PP propone una defensa 
activa del Estatuto de Autonoma del Pas Vasco y del 
Amejoramiento del Fuero de Navarra y la preservacin y 
potenciacin de los pactos de las fuerzas democrticas.

Firmeza democrtica, unidad, sentido comn y estricta 
observancia en el cumplimiento de la Ley, son los pilares 
bsicos de la lucha antiterrorista.

Queremos recuperar el espritu de la etapa 1986-1992 en la que 
la unidad de accin de los partidos democrticos vascos no tuvo 
fisuras. La nica raya divisoria ostensible es la que separa a 
los demcratas de los violentos. Imaginar terceras vas o 
inventar espacios diferentes, propicia la confusin entre los 
demcratas y beneficia a ETA. Ninguna relectura o interpretacin 
de los Pactos de Ajuria-Enea, Pamplona y Madrid puede desembocar 
en conclusiones contrarias a la Constitucin Espaola, al 
Estatuto de Guernica o al Amejoramiento del Fuero de Navarra.

No hay atajos en la lucha antiterrorista. Ni el atajo de actuar 
al mrgen de la ley, ni el atajo de la negociacin. Hoy no cabe 
contemplar el dilogo y la negociacin con los terroristas, 
porque no se dan, ni remotamente, las condiciones establecidas 
en el Pacto de Ajuria-Enea para el final dialogado con ETA.

Hay que mantener firmeza en la lucha contra el terrorismo, sin 
vaivenes. Lo importante no es afirmar enfticamente que se tiene 
y mantiene una poltica antiterrorista, sino que sta se 
reconozca en la prctica poltica del Ejecutivo.

Las acciones y xitos policiales han sido el nico factor 
realmente determinante en la evolucin positiva en la lucha 
antiterrorista. Hay que dotar de los mejores medios materiales y 
humanos a las Fuerzas de Seguridad del Estado dedicadas a la 
lucha antiterrorista, asegurar la coordinacin con la Ertzantza 
y alcanzar la ms plena y sostenida colaboracin francesa.

El PP propugna el cumplimiento de la ley contra quienes, desde 
el entorno terrorista, la violan o actan permanentemente en 
fraude de ella. Es preciso mejorar la accin policial, fiscal y 
judicial sistemtica frente a KAS y su constelacin de 
organizaciones de fachada.

El vandalismo urbano y la apologa del terrorismo gozan del 
beneficio de la impunidad. Desde la unidad de los partidos 
democrticos, el Gobierno del PP movilizar el valor y el coraje 
polticos necesarios para afrontar, con pleno respeto a la 
legalidad, ese camino de respuesta frente al terrorismo y sus 
cmplices. Hace falta mayor valor y determinacin para progresar 
en el camino de la legalidad frente a la violencia terrorista 
que para recurrir al atajo inadmisible del recursos a la 
ilegalidad. Asimismo, se adoptarn cuantas medidas legales y 
policiales sean precisas para acabar con la inmunidad del 
vandalismo callejero. El mantenimiento de la poltica de 
dispersin penitenciaria es condicin necesaria y requisito 
inexcusable para poder llevar a cabo una poltica 
individualizada de reinsercin, limitada a los reclusos que 
acrediten una voluntad de cooperacin efectiva con la justicia.

Reiteramos la necesidad de modificar el Cdigo Penal para el 
cumplimiento ntegro de penas por parte de los terroristas, por 
razones de estricta justicia y por razones de eficacia. Los 
terroristas desprecian las posibilidades de reinsercin porque 
estn convencidos de poder obtenerla sin lmites ni condiciones, 
en razn de su capacidad de presin.

El PP desarrollar las recomendaciones del Consejo de Europa y 
del Parlamento Europeo en materia de ayuda a las vctimas del 
terrorismo.

Se proceder al seguimiento de la ejecucin de las sentencias 
para el pago efectivo de las indemnizaciones a las vctimas de 
terrorismo, que podr n anticiparse por el Estado, el cual se 
resarcir  despus, exigiendo el pago a los responsables 
efectivos.

El PP reitera la voluntad de poner el acento en la firmeza 
democrtica frente al terrorismo. No slo nos comprometemos a 
mantener la firmeza en nuestra propia decisin. Manifestamos 
tambin nuestro compromiso de contribuir con todas nuestras 
fuerzas a la creacin de un escenario poltico, asentado en la 
firmeza de todos los demcratas vascos frente al desafo del 
terror.

Finalmente, promoveremos un apoyo decidido a los movimientos 
sociales que luchan por la paz y contribuyen decisivamente al 
rearme moral de la sociedad vasca, para hacer frente a la 
violencia terrorista.

7. Impedir La Corrupcin 

La corrupcin es el peor de los males que puede sufrir una 
democracia. Si en Espaa se ha producido es porque los 
socialistas han suprimido los instrumentos de control y los 
mecanismos de vigilancia que preservan a las sociedades 
democrticas del abuso de poder. El gobierno socialista y su 
mayora parlamentaria han interpretado el control del gasto 
pblico como un estorbo que haba que suprimir. Su actitud ha 
sido reaccionaria, porque si hay algo que caracteriza a una 
democracia avanzada es, justamente, el riguroso control del 
gasto pblico para poder rendir cuentas exactas al 
contribuyente. Consecuencia de ello ha sido el debilitamiento 
del principio de legalidad, el crecimiento de las 
irregularidades y los graves casos de corrupcin que estn en la 
mente de todos. El problema de la corrupcin tiene soluciones: 
el mal no est en los espaoles sino en la forma en que se ha 
gobernado Espaa. Esto es lo que hay que cambiar.

El Gobierno del PP reiterar en forma de proyectos de ley 
aquellas iniciativas que propuso en la ltima legislatura y 
fueron rechazadas por el grupo socialista: 

* Reformar la Ley General Presupuestaria en los trminos que se 
detallan en el programa econmico. La quiebra de la institucin 
presupuestaria ha sido un fenmeno favorecedor de la corrupcin. 
La prctica de que el Gobierno acuerde, sin control 
parlamentario, el trasvase de unas partidas a otras, convierte a 
los presupuestos en un cheque en blanco para el Ejecutivo. Ello 
ha hecho posible fenmenos tan graves como la desviacin de los 
fondos reservados autorizados por el Parlamento.

* Reformar la Ley de rgimen Local en materia de personal para 
limitar la posibilidad de cubrir, mediante libre designacin, 
puestos que deben reservarse a funcionarios locales habilitados 
con carcter nacional para ejercer funciones de control de 
legalidad.

* Regular la publicidad procedente del sector pblico para 
imposibilitar que constituya un factor de alteracin de la libre 
competencia y del principio de igualdad en el mbito de los 
medios de comunicacin social y reformar los procedimientos de 
contratacin del sector pblico, reforzando los requisitos para 
dar ms transparencia a los concursos pblicos.

* Reforzar la Intervencin General del Estado y perfeccionar el 
sistema de control del gasto pblico mediante auditoras, 
estableciendo un rgimen de responsabilidad.

* Reformar el Tribunal de Cuentas con el fin de: establecer un 
procedimiento ms objetivo para la designacin de su Presidente; 
ampliar y endurecer los requisitos para poder ser elegido vocal 
del Tribunal, de tal modo que se garantice ms plenamente su 
profesionalidad e independencia y, por ello, su despolitizacin, 
introduciendo como causa de inelegibilidad el haber desempeado 
cargo pblico poltico o puesto directivo en partido poltico 
con diez aos de antelacin a la fecha de designacin; extender 
el deber de colaboracin con el Tribunal a todas las personas 
que mantengan relaciones econmicas con entidades sujetas a 
fiscalizacin; ampliar su capacidad de propuesta en el ejercicio 
de su funcin jurisdiccional; establecer la remisin obligatoria 
de sus memorias, notas e informes a las Cortes y garantizar la 
ejecucin de las medidas que proponga por parte de los 
organismos fiscalizados.

Se le dotar de los medios personales y materiales adecuados 
para el ms eficaz ejercicio de sus funciones de control.

* Erradicar, mediante las reformas legales pertinentes, todas 
las prcticas de financiacin irregular de los partidos 
polticos. En una sociedad democrtica no debe haber ninguna 
zona exenta de responsabilidad y este principio debe aplicarse 
con rigor. Es necesario, por tanto, empezar por exigir 
transparencia sobre las fuentes de ingreso y los gastos de los 
partidos, al tiempo que se favorezcan las aportaciones privadas, 
con un lmite, como forma de participacin poltica.


IV. ESPAA, PLURAL E INTEGRADA 

Espaa es uno de los ejemplos ms antiguos de gran nacin 
europea. Como fruto del proceso histrico de su formacin, 
Espaa es plural, diversa, multilinge y pluricultural. El 
proyecto nacional que el Partido Popular impulsa parte de la 
conviccin de que Espaa es una realidad viva, una sustancia 
comn y no la mera agregacin de las diversidades que se 
reconocen en su seno.

Por eso, este proyecto consiste tanto en un empeo de 
integracin y cohesin como en una voluntad de reconocimiento de 
los elementos diferenciales y de las identidades culturales que 
constituyen el propio acervo histrico espaol.

El artculo 2 y el Ttulo VIII de nuestra Constitucin suponen 
la tentativa histricamente ms innovadora para dar una 
respuesta poltica razonable a uno de nuestros problemas 
histricos de mayor envergadura.

El Partido Popular reafirma su creencia en la idoneidad del 
modelo constitucional para satisfacer adecuadamente la 
articulacin de unidad y pluralismo. El Estado autonmico es un 
modelo propio y adaptado a la realidad nacional, capaz de 
integrar a todos los ciudadanos y a las comunidades a las que 
stos pertenecen. Es un Estado fuertemente comprometido con la 
autonoma territorial, con tendencia hacia una equiparacin 
jurdico-poltica entre las comunidades que lo componen, pero 
que admite y garantiza singularidades derivadas de la 
trayectoria histrica de su proceso de formacin.

La inequvoca lealtad a la Constitucin, la interpretacin 
correcta de la voluntad constituyente y la potenciacin 
equilibrada de los principios constitucionales de autonoma y 
solidaridad marcan el camino por el que nos proponemos 
progresar.

Esta tarea parte de la experiencia de estos aos en la 
construccin del Estado de las Autonomas cuyos logros, han sido 
realizados con la mxima colaboracin entre las fuerzas 
polticas. Las propuestas programticas, que aqu se contienen, 
se formulan con la conviccin de que tan slo un acuerdo, casi 
de tan amplia base como el que fundament la elaboracin de la 
Constitucin, permitir  la consecucin de buena parte de ellas.

1. Un Marco Estable Para La Espaa De Las Autonomas 

La estabilidad es una exigencia interna del Estado de Derecho. 
No puede aceptarse un proceso abierto por tiempo indefinido y de 
perfiles indeterminados. Por ello, tras los avances realizados 
en la construccin del Estado de las Autonomas, es necesario 
plantearse un marco estable para la Espaa de las Autonomas.

Las propuestas de poltica autonmica del Partido Popular, 
inspiradas en los principios de consenso poltico y de 
cooperacin entre Estado, Comunidades Autnomas y Corporaciones 
Locales -tal y como ha sido desarrollado por el Tribunal 
Constitucional- persiguen la configuracin de un marco estable 
para la Espaa de las Autonomas. La relacin del Estado con las 
Comunidades Autnomas o de stas entre s debe superar las 
estriles querellas de la lucha por la competencia o el agravio 
comparativo.

Se ha de tender a una equiparacin sustancial de competencias, 
con excepcin de las derivadas de los hechos diferenciales. 
Respetando la voluntad dispositiva de las propias Comunidades 
Autnomas, las Cortes Generales han de velar por la cohesin del 
Estado resultante del proceso autonmico. Un modelo de Estado en 
el que los elementos de homogeneidad y diferenciacin han de 
tener en cuenta la viabilidad y la estabilidad del conjunto.

En consecuencia e inspirado por los principios de amplio 
consenso y cooperacin, la poltica del Partido Popular se 
centrar en los siguientes aspectos: 

* Completar el proceso de transferencias a las Comunidades 
Autnomas reconocidas al amparo del artculo 143 de la 
Constitucin, derivado del Pacto Autonmico de 28 de febrero de 
1992.

* Proponer e impulsar un nuevo Pacto Autonmico entre el 
Gobierno y las fuerzas polticas con representacin 
parlamentaria en las Cortes Generales, sobre las siguientes 
bases: - Definir las competencias del Estado intransferibles e 
indelegables de acuerdo con el Ttulo VIII de la Constitucin y 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

- Fijar las materias o atribuciones que sean susceptibles 
de transferencia o delegacin a las Comunidades Autnomas 
por la va del artculo 150.2 de la Constitucin.

- Culminar el proceso de transferencia de competencias a 
las Comunidades Autnomas reconocidas al amparo del 
artculo 151 de la Constitucin y a Navarra, de acuerdo con 
sus respectivas normas estatutarias y forales.

- Establecer un programa, con un horizonte mximo de dos 
legislaturas, para realizar un proceso de equiparacin 
competencial bsica entre todas las Comunidades Autnomas. 

Esta equiparacin no supondr, en ningn caso, el 
desconocimiento de aquellas competencias especficas y 
particularidades institucionales o de organizacin 
derivadas de los hechos diferenciales de carcter 
lingstico, foral, histrico-cultural o insular.

En coherencia con el principio del consenso poltico antes 
establecido, se impulsar ste en todo el proceso de iniciativa 
de reforma estatutaria que tenga su origen en las respectivas 
Comunidades Autnomas.

Asimismo, las iniciativas de reforma que ya estn en trmite de 
diversas Comunidades tales como Aragn, Canarias, Islas 
Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias, entre otras, sern 
atendidas en el mbito del Pacto Autonmico que el Gobierno del 
PP ofrece en los trminos sealados.

Desarrollar los Estatutos de Ceuta y Melilla, aprobados por Ley 
Orgnica de las Cortes Generales, para conseguir su plena 
institucionalizacin. Se agilizar el proceso de transferencias 
de competencias y recursos en el seno de las correspondientes 
Comisiones Mixtas.

2. La Reforma Del Senado Y Otros Mecanismos De Integracin
El Partido Popular, desde la lealtad a la propia Constitucin y 
con el propsito de hacer del Senado una autntica Cmara de 
representacin territorial que fortalezca nuestro Estado de las 
Autonomas, impulsar el necesario acuerdo de los grupos 
polticos para proceder a la reforma del Ttulo III de la 
Constitucin .

El objetivo ser mejorar la integracin poltica del Estado, a 
travs de una ms intensa representacin especfica de las 
Comunidades Autnomas en el Senado, sin detrimento del principio 
de que esta Cmara, como parte de las Cortes Generales, es 
depositaria de la soberana nacional del pueblo espaol en su 
conjunto. No se trata, pues, de una federalizacin del Senado, 
sino del desarrollo de las peculiaridades de nuestro rgimen 
autonmico.

Ese propsito requiere reformas de la composicin y de las 
competencias del Senado y de los procedimientos en el ejercicio 
de su funcin colegisladora.

Con la finalidad de mejorar la necesaria colaboracin entre las 
Administraciones, se consolidarn e impulsarn las Conferencias 
Sectoriales, as como los convenios de colaboracin para el 
desarrollo de tareas especficas que afecten a diversas 
Administraciones Pblicas. En esta lnea se potenciar la 
Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos, como instancia 
especializada para hacer efectiva la participacin de las 
Comunidades Autnomas en la formacin de la voluntad del Estado 
en aquellos asuntos comunitarios que afecten a las competencias 
que las Comunidades Autnomas tienen transferidas.

Se promover, por ltimo, la participacin de las Comunidades 
Autnomas en el proceso de construccin de la Unin Europea, a 
travs del Comit de las Regiones.

3. Al Servicio De La Solidaridad: Financiacin Y Responsabilidad 
Fiscal 

La financiacin autonmica es todava una asignatura pendiente. 
La Constitucin y la LOFCA dibujan un marco con los principios 
de solidaridad, autonoma, coordinacin con la Hacienda estatal 
y suficiencia, pero su desarrollo no ha permitido hasta ahora la 
fijacin de unos criterios de financiacin autonmica con 
vocacin de permanencia.

Un sistema estable de financiacin de las Comunidades Autnomas 
constituye una urgente exigencia poltica y econmica. Los 
mecanismos que han funcionado hasta ahora se han mostrado 
incompletos y han conducido a un endeudamiento creciente. Ha 
llegado el momento de plantear el establecimiento de frmulas 
que impidan de forma eficaz que el dficit de las 
Administraciones autonmicas se convierta en algo habitual y 
perjudicial para el conjunto de Espaa.

Las ventajas de la corresponsabilidad fiscal consisten en 
permitir identificar la recaudacin de los ingresos fiscales con 
la Administracin que los va a utilizar. Slo as los ciudadanos 
podrn saber cunto les cuestan las Administraciones y los 
servicios que de ellas reciben, para poder evaluar mejor la 
eficacia de los responsables polticos.

Por estas razones el Gobierno del Partido Popular impulsar un 
acuerdo de financiacin autonmica, fundamentado en los 
principios de solidaridad y corresponsabilidad y suficiencia 
financiera. El Libro Blanco ser la base sobre la que se 
desarrollar  la bsqueda de un acuerdo con las Comunidades 
Autnomas.

A tal fin propondr establecer para el quinquenio 1997-2001, de 
acuerdo con las Comunidades Autnomas y en el seno del Consejo 
de Poltica Fiscal y Financiera, un mtodo para la financiacin 
autonmica sobre la base de una verdadera corresponsabilidad 
fiscal, de tal manera que se haga visible a los ciudadanos la 
poltica fiscal de cada Comunidad Autnoma. Dicho mtodo deber 
garantizar a las Comunidades Autnomas el automatismo de la 
financiacin y la suficiencia financiera, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar en todo caso la solidaridad 
interterritorial. Asimismo se procurar una dotacin ms 
adecuada y especializada del Fondo de Compensacin 
interterritorial. Se crear el Fondo de Nivelacin, previsto en 
la LOFCA, para asegurar un nivel mnimo de calidad comn en la 
prestacin de los servicios pblicos en todas las Comunidades 
Autnomas.

4. La Administracin Comn, Al Servicio De Los Ciudadanos 

El nuevo modelo de organizacin territorial del Estado, diseado 
por la Constitucin, no se ha traducido todava en el modelo 
administrativo adecuado. Lejos de ello, se han producido 
redundancias administrativas, mimetismos, interferencias y 
gastos superfluos.

En los ltimos aos el conjunto de las Administraciones pblicas 
ha experimentado un crecimiento desordenado y desmesurado. El 
proceso de transferencia de competencias a las Comunidades 
Autnomas no ha servido, paradjicamente, para reducir de forma 
racional el tamao de la Administracin del Estado. Se han 
generado intiles costes y confusin en los ciudadanos. Resulta, 
por ello, imprescindible realizar una revisin completa de los 
modos de actuacin de la Administracin.

La Administracin comn responde a la voluntad de articular 
adecuadamente los distintos niveles territoriales -estatal, 
autonmico y local- de ejercicio del poder y de prestacin de 
los servicios.

En algunas materias es cierto que pueden intervenir distintas 
Administraciones, pero, aun en estos casos, es imprescindible 
una racionalizacin del modelo administrativo para el mejor 
servicio a los ciudadanos.

La Constitucin fija en su Ttulo VIII la titularidad de las 
competencias de los poderes pblicos, pero no supone 
necesariamente que su ejercicio total o parcial tenga que ser 
realizado directamente por la Administracin titular, sino que 
admite que el Estado delegue o transfiera facultades 
correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegacin. La Administracin comn quiere ser la concrecin de 
aquella voluntad constitucional con el fin de evitar 
duplicidades, reducir gastos, clarificar las responsabilidades 
de cada Administracin y facilitar las relaciones con los 
ciudadanos. La aplicacin de la Administracin comn, gradual y 
convenida, no debe suponer la desaparicin de la Administracin 
perifrica del Estado, sino su adaptacin a la nueva realidad, 
con una dimensin adecuada que responda a un Estado fuertemente 
descentralizado.

El proceso de aplicacin de la Administracin comn partir de 
los siguientes criterios y objetivos: 

* Corregir las duplicaciones administrativas, es decir, aquellos 
supuestos en que dos o ms rganos administrativos 
pertenecientes a Administraciones distintas realizan idntica 
funcin.

* Deslindar la responsabilidad de cada Administracin pblica en 
la prestacin de servicios. El ciudadano tiene derecho a saber 
cul es la responsable en la prestacin de un servicio.

* Reducir y reconducir la actuacin de la Administracin 
perifrica del Estado a su funcin propia en aquellas 
competencias cuyo ejercicio es por esencia estatal, es decir, 
constitucionalmente intransferible e indelegable, y aquellas que 
por mandato constitucional, deben coordinarse por el Delegado 
del Gobierno que la Constitucin instituye. Con tal propsito 
podrn delegarse en las Comunidades Autnomas funciones sobre 
materias de titularidad estatal con exclusin de todas aquellas 
materias que constituyen el ncleo bsico de la unidad poltica 
de Espaa, es decir, las competencias inherentes a un concepto 
moderno de soberana, al principio de unidad de mercado y las 
que garantizan la efectividad del principio de solidaridad por 
ser todos ellos esencia, garanta y funcin indeclinable del 
Estado de Derecho.

5. El Pacto Local Para Reforzar La Autonoma Municipal 

Los Ayuntamientos son instituciones bsicas en la estructuracin 
del Estado moderno. Los Estados ms desarrollados han implantado 
una amplia autonoma municipal. Por ello, no sera completa la 
articulacin del Estado democrtico si se limitara slo a 
abordar las relaciones entre las Comunidades Autnomas y la 
Administracin Central. Resulta necesario contemplar tambin la 
posicin e insercin de los Entes locales en el sistema 
institucional. As lo reclama nuestra Constitucin al consagrar 
la autonoma municipal.

Circunstancias histricas y polticas de la transicin y del 
proceso constituyente retrasaron la consideracin de las 
Administraciones locales. Su adaptacin al nuevo orden 
constitucional ha sido relativamente tarda y an hubo de 
hacerse esperar ms la consideracin del problema de las 
haciendas locales.

Para el Partido Popular, superados aquellos factores de nuestro 
pasado inmediato, la atribucin de competencias a las 
Corporaciones locales ha de hacerse extrayendo en su plenitud 
las posibilidades de delegacin de competencias estatales o 
autonmicas en su favor, abordando, incluso, las reformas 
legales que sean precisas para alcanzar satisfactoriamente aquel 
objetivo.

La mayor proximidad de los municipios a los intereses de los 
ciudadanos debe proyectarse en la descentralizacin en favor de 
los Ayuntamientos de determinadas materias. bsicamente, 
servicios sociales, juventud, mujer, deportes, educacin 
parcialmente, empleo -tambin parcialmente- y, sobre todo, 
urbanismo, materia esta ltima en la que debe moderarse la 
desproporcionada intervencin y control autonmicos, en clara 
lesin de la autonoma local.

El Pacto Local que se propone, se articulara en torno a los 
principios de: a) autonoma para la propia gestin, b) 
subsidiariedad o actuacin preferente de los municipios en las 
materias ms cercanas a los ciudadanos, c) eficacia en el 
desempeo de la funcin y en el uso de los medios y recursos, d) 
eliminacin de duplicidades, e) cooperacin y coordinacin 
efectivas y fomento de las mancomunidades, f) fomento del 
arbitraje en los conflictos de competencia y atribuciones con 
las Comunidades Autnomas, y g) reforma y mejora del sistema de 
financiacin local.

UNA SOCIEDAD SOLIDARIA

El PP es un partido al servicio del conjunto de la sociedad. Por 
ello la solidaridad es uno de los valores inspiradores de su 
accin poltica. Est sustentada fundamentalmente en la dignidad 
personal, porque es el nico concepto sobre el que se puede 
construir una sociedad moderna. Es un principio constitucional, 
que vincula a todos los poderes pblicos. El Estado de Derecho 
encuentra en l uno de sus fundamentos. La responsabilidad de 
todas las administraciones es luchar, de forma decidida y sin 
titubeos, contra cualquier manifestacin de marginacin social. 
El principio de igualdad de oportunidades queda vaco de 
contenido si hay quienes se encuentran por debajo de un nivel de 
vida acorde con la dignidad humana.

El Estado no debe suplantar las funciones que los ciudadanos 
pueden cumplir por s mismos y con mejores resultados, sino que 
debe posibilitar el marco adecuado para que puedan hacerlo. Los 
derechos fundamentales emanan de la dignidad humana e implican 
al conjunto de la sociedad, desde los poderes pblicos a los 
ciudadanos. 
Algunos de esos derechos pueden convertirse en un catlogo de 
buenas intenciones si la solidaridad no impregna nuestras 
actuaciones pblicas y nuestro comportamiento como individuos.
 
El excesivo intervencionismo estatal ha demostrado que es tan 
inviable como incapaz a la hora de afrontar en solitario retos 
como la plena integracin o la lucha contra las situaciones de 
marginalidad. El Estado tiene que establecer unos principios 
bsicos, unas polticas activas que fomenten esa solidaridad y 
un entorno en el que esas actividades se puedan desarrollar. No 
puede pretender, en cambio, llegar a todos los puntos y ser 
omnipresente, porque la experiencia ha demostrado que tiene unas 
carencias que slo pueden ser compensadas desde la iniciativa 
social. Por ello, el principio de subsidiariedad es el que 
impulsa la poltica del PP en este mbito.

Una poltica moderna de solidaridad tiene, en consecuencia, dos 
ejes bsicos: estimular las iniciativas de solidaridad que 
surgen en el seno de la propia sociedad y desarrollar unas 
actuaciones pblicas que pongan el acento, ms que en la 
solidaridad pasiva, en la solidaridad activa.

Como se afirma en el Libro Blanco sobre la Poltica Social 
Europea "el objetivo esencial no debe ser ya la asistencia, sino 
la creacin de empleo" concretando que "la financiacin de los 
sistemas de poltica social en el conjunto de la Unin depende 
de los empleos"; de ah la necesidad de integrar cada vez ms en 
los sistemas de Proteccin Social los medios que permitan no 
tener que recurrir a ello, como la prevencin, la lucha contra 
la "exclusin" y una poltica activa de empleo. En definitiva, 
aplicar polticas que desarrollen el trnsito de una solidaridad 
pasiva a una solidaridad activa que garantice la proteccin 
social.

La sociedad no puede, ni quiere, desentenderse de situaciones 
que requieren nuestro apoyo solidario. Por ello, vamos a 
fomentar todas las actividades de voluntariado, que tantos 
beneficios proporcionan y en las que se hace realidad espontnea 
el valor de la solidaridad.

1.- facilitar el acceso a la vivienda

La vivienda, que es un bien necesario y un derecho de todos los 
ciudadanos establecido en el art. 47 de la Constitucin, sigue 
siendo uno de los problemas ms graves para la sociedad 
espaola, por su difcil o imposible acceso.

En los ltimos aos los precios de la vivienda se han 
multiplicado de una manera desorbitada, se ha facilitado la 
especulacin del suelo y hoy la media de gasto en vivienda 
absorbe ms del 40% de la renta familiar, cifra muy superior a 
la europea.

1.1. Principios bsicos.

El PP cree que es posible hacer otra poltica de vivienda, que 
permita reducir su coste y facilitar el acceso a una vivienda 
digna a quienes hoy tienen ms problemas, especialmente la 
juventud. Para ello, la alternativa del PP se fundamentar en 
los siguientes principios:

La Poltica de Vivienda debe ser una de las prioridades en el 
marco de los objetivos nacionales de garanta y mejora del 
bienestar de los ciudadanos, as como factor esencial de una 
economa fuerte y de creacin de empleos directos e indirectos.

La poltica de suelo es un ingrediente esencial de la vivienda. 
Sin aqulla, sta no sera posible. Una poltica equivocada ha 
hecho que la repercusin del suelo en la vivienda pase del 25% 
en 1985 al 45% en 1994.

Sin iniciativa social es imposible una poltica de vivienda 
eficaz. Las Administraciones Pblicas, Estatal, Autonmica y 
Municipal, son corresponsables en las actuaciones pblicas 
orientadas, esencialmente, al fomento de las iniciativas 
sociales, dirigidas a satisfacer las necesidades de vivienda 
habitual de los ciudadanos.

Es necesaria una mayor coordinacin de las actuaciones de las 
distintas Administraciones Pblicas, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias.

1.2 Medidas

* Se atendern las necesidades de vivienda de los espaoles, en 
el marco de dos Planes cuatrienales que generen un milln 
doscientas mil actuaciones urbansticas y de promocin de 
viviendas dirigidas a tal fin.

* Potenciar las polticas urbansticas destinadas a la creacin 
de suelo til para viviendas, mediante la reforma de su rgimen 
legal que permita liberar suelo y aplicar la gestin 
urbanstica. El gobierno del PP liberar suelo pblico para 
estos objetivos evitando la especulacin. Esta poltica debe ser 
concertada con las Comunidades Autnomas, los Ayuntamientos y la 
iniciativa privada.

* El PP tomar las medidas necesarias para recuperar y dinamizar 
el mercado de alquileres a fin de facilitar la tendencia a la 
movilidad geogrfica de los ciudadanos y el abaratamiento de 
costes. Emprender un conjunto de actuaciones, mediante 
estmulos fiscales y financieros, para la puesta en alquiler de 
viviendas desocupadas, y estimular la construccin de viviendas 
en alquiler.

* Desarrollar una poltica realista de rehabilitacin de 
viviendas en coordinacin con las Administraciones Estatal, 
Autonmica y Municipal que permita la puesta en el mercado de 
viviendas desocupadas, ahora en mal estado de conservacin y 
habitabilidad, haciendo posible la recuperacin y regeneracin 
de los cascos urbanos y urgentemente en los cascos histricos.

* Impulsar  la reforma del rgimen urbanstico y valoraciones 
del suelo a fin de alcanzar el objetivo bsico de generar suelo 
til y barato y evitar la especulacin.

* Impulsar  un conjunto de normativas destinadas a establecer un 
marco ms sencillo, claro y eficaz que ordene la edificacin, 
permita la expansin de la propiedad horizontal; reduzca costes 
en el mercado hipotecario; potencie la actuacin y transparencia 
de las cooperativas de vivienda; adapte la regulacin de las 
viviendas de Proteccin oficial a las actuales necesidades y 
dinamice la rehabilitacin y recuperacin de centros urbanos.

* Aplicar  una poltica tendente a mejorar los recursos del 
sistema financiero dedicados a la vivienda, garantizando las 
consignaciones presupuestarias oportunas y potenciando el 
mercado hipotecario, y con una poltica econmica que propicie 
una reduccin sustancial de los tipos de inters.

* Reducir  la fiscalidad sobre la vivienda y el suelo 
favoreciendo la adquisicin de vivienda habitual y las viviendas 
sometidas a los regmenes de proteccin pblica, especialmente 
las dirigidas hacia las rentas mas bajas, las de ncleos 
familiares de nueva creacin y las de jvenes. En particular se 
adoptar n las siguientes medidas:

* Tributacin por el tipo del 4% en el IVA en las viviendas de 
proteccin oficial y de precio tasado.

* Modificacin del rgimen de las cuentas de ahorro-vivienda 
ampliando el plazo actual en dos aos.

* Eliminar  la tributacin por renta presunta derivada de la 
utilizacin de la vivienda propia habitual.

* Mantenimiento de la desgravacin por adquisicin de vivienda 
en el IRPF.

* Promocin de vivienda para jvenes dentro de los planes de 
proteccin. A tal fin se facilitarn como "entrada" de la 
vivienda crditos a bajo tipo de inters, con la garanta del 
Estado o de las Comunidades Autnomas, atendiendo a las 
condiciones econmicas de los solicitantes. Esta ayuda directa 
debe realizarse mediante concierto con las entidades 
financieras, acordndose con ellas las frmulas para su 
resarcimiento y garanta.

*Se tendr en cuenta en los planes de vivienda a las personas de 
la tercera edad, de tal modo que se contemple la adecuacin de 
la dimensin de las viviendas a las necesidades reales, el 
ajuste de su incidencia en la economa familiar a la renta 
disponible y la cesin de la vivienda a cambio de renta 
vitalicia, con las garantas y el asesoramiento adecuados.
 
Asimismo se incorporar  al sistema de ayudas pblicas a la 
vivienda a las residencias de tercera edad como sustitutivo de 
la vivienda misma.

2.- Preseervar y mejorar el medio ambiente

Para el Gobierno del PP la proteccin del medio ambiente ser un 
objetivo en todas sus actuaciones, tanto por la necesidad de 
preservarlo como por el convencimiento de que la poltica 
medioambiental puede convertirse en un importante factor de 
dinamizacin econmica, de generacin de empleo y de desarrollo 
tecnolgico. La preservacin y mejora del medio natural, del 
entorno urbano y del patrimonio histrico-cultural son un 
cimiento esencial de nuestro futuro para garantizar una calidad 
de vida adecuada y un desarrollo econmico sostenible a largo 
plazo.

La unidad de criterios bsicos en esta poltica obliga a una 
mejora de la coordinacin entre las distintas Administraciones 
Pblicas y dentro de la misma Administracin Central. Para ello, 
el gobierno del PP establecer un Ministerio de Medio Ambiente, 
elevando al mximo rango poltico la atencin al medio ambiente 
y mejorando la interlocucin con los organismos nacionales e 
internacionales. Esta medida no incrementar el gasto pblico al 
no aumentar el nmero de funcionarios, ya que el Ministerio de 
Medio Ambiente agrupar competencias actualmente dispersas en la 
Administracin Central.

El PP cree necesario un cambio de hbitos y valores sociales 
para lograr una efectiva proteccin del medio ambiente. Es 
fundamental el protagonismo de la sociedad, ya sea como 
consumidores o en el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades. El PP apoyar la formacin tanto dirigida al 
mbito profesional como al incremento de la madurez de la 
conciencia colectiva en relacin con el medio ambiente.

2.1. Medidas:

* Creacin de un Ministerio de Medio Ambiente.

* Elaboracin de una Ley General de Medio Ambiente con el fin de 
conseguir una mayor calidad medioambiental para todos los 
espaoles y un equilibrio entre nuestras necesidades de 
crecimiento econmico y la preservacin del Medio Ambiente.

* Prevencin y lucha contra los incendios forestales y la 
desertizacin. Creacin de reas forestales piloto, como 
referencia de gestin preventiva contra el fuego.

* Reforestacin de 1.000.000 de hectreas, con atencin especial 
a las cabeceras de las cuencas hidrogrficas, elaborando 
programas de actuaciones a medio y largo plazo.

* Redaccin de la Estrategia Nacional para el Fomento de la 
Biodiversidad y creacin del Banco de datos sobre biodiversidad, 
espacios naturales, flora y fauna.

* Fomento de acuerdos sectoriales voluntarios y de la 
autorregulacin. Establecimiento de incentivos a la realizacin 
de ecoauditoras y de auditoras energticas.

* Fomento del etiquetado ecolgico y control efectivo de la 
publicidad de productos ecolgicos.

* Apoyo a la creacin de empresas y tecnologas en el rea de 
los servicios ambientales, elaborando un Programa Nacional de 
I+D para el Medio Ambiente.

* Control del cumplimiento de la normativa sobre ruido y 
emisiones contaminantes a la atmsfera. Fomento del transporte 
colectivo.

* Realizacin de auditoras energticas e implantacin de 
medidas de ahorro en los edificios pblicos dependientes de la 
Administracin Central como va para reducir las emisiones 
contaminantes a la atmsfera.

* Elaboracin del Plan Nacional de Restauracin de Embalses y 
Cauces Fluviales afectados por la degradacin ambiental.

* Restauracin de la calidad de las zonas litorales y de las 
playas deterioradas. Aplicacin estricta de la Ley de Costas en 
materia de vertidos.

*Revisin del Plan Nacional de Depuracin de Aguas Residuales.
* Elaboracin de un Plan Nacional de Residuos Slidos Urbanos 
que erradique los vertederos incontrolados, fomente la 
reduccin, reutilizacin y reciclado de los mismos, as como la 
recuperacin de vertederos clausurados.

* Revisin del Plan Nacional de Residuos Industriales, apoyando 
la construccin de instalaciones de eliminacin de residuos y 
estaciones de transferencia.

* Elaboracin de un catlogo de monumentos deteriorados por 
causa de la contaminacin y elaboracin de una estrategia de 
prevencin de daos y restauracin.

* Fomento de la educacin ambiental en todos los niveles 
educativos, mediante la incentivacin de proyectos y el 
desarrollo de programas y contenidos que garanticen el 
conocimiento de los problemas ambientales del pas, as como la 
utilizacin sostenible de los recursos.

* El gobierno del PP impulsar la mejora legal de la legislacin 
medioambiental en los aspectos de Prevencin y Control Integrado 
de la Contaminacin; de Contaminacin Atmosfrica y Ruido; 
Aguas; Montes y Aprovechamientos Forestales; y Evaluacin de 
Impacto Ambiental, como marco de proteccin e impulso a las 
actuaciones medioambientales sealadas.

3.- Una politica solidaria del agua

3.1. Principios

El problema del agua en Espaa afecta a la cantidad y calidad de 
los recursos hdricos, al futuro socioeconmico de grandes 
regiones espaolas y medioambiental del pas entero. Es una 
cuestin de Estado, suprapartidaria, que necesita del consenso.
 
Ello exige racionalidad, rigor tcnico y previsin.

El PP, lejos de cualquier visin partidaria o localista y 
procurando la mayor solidaridad interregional y la mxima 
eficacia econmica, social y medioambiental en la utilizacin 
del recurso, declara como principios bsicos los siguientes:

* El agua es un bien social, econmico y pblico; limitado 
aunque renovable, aspecto que debe tenerse en cuenta para su 
adecuada gestin. El PP defiende la repercusin progresiva de 
los costes de construccin y explotacin de las infraestructuras 
que sean necesarias para el suministro y depuracin de las 
aguas, manteniendo la gratuidad del agua como recurso.

* El agua es un elemento bsico para la ordenacin del 
territorio, por lo que su regulacin y trasvase debe tender a 
disminuir los desequilibrios interterritoriales que ya existen.
* La realizacin de un Plan Hidrolgico Nacional como elemento 
fundamental para el desarrollo de una adecuada poltica del 
agua, que debe contar para su elaboracin con un eficaz Plan 
Nacional de Regados.

* Garantizar los abastecimientos urbanos, para mejorar la 
calidad de vida, industriales y agroalimentarios, para asegurar 
el crecimiento econmico.

* Desarrollo de planes de prevenciones de las inundaciones y 
avenidas.

*Proteccin del Medio Ambiente como fuente de recursos 
hidrolgicos.

3.2. Medidas

3.2.1. Mejora de la gestin

Racionalizar la gestin y la administracin del agua, con objeto 
de poner fin a la situacin actual de anarqua en los 
aprovechamientos y obtener una reduccin importante de los 
consumos y de las demandas. Para ello:

* Manteniendo la gratuidad del agua como recurso, se debern 
repercutir progresivamente los costes de construccin y 
explotacin de las infraestructuras necesarias para el 
suministro y depuracin de aguas.

* Fomento de la participacin del capital privado en obras de 
infraestructuras, as como de la gestin privada de los 
servicios pblicos de abastecimiento y depuracin de aguas.

* Se modificar la Ley de Aguas.

* Se desglosarn los actuales organismos de cuenca en Comisaras 
de Aguas y en Confederaciones Hidrogrficas, y se dar una mayor 
representacin a los usuarios.

* Se fomentarn las Comunidades de Usuarios como colaboradoras 
de la Administracin en la lucha contra los abusos y, en 
especial, las de usuarios de aguas subterrneas como instrumento 
mejor para la gestin de los acuferos.

* Se impulsar la constitucin de consorcios o mancomunidades 
para conseguir una gestin ms racional y econmica del recurso.

* Se reforzarn los estudios y actividades en relacin con la 
gestin de las aguas subterrneas, tanto en el MOPTMA como en 
los organismos de cuenca.

*Se culminarn en todas las cuencas los inventarios de 
provechamientos, autorizados o no, tanto de aguas superficiales 
como subterrneas.

* Se ampliar la modalidad de cesiones temporales de los 
Recursos con el fin de habilitar un mercado controlado del agua 
en pocas de sequa.

* Se realizarn campaas de informacin entre los distintos 
usuarios para fomentar el ahorro y el uso racional del agua y 
disminuir su contaminacin.

* Se realizarn Programas de investigacin y desarrollo (I+D) 
sobre Recursos Hdricos y Medio Ambiente.

* Se impulsar la gestin privada de los servicios pblicos de 
abastecimiento y de depuracin de aguas en la medida en que se 
acelere, abarate o mejore la prestacin de estos servicios.

* Se establecern tarifas que repercutan los costes de 
regulacin, transporte y distribucin del agua, y que penalicen 
los consumos abusivos, mediante un sistema adecuado de 
tarificacin. Estas tarifas no se vern gravadas por impuesto 
alguno sobre el agua. Tambin se establecern medidas para 
incentivar el ahorro de agua en usos industriales y urbanos.

* Se llevar a cabo un plan para la instalacin de dispositivos 
de medida y control del uso del agua, con objeto de racionalizar 
su consumo.

3.2.2. Mantenimiento y optimizacin de los recursos

Calidad y cantidad son aspectos indisociables del agua. Una 
adecuada poltica de calidad de las aguas exige actuaciones 
tanto preventivas como de regeneracin y de polica. Para ello 
proponemos:

* La puesta en marcha de los planes de depuracin de aguas 
residuales urbanas e industriales, que incluyan la 
cofinanciacin europea y/o estatal con las Comunidades Autnomas 
y Ayuntamientos para disponer de tratamientos secundarios antes 
del 2005 en los ncleos urbanos de ms de 2.000 habitantes. Las 
industrias deben depurar sus vertidos de acuerdo con los 
objetivos de calidad del medio receptor mediante planes de 
descontaminacin gradual.

* El impulso a los estudios para la definicin y posterior 
mantenimiento de los caudales ecolgicos en los cursos 
fluviales, de acuerdo con las caractersticas de cada uno de 
ellos.

* La realizacin de un inventario completo de los vertidos, 
autorizados o no, en cada una de las cuencas hidrogrficas.

3.2.3. Modernizacin de los sistemas hidrulicos

Se orientarn hacia el aumento de la eficiencia de la red, con 
el consiguiente ahorro de agua. Con tal fin se pondr en marcha:

* La modernizacin de las redes de transporte y distribucin, 
tanto agrarias como urbanas e industriales, con el fin de 
reducir las prdidas que se produzcan en ellas.

* La modernizacin de los sistemas de riego, para mejorar su 
eficiencia global.

* El apoyo al desarrollo de tcnicas industriales que reduzcan 
los consumos de agua.

3.2.4. Medidas para la obtencin de nuevos recursos

A tal fin se realizar:

* Una poltica racional de construccin de embalses, respetuosa 
con el medio ambiente y apoyada en los estudios tcnico-
econmicos y jurdicos que justifiquen su viabilidad.

* Una poltica de gestin de acuferos que permita la 
utilizacin conjunta de aguas superficiales y subterrneas y 
que, en su caso, desarrolle las actuaciones de recarga 
artificial de acuferos.

* Una poltica de mayor aprovechamiento de los recursos que 
fomente la reutilizacin de las aguas urbanas e industriales 
como medida para obtener nuevos recursos y reducir la 
contaminacin.

* Una poltica de trasvase de excedentes como ltima solucin, 
aplicada slo cuando las carencias reales de la cuenca receptora 
condicionen su desarrollo futuro. Garantizar siempre los 
legtimos intereses actuales y futuros de la cuenca cedente, e 
ir acompaada de compensaciones tendentes a disminuir los 
desequilibrios interterritoriales.

* Una poltica de fomento de la desalinizacin de aguas marinas 
y salobres en las zonas costeras e insulares.

3.2.5. Garanta de Abastecimientos

Garantizar los abastecimientos urbanos e industriales para lo 
que, adems de las medidas propuestas, se elaborar y ejecutar
un Plan de actuaciones y obras y se proceder a la delimitacin 
y proteccin de acuferos con aguas subterrneas no 
contaminadas, as como al fomento de tecnologas que reduzcan el 
consumo en usos industriales.

3.2.6. Garanta para el sector Agroalimentario

El agua es un elemento fundamental para nuestro sistema 
agroalimentario, el mantenimiento de la poblacin en el medio 
rural y, por ello, para una adecuada ordenacin del territorio. 
La poltica de agua tender a consolidar una agricultura 
competitiva y el desarollo del medio rural, para lo cual se 
elaborar un eficaz Plan Nacional de Regados.

3.2.7. Conservar y proteger el Medio Ambiente

Conservar y proteger el Medio Ambiente como elemento bsico para 
una mejor calidad de vida y como una nueva fuente de recursos 
hidrolgicos es parte esencial del programa del PP. La 
degradacin a la que est sometida buena parte de nuestras aguas 
obliga a una proteccin activa de las mismas.

Se proponen, en consecuencia, las siguientes actuaciones:

* La proteccin y recuperacin de humedales con planes de 
regeneracin hdrica.

* La lucha contra la erosin de laderas y contra el 
atarquinamiento de los embalses mediante un plan de correccin y 
restauracin hidrolgico-forestal.

* Eliminar los abusos en cantidad y calidad de las aguas 
mediante la accin de polica.

* Regeneracin de los cauces fluviales y de su flora y fauna 
acucola.

* Aprovechamiento y desarrollo hidroelctrico como fuente limpia 
de energa renovable y de alta calidad, que garantice su 
compatibilidad con otros usos y el respeto al medio ambiente.

3.2.8. Prevencin

La prevencin de las inundaciones y avenidas gozar de una 
especial atencin, que incluir las siguientes medidas:

* Identificacin y deslinde de las zonas con riesgo de 
inundaciones.

* La identificacin y deslinde de los cauces pblicos.

* Vigilancia de los cauces fluviales para evitar las 
realizaciones de actividades prohibidas en las zonas inundables.

* Desarrollo de los planes de previsin de avenidas y prevencin 
de daos, en coordinacin con las administraciones competentes.

*Construccin de obras de defensa para corregir los efectos de 
las avenidas.

4. Proteger los derechos del consumidor
 
La efectiva proteccin de los consumidores y usuarios es un 
mandato constitucional y uno de los instrumentos fundamentales 
para alcanzar una mejor calidad de vida. Las carencias y la 
escasa efectividad de la ley para la defensa de los consumidores 
y usuarios exige su modernizacin, en especial en lo que se 
refiere al rgimen de garantas y responsabilidades para superar 
la actual desproteccin. Para alcanzar en Espaa el nivel de 
proteccin al consumidor propio de los pases miembros de la 
Unin Europea, el Gobierno del PP impulsar las siguientes 
medidas:

* Modernizar la Ley para la defensa de los consumidores y 
usuarios, en especial en lo que se refiere al rgimen de 
garantas y responsabilidades para superar la actual 
desproteccin a que da lugar.

* Transponer las directivas europeas que afectan al mbito del 
consumo, con carcter urgente y prioritario, para conseguir que 
en 1997 nuestra legislacin est plenamente armonizada con la de 
los pases de nuestro entorno.
 
* Slo de esta forma conseguiremos poner el Mercado nico al 
servicio real de los consumidores espaoles.

* Para mejorar la calidad de los servicios pblicos se elabora  
una Carta del Ciudadano que establezca procedimientos sencillos 
para facilitar no slo el uso sino la libertad de eleccin de 
los servicios que el ciudadano recibe, fomentando su 
participacin en la evaluacin de las condiciones de calidad y 
de coste con que se prestan. 

Se basar, entre otros, en los siguientes principios: fijacin 
de exigencias de calidad para cada servicio pblico; plena 
transparencia respecto a costos, responsabilidades y modos de 
gestin; informacin gil y completa sobre los servicios que se 
prestan, con evaluaciones sobre calidad; sistema eficaz e 
inmediato de reclamaciones y quejas.

* El PP propone crear una red arbitral de consumo en 
colaboracin con las Comunidades Autnomas. Asimismo se 
configurar un sistema eficaz de informacin al consumidor 
coordinado con las comunidades autnomas y las corporaciones 
locales. Se prestar especial atencin al medio rural mediante 
programas especficos.

* Del mismo modo, en colaboracin con las Administraciones, 
autonmicas, locales y las asociaciones de consumidores y 
usuarios se potenciarn las campaas de informacin en relacin 
con aspectos de inters general o especial repercusin 
estacional (verano, Navidad) coordinando todos los recursos as 
como programas de informacin de consumo en el mbito escolar.

* Acordar con los agentes implicados el control y la eventual 
eliminacin de toda publicidad y propaganda de artculos, 
productos o servicios que, pudiendo tener efectos indeseables o 
indeterminados sobre la salud de los ciudadanos, no cuente con 
los oportunos registros, permisos o autorizaciones emitidos por 
las Autoridades competentes. En especial se prestar especial 
atencin a aquellos que estn dirigidos a la poblacin infantil.

* Respaldar la configuracin de un movimiento asociativo slido, 
plural y representativo, reconociendo la diversidad de las 
asociaciones de consumidores y usuarios, incentivando con ellas 
la realizacin y fusin de estudios sobre precios y 
caractersticas de bienes y servicios.

5.- Politica a favor del la familia y del menor

El PP considera que es importante y urgente establecer una 
eficaz poltica en favor de la familia en Espaa. La institucin 
familiar merece la proteccin social, jurdica y econmica que 
nuestra Constitucin postula. Fortalecer la familia es un 
requisito clave para la consolidacin de una sociedad vigorosa.
 
Es el cauce de la solidaridad intergeneracional y la mejor red 
de seguridad frente a cualquier contingencia.
La espectacular cada en los ltimos aos de nuestras tasas de 
natalidad y fecundidad, en las que Espaa ha alcanzado marcas 
negativas mundiales, exige abordar el problema demogrfico.
 
Otras naciones que experimentaron semejante tendencia han 
reaccionado con el concurso de polticas activas en favor de la 
familia.

Espaa tiene el nivel ms bajo de apoyo a la familia de todos 
los pases de la Unin Europea.

5.1 Poltica de apoyo a la familia

5.1.1. En el mbito de la proteccin social:

La familia es un buen cauce para realizar algunas prestaciones 
sociales. Por ello, la poltica del gobierno del PP, adems de 
las medidas contempladas en los apartados de vivienda, educacin 
y sanidad, se dirigir a:

* Facilitar que la tercera edad pueda convivir con su propia 
familia.

* Favorecer la escolarizacin de nios menores de tres aos en 
situaciones de dficit cultural o social recurriendo a horarios 
especiales o frmulas de tiempo parcial.

* Estimular frmulas que permitan un eficaz reconocimiento del 
valor del trabajo de la pareja en el hogar, as como el 
equitativo reparto de las tareas familiares.

*Potenciar una formacin profesional que permita el acceso al 
trabajo de quienes no pudieron hacerlo o tuvieron que 
abandonarlo por atender cargas familiares.

* Tener en consideracin el nmero de miembros que componen la 
unidad familiar en los tamaos de las Viviendas de Proteccin 
Oficial.

5.1.2. En el mbito jurdico:

* Crear un sistema de garanta de pago de las pensiones 
establecidas por sentencia judicial en los procesos de 
separacin o divorcio, especialmente en aquellos casos de 
carencia de recursos econmicos para la atencin de los hijos 
por el cnyuge que los tenga a su cargo.

* Dotar de medios a los juzgados de familia para garantizar la 
agilidad en el procedimiento y la eficaz ejecucin de la 
sentencia.

* Facilitar la adopcin evitando trabas innecesarias e 
inseguridad para el menor.

5.1.3. En materia fiscal:

* Adoptar medidas que contemplen las cargas familiares en la 
atencin a descendientes y a mayores que dependan de la unidad 
familiar.

* Adoptar medidas que garanticen una efectiva descarga fiscal 
para aquellas familias con miembros afectados por disminucin 
fsica o psquica.

* Incrementar la tasa de deduccin en el I.R.P.F de los gastos 
de guardera.

5.2. Proteccin del menor

El PP considera que es preciso mejorar la Ley de Proteccin del 
Menor atendiendo a los siguientes aspectos.

*Reconocer al menor como sujeto de derechos en todos los mbitos 
en los que su vida se desarrolla.

* Medidas de apoyo a los menores en dificultad social y de 
compensacin de las desigualdades en materia de educacin social 
y tiempo libre.

* Realizar programas de rehabilitacin especficos para menores 
alcohlicos o drogodependientes.

* Cumplimiento y control de lo previsto en materia de proteccin 
a la infancia en la programacin televisiva.

* Revisar el procedimiento seguido en la actualidad para la 
identificacin del recin nacido.

* Estudiar el establecimiento de sistemas que controlen la 
publicidad agresiva de juguetes dirigidos a espectadores menores 
de edad, as como el incremento de su precio en determinadas 
fechas.

6.- La seguridad y bienestar de los mayores 

La poltica del PP en favor de los mayores se inspira en los 
siguientes principios:

El cumplimiento del Pacto de Toledo, acordado por el PP con las 
principales fuerzas polticas, enmarca el programa de 
actuaciones respecto a la jubilacin y las pensiones.

Integracin, de manera que se produzca el menor desarraigo 
posible del entorno familiar y social.

Autonoma, que permita el pleno ejercicio por los mayores de su 
condicin de ciudadanos autnomos y libres.

Pluralidad, fomentando la iniciativa social en la prestacin de 
servicios sociales a los mayores.

Coordinacin, entre las diversas Administraciones con 
competencias en la prestacin de servicios sociales a los 
mayores.

6.1 Medidas

6.1.1. En relacin con las pensiones:

* Se garantizar  el mantenimiento del poder adquisitivo de todas 
las pensiones y, tan pronto como las previsiones presupuestarias 
y econmicas lo permitan, se llevar  a cabo un esfuerzo especial 
para la mejora de las pensiones de jubilacin que no alcancen al 
salario mnimo.

* Equiparacin progresiva de la cuanta mnima de las pensiones 
de viudedad y en el contexto del desarrollo del Pacto de Toledo.

* Establecer frmulas que por razones de justicia permitan 
conservar la pensin de viudedad en el supuesto de contraer 
nuevas nupcias.

* Las pensiones de clases pasivas con origen en la legislatura 
anterior al 1.1.85 se equipararn progresivamente a las causadas 
con arreglo a la legislacin vigente desde dicha fecha.

6.1.2. En relacin con la jubilacin

*Se introducirn criterios de jubilacin flexible, antes y 
despus de los 65 aos, haciendo compatibles pensin y trabajo a 
tiempo parcial.

6.1.3. En relacin con la atencin sanitaria

* Se elaborar y desarrollar un programa especial de atencin 
sanitaria a la tercera edad que prime la atencin preventiva.

* Se mejorar la integracin y coordinacin de servicios 
sanitarios y sociales, y de los primeros entre s, con objeto de 
mejorar la atencin dispensada a los mayores.

* Se garantizar la atencin geritrica, hospitalaria y 
extrahospitalaria a los mayores, promoviendo unidades 
geritricas y aumentando el nmero de especialistas en 
geriatra.

6.1.4. En relacin con los servicios sociales

* Se impulsar un "Plan de Fomento y Apoyo del Voluntariado" en 
tareas de ayuda a los mayores, como medio de participacin de la 
iniciativa social en la prestacin de servicios sociales.

* Se potenciar la participacin de los mayores en la 
administracin y funcionamiento de los servicios sociales y de 
creacin de cauces institucionales que den va a la 
representacin de sus intereses especficos.

* Se fomentarn los programas de ayudas a domicilio, viviendas 
tuteladas y compartidas, sistemas de telealarma, atencin mdica 
domiciliaria y centros de da.

*Se incrementar la oferta de plazas en residencias pblicas y 
privadas hasta atender la demanda motivada en razones de 
dependencia de los mayores.

* Se actuar decididamente para la supresin de barreras 
arquitectnicas y de la accesibilidad en los espacios urbanos 
habituales de los mayores.

* En relacin con el ocio y la cultura, se propondrn medidas de 
apoyo tcnico y econmico al servicio de las asociaciones de los 
mayores sin interferir en su autonoma y libertad, estimulando 
la participacin del voluntariado y la iniciativa social.

* Se estudiar la viabilidad econmica y financiera de un 
sistema de aseguramiento para garantizar la atencin a las 
personas mayores que no se puedan valer por s mismas.

6.1.5. En relacin con la familia

* Se implantar, progresivamente, un programa de ayudas 
econmicas a familiares con limitaciones en su actividad laboral 
por tener que atender a personas mayores.

* Se desarrollarn programas de atencin domiciliaria, con 
implicacin del voluntariado social, con el objetivo de que los 
familiares que tienen mayores a su cargo puedan organizar su 
ocio familiar.

* Se adoptarn las medidas necesarias que contribuyan a remover 
los obstculos que dificultan la permanencia de las personas 
mayores en el seno familiar, facilitando en su caso los recursos 
que la hagan posible.

7.- Asegurar la igualdad de la mujer 

Para el PP es irrenunciable el principio de igualdad de 
oportunidades entre la mujer y el hombre en la sociedad espaola 
y su participacin plena, en pie de igualdad, en la vida civil, 
poltica, econmica, social y cultural con el fin de garantizar 
el desarrollo y bienestar del conjunto de la sociedad.

La tasa de mujeres en paro duplica a la de los varones, y si la 
comparamos con la de la Unin Europea, es la ms alta. Una 
mayora de las mujeres que acceden al mundo laboral lo hacen 
bajo la frmula de contratacin temporal y a tiempo parcial.

La poltica del Gobierno del PP partir de los avances ya 
logrados, y tendr como objetivo facilitar a la mujer la libre 
eleccin de la forma en que quiere vivir, libertad que no debe 
verse limitada por ninguna barrera legal, social, educativa o 
laboral.

7.1. Medidas

* Potenciar la participacin de las mujeres en la esfera 
poltica en los distintos mbitos: nacional, autonmico y local.
* Impulsar su mayor protagonismo en la sociedad civil, 
fomentando el asociacionismo femenino y su participacin en las 
Organizaciones de Voluntariado Social.

* Presentar, de modo urgente, un "Plan de Accin para la 
Igualdad de Oportunidades", coordinado con el IV Programa de 
igualdad Europeo.

Atendiendo a este objetivo, se basar en:

7.1.1. En materia de educacin y empleo:

* El PP impulsar medidas que ayuden a conciliar la vida 
familiar y profesional (horario Laboral, permisos de maternidad 
y guardera).

*Realizar programas especficos de educacin compensatoria para 
las mujeres que precisen aumentar su nivel educativo con objeto 
de impulsar su participacin social, singularmente en el mbito 
rural y para quienes habiendo abandonado el mundo laboral 
vuelvan a l.

* Aumentar la capacitacin tcnica, en administracin, extensin 
agraria y comercializacin de productos agroalimentarios, a fin 
de aumentar las oportunidades de generacin de ingresos de la 
mujer rural.

* Elaborar campaas de educacin y concienciacin para fomentar 
la participacin del hombre en las tareas familiares, con el fin 
de lograr un reparto ms igualitario de las responsabilidades 
familiares y profesionales.

* Eliminar los estereotipo sexistas en la educacin, promoviendo 
actividades favorables a la igualdad en todos los mbitos 
educativos.

* Emprender las acciones necesarias para que las mujeres accedan 
al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, y participen 
en la toma de decisiones a todos los niveles.

* Erradicar las discriminaciones salariales, exigiendo la 
aplicacin de la igualdad de retribucin para un trabajo de 
igual valor.

* Elaborar programas de lucha contra la pobreza y exclusin 
social, incluidos planes especiales de empleo.

* Estimular la participacin de las mujeres en las 
organizaciones sindicales, empresariales y polticas promoviendo 
su presencia en los rganos de decisin.

* Favorecer el trabajo por cuenta propia de la mujer y la 
creacin por su iniciativa de empresas y cooperativas.

7.1.2. En relacin a la salud y calidad de vida

* Fomentar la informacin sexual para evitar embarazos no 
deseados. Se har efectiva, en determinados casos, la gratuidad 
de los mtodos anticonceptivos, a travs de la Seguridad Social.

* Luchar para la erradicacin de la violencia domstica y sexual 
contra la mujer dentro y fuera del matrimonio y facilitar 
informacin completa sobre sus derechos.

* Disear proyectos complementarios para la implantacin de 
servicios sociales de apoyo a la mujer y a la familia. 

En concreto:

- Fomentar el establecimiento de redes de educacin y atencin 
infantil. Se incentivar la creacin de guarderas en los 
centros de trabajo.

- Promover programas especiales durante las vacaciones 
escolares, as como la implantacin de centros de atencin 
diurna para las personas mayores y minusvlidos que conviven con 
la familia, dando prioridad a las zonas rurales, y periferias de 
grandes ciudades.

- Mejorar las pensiones de viudedad ms bajas.

- Asegurar el pago de las pensiones alimenticias fijadas en 
Sentencias judiciales.

- Extender el derecho a la pensin de orfandad hasta los 21 
aos.

8.- El futuro de los jovenes

La mejor poltica de juventud es una poltica que genere empleo, 
mejore la educacin, la formacin profesional y universitaria, 
facilite el acceso a la vivienda y d alternativas para la lucha 
contra la droga. El PP concibe por ello la poltica de juventud 
como una poltica de carcter horizontal, que debe inspirar el 
conjunto de las acciones del gobierno. En consecuencia, el 
gobierno del PP se propone:

* Reformar el sistema de Selectividad a fin de atender de una 
manera ms justa y adecuada a la vocacin, aptitud y preparacin 
de los alumnos.

* La reforma de la contratacin en prcticas para facilitar una 
prctica profesional adecuada al nivel de estudios que se posea, 
aplicando y perfeccionando los conocimientos adquiridos.

* La reforma de calidad y prestigio de la Formacin Profesional, 
que promover y articular  la participacin efectiva del mundo 
productivo, de modo que exista una correspondencia real y 
actualizada entre la oferta de titulados y la demanda social de 
los mismos.

* La adaptacin de la enseanza universitaria mediante el 
desarrollo de programas "Empresa-Joven" que fomenten el 
asociacionismo de los estudiantes universitarios como medio para 
adquirir una primera experiencia en la gestin empresarial, as 
como realizar prcticas becadas que ofrezcan una formacin 
especfica y experiencia laboral y la creacin de centros de 
insercin laboral en departamentos universitarios.

* En la lucha contra la droga, se impulsar una poltica 
educativa de prevencin destinada a la formacin de los jvenes, 
en una cultura de la salud que fomente la crtica hacia el 
consumo de estupefacientes y la solidaridad con los toxicmanos, 
para lo que se promovern programas de asistencia que 
diagnostiquen y deriven a los enfermos hacia las formas de 
tratamiento que precisen, relacionndolos con un proceso gradual 
de reinserccin social.

* En el mbito del servicio militar, el PP propone la reduccin 
a seis meses.

8.1. En relacin con el acceso a la vivienda:

* Modificacin del rgimen de las cuentas de ahorro vivienda 
ampliando el plazo actual en dos aos.

* Promocin de viviendas para jvenes dentro de los Planes de 
Vivienda protegidas. A tal fin se facilitar  como "entrada" de 
la vivienda crditos a bajo tipo de inters con la garanta del 
Estado o de las Comunidades Autnomas, atendiendo a las 
condiciones econmicas de los solicitantes.

* Adopcin de medidas para recuperar y dinamizar el mercado de 
alquileres a fin de facilitar la movilidad geogrfica de los 
jvenes. Se emprender un conjunto de actuaciones, mediante 
estmulos fiscales y financieros para la puesta en alquiler de 
viviendas desocupadas y propiciar la construccin de viviendas 
en alquiler.

8.2. En el mbito del voluntariado social y la participacin
* El trabajo voluntario es una funcin de futuro. Es una fuerza 
para renovar el actual sistema y construir la sociedad del siglo 
XXI.

* Se estimular la creacin y consolidacin de Asociaciones, 
Organizaciones No Gubernamentales y otras entidades sin nimo de 
lucro que tengan programas para realizar con voluntariado, como 
va de participacin activa de los jvenes en la sociedad civil.
 
Se pondr en marcha un Plan Nacional de Apoyo y Fomento del 
Voluntariado Social, como expresin e instrumento de la 
solidaridad y un mayor compromiso de los jvenes, en los 
trminos siguientes: 

- Fomentar el trabajo voluntario en el seno de las 
Organizaciones, estimulando el compromiso libre y solidario de 
los ciudadanos para impulsar el crecimiento de los ndices de 
desarrollo, y mejorar la calidad del conjunto de la sociedad.

- Desarrollar mecanismos de asistencia tcnica, programas 
formativos, servicios de informacin y campaas de divulgacin 
para la mayor valoracin y reconocimiento social del trabajo 
voluntario.

- Establecer Convenios con las organizaciones de voluntariado, 
de acuerdo con criterios de equidad y transparencia, atendiendo 
exclusivamente a fines de inters general en el mbito 
asistencial, cvico, cultural, educativo, cientfico, deportivo, 
de defensa del Medio Ambiente, la economa y la investigacin.

- Establecer medidas pblicas de apoyo al Voluntariado, 
destinando recursos econmicos para cofinanciar los proyectos 
propuestos por las organizaciones, garantizando as el grado de 
compromiso necesario para un uso correcto de los fondos 
pblicos.

- Se desarrollar el Voluntariado de atencin y prestacin de 
servicios a la Tercera Edad.

9.- La integracion de los minusvalidos

Las personas con minusvalas son nuestra primera obligacin. Una 
sociedad justa y desarrollada se mide por cmo atiende a sus 
miembros ms indefensos. Por ello, el gobierno del PP se propone 
impulsar una poltica para que la libertad y la igualdad de los 
minusvlidos sean reales y efectivas y para facilitar su 
participacin en los diferentes mbitos de la vida social.

Para realizar una poltica responsable y adecuada a las 
necesidades de la poblacin a la que va dirigida, es 
imprescindible conocer el nmero de personas a las que ese 
programa afecta y en este sentido, aunque parezca increble, 
Espaa carece, todava, de un Censo General sobre la poblacin 
minusv lida.

9.1. Medidas instrumentales

* Se impulsar y coordinar la poltica del Gobierno de la 
Nacin con las polticas de los distintos Gobiernos Autonmicos, 
Corporaciones Locales, asociaciones e iniciativas sociales a fin 
de sumar recursos y esfuerzos.

* Se prestar apoyo a las Fundaciones y Asociaciones de 
iniciativa social.

* Se potenciar la participacin y aprovechamiento de los 
programas de la Unin Europea.

9.2. Medidas educativas

* Se apoyar, siempre que sea posible, la educacin integrada 
que favorece la socializacin.

* Se incrementarn los profesores de apoyo y especialistas en 
diversas materias, en los centros educativos en los que exista o 
pueda existir integracin.

* Se impulsar la supresin de barreras arquitectnicas en los 
centros educativos.

*Se prestar especial atencin a los centros de educacin 
especial que escolarizan alumnos que, por su especiales 
caractersticas, no pueden integrarse en los centros ordinarios.

* Se incrementarn los centros de formacin profesional adaptada 
en colaboracin con los sectores empresariales y se establecern 
secciones especiales en los centros de formacin especial 
existentes.

* Se apoyar el lenguaje de signos de las personas sordas.

9.3. Medidas sanitarias

* Se impulsar el desarrollo de las medidas asistenciales a los 
lesionados medulares.

* Se ampliarn las prestaciones sanitarias de rtesis, prtesis 
y aparatos de locomocin o correccin de anomalas.

* Se prestar especial atencin a las medidas de prevencin, 
tales como: fomento de la investigacin bsica y aplicada, 
impulso de los estudios epidemiolgicos, prevencin de anomalas 
genticas, diagnstico prenatal, deficiencias perinatales, 
deteccin precoz de anomalas, medidas de seguridad e higiene en 
el trabajo, prevencin de enfermedades profesionales y medidas 
de seguridad vial.

* Se desarrollarn programas integrales sanitarios y educativos 
en hospitales y escuelas dirigidas a alumnos con enfermedades 
crnicas.

9.4. Promocin de la integracin laboral

* Se fomentar y potenciar la formacin y capacitacin del 
minusvlido.

* Se fomentar e incrementar la integracin laboral y el empleo 
de personas con minusvala, ya que la mejor forma de proteccin 
social es un puesto de trabajo digno.

* Se impulsar la creacin de centros ocupacionales para 
aquellos casos en los que no sea posible la integracin laboral.
* Se agilizarn los trmites de las prestaciones destinadas a 
incentivar la contratacin de trabajadores minusvlidos.

9.5. Fomento de la vida autnoma

* Se impulsar la eliminacin de barreras y obstculos que 
impiden que personas con discapacidad puedan tener una vida 
autnoma de calidad.

* Se establecern servicios especiales de lectura en bibliotecas 
y centros educativos.

* Se favorecern las actividades deportivas, culturales y 
recreativas en las que puedan participar los minusvlidos.

* Se facilitar el acceso de las personas que padezcan sordera a 
la comunicacin y a la informacin.

10.- La lucha contra la droga

El problema de la droga ha alcanzado en la sociedad espaola 
dimensiones alarmantes. El gobierno del PP trabaja
eficazmente para erradicarlo. La poltica contra las drogas debe 
basarse fundamentalmente en medidas de prevencin, formacin e 
informacin, especialmente entre los jvenes. Hay que ayudar a 
todo aquel que padezca el problema de las drogodependencias y a 
sus familias, ofertando programas de ayudas y centros de 
rehabilitacin.

El PP reafirm su posicin contraria a la legalizacin de la 
droga, as como a la peligrosa distincin entre duras y blandas.

En la lucha contra la droga es necesario que los 
narcotraficantes se sientan acosados por las leyes. En el mismo 
sentido, se debe luchar contra el blanqueo de dinero procedente 
del narcotrfico nacional e internacional.

Para llevar a cabo este programa de medidas, el PP desarrollar  
una legislacin sobre drogas que disee las lneas maestras de 
la poltica preventiva y asistencial. Asi como medidas de 
control, eficacia policial y represin del narcotrfico en los 
trminos en que se explicitan en el captulo de Seguridad.

10.1. Medidas de carcter preventivo

Se actuar especialmente contra "la demanda", desarrollando 
entre los ms jvenes una "cultura del rechazo" a travs de 
cursos formativos e informativos, programas escolares, programas 
preventivos en el medio laboral, plan de prevencin en el 
Ejrcito, etc.

Se realizar una labor preventiva "contra el abuso" en el 
consumo de alcohol, especialmente entre los jvenes.

Se aplicarn polticas encaminadas hacia la juventud, que 
ofrezcan alternativas ilusionantes que permitan a los ms 
jvenes "engancharse a valores" que desarrollen su personalidad 
de forma equilibrada y saludable, haciendo posible la 
utilizacin de las instalaciones educativas fuera del horario 
lectivo, fomentando actividades extraescolares, y mediante 
acuerdos con el Ministerio de Educacin, Comunidades Autnomas y 
Ayuntamientos.

Se marcar como objetivo irrenunciable la no dependencia a 
ninguna sustancia, pero desde la realidad, se impulsarn los 
programas de mantenimiento con metadona, as como cualquier otro 
que se considere mdicamente aconsejable.

10.2. Medidas de Asistencia-Rehabilitacin y Reinsercin

Los recursos existentes en la Red del Sistema Nacional de Salud 
se ordenarn y tendern a la profesionalizacin de todas las 
intervenciones que se lleven a cabo en esta materia.

* Evaluar los diferentes mtodos teraputicos, los distintos 
programas preventivos y los recursos asistenciales.

* Diversificacin y ampliacin de las diferentes ofertas 
teraputicas.

*Programas asistenciales en todos los Centros Penitenciarios.

*Estipulacin de "penas alternativas".

*Integracin en el mundo laboral.

*Creacin de programas de rehabilitacin especficos para 
jvenes y menores.

11.- El pacto por las pensiones

La Constitucin espaola, en su artculo 41, ordena a los 
poderes pblicos el mantenimiento de un sistema pblico de 
Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. 

Para hacer efectivo este mandato en un medio y largo plazo, el 
PP suscribi, junto a otras fuerzas polticas, el Pacto de 
Toledo. Este Pacto comporta un compromiso de todas las fuerzas 
polticas para garantizar la viabilidad del sistema pblico de 
pensiones a travs de unas reformas que hay que aplicar en los 
prximos aos.

Las pensiones representan el principal y casi nico medio de 
renta de la gran mayora de las personas mayores. Sin recursos 
econmicos suficientes, difcilmente pueden los mayores ejercer 
la autonoma y decidir plenamente sobre su modo de vida. Muchos 
de nuestros mayores son todava vctimas de una carencia de 
recursos bsicos.

El PP considera que la mejor va para garantizar un adecuado 
nivel de prestaciones sociales a los mayores estriba en abordar 
las reformas enunciadas en el Pacto de Toledo:

* Consolidacin del sistema pblico de proteccin social 
conforme al artculo 41 de la Constitucin en base a dos 
modalidades: la contributiva y la no contributiva.

* Modificacin de la estructura financiera separando las 
prestaciones no contributivas y universales de las prestaciones 
de naturaleza contributiva que se financian con las cotizaciones 
sociales.

* Equiparacin progresiva de la pensin mnima de jubilacin al 
salario mnimo y progresiva equiparacin hasta dicho lmite de 
las de viudedad no concurrentes con otros ingresos.

* Revalorizacin de las pensiones en funcin del IPC.

* Constitucin de fondos de equilibrio con los excedentes del 
sistema de pensiones en previsin de ciclos de baja actividad 
econmica.

*Mejora de la equidad y el carcter contributivo del sistema a 
travs del acercamiento de las bases de cotizacin a los 
salarios reales con la aplicacin gradual de un nico tope 
mximo de cotizacin y el mantenimiento de un tope mximo de 
prestacin.

* Incremento progresivo de las pensiones ms bajas hasta 
acercarlas al salario mnimo (SOVI, orfandad y otros).

* Equiparacin progresiva de las pensiones de Clases Pasivas 
causadas en base a la legislacin anterior al 1.1.85, a las 
causadas conforme a la legislacin posterior a dicha fecha.

* Integracin de los diversos regmenes existentes incluido el 
de clases pasivas en dos: el de trabajadores por cuenta propia y 
el de trabajadores por cuenta ajena.

* Reduccin progresiva de las cotizaciones a la Seguridad Social 
como elemento dinamizador del empleo con prioridad en los 
trabajos de baja cualificacin y en los sectores ms intensivos 
de mano de obra.

* Prolongacin de la edad con derecho a la pensin de orfandad 
hasta los 21 aos y, en caso de inexistencia de ambos padres, 
hasta los 23 aos.

* Tratamiento fiscal de las pensiones respetando la exencin que 
sobre el IRPF venan disfrutando las derivadas de incapacidad 
total y absoluta hasta el 1.1.94.

* Nueva reordenacin del conjunto de las pensiones de guerra 
superando la actual dispersin de regmenes y las 
discriminaciones existentes.

* Introduccin de frmulas flexibles de jubilacin permitiendo 
el carcter parcial de la pensin y hacindola compatible con el 
trabajo a tiempo parcial, incentivando la prolongacin 
voluntaria de la vida activa de quienes lo deseen.

* Fomento decidido de frmulas complementarias de pensiones que 
incentiven el ahorro individual y sirvan de apoyo a la 
inversin, al tiempo que mejoren la cobertura econmica de las 
personas mayores permitindoles una mayor autonoma.

12.- Sanidad mejor y mas humana

12.1 La reforma de la sanidad espaola

Es objetivo irrenunciable del PP garantizar eficazmente el 
Sistema Nacional de Salud bajo los principios de universalidad, 
gratuidad y solidaridad.

El sistema sanitario espaol tiene graves problemas y carencias. 
Su gestin es ineficiente porque responde a un modelo 
socialista, rgido, burocrtico, sin incentivos internos ni 
externos, que impide aprovechar adecuadamente todos los recursos 
sanitarios del pas. La modernizacin y la mayor eficiencia de 
la sanidad espaola pasan necesariamente por su reforma, por 
nuevas frmulas de organizacin y gestin que incluyen: la 
separacin de las funciones de financiacin y provisin, la 
distribucin equitativa de los recursos para corregir los 
fuertes desequilibrios regionales, la autonoma de los centros, 
la participacin y responsabilidad de los profesionales y la 
libertad de eleccin de los ciudadanos. Slo as se podr dar 
respuesta adecuada a la creciente demanda sanitaria de la 
poblacin y eliminar las listas de espera.

El Gobierno del PP acometer de forma decidida y con el 
concierto de la sociedad las reformas necesarias para que la 
Sanidad pblica espaola alcance mayor calidad y trato humano; 
sea universal, eficiente y satisfactoria para todos; gratuita 
para el ciudadano; financiable con fondos pblicos de manera 
sostenida que garantice su acceso a las generaciones futuras y 
solidaria entre todas las regiones de Espaa.

12.2 Principios de una nueva poltica sanitaria

* Financiacin pblica con provisin mixta. Se delimitar 
claramente la responsabilidad de las Administraciones Pblicas 
en la planificacin, organizacin y financiacin de las 
prestaciones sanitarias. Como servicio pblico esencial la 
financiacin pblica es fundamental si se quiere asegurar la 
equidad del sistema, de manera que permita acercarle ms a quien 
ms lo necesita. Coexistir  con una provisin mixta que propicie 
la mejor utilizacin de los recursos existentes con 
independencia de su titularidad. Ser objetivo prioritario 
aprovechar al mximo todos los recursos sanitarios disponibles, 
materiales y humanos, cualquiera que sea su adscripcin 
patrimonial y funcional. 

Slo por este camino se podrn reducir pronta y sustancialmente 
las listas de espera sin perjudicar la calidad.

* Una atencin integral. Se prestar atencin a todos los 
niveles del proceso salud-enfermedad, es decir, la promocin de 
la salud, la prevencin de las enfermedades y la asistencia 
sanitaria.

* Un sistema equitativo. Se garantizar igual accesibilidad al 
sistema sanitario a todos los ciudadanos y a la poblacin. Se 
corregirn las considerables desigualdades regionales existentes 
en la dotacin de recursos y en su financiacin.

* Una gestin eficiente. Se proceder a establecer prioridades 
claras en la asignacin de recursos, gestionndolos 
adecuadamente por objetivos en salud. Se introducir
gradualmente la separacin entre las funciones de financiacin y 
compra de servicios sanitarios y las de gestin y provisin. Se 
introducirn asimismo frmulas para el control de las 
desviaciones presupuestarias que prevean la participacin de los 
profesionales cuya actividad las genera.

* Un modelo descentralizado y desburocratizado, tanto en lo que 
respecta al modelo organizativo, como a la realizacin de las 
distintas prestaciones sanitarias cuya naturaleza lo permita. Se 
completar el proceso de transferencias a las Comunidades 
Autnomas.

* Un sistema participativo. Se considerar objetivo principal 
configurar una comunidad bien informada y comprometida con su 
salud, articulando cauces donde usuarios y profesionales 
sanitarios sern escuchados por la administracin. Igualmente se 
extender la participacin, en la gestin de los servicios 
sanitarios, a los profesionales sanitarios.

* Una atencin personalizada. Se crearn los mecanismos precisos 
para que el conjunto del sistema pueda funcionar con mayor 
satisfaccin objetiva de los usuarios, posibilitando los mayores 
grados de libertad de eleccin de mdico y de centro sanitario.

* Una atencin de calidad. Los principios anteriores habrn de 
perfilar un sistema que procure mejorar la calidad de los 
servicios que preste, medidos con indicadores objetivables tanto 
de la calidad tcnica como de satisfaccin del usuario.

12.3. Mejorar la gestin y sumar recursos

Para estos objetivos ser necesario:

* Realizar una auditora del Sistema Nacional de Salud para 
conocer la deuda pendiente.

* Sanear la deuda acumulada en los ltimos aos.

* Hacer unos Presupuestos Generales del Estado reales y 
suficientes que pongan a disposicin del Sistema Nacional de 
Salud los fondos pblicos que de verdad necesita cada ao.

* Contener el incremento innecesario de los costes y eliminar 
los sobrecostes derivados de una gestin deficiente.

- Pagar en tiempo a los proveedores para evitar el incremento de 
los costes financieros.

- Impulsar una poltica industrial de frmacos genricos.

- Implantar la "unidosis", de forma que cada enfermo reciba lo 
que necesite en cada tratamiento, en el medio hospitalario y 
ambulatorio. - Crear mecanismos o centrales de compras de mbito 
autonmico, para que el Sistema Nacional de Salud sea capaz de 
aprovechar, mediante concurso y estricto cumplimiento de la Ley 
de Contratos del Estado, su fuerte posicin en el mercado de 
muchos productos.

- Acordar con los profesionales una mayor eficiencia en la 
utilizacin de los recursos.

12.4. Modernizar el Sistema Nacional de Salud mediante:

* La informatizacin homologada de todo el Sistema Nacional de 
Salud, pensando en una integracin futura de todos los sistemas 
sanitarios de la UE, y poder utilizar los modernos instrumentos 
de gestin.

* La implantacin universal de la Tarjeta Individual Sanitaria 
con soporte magntico de informacin.

12.5. Aumentar la capacidad asistencial del Sistema Nacional de 
Salud tanto mediante su propia extensin, all donde sea 
necesario, como sumando al Sistema Nacional de Salud todos los 
posibles recursos sanitarios de calidad, a travs de concierto o 
contrato pblico con entidades asistenciales, con el fin de que 
se obtenga:

* La posibilidad real de que los ciudadanos puedan elegir 
libremente su mdico y centro sanitario, introduciendo en el 
sistema un rgimen de competencia que permita aumentar la 
calidad y adecuar los costes.

* Acabar con las listas de espera mediante:

- Potenciacin de la atencin primaria, completando la Red de 
Centros Asistenciales. Creacin de un nivel resolutorio de 
muchas enfermedades que actualmente se tratan innecesariamente 
en los hospitales. - Creacin de Unidades de Ciruga Ambulatoria 
en cada rea Sanitaria, para las enfermedades quirrgicas que no 
precisen ingreso.

- Potenciacin de los hospitales de da y del servicio de 
atencin domiciliaria.

- Creacin de planes de urgencia y emergencia sanitarias 
coordinados interterritorialmente.

12.6 Despolitizar a los gestores profesionalizndolos y contar 
con los mdicos y los dems profesionales sanitarios, para que 
desde su formacin contribuyan a gastar los fondos pblicos con 
la mxima eficiencia.

12.7. Impulsar y crear programas socio-sanitarios para la 
atencin de circunstancias especficas tales como:

* Mujer: programas preventivos de c nceres ginecolgicos, cncer 
de mama, planificacin familiar, gestacin, parto y menopausia.

* Personas mayores: atencin socio-sanitaria integral a quienes 
ms lo necesitan.

* Enfermedades crnicas: atencin continuada diferenciada de las 
enfermedades agudas.

* Enfermedades mentales: atencin coordinada y en los niveles 
adecuados y tanto ambulatorios como hospitalarios.

* SIDA: prevencin y atencin prioritaria coordinada con las 
organizaciones que ya trabajan con estos enfermos.

* Drogodependencias, tabaco y alcohol: evitando su consumo 
especialmente entre los jvenes, restringiendo su publicidad y 
promoviendo hbitos de vida saludables.

* Salud bucodental: con especial atencin a las personas mayores 
y los nios.

*Salud escolar: mediante programas especficos de promocin de 
la salud: vacunaciones, detencin precoz de alteraciones, 
nutricin infantil, etc.

* Salud laboral: previniendo los riesgos laborales y los 
accidentes de trabajo.

* ONG'S y Cooperacin internacional: colaborando activamente con 
las organizaciones humanitarias que desarrollan su trabajo en 
todo el mundo.

12.8. Coordinar la actividad de las distintas administraciones 
que tienen responsabilidades en materia de Salud pblica: 

Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autnomas y Gobierno 
Central, delimitando claramente las competencias de cada uno y 
promoviendo estudios epidemiolgicos peridicos.

12.9.- Humanizar, elegir y acercar la sanidad a los ciudadanos

Los ciudadanos espaoles son la nica razn de ser del Sistema 
Nacional de Salud. Por ello el PP quiere recuperar los 
principios de universalidad, gratuidad y solidaridad que la 
Sanidad pblica ha ido perdiendo en los ltimos aos e impulsar 
decididamente un trato ms humano a los ciudadanos.

El gobierno del PP har realidad los siguientes puntos:

* Cada espaol tendr una Tarjeta Sanitaria emitida por el 
INSALUD o los servicios de salud de las Comunidades Autnomas 
con competencias transferidas.

* Libre eleccin por cada ciudadano del mdico general y 
especialista, as como del centro asistencial, con lo que se 
recuperar la relacin de plena confianza mdico-enfermo y se 
introducir en aras de la calidad el principio de competencia.

* Informacin a los ciudadanos para que puedan ejercer sus 
derechos, como la libre eleccin, mediante la confeccin de 
guas y el establecimiento de telfonos de atencin gratuita.

* Las exploraciones complementarias, los medicamentos, las 
intervenciones quirrgicas o cualquier actuacin dentro del 
Sistema Nacional de Salud, ser n decididas exclusivamente por 
los profesionales sanitarios cualificados para cada actuacin y 
siempre con el nico objetivo de proteger la salud de los 
espaoles.

* Ser actuacin prioritaria ampliar y fortalecer, sobre todo en 
el medio rural, los Centros de Asistencia Primaria, para 
conseguir una proximidad mxima a los ciudadanos de su mdico de 
cabecera y de los equipos de atencin primaria, en los que 
mdicos, diplomados en enfermera, farmacuticos y veterinarios 
trabajarn de forma coordinada en salud pblica, prevencin y 
asistencia sanitaria.

* La asistencia a las personas mayores y a los enfermos crnicos 
se ordenar haciendo coincidir las necesidades sanitarias y 
sociales, de forma que todos los recursos, pblicos o privados, 
sean aprovechados en su totalidad, persiguiendo con ello niveles 
de mxima humanizacin, calidad y eficacia.

* Se impulsar la accin preventiva mejorando la educacin 
sanitaria y la informacin de la poblacin, basadas en la 
actuacin coordinada de todas las Comunidades Autnomas.

12.10. Contar con los profesionales

El PP, consciente de la importancia de los profesionales, 
asistenciales y no asistenciales, considera imprescindible 
concederles el protagonismo en el Sistema Nacional de Salud que 
se les ha negado en los ltimos aos y, por tanto, recabar su 
cooperacin para hacer la reforma que la Sanidad espaola 
necesita.

El PP desarrollar una poltica de personal basada en los 
siguientes puntos:

*Ordenacin de las profesiones sanitarias en colaboracin con 
los Colegios Profesionales y Sociedades Cientficas, que 
clarifiquen definitivamente:

- Las atribuciones profesionales de cada profesin sanitaria.

- La carrera profesional que reconozca, mediante niveles, el 
progreso cientfico y tcnico de los profesionales y su 
capacitacin para ocupar los distintos puestos de trabajo.

* Reordenacin de la poltica retributiva de los profesionales 
del Sistema Nacional de Salud, en colaboracin con los 
sindicatos, para conseguir:

- La homologacin retributiva bsica en las distintas 
Comunidades Autnomas.

- La definicin de las retribuciones complementarias que sern 
proporcionales a la capacidad de optimizacin de los recursos 
pblicos, teniendo en cuenta tambin el rendimiento, calidad y 
eficiencia en el trabajo de los profesionales.

- Definicin de las modalidades contractuales del personal 
asistencial y no asistencial en tres tipos: funcionarios del 
Estado, personal estatutario y personal laboral.

El principal objetivo de esta poltica ser doble: la motivacin 
de los profesionales al servicio de una sanidad eficiente y de 
calidad; y de otro lado alcanzar estabilidad en el empleo y 
luchar contra las excesivas interinidades desarrolladas en los 
ltimos aos.

* Reforma de la estructura organizativa de los centros 
sanitarios para reforzar el papel de los profesionales en la 
determinacin y consecucin de los objetivos asistenciales, 
impulsando los "crculos de calidad" para la permanente mejora 
del servicio.

*Impulso del proceso de modernizacin de las profesiones 
sanitarias para alcanzar los objetivos y eficacia que la reforma 
pretende.

Para ello, y respondiendo a las exigencias y recomendaciones de 
la Unin Europea como marco natural de la actividad profesional, 
el PP plantear :

- Potenciacin del sistema MIR para la formacin de mdicos 
generales y especialistas, abriendo la participacin a 
instituciones privadas que demuestren su capacidad docente, y 
ampliando y modernizando los ttulos de especialistas, entre los 
que podramos citar el de "Administracin y Gestin de Recursos 
Sanitarios". Se solucionar  la titulacin oficial de los 
licenciados en Medicina que han ejercido bajo contrato pblico 
como especialistas.

- La formacin de los mdicos generales podr realizarse tambin 
con programas docentes especficos, dentro del Sistema Nacional 
de Salud o de aquellas instituciones privadas que demuestren su 
capacidad docente, para conseguir profesionales con mayor 
formacin clnica y, por lo tanto, con mayor capacidad 
asistencial en el nivel primario, punto clave de todo el Sistema 
Nacional de Salud.

- Modernizacin de la profesin farmacutica, que le permita una 
creciente participacin en la funcin asistencial del Sistema 
Nacional de Salud.

- Integracin de la profesin veterinaria en los equipos de 
atencin primaria con adecuada planificacin de las actuales 
plantillas.

- Fomento del uso de la receta veterinaria para los medicamentos 
que as lo precisen.

- Homologacin de las titulaciones, especialmente la Diplomatura 
de Enfermera, en los trminos que derivan de la legislacin 
comunitaria.

- Definicin de las distintas profesiones sanitarias tcnicas, 
en sintona plena con las directivas de la Unin Europea.

13.- Otras medidas de proteccion social

El mejor instrumento de proteccin social es una buena poltica 
econmica, generadora de empleo y riqueza. El volumen de 
recursos destinado al pago de subsidios es la prueba del fracaso 
del modelo socialista de bienestar. La proteccin econmica de 
los desempleados debe acompaarse con el desarrollo de polticas 
activas de formacin y colocacin.

Un sistema de proteccin social efectivo ha de contemplar de 
manera integrada las distintas actuaciones pblicas dirigidas a 
tal fin. Este programa aborda un conjunto de compromisos 
precisos dirigidos a canalizar con eficacia los recursos 
pblicos disponibles hacia aquellos que ms lo necesitan. El 
Gobierno del PP estimular  polticas activas de empleo, pero no 
faltar  la garanta pblica de las prestaciones a quienes 
verdaderamente lo precisen.

Los desempleados, singularmente los de larga duracin, han de 
recibir una atencin preferente desde los poderes pblicos. Es 
preciso combinar actuaciones encaminadas a garantizar las rentas 
de aquellos que carecen de empleo con polticas activas que les 
impulsen decididamente a integrarse en el mercado de trabajo.
 
Para cumplir el primer objetivo el PP asume el mantenimiento de 
las prestaciones econmicas actualmente existentes; para 
afrontar el segundo, se transformar  el INEM en un Instituto de 
Empleo y Formacin, concentrando sus recursos en el desarrollo 
de polticas de formacin y colocacin, transfirindose la 
gestin econmica al Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Asimismo, se impulsar la recientemente autorizada agencia 
privada de colocacin.

Se extender a toda la poblacin desempleada el sistema de 
informacin profesional, a fin de tener un conocimiento exacto 
de los niveles de formacin y experiencia profesional de los 
demandantes de empleo para as poder realizar una tarea de 
orientacin profesional. El fenmeno de la inmigracin en Espaa 
obliga a la adopcin de una poltica de integracin social de 
los inmigrantes y de sus descendientes que abarque, entre otros, 
los campos del empleo, la educacin y la sanidad. Se debe 
mejorar la atencin a los peticionarios de asilo y prever 
mecanismos de insercin social y de alojamiento para los 
acogidos. Se elaborar , asimismo, un marco legal que regule 
adecuadamente los mecanismos de ayuda a los refugiados por los 
hechos de guerra. Los poderes pblicos deber n intensificar la 
colaboracin con las organizaciones sociales que se dedican a 
esta tarea.

El PP propone:

* Mantener los niveles actuales de proteccin econmica de los 
desempleados.

* Coordinar la poltica de Formacin Profesional con el subsidio 
de desempleo para facilitar la recolocacin en la economa 
productiva.

* Transformar el INEM en un Instituto de Empleo y Formacin, 
concentrando sus recursos en la realizacin de polticas activas 
de empleo.

* Desarrollar un programa de integracin social de los 
inmigrantes.

* Intensificar decididamente la persecucin del fraude en las 
prestaciones por desempleo.

14.- Marginacion social inmigracion y asilo. refugiados

La sociedad no puede desentenderse del conjunto de ciudadanos 
que por especiales circustancias se encuentran en situacin de 
dificultad extrema o en situaciones de marginacin que le 
impiden orientar su vida de forma efectiva hacia la plena 
integracin social.

El Gobierno del PP:

* Promover la aplicacin del Convenio de Schengen como 
regulador bsico de una poltica europea de inmigracin.

* Desarrollar, en colaboracin con el resto de Administraciones 
Pblicas, un programa de integracin social de los inmigrantes 
ya establecidos, y de sus descendientes en primer grado, en 
materias de empleo, educacin, sanidad y proteccin social.
* Extremar la persecucin de las mafias organizadas que 
introducen y emplean a inmigrantes ilegales en Espaa y 
aumentar los controles administrativos en aquellos sectores 
productivos que tradicionalmente utilizan inmigracin ilegal.

* Orientar la ayuda oficial al desarrollo hacia los pases 
subdesarrollados ms prximos, con el fin de contribuir a 
mejorar en ellos la calidad del empleo y el nivel de vida de los 
ciudadanos.

* Mejorar la atencin a los peticionarios de asilo cuya 
situacin no est legalmente resuelta, mientras dura la 
tramitacin de la concesin de asilo.

* Intensificar la colaboracin con el ACNUR y establecer 
convenios con las ONG'S especializadas en la materia, para 
lograr un adecuado asesoramiento jurdico en la tramitacin de 
los expedientes y aplicar mecanismos de insercin social y de 
alojamiento para los acogidos.

* Elaborar, previo dilogo con las organizaciones sociales, un 
marco legal que regule adecuadamente la ayuda a los refugiados 
por hecho de guerra y que prevea la dotacin de un fondo 
econmico, con las aportaciones de las diferentes 
Administraciones Pblicas y de los particulares, para sufragar 
las atenciones urgentes.

* En la poltica social del Gobierno del PP tendr especial 
consideracin la integracin y promocin social de las personas 
que pertenecen a la minora tnica gitana. Por ello:

- Actualizar el censo de la poblacin gitana para facilitar a 
este grupo de ciudadanos espaoles el acceso a la Seguridad 
Social, escolarizacin, obtencin del carn de conducir y a la 
vivienda.

- Promover la escolarizacin plena de los nios y nias 
gitanos, impulsando los programas de educacin compensatoria y 
especiales, para los nios de familias gitanas itinerantes.

- Desarrollar cursos de formacin administrativa bsica, 
dirigidos a la poblacin itinerante que tiene como medio de vida 
la venta ambulante, enfocados a la gestin administrativa y a la 
relacin con los organismos oficiales.

- Promover la formacin profesional a travs de Escuelas 
Talleres, impulsando la incorporacin al mercado laboral. 

- Desarrollar programas de alfabetizacin de hombres y mujeres 
gitanos reclusos, con el fin de promover su integracin social. 

ESPAA EN EUROPA Y EN EL MUNDO

El mayor mrito de la poltica exterior de los gobiernos 
socialistas ha radicado en la adopcin de los planteamientos 
que pusieron en marcha los gobiernos centristas. Despus de 
haber defendido una poltica exterior tercermundista y de 
perfiles neutralistas, aceptaron el carcter europeo y 
occidental de Espaa reflejado en la pertenencia a la UE y a la 
OTAN. Esto ha permitido la creacin de un amplio terreno para el 
entendimiento y el consenso en torno a la proyeccin exterior de 
nuestro pas. El PP, que considera positivo este dato y que 
estima conveniente alcanzar las mximas cotas de acuerdo posible 
en terrenos como el de la poltica exterior y de seguridad, 
continuar  y desarrollar  las lneas fundamentales de esa 
poltica exterior, buscando el mantenimiento de la convergencia 
al respecto manifestada por las principales fuerzas polticas 
espaolas. En los ltimos veinte aos, Espaa se ha integrado en 
las grandes estructuras occidentales. Ha logrado as mayor 
presencia internacional, cobertura a su seguridad y ampliacin 
de sus mercados. A lo largo de ese trayecto se ha producido el 
vuelco histrico mundial de fines de siglo que ha sacudido de 
lleno al espacio europeo. Cualquier proyecto poltico nacional 
tiene que configurarse con la conciencia de que entramos en una 
nueva etapa caracterizada por la internacionalizacin y la cada 
de las fronteras. De lo contrario correramos el riesgo 
de quedarnos al margen de la verdadera evolucin del mundo.
 
Desde otra perspectiva, es imprescindible asumir que la economa 
es hoy el principal contenido de la diplomacia y de las 
relaciones internacionales, por lo que el Gobierno del PP 
enfocar  prioritariamente su poltica exterior hacia la ms 
eficaz defensa de los intereses econmicos espaoles.

Los principios y criterios en que debe inspirarse la 
accin exterior de Espaa parten de las siguientes premisas:

Espaa es, en primer trmino, una nacin europea, con 
una adicional vocacin atlntica. En segundo lugar, es una 
nacin democrtica, sistema poltico basado en el respeto a 
las libertades fundamentales de la persona y en el Estado 
de Derecho. La poltica exterior espaola se basar en la 
defensa de los derechos humanos.

En tercer lugar, como nacin occidental pertenece al grupo 
de sociedades que comparten un mismo conjunto de 
referencias ticas, dato bsico para graduar las solidaridades, 
los entendimientos y las alianzas.

Finalmente, como nacin econmicamente desarrollada 
necesita garantizar el libre acceso a los mercados y favorecer 
el libre comercio, preferentemente en un marco multilateral.

En tal contexto, la poltica exterior y de seguridad 
del Gobierno del PP:

* Tendr como objetivo bsico la consecucin de un 
orden internacional basado en la paz, en la libertad, en 
la democracia, en el respeto a las normas del Derecho 
Internacional y en la satisfaccin de las necesidades materiales 
elementales del conjunto de la humanidad.

* Inspirar  la defensa de los derechos y 
libertades fundamentales del ser humano en los correspondientes 
documentos internacionales, y en particular en los procedentes 
de las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa.

* Dar  prioridad absoluta, en inters de la economa espaola, 
a las relaciones internacionales, multilaterales y bilaterales y 
a tal fin impulsar  el perfeccionamiento de los 
mecanismo internacionales para las relaciones comerciales y las 
de cooperacin para el desarrollo.

* Prestar  apoyo a los procesos de integracin internacional.

*Se basar en la nocin de "suficiencia defensiva" 
como principio bsico de la poltica nacional. Ello implica 
el mantenimiento de un aparato militar conmensurado a 
nuestros riesgos y necesidades y que, junto con otras medidas de 
tipo poltico, econmico y de coordinacin internacional, 
garantice un nivel suficiente de seguridad en la defensa de la 
integracin territorial y soberana del pas, de la libertad y 
dignidad de los espaoles y del conjunto de pases a los que 
pertenecemos por vnculos ideolgicos y contractuales.

* Mantendr como objetivo la prosecucin, el seguimiento y 
el apoyo a todas las negociaciones internacionales sobre 
desarme, tanto convencional como nuclear, y sobre control de 
armamentos.

Es en ese contexto donde Espaa proseguir la promocin 
y defensa de sus intereses tradicionales y permanentes:

- La proteccin de los espaoles, de sus derechos e intereses 
en el exterior.

- El fomento de una mayor presencia de las empresas espaolas 
en la economa internacional, cada vez ms competitiva y 
abierta.

- La promocin de la lengua y de la cultura espaolas ms 
all de nuestras fronteras.

- La cooperacin y la ayuda al desarrollo.

1.- Los intereses de espaa en europa

Las elecciones generales de 1996 son decisivas para que 
Espaa pueda cumplir las condiciones de convergencia econmica y 
llegar a la tercera fase de la Unin Monetaria prevista en el 
Tratado de Maastricht. Es adems el ao en el que comenzar  
la Conferencia Intergubernamental que revisar  este Tratado.
 
El momento es crucial porque, por causa de la poltica econmica 
de los Gobiernos socialistas, Espaa puede quedar descolgada en 
la fase ms decisiva de la construccin europea.

El Gobierno del PP asume como irrenunciable la defensa de 
la integracin europea y el impulso de la Unin Econmica 
y Monetaria y, con el objetivo de participar en la moneda 
nica, realizar  todos los esfuerzos necesarios.

1.1. Principios

El Gobierno del PP se propone desarrollar su poltica 
europea bajo los siguientes principios:

* Apoyo al proceso de perfeccionamiento institucional de 
la Unin Europea.

* Superacin mediante la mayor integracin de la UE de 
la concepcin de quienes expresan, o implcitamente, 
defienden, reducir la Europa comunitaria a una zona de libre 
cambio.

* Defensa prioritaria de los intereses bsicos de los 
sectores productivos nacionales as como del proceso hacia la 
Unin Econmica y Monetaria (UEM).

* Bsqueda del consenso social y parlamentario ms 
amplio posible para que la poltica europea de Espaa tenga un 
slido respaldo y sirva para hacer valer con eficacia los 
intereses reales de la sociedad y la economa espaolas.

1.2. Orientaciones y criterios ante los grandes desafos

1.2.1. La Conferencia Intergubernamental (CIG) de 1996 desde 
una perpectiva espaola.

La reflexin sobre la CIG y sus objetivos exige hacer 
algunas consideraciones previas sobre el conjunto de cuestiones 
al que ha de enfrentarse la UE durante los prximos cuatro aos.
 
Las principales son stas:

* La reforma institucional, objetivo prioritario de la CIG 
para hacer funcionalmente viable una UE de cerca de treinta 
Estados miembros.

* Las negociaciones para llevar a cabo la ampliacin a 
los Pases de la Europa Central y Oriental (PECOS).

* Las consecuencias de la ampliacin a los PECOS sobre 
las polticas comunitarias y los recursos de la UE.

* El paso a la tercera fase de la UEM, es decir, la puesta 
en marcha de la moneda nica.

* La renegociacin del sistema de recursos propios y de 
las perspectivas financieras que concluyen en ese ao.

* El porvenir de la Unin Europea Occidental (UEO), dado que 
en 1998 expira el Tratado de Bruselas que le dio nacimiento.

Para un pas como Espaa la interdependencia poltica de 
estas cuestiones es clara, hasta el punto de que su actitud en 
cada problema depender  de las perspectivas de avance en 
la resolucin de los dems. A Espaa le interesa un proceso 
de integracin equilibrado, democrtico y solidario, respetuoso 
de las identidades nacionales.

La coincidencia o complementariedad del inters nacional 
espaol y del inters europeo pasa al menos por estas 
coordenadas:

*El desarrollo institucional deber contemplar como 
objetivos introducir ms democracia, ms transparencia y ms 
eficacia en las instituciones europeas.

* La aproximacin de la UE al ciudadano a travs, al menos, 
de la resolucin de tres problemas: 1) La simplificacin del 
texto del Tratado de la Unin Europea. 2) La creacin de 
mecanismos en el mbito del tercer pilar (Justicia e Interior) 
para afrontar problemas concretos que interesan a los ciudadanos 
como la seguridad o la lucha contra la droga, el terrorismo o 
la delincuencia organizada. 3) La introduccin de mayor 
publicidad y transparencia en el funcionamiento de las 
instituciones y rganos de la Unin para que pueda gradualmente 
formarse una autntica opinin pblica europea en la que apoyar 
las decisiones.

* La aplicacin del principio de subsidiariedad como 
criterio descentralizador.

* La aplicacin rigurosa a todos los Estados miembros de 
todos los criterios de Maastricht para introducir la moneda 
nica. Ello permitir no slo colocar definitivamente a la 
economa espaola en una senda de competitividad, sino 
establecer una unin monetaria asentada en slidos pilares 
econmicos -unas economas sanas- y polticos -la participacin 
de una significativa mayora de pases y el alejamiento de 
la concepcin del "ncleo duro", que acabara por dividir Europa 
y destruir el mercado interior.

* La articulacin de una Poltica Exterior y de Seguridad 
Comn (PESC) eficaz en la que quede garantizado que el 
Mediterrneo e Iberoamrica son objetivos permanentes y vitales 
de la proyeccin exterior de la Unin Europea.

* Apoyo a mayores grados de integracin en el pilar de 
justicia e interior y en particular en el mbito de la 
cooperacin judicial y policial, asilo e inmigracin, en la 
lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, 
especialmente contra el narcotrfico. No se reconocer al 
territorio de Gibraltar como frontera de la UE.

* El planteamiento de la revisin de las 
perspectivas financieras y a tal fin el establecimiento gradual, 
en el sistema de recursos de la UE, del principio de 
prosperidad relativa, apoyando, por tanto, ms la financiacin 
en el PNB y disminuyendo la contribucin basada en el IVA. Desde 
esta perspectiva se defender la necesidad de introducir en 
el funcionamiento de la UE mecanismos presupuestarios 
de redistribucin que vayan ms all del carcter 
meramente compensatorio de los fondos de cohesin.

* El mantenimiento de los principios y criterios esenciales 
que inspiran la Poltica Agraria Comn, as como las 
polticas estructurales y de cohesin, sin perjuicio, en orden 
a racionalizar el gasto, de las reformas precisas que, en 
ningn caso, debern ser discriminatorias para la 
agricultura mediterrnea ni perjudiciales para las regiones ms 
pobres. Se defender, en lo que afecta a las Organizaciones 
Comunes de Mercado pendientes, en particular del vino, las 
frutas y las hortalizas. La introduccin de mejores mecanismos 
de salvaguarda de nuestros productos agrcolas, ganaderos y 
pesqueros entre otros, el principio de preferencia comunitaria 
frente a la entrada en la Unin Europea de ciertos productos de 
terceros pases en condiciones ms favorables que las de sus 
propios Estados miembros.

* Reforzamiento, en el mbito de la solidaridad 
interregional, de la poltica de desarrollo regional tendente a 
reducir diferencias de riqueza y renta. En este mbito, es 
precisa la adopcin en el seno de la UE de un estatuto 
particular para las zonas ultraperifricas que contemple sus 
singularidades de tal modo que pasen a formar parte de derecho 
comunitario los regmenes especiales que necesitan regiones como 
el Archipilago de las Islas Canarias. En relacin con el 
rgimen econmico y fiscal canario se defender  una modificacin 
normativa que permita constituir una autntica zona especial, 
con diferencial fiscal favorable que compense la lejana y la 
insularidad.

* La financiacin de la ampliacin a los Pases de 
Europa Central y Oriental (PECOS) -ampliacin que Espaa debe 
apoyar- con criterios equitativos que permitan afrontar la carga 
sin hacerla recaer en mayor medida sobre los pases 
menos desarrollados y sus regiones ms pobres o sobre los 
sectores productivos que, como el agrario, requieren mayor 
proteccin. La ampliacin deber ser compatible con la Poltica 
Agraria Comn y con los fondos estructurales.

* La configuracin de la UEO como instrumento operativo 
de defensa de la Unin Europea y pilar europeo de la 
Alianza Atlntica, previndose su gradual integracin en la 
Unin Europea.

Tal es el marco poltico de referencia en el que debe moverse 
la diplomacia espaola durante la Conferencia y despus de ella. 

La UE es un proceso de negociacin permanente. En la defensa 
de nuestros intereses parece en todo caso imprescindible 
la conservacin de lo que hoy constituye el gran activo de la UE 
y que ha permitido llegar hasta el momento en que nos 
encontramos. En primer trmino, el sistema institucional nico, 
dimensin insustituible para que pueda continuar la construccin 
europea.

En segundo lugar, la conservacin del acervo comunitario, lo 
que implica en ltima instancia la definicin de una base o 
sustrato comn mnimo irrenunciable que comprenda todas las 
polticas actualmente existentes sin perjuicio de aquellas 
reformas que sern inevitables para hacer viable una UE de casi 
treinta Estados miembros.

En tercer lugar, el mantenimiento de las polticas 
de solidaridad que proporcionan un gran grado mnimo de cohesin 
a la UE. Al propio tiempo, de cara a la ampliacin, es 
preciso prever polticas de acompaamiento que refuercen la 
coherencia global de la Unin y permitan la convergencia real de 
los socios ms atrasados. En cuarto lugar, la culminacin del 
mercado interior, objetivo ya establecido en el que no pueden 
aceptarse retrocesos. Por el contrario, es preciso completar 
su configuracin porque constituye el eje vertebral de la UE y 
es, por otra parte, del mayor inters para pases como Espaa en 
que numerosas PYMES no tienen todava gran experiencia 
exportadora.

En quinto y ltimo lugar, el proceso ya iniciado hacia la 
moneda nica.

1.2.2. Las reformas institucionales

La reciente ampliacin de la UE a Austria, Finlandia y Suecia 
y la prxima a los pases del Sur, Centro y Este europeo, 
que previsiblemente conducir  a una Unin de cerca de 
treinta Estados miembros a finales de siglo y principios de 
prximo, exige una profunda adecuacin del aparato 
institucional existente, pensado para una Comunidad menos 
numerosa y ms homognea.

* El Consejo. Debe conservar su condicin de rgano central 
de la Unin y funcionar con unas reglas de juego transparentes 
que permitan a los rganos representativos de cada Estado 
miembro y a sus opiniones pblicas el control de las actuaciones 
de sus gobiernos. La ltima ampliacin de la UE alter los 
equilibrios preexistentes, al reforzar el peso decisorio 
relativo de los pases medianos y pequeos sobre los grandes. La 
prxima ampliacin modificar an ms los equilibrios y 
dificultar la adopcin de decisiones. Sera conveniente 
introducir tres reformas complementarias entre s: reduccin del 
mbito de la unanimidad y ampliacin del de la mayora 
cualificada, nueva ponderacin de votos por poblacin y la 
introduccin del concepto de minora representativa para 
determinar cundo debe paralizarse o impedirse una decisin.

Es preciso mantener, dentro de la unanimidad, cuestiones 
bsicas y fundamentales del Tratado de la Unin tales como: 
nuevas incorporaciones a la Unin Europea, nuevas polticas, 
fondos de cohesin y fondos estructurales, poltica fiscal, 
poltica social, recursos propios de la Unin, Tratados de la 
Unin con terceros pases, cuestiones de alcance constitucional 
as como las ms sensibles de la Poltica Exterior y de 
Seguridad Comn y de los Asuntos de Justicia e Interior.

* La Comisin Europea. Conviene reafirmar el papel y 
la independencia de la Comisin manteniendo las atribuciones de 
que dispone en la actualidad y en particular: a) la 
facultad exclusiva de iniciativa en las polticas comunes; b) su 
funcin de garante de los Tratados.

Sera preciso adems dotarla de un cierto derecho de 
iniciativa no exclusivo en el tercer pilar.

* Parlamento Europeo. Sera razonable, en primer trmino, 
que los diputados al Parlamento Europeo sean elegidos en todos 
los Estados miembros con el mismo sistema electoral con arreglo 
a un procedimiento nico de base nacional, fijando un nmero 
limitado para su composicin.

Convendra, en segundo lugar, incrementar su capacidad 
de control sobre la Comisin y simplificar el nmero 
de procedimientos legislativos y reducirlos a tres: 
consulta, codecisin y dictamen conforme.

Adems, en tercer lugar, parece tambin conveniente extender 
el procedimiento de codecisin, cuya aplicacin tendra lugar 
en todas las decisiones legislativas en las que el Consejo 
decide por mayora cualificada.

En cuarto lugar, es deseable la simplificacin del 
procedimiento presupuestario.

Por ltimo, resulta conveniente potenciar la funcin de 
control del Parlamento en la lucha contra el fraude y dotarle de 
un papel ms determinante en las polticas del segundo y 
tercer pilar con una mayor informacin sobre las acciones 
comunes en poltica exterior y mayor control sobre lo actos y 
polticas que deriven del pilar de Justicia e Interior.

* El papel de los Parlamentos Nacionales en la Unin 
Europea. Debe profundizarse en la implicacin de los 
parlamentos nacionales en los procedimientos de decisin 
comunitarios mediante: a) el incremento del control sobre las 
iniciativas de la Comisin cuyos proyectos legislativos debern 
remitirse con al menos un mes de antelacin y en la lengua 
propia de cada Parlamento nacional; b) el debate sobre los 
programas legislativos de la Comisin y sus fundamentos con 
antelacin suficiente para emitir su opinin respecto a la 
necesidad de los mismos, y c) el perfeccionamiento de los 
mecanismos de control del respectivo Gobierno en las polticas 
intergubernamentales o de cooperacin de la Unin 
particularmente en el segundo y tercer pilar.

* Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia se ha 
convertido en una institucin bsica de la UE que con sus 
sentencias ha contribuido notablemente a la construccin 
europea. En la Conferencia Intergubernamental parece 
conveniente: a) Establecer el mandato de los jueces por nueve 
aos no renovables. b) Reforzar sus funciones en orden a 
garantizar que la UE es una Comunidad de Derecho, asegurar la 
unidad jurdica en la interpretacin del ordenamiento 
comunitario, garantizar los derechos individuales y controlar la 
aplicacin del principio de subsidiariedad.

* Comit de las Regiones. Dada la presencia cada vez mayor 
de las regiones que componen la UE, sera conveniente extender 
la funcin consultiva del Comit de las Regiones en las 
polticas de cooperacin y desarrollo y posibilitar que pueda 
recurrir ante el Tribunal de Justicia para la defensa de sus 
propias competencias.

1.2.3. Reformas en la poltica exterior y de seguridad comn
* Poltica Exterior. Mejorar la eficacia de la PESC 
significa revisar su organizacin, sus procedimientos de 
decisin y de voto y sus instrumentos.

En primer trmino, es preciso dotarla de un rgano 
poltico administrativo estable de previsin, anlisis y 
propuesta que permita llegar a una posicin comn y definir lo 
que es el inters europeo.

Es conveniente, en segundo lugar, una mayor coherencia entre 
la dimensin poltica y la dimensin econmica de la UE. Una 
mayor coordinacin de los pilares primero y segundo del Tratado, 
aun manteniendo en ambos la especificidad de los procedimientos 
de propuesta, decisin y ejecucin, supondra sin duda una 
mayor capacidad de accin desde el momento en que la economa y, 
en particular el comercio, se ha convertido en parte esencial de 
la diplomacia internacional.

En tercer lugar, la poltica exterior debe quedar 
claramente localizada en la Secretara General del Consejo 
reforzando sus estructuras con la unidad de anlisis en 
coherencia, todo ello, con el papel central que los Estados 
mantienen en el mbito de la PESC.

En cuarto lugar, es aconsejable, en cuanto al sistema 
de decisin, mantener un alto grado de consenso con frmulas 
que permitan a un amplio nmero de Estados emprender una 
accin humanitaria, diplomtica o militar con el carcter de 
"accin comn", asegurando que ninguno de los Estados miembros 
que no desee participar se ver  obligado a hacerlo, pero 
tampoco impedir a la mayora llevar a cabo la accin. La 
unanimidad debe ser an la regla para las cuestiones de mayor 
transcendencia, aunque introduciendo la abstencin positiva, y 
la mayora cualificada la norma general. Pero para ello resulta 
deseable una formulacin de lo que deberan ser intereses 
vitales y permanentes en la accin exterior de la Unin Europea. 

En tiempos recientes se han dado pasos muy importantes, pero 
para Espaa es esencial la garanta de que el Mediterrneo 
e Iberoamrica sean constantes de la proyeccin exterior de 
la Unin.

* Poltica de Seguridad Comn. Es preciso convertir a la 
Unin Europea Occidental en el instrumento operativo de defensa 
de la Unin Europea. Para ello es conveniente el establecimiento 
de un plan gradual que prevea la integracin de la UEO en la 
Unin Europea al tiempo que se perfila como pilar europeo de 
la Alianza Atlntica.

La Conferencia Intergubernamental de 1996 es, sin duda el 
marco adecuado, bien para redefinir las relaciones entre la 
Unin Europea y la Unin Europea Occidental o bien, al menos 
para prever en una Declaracin lo que conviene hacer ante 
la extincin del Tratado de Bruselas en 1998.

En todo caso, parece imprescindible preparar la UEO 
para enfrentarse con garantas de xito a tareas como gestin 
de crisis, misiones de paz, operaciones humanitarias y 
proteccin de ciudadanos europeos. A tal fin, Espaa favorecer 
la creacin, ya iniciada, de unidades militares integradas 
y multinacionales.

1.2.4.- Justicia e Interior

La Conferencia Intergubernamental de 1996, en materia 
de Justicia e Interior, debera resolver definitivamente la 
puesta en marcha de EUROPOL y abordar los siguientes aspectos: 
una mayor comunitarizacin de las polticas que afectan en 
este campo al conjunto de la UE, tales como: las decisiones 
relativas a la poltica de asilo, el paso de las fronteras 
exteriores de los Estados miembros, la poltica de inmigracin y 
la poltica relativa a los nacionales de terceros pases, la 
lucha contra la droga y el crimen organizado, el terrorismo, la 
xenofobia y el racismo y la cooperacin judicial en materia 
civil y penal. Algunas de estas cuestiones exigen la previa 
resolucin del problema de la colonia de Gibraltar, pero ello no 
exime de adoptar posiciones de principio que permitiran avanzar 
en la creacin de un espacio policial y judicial europeo.

2.- La dimension iberoamericana

No es posible concebir la proyeccin exterior de Espaa sin 
una referencia prioritaria a las relaciones con los 
pases iberoamericanos.

En esa perspectiva, la actuacin de Espaa se proyectar 
a travs de las imprescindibles relaciones bilaterales y a 
travs de la Unin Europea.

Con la excepcin cubana, hoy todos los pases 
iberoamericanos gozan de economa de mercado y de regmenes 
democrticos. No es posible sin embargo desconocer los factores 
de fragilidad que aquejan todava a algunas de las democracias 
iberoamericanas.

Espaa debe hacer de su poltica exterior cara a 
Iberoamrica una decidida apuesta al servicio de la democracia, 
incluyendo en esa apuesta la realizacin de todos los esfuerzos 
posibles, unilaterales, bilaterales, multilaterales, para dotar 
a esa democracia de los imprescindibles elementos de 
estabilidad social y econmica.

En esa perspectiva, el Gobierno del PP:

* Determinar el alcance de sus relaciones con los 
pases iberoamericanos en funcin de la existencia de 
estructuras democrticas, entendiendo por tales el 
funcionamiento constitucional de un Estado de Derecho y el 
respeto a los derechos y libertades fundamentales de la persona.

* Desarrollar una poltica activa de solidaridad, 
instrumentada sobre todo a travs de las correspondientes lneas 
de cooperacin econmica, con los pueblos y pases 
iberoamericanos. Seguir estimulando la participacin creciente 
de la Unin Europea en este rea. Y cara a los Estados Unidos, 
plantear la necesidad y la conveniencia de articular y 
coordinar esfuerzos que deben contemplar como objetivo esencial 
una realidad iberoamericana democrtica, justa y estable.

*Favorecer los procesos de integracin continental o 
regional iberoamericanos y la creacin de lazos de colaboracin 
y asociacin entre esos procesos y la Unin Europea. Los 
acuerdos entre el MERCOSUR y la Unin, as como los de Mxico y 
Chile, deberan servir de acicate tanto para la ampliacin del 
mismo marco de la organizacin econmica del cono austral 
del continente, como para generalizar esas vas de cooperacin 
entre Amrica y Europa.

* Impulsar los trabajos de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones que, naturalmente, debern reflejar el 
consenso coyuntural o permanente de todos los participantes y 
adquirir un nivel de precisin tcnica y compromiso poltico que 
aleje de la Comunidad cualquier tentacin retrica o 
declamatoria. La agenda genrica de la Comunidad incluir :

- Una revisin permanente del funcionamiento de la democracia 
y el Estado de Derecho en Iberoamrica y del respeto efectivo 
a los derechos humanos.

- La consideracin de las situaciones econmicas particulares 
y generales y de los medios de cooperacin internos al sistema 
y externos para asentar las bases de relaciones 
equilibradas, complementarias y prsperas.

- La coordinacin de las polticas culturales, 
fundamentalmente en torno al conocimiento y difusin de las dos 
lenguas que forman el entramado de la Comunidad: espaol y 
portugus.

- La evolucin de las agrupaciones regionales y 
subregionales, con referencia explcita a los aspectos 
polticos, econmicos y defensivos de las mismas.

- Las relaciones de la Comunidad con la Unin Europea y con 
los Estados Unidos de Amrica y el Canad. La poltica espaola, 
en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
ser compatible con el mantenimiento de los tradicionales 
lazos bilaterales y con la no menos activa participacin 
espaola en las acciones que, desde las organizaciones 
internacionales y en particular desde la ONU, se realicen en 
Iberoamrica, bien en procesos de pacificacin, bien en la lucha 
contra el terrorismo y el narcotrfico.

En el marco iberoamericano, hoy caracterizado por la 
existencia de regmenes democrticamente instalados a lo largo 
de todo el continente, la excepcin de Cuba merece mencin 
aparte, porque no existe el ms mnimo indicio de una voluntad 
democratizadora y de normalizacin econmica. Por ello, la 
poltica exterior espaola del Gobierno del PP:

* Apoyar  al pueblo cubano a transitar pacficamente de 
la dictadura a la democracia y aprovechar e impulsar los 
canales pblicos o privados y los consiguientes esfuerzos que 
pudieran ir contribuyendo desde ahora a facilitar la evolucin 
poltica y econmica del pueblo cubano hacia la democracia y la 
economa social de mercado.

* Incluir en las relaciones con Cuba, mientras subsista 
el rgimen totalitario, el catlogo de 
reivindicaciones elementales: amnista para presos polticos, 
libertad de movimientos para entrar y salir de la isla y 
convocatoria de elecciones libres y plurales.

* Mantendr con Cuba la normalidad formal de sus 
relaciones diplomticas, pero har depender su evolucin de las 
respuestas que obtenga del rgimen cubano en el terreno de los 
derechos humanos, al tiempo que canalizar su ayuda econmica en 
trminos y con finalidades humanitarias, mientras no se produzca 
una alteracin significativa de la situacin.

* En el marco de las relaciones bilaterales entre Espaa y 
los Estados Unidos, la poltica exterior espaola mantendr 
un constante nivel de dilogo y consultas sobre la situacin 
en Cuba, con la finalidad de encontrar soluciones que 
no perjudiquen los intereses respectivos y, por el 
contrario, faciliten el retorno de Cuba al mundo democrtico. Es 
en esa perspectiva en donde la poltica exterior de Espaa, que 
nunca ha mantenido embargo alguno contra Cuba, debe situar el 
que los Estados Unidos mantienen, as como las perspectivas de 
su eventual levantamiento. Lo mismo cabe decir de algunas de 
las recientes propuestas del Congreso de los Estados Unidos 
con respecto a Cuba que, como la misma Administracin de 
Washington ha sealado, podran, de ser aprobadas, constituir 
serias violaciones del derecho internacional vigente y ser 
gravemente lesivas para la previsibilidad de los comportamientos 
y expectativas en las relaciones exteriores.

Merece finalmente mencin el tema de Filipinas. Una 
accin especfica de nuestra poltica exterior se impone en 
terrenos varios -culturales, econmicos, polticos- con un pas 
que fue puerta hispnica en el Sudeste Asitico y podra jugar 
un papel estratgico en ese espacio cada vez con ms peso.

3.- El mediterraneo, nuestro escenario natural

La poltica exterior espaola tiene en el Mediterrneo una 
de sus principales posibilidades de proyeccin e influencia. 
La posicin geoestratgica de nuestro pas, como llave de 
acceso principal a este mar interior, nos convierte en un 
elemento decisivo y permanente en la constitucin del necesario 
orden mediterrneo. Nuestras privilegiadas relaciones con los 
pases ribereos nos convierten adems en un interlocutor 
especialmente cualificado para cualquier iniciativa de dilogo y 
cooperacin que se genere en este espacio geogrfico y cultural.

Sin embargo, la complejidad y globalidad de los problemas y 
los retos a los que nos enfrentamos en el Mediterrneo hacen que 
el marco de relaciones en este espacio, prioritario para 
el conjunto de Europa, supere lo bilateral. La conferencia 
de Barcelona marca el camino. La poltica europea para 
el Mediterrneo constituye el eje fundamental sobre el que 
debe articularse la poltica espaola para el rea. 

Marruecos, Argelia y Tnez debern ser, no obstante, objeto de 
especial atencin en las relaciones bilaterales de nuestro pas 
con nuestros vecinos del sur mediterrneo, que deben basarse en 
los siguientes principios y lneas generales de actuacin:

* En la estabilidad de los pases del Magrebse encuentra 
parte importante de nuestra propia estabilidad. El esfuerzo 
europeo y espaol para dotar de prosperidad econmica a esos 
pases no puede ser slo entendido como producto de una 
obligacin solidaria, sino sobre todo como medio para dotar de 
racionalidad econmica y esperanza de progreso a ncleos cada 
vez ms numerosos y empobrecidos de poblacin. Los programas de 
ayuda al desarrollo debern contemplar con carcter preferente a 
los pases del Magreb.

Los graves problemas y riesgos que se acumulan en el Magreb 
son principalmente econmicos, sociales, demogrficos 
y medioambientales. Dentro de la poltica global para 
el Mediterrneo existen, no obstante, cuestiones 
ntimamente relacionadas con la seguridad que deben ser 
consideradas.

Los esfuerzos de cooperacin con el Magreb debern 
ser acompaados de una poltica de inmigracin en el contexto 
de nuestras obligaciones derivadas de acuerdos 
internacionales, tales como el Acuerdo de Schengen y de nuestra 
pertenencia a la Unin Europea.

* La poltica espaola de cara al Magreb deber, asimismo, 
tener en cuenta la exigencia de pautas de comportamiento 
aceptables: el respeto a los derechos del hombre y a las 
libertades fundamentales y la puesta en pie de estructuras 
polticas fundadas en la tolerancia y en la representacin. Se 
rechazarn aquellos sistemas de valores que permitan o 
justifiquen la vulneracin de los derechos bsicos que figuran 
en la Carta de las Naciones Unidas, patrimonio comn de la 
humanidad.

* El surgimiento del "fundamentalismo islmico" en el 
Magreb plantea mltiples interrogantes e incertidumbres para 
las sociedades occidentales. Es preciso huir de frmulas 
simplistas de rechazo generalizado de estos movimientos y 
encontrar cauces imaginativos de relacin y dilogo con sus 
manifestaciones moderadas. De producirse una presencia 
significativa de tales planteamientos en el Magreb, la poltica 
exterior espaola propondr la continuacin de las relaciones de 
buena vecindad sobre los elementos tradicionales: respeto de los 
principios que rigen las relaciones entre los Estados, 
suscripcin comn a un cdigo tico elemental de respeto del 
hombre y su dignidad, renuncia al uso de la fuerza y 
mantenimiento de los niveles de fuerza militar necesarios para 
la "suficiencia defensiva".

* La cuestin del Sahara Occidental debe constituir 
una preocupacin importante para la poltica exterior espaola 
que se mover en el marco de las resoluciones de Naciones 
Unidas.

4.- Otras dimensiones de la accion exterior

Entre las vecindades espaolas, lugar privilegiado 
ocupa Portugal. Hoy las relaciones entre los dos pases 
peninsulares se ven felizmente enmarcadas por la comn 
pertenencia a la UE y a la OTAN. Superados los viejos 
desencuentros, las relaciones entre Espaa y Portugal deben 
fructificar en un conjunto amplio de iniciativas y contactos, de 
lo poltico a lo cultural pasando por lo econmico y lo tcnico, 
en beneficio mutuo y del mundo europeo y occidental al que ambos 
pases pertenecen.

Con Francia deber continuarse y fortalecerse la 
especial poltica de cooperacin con el fin de erradicar 
definitivamente la presencia de ETA en territorio francs. Con 
Alemania, Italia y los dems Estados miembros de la Unin 
Europea se mantendr la ms intensa y amplia relacin bilateral 
con encuentros peridicos de nivel gubernamental.

Gibraltar es tambin vecindad que, desgraciadamente, la 
poltica exterior espaola no puede olvidar como motivo de 
su preocupacin. Resto colonial anacrnico en la Europa cada 
vez ms integrada, obstculo permanente en las relaciones 
hispano-britnicas, tiene hoy, trece aos despus de la llegada 
del socialismo al gobierno de Espaa, exactamente el mismo 
"status" que en 1982.

Hora es de constatar que la poltica seguida por los 
gobiernos socialistas desde 1982 hasta la fecha con respecto a 
Gibraltar constituye un notable fracaso. Gibraltar es hoy uno de 
los principales centros europeos para el blanqueo del 
dinero procedente del narcotrfico. La poltica actual de la 
colonia tiene para Espaa consecuencias financieras y 
fiscales negativas. El Gobierno socialista no ha sabido o 
querido o podido utilizar, en provecho nacional y con la 
contundencia que el caso requiere, los medios que a nuestro 
alcance existen como miembro que Espaa es de la UE y de la 
OTAN.

La poltica exterior del gobierno del PP revisar objetivos 
y mtodos por lo que a Gibraltar afecta, y en tal sentido:

* Exigir  el cumplimiento de las resoluciones de Naciones 
Unidas sobre la descolonizacin de Gibraltar.

*Exigir  del Reino Unido el cumplimiento de sus 
obligaciones como responsable de las relaciones exteriores de 
Gibraltar en lo que se refiere a la lucha contra el 
narcotrfico, el contrabando, el blanqueo de dinero y la evasin 
fiscal, fenmenos peligrosamente generalizados en Gibraltar 
durante los ltimos aos.

* Mantendr y eventualmente extender, en el mbito de la UE, 
el bloqueo en temas cuya resolucin, como el relativo a 
las fronteras exteriores, exige la previa extincin del 
rgimen colonial.

En muchos sentidos del trmino, aunque no en el 
estrictamente geogrfico, Guinea Ecuatorial es tambin una 
vecindad para la poltica exterior espaola. Pas plenamente 
independiente desde 1968, su carcter profundamente hispnico, 
el entrecruce de intereses entre los dos pases, la presencia en 
Espaa de una numerosa colonia de ecuatoguineanos que, por gusto 
o fuerza, con nosotros residen de forma permanente, hacen que 
las venturas o desventuras del pas africano tengan siempre una 
inmediata repercusin en muchos mbitos de nuestra vida pblica 
y privada. Espaa no puede desentenderse de Guinea Ecuatorial. 

El Gobierno del PP:

* Prestar atencin destacada y procurar el mantenimiento 
de relaciones normales y amistosas con Guinea Ecuatorial.

* Delimitar el alcance de sus relaciones bilaterales y de 
la influencia que pueda tener sobre las multilaterales, 
en particular las que mantenga desde la UE, para que en 
Guinea Ecuatorial se vaya estableciendo un clima de respeto a 
los derechos elementales de la persona en todas sus 
manifestaciones.

* Orientar principalmente su cooperacin con el pas africano 
a la consecucin de fines humanitarios.

Es imprescindible plantear adecuadamente la presencia de 
Espaa, directa y a travs de la Unin Europea, en Asia y en 
particular en Japn, China y la cuenca asi tica del Pacfico, de 
tal modo que se amplen las relaciones econmicas y comerciales 
en una zona que se ha convertido en uno de los principales 
focos mundiales de actividad econmica. A tal fin se replantear  
la accin diplomtica espaola potenciando su dimensin 
econmica y comercial.

Por ltimo, no hay que olvidar los esfuerzos que Espaa 
ha desarrollado y debe seguir desarrollando en los procesos de 
paz en el frica Austral, especialmente en Mozambique y en 
Angola, pases con los que Espaa debe impulsar la cooperacin 
con el objetivo de hacer del frica Austral una zona de paz 
y prosperidad.

Las organizaciones internacionales ocupan un lugar 
muy importante en la accin exterior de Espaa.

Nuestra poltica exterior en el seno de las Naciones 
Unidas deber influir para lograr una mayor eficacia en 
sus actividades.

Desde el conflicto del Golfo, los requisitos formales 
y materiales para adoptar medidas coercitivas se han relajado 
y ello significa que el poder del Consejo de Seguridad es 
mayor que nunca. En ese sentido, convendra aumentar el nmero 
de miembros del Consejo de Seguridad ahora que hay 180 miembros 
en la ONU (la actual composicin data de 1965 cuando haba 
117 miembros en la Organizacin). Si se mantiene el derecho de 
veto, habra que garantizar su ejercicio a la Unin Europea, y 
no olvidar que combinando poblacin y PNB, adems de los 
actuales cinco miembros permanentes, tambin destacan India, 
Japn, Alemania, Italia, Brasil, Indonesia, Canad, Mxico y 
Espaa. Espaa promover un sistema de veto rotatorio entre 
estos catorce Estados, que adems representan a todos los 
grupos electorales de la ONU.

En esta poca de postguerra fra, el Consejo de 
Seguridad debera considerar aumentar sus funciones para 
mantener la paz, e incluir entre estas nuevas funciones la 
proteccin del medio ambiente, la lucha contra la criminalidad 
organizada y en general el respeto a los derechos humanos. Por 
otra parte, el Gobierno del PP empezar a reconsiderar la 
financiacin de algunas organizaciones internacionales en virtud 
de sus rendimientos. La nocin de "retorno" puede aplicarse aqu 
como en otros campos de nuestra accin exterior, en el sentido 
de funcionarios espaoles contratados, productos comprados 
a Espaa, uso del idioma espaol, utilidad desde el punto de 
vista de nuestra poltica exterior, etc.

5.- Nuevos modos de cooperacion al desarrollo

La Poltica de Cooperacin y Ayuda al Desarrollo debe 
plantearse y realizarse desde el mayor acuerdo posible entre las 
fuerzas polticas y organizaciones sociales, debido a su 
valor estratgico en el desenvolvimiento de la proyeccin 
exterior de Espaa.

Con el objetivo de mejorar el ndice de Desarrollo Humano de 
los pases menos avanzados, al PP le preocupa no slo la 
cantidad sino tambin la calidad de nuestra cooperacin. Con 
ese objetivo, elaboramos ya en 1994 un Manifiesto que configura 
el programa de cooperacin del PP y que se resume en los 
siguientes aspectos:

* Estmulo de la iniciativa social: el objetivo del 0,7% 
del PIB, que el PP ha asumido, se intentar  alcanzar en la 
prxima legislatura si lo permite la reduccin del dficit de 
las Administraciones Pblicas y el cumplimiento de los 
requisitos de convergencia para participar en la Unin 
Monetaria. En todo caso, no puede radicarse slo en los 
Presupuestos Generales del Estado. El PP ha dado un importante 
impulso en las aportaciones de las Comunidades Autnomas y los 
Ayuntamientos. Junto a otras instituciones pblicas resulta 
esencial una mayor cooperacin entre empresas y ONG'S. En la 
actualidad Espaa es, entre los que pertenecen a la OCDE, el 
penltimo pas en cuanto a fondos privados aportados a proyectos 
de desarrollo. En este contexto resulta necesaria una reforma de 
la Ley de Mecenazgo que facilite la iniciativa social.

* Reforma del marco jurdico: es necesario elaborar un 
marco legal estable y claro con el fin de distinguir los fondos 
de ayuda al desarrollo y la ayuda bilateral de los crditos a 
la exportacin creando la figura de crdito al desarrollo y 
dotando de seguridad jurdica a las ONG'S y a las 
distintas instituciones, fundaciones y empresas que trabajan en 
este campo. Dentro de este marco, la normativa sobre la figura 
del cooperante deber  abarcar sus aspectos formativos, as como 
de proteccin y garantas.

* Coordinacin: es preciso coordinar eficazmente 
los instrumentos, organismos, administraciones y entidades 
que participan en este mbito. A tal fin, se mejorar el Consejo 
de Cooperacin, promoviendo la participacin de todos los 
sectores interesados.

* Elaboracin bajo la direccin del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la estrategia oficial sobre cooperacin 
y participacin en organizaciones econmicas multilaterales, 
as como sobre crditos y ayuda oficial al desarrollo. Se 
partir de las exigencias y objetivos de la poltica exterior 
espaola y de un principio informador de concentracin del 
esfuerzo financiero en un nmero limitado de pases y 
organizaciones multilaterales, evitando la actual dispersin y 
con preferencia a los pases de la Comuniad Iberoamericana y del 
Magreb.

* Garanta de la correcta utilizacin de los fondos: es 
preciso articular mecanismos eficaces de evaluacin, que 
garanticen la adecuada ejecucin de los programas, las 
realizaciones materiales, la continuidad del proyecto, as como 
su incidencia en la poblacin a que se destinan, erradicando 
cualquier posibilidad de corrupcin o desviacin de fondos tanto 
en origen como, muy especialmente, en destino. Se propondr con 
estos fines la creacin de una comisin parlamentaria en el 
Senado.

* Apoyo al cumplimiento de la propuesta de la Conferencia 
Social de Copenhague de destinar la cooperacin y ayuda a la 
lucha contra la pobreza, infraestructuras bsicas, sanidad, 
educacin, agua, asistencia social e integracin de la mujer, 
as como el respaldo a las operaciones de injerencia humanitaria 
o de mantenimiento de la paz y al principio de ayuda al 
desarrollo respetuoso con la proteccin ambiental.

6.- Promocion del espaol y de la cultura espaola en 
el mundo

La lengua y la cultura espaolas constituyen el 
ms extraordinario activo que tenemos en el contexto 
internacional. La riqueza de nuestro patrimonio histrico, la 
importancia del espaol en el mundo, as como el reconocimiento 
universal de nuestros creadores y artistas, nos han 
concedido tradicionalmente un protagonismo que debemos no slo 
aprovechar sino potenciar. Espaa es una gran potencia cultural 
y debe comportarse como tal en el mundo. El espaol es hoy la 
segunda lengua internacional. Lo avala el hecho concluyente de 
contar con cerca de 400 millones de hablantes y 20 pases donde 
es idioma oficial. El Partido Popular considera que 
debe incrementarse la promocin de la enseanza, el estudio y el 
uso del espaol y de la cultura espaola e hispanoamericana en 
el mundo. Por ello se dotar  de los medios adecuados al 
servicio exterior de Espaa y se mejorar notablemente la 
capacidad de actuacin de las instituciones culturales espaolas 
con proyeccin en el exterior, que se coordinarn con los 
rganos correspondientes de la Administracin, en el marco 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, para evitar la 
dispersin actual de esfuerzos y extraer el mximo rendimiento 
de los recursos.

El instrumento para la difusin de la cultura espaola en 
el exterior y para la promocin universal de la enseanza, 
el estudio y el uso del espaol, debe ser el Instituto 
Cervantes. Por la ineficacia de los gobiernos socialistas, el 
Cervantes no ha podido cumplir estas funciones. Para el Partido 
Popular ser la institucin clave en este mbito, por lo que se 
incrementar su partida presupuestaria, se proceder a una 
profunda reorganizacin y se coordinarn sus actividades con 
otros rganos de la Administracin y de las Comunidades 
Autnomas.

El Gobierno del PP, en consecuencia y en el marco de la 
poltica exterior de Espaa, reforzar  el Instituto Cervantes, 
como catalizador de la accin cultural en el exterior y apoyar  
a las empresas espaolas que, en el campo de la industria 
cultural, son elemento decisivo para la expansin y difusin de 
la cultura espaola.

7.- Una politica de apoyo a los emigrantes

En la dcada de los noventa, hemos de considerar al 
emigrante como un potencial representante de Espaa en el mundo.
 
La necesaria integracin de los espaoles en el extranjero en 
el conjunto de la sociedad espaola actual significa, ante 
todo, que desde el Gobierno ha de darse a nuestros emigrantes 
las mximas facilidades para ejercer sus legtimos derechos 
como espaoles de origen.

* Derecho al voto.-Para facilitar la participacin de 
los emigrantes en la vida poltica espaola el Gobierno del PP: 

a) Culminar la ampliacin del censo a todos los 
espaoles residentes en el extranjeros; b) suministrar una 
mejor informacin sobre el censo y las facilidades de voto, de 
forma que los espaoles residentes en el extranjero puedan 
ejercer con garantas su derecho al voto; c) organizar el 
ejercicio del derecho a voto a travs de los consulados y 
secciones consulares de embajadas.

* Otras medidas.- Adems: a) Se agruparn todos los 
servicios que el Gobierno preste a los emigrantes dentro y fuera 
de Espaa; b) Se reformar el sistema actual de 
clases complementarias para hijos de emigrantes, para que 
conserven su lengua y su cultura; se incluir  a los espaoles en 
el extranjero en el Patronato del Instituto Cervantes 
e incrementar  la concesin de becas para hijos y nietos 
de emigrantes, y los programas de estancia y formacin temporal 
en Espaa. c) Se mejorar el funcionamiento de los 
convenios bilaterales en materia de Seguridad Social y de 
convalidacin de estudios en los pases donde residen los 
espaoles. d) Se har frente a las dificultades econmicas y 
deficiencias de todo tipo que, sobre todo en pases 
hispanoamericanos, padecen los centros asistenciales y 
hospitales espaoles all existentes. e) Se modificar la 
regulacin de los Consejos de Residentes, para que stos se 
conviertan en elementos eficaces de participacin de los 
espaoles residentes en el extranjero en la din mica poltica y 
cultural de Espaa. f) Se dotar al Consejo General de la 
Emigracin de una organizacin verdaderamente representativa de 
los emigrantes. g) Se adaptar la red consular, que ser el 
cauce principal de atencin a los emigrantes, a la realidad y 
necesidades de los residentes espaoles. h) Se facilitar el 
acceso a la nacionalidad espaola a los descendientes de los 
espaoles residentes en el exterior, suprimindose el requisito 
de residencia para su recuperacin. Se revisarn los convenios 
de doble nacionalidad de los que surjan situaciones de 
desventaja para nuestros nacionales respecto a la legislacin 
vigente. i) Se reformar la gestin del sistema de prestaciones 
no contributivas para que stas se concedan en funcin de 
criterios estables y giles y en atencin a la situacin de cada 
pas. j) Se buscar el consenso para alcanzar una representacin 
parlamentaria especfica de la Espaa exterior.

8.- El servicio exterior del estado

Uno de los rasgos que caracterizan a los Estados 
democrticos ms serios y desarrollados es la unidad de su 
accin exterior. El principio, que est reconocido en la 
legislacin espaola, no se aplica, y su no aplicacin permite 
la multiplicacin de polticas exteriores por la divergencia de 
planteamientos entre los propios departamentos ministeriales.

Una ley del Servicio Exterior del Estado garantizar la 
unidad de accin exterior y encomendar su aplicacin y gestin 
al Ministerio de Asuntos Exteriores, que concentrar
el nombramiento y cese del personal que ejerza 
cualesquiera funciones en el exterior, as como el seguimiento 
de su labor.

La Ley del Servicio Exterior constituir un elemento 
objetivo para la seleccin de funcionariado que est al servicio 
de la accin internacional de Espaa, regular la interconexin 
de los cuerpos de la Administracin Civil del Estado que puedan 
prestar servicio en el exterior y garantizar igualdad en 
el tratamiento, razonables expectativas de 
promocin, previsibilidad en el desarrollo de la vida activa 
del funcionario, as como reconocimiento de mritos, 
dignidad retributiva y exigencia de calidad en la funcin.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio Exterior 
del Estado se reformarn para adecuarlos en todas sus facetas a 
las exigencias de la actual proyeccin internacional de Espaa, 
de la internacionalizacin de la economa, de la 
diplomacia econmica internacional y de los intereses econmicos 
exteriores de Espaa. La reforma se vertebrar en torno a los 
cuatro grandes ejes de la accin exterior de Espaa: 1) la 
Unin Europea y sus diversas dimensiones; 2) la cultura y la 
lengua espaolas; 3) la economa y el comercio exteriores; 
4) la cooperacin y la ayuda al desarrollo.

9.- La defensa para la seguridad, una tarea nacional
La gestin realizada por el Gobierno socialista ha llevado 
a nuestra defensa a una situacin delicada.

Paradjicamente, cuanto mayor es el nmero y la importancia de 
las misiones que nuestros ejrcitos deben desarrollar en el 
mbito de Naciones Unidas, de la OTAN y de la UEO, menores han 
sido los recursos que el Gobierno ha puesto a su disposicin.
 
Las irresponsables reducciones presupuestarias de los ltimos 
cinco aos estn poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional.
 
El PP considera, por tanto, que es necesaria una poltica de 
defensa distinta, coherente entre sus medios y sus fines, que 
atienda adems a la profunda transformacin del mundo desde la 
cada del muro de Berln.

La poltica de seguridad del Gobierno del PP se basar en 
los siguientes criterios:

* La ampliacin del espacio de seguridad europeo. 
Implica extender a las nuevas democracias del Este los esquemas 
de seguridad que con tanta eficacia han funcionado entre 
las democracias occidentales en las ltimas dcadas. La 
expansin de las instituciones de seguridad europeas debe 
hacerse, sin embargo, gradualmente, salvaguardando los intereses 
de seguridad de todos los pases.

* La ampliacin del concepto de seguridad. La seguridad 
europea ya no puede ser slo definida en trminos militares. 

La seguridad involucra hoy acciones polticas, sociales, 
econmicas e incluso culturales que pueden ayudar a evitar el 
estallido de conflictos e incluso ayudar a solucionar los que se 
estn desarrollando ya de forma violenta.

* Una ms estrecha vinculacin con la OTAN. Espaa se 
convirti en miembro pleno de la OTAN en 1982, decisin que ha 
contribuido y debe seguir contribuyendo a conformar el eje 
fundamental de la poltica espaola de seguridad y defensa. Por 
ello se intensificar la participacin de las FAS en las 
estructuras militares de las que Espaa forma parte, tanto en 
cometidos de mediacin o disuasin de conflictos como en 
misiones humansticas. Por obligado respeto a la voluntad 
expresada del pueblo espaol no se plantear la revisin de las 
modalidades de nuestra integracin en la Alianza Atlntica.

* La participacin en una UEO ms efectiva. Las 
nuevas realidades exigen que los europeos tengamos la voluntad y 
la capacidad para liderar en solitario operaciones de gestin 
de crisis o mantenimiento de la paz. Esta capacidad, que hoy 
slo existe en el papel, debe desarrollarse a travs de 
la potenciacin operativa y poltica de la UEO. Espaa reforzar 
su seguridad y la eficacia de su defensa participando en 
otros esquemas militares de carcter bi o multilaterales, como 
son el Cuerpo de Ejrcito Europeo, la EUROMARFOR o la EUROFOR. 
La participacin espaola tendr siempre en cuenta la necesidad 
de no afectar negativamente a la eficacia de la OTAN ni de 
producir duplicaciones innecesarias. Las fuerzas que Espaa 
asigna a la OTAN sern las mismas que las asignadas a la UEO, al 
Cuerpo de Ejrcito Europeo o a otras posibles iniciativas 
futuras.

* Una poltica activa de cooperacin bilateral y en 
beneficio mutuo con los EE.UU. en el terreno de la poltica de 
seguridad y defensa. Ese importante lazo bilateral ser 
entendido como complementario y compatible con el de tipo 
multilateral mantenido en el seno de la OTAN.

* El Mediterrneo como prioridad. Se conceder 
carcter prioritario a la seguridad en toda la regin del 
Mediterrneo y, en especial, en su parte central y occidental. 
Esa poltica de seguridad combinar medidas econmicas y 
polticas dirigidas a la obtencin de un marco de estabilidad de 
la zona con otras, unilaterales, bilaterales o multilaterales, 
de tipo directamente defensivo y capaces de conjurar en ltima 
instancia la materializacin de algunos de los riesgos 
potenciales que la zona encierra.

*Acciones de diplomacia preventiva, humanitaria y de paz.
 
Se conceder importancia trascendente a las acciones de 
la diplomacia preventiva, humanitarias y de mantenimiento de 
la paz, en el marco de la ONU y de la OSCE. Las Fuerzas 
Armadas seguirn incluyendo entre sus tareas la de cooperar en 
tales misiones en trminos y lmites comprensibles para la 
opinin pblica nacional y asumibles por nuestras 
capacidades presupuestarias.

* Una poltica de defensa congruente con la poltica 
de seguridad. Una participacin ms activa en la OTAN y en 
las iniciativas de defensa europeas exigir necesariamente 
una potenciacin de nuestras hoy deterioradas capacidades 
propias de defensa.

10.- Unas fuerzas armadas eficaces y modernas

10.1. Medidas bsicas

Las Fuerzas Armadas (FAS) deben otorgar al Estado 
capacidad disuasoria y, llegado el caso, la posibilidad de 
defenderse frente a una agresin. Las FAS que Espaa necesita 
deben ser ms flexibles, polivalentes, mviles, operativas y 
eficaces. Para alcanzar este objetivo el Gobierno del PP se 
propone:

* Iniciar un nuevo Ciclo de Defensa. Es imprescindible 
comenzar de inmediato los trabajos para iniciar un nuevo Ciclo 
de Defensa que redefina los riesgos y amenazas que tiene 
planteados nuestro pas de cara a la prxima dcada, que prevea 
una vinculacin ms intensa de nuestro pas a las estructuras de 
defensa occidentales, en especial a la OTAN, y que adapte el 
modelo de las FAS a los nuevos requerimientos de nuestra 
seguridad.

* Elaborar un Plan de Reestructuracin de las Fuerzas 
Armadas. Es preciso un plan conjunto de reestructuracin de las 
FAS que agrupe y coordine los planes elaborados por los tres 
Ejrcitos y por el rgano Central de la Defensa.

* Elaborar un Plan de reduccin y reestructuracin del 
rgano Central del Ministerio de Defensa. Es necesario un plan 
de reduccin y modernizacin que libere recursos humanos 
y materiales -hoy el rgano central absorbe cerca del 40% 
del presupuesto de defensa- para dedicarlos a mejorar 
la operatividad de las FAS y que lo convierta en un rgano 
ms gil, flexible y eficaz.

* Implantar una estructura operativa conjunta eficaz. Es 
preciso a tal fin potenciar la figura del Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa como mando operativo mximo de las FAS, reforzando 
su autoridad sobre los Estados Mayores de los tres ejrcitos.
 
Debe a su vez desarrollarse una estructura de mandos 
unificados, combinados y conjuntos, hoy slo existentes sobre el 
papel, que bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD) constituyan una estructura de mando 
entrenada, cohesionada y eficaz.

* Crear un mando nico de sanidad militar. Es necesario, 
para evitar la actual dispersin, crear un mando operativo de 
sanidad bajo la autoridad directa del JEMAD e integrar 
las administraciones de sanidad de cada uno de los tres 
ejrcitos en una nica organizacin administrativa.

* Aumentar la polivalencia de las Fuerzas Armadas. Es 
preciso que ante un abanico ms amplio de contingencias, las 
unidades militares se encuentren preparadas para actuar en todo 
tipo de circunstancias y escenarios (operaciones de 
mantenimiento de la paz, gestin de crisis, etc.).

* Incrementar las capacidades estratgicas para proyectar 
su accin all donde se estime necesario, as como 
sostener operaciones lejos de sus bases. La contribucin 
espaola a la seguridad colectiva, tanto en el marco de la ONU, 
de la OTAN, o de la UEO, requiere adems la capacitacin de 
nuestras unidades militares para actuar lejos de nuestro suelo.
 
Esto exigir, en primer lugar, la potenciacin y modernizacin 
de las capacidades de transporte de nuestros ejrcitos, 
especialmente transporte areo y naval. Por otro, la ampliacin 
de la cobertura de los sistemas estratgicos de comunicacin, 
mando o control.

* Crear una reserva movilizable. Es indispensable que 
nuestro pas consiga, por un lado. un equilibrio adecuado entre 
unidades en activo y unidades en la reserva, y, por otro, 
disee mecanismos de movilizacin rpidos y eficaces. La base 
para la creacin de esta reserva debe ser necesariamente 
el voluntariado.

* Modernizar las Fuerzas Armadas. La culminacin del proceso 
de modernizacin no puede limitarse a la adquisicin de 
nuevos sistemas de armas, sino que debe abarcar la propia 
estructura orgnica de las FAS as como el desarrollo del 
pensamiento estratgico nacional y la formacin de los 
profesionales de las FAS.

* Introducir una profesionalizacin gradual. Las 
FF.AA. espaolas debern tender a la progresiva 
profesionalizacin del componente de tropa.

* Preparar la integracin multinacional. La voluntad de 
los pases aliados de dotarse de una capacidad de actuacin 
conjunta e integrada, obligar a las FAS espaolas en primer 
lugar a una estandarizacin de sus procedimientos y sistemas de 
armas; en segundo lugar, a una homologacin en los niveles 
de operatividad; en tercer lugar, al incremento de ejercicios 
de adiestramiento conjunto; y, finalmente, a la integracin 
de algunos de sus componentes en unidades multinacionales como 
el Euroejrcito, la Euromarfor y la Eurofor.

10.2.- Un presupuesto de defensa ms eficiente

El presupuesto de defensa ha seguido una doble tendencia en 
los doce aos de gobierno socialista. Por un lado, el 
esfuerzo econmico en la defensa se ha reducido a la mitad en 
trminos de producto interior bruto. Por otro, esas reducciones 
han ido acompaadas de un proceso de deterioro de la estructura 
interna del mismo, que ha hecho que cuanto menores eran los 
fondos disponibles, menor fuera la eficiencia con que se 
gastaban esos fondos.

El PP considera que en las actuales circunstancias econmicas 
de nuestro pas, especialmente en un momento en el que 
debemos realizar un gran esfuerzo por cumplir las condiciones 
impuestas por el Tratado de la Unin Europea para la Unin 
Econmica y Monetaria, ser imposible proceder a incrementos 
significativos e inmediatos del gasto militar.

A corto plazo slo cabe proceder a una racionalizacin 
del presupuesto de defensa que permita una utilizacin ms 
eficaz y eficiente de los recursos disponibles. En este sentido, 
el PP considera necesario adoptar las siguientes medidas:

* Ley Plurianual de Programas para las Fuerzas Armadas, 
es decir, el establecimiento de una base presupuestaria 
estable para poder planificar las necesidades a medio y largo 
plazo. A tal fin se propondr una Ley plurianual de programas 
para las FAS que sustituya a la vigente pero incumplida Ley 
de Dotaciones.

* Desburocratizacin del gasto en defensa. Es 
imprescindible proceder a una transferencia de recursos desde 
los programas administrativos a los programas operativos de los 
tres ejrcitos. Para lograr este objetivo tendr especial 
importancia el plan de reduccin y modernizacin del rgano 
Central de la Defensa ya mencionado.

* Reforzamiento de los mecanismos de intervencin. Los 
gastos militares debern en el futuro estar sometidos al 
mismo mecanismo de control que el resto de los gastos del 
Estado.

* Una estructura de programas ms competitiva. Resulta 
necesario introducir una nueva estructura de programas 
presupuestarios ms ajustados a las misiones y objetivos de las 
Fuerzas Armadas.

10.3. Un servicio militar ms profesional

El servicio militar obligatorio atraviesa una grave crisis 
en nuestro pas. Esta crisis tiene sus races en un elevado 
rechazo social y en una creciente inutilidad del reclutamiento 
forzoso para la defensa nacional, consecuencia de las 
transformaciones estratgicas de nuestro entorno y de la 
evolucin tecnolgica de los sistemas de armas. Todo ello obliga 
a un replanteamiento del modelo de servicio militar actual.

Por otro lado, las condiciones de prestacin del 
servicio militar continan siendo deficientes en muchos 
aspectos, lo que contribuye a su mala imagen. Para solucionar 
estos problemas, el PP propone las siguientes medidas:

* Reducir el servicio militar a seis meses.

* Incrementar el nmero de soldados profesionales hasta 
alcanzar los 70.000 soldados y marineros profesionales en el 
plazo m ximo de dos Legislaturas.

* Profesionalizar la Armada, el Ejrcito del Aire y la Fuerza 
de Accin Rpida del Ejrcito de Tierra. La 
total profesionalizacin de estas unidades evitar que soldados 
de reemplazo tengan que salir a realizar operaciones 
militares fuera de nuestras fronteras.

* Incrementar la retribucin de la tropa de reemplazo, 
hasta alcanzar gradualmente el 50 por ciento del salario 
mnimo interprofesional.

* Mejorar las condiciones de prestacin mediante: 
transporte pblico gratuito para todos los desplazamientos 
ocasionados con motivo del servicio militar. Plan urgente de 
mejora y acondicionamiento de los alojamientos e instalaciones 
al servicio de la tropa. Privatizacin de determinados servicios 
de apoyo, limpieza y mantenimiento de bases y acuartelamientos, 
de forma que se libere a las clases de tropa de funciones que 
poco o nada tienen que ver con su condicin de soldados 
(camareros, basureros, asistentes, peones, etc.)

10.4.- La reestructuracin de los servicios de inteligencia
Los servicios de inteligencia se han visto envueltos en 
los ltimos aos en una serie de escndalos por ocuparse 
de cuestiones que estn al margen de sus funciones legales. 

Por otro lado, se ha demostrado tambin que las relaciones entre 
los distintos servicios de informacin carecen de la 
imprescindible coordinacin. En estas circunstancias, el PP 
considera que es imprescindible una profunda reforma por ley de 
nuestros servicios de informacin. Las lneas fundamentales de 
esta reforma consistirn en garantizar una mejor coordinacin 
entre los diversos servicios de informacin del Estado y 
redimensionar el Centro Superior de Informacin de la Defensa 
(CESID) que quedar adscrito al Ministerio de Defensa. Se 
ajustarn sus actuales competencias a la obtencin y anlisis de 
informacin relevante para la seguridad nacional en el exterior 
y al contraespionaje.

10.5. La recuperacin de la industria de defensa

La industria de defensa est atravesando en nuestro pas por 
una grave crisis que pone en riesgo la propia supervivencia de 
este sector, esencial en trminos estratgicos para la 
seguridad nacional y muy importante desde el punto de vista 
tecnolgico, industrial y econmico.

La industria de defensa requiere, en consecuencia, la puesta 
en marcha de una serie de medidas concretas y eficaces, 
coordinadas entre el Ministerio de Defensa y el de Industria y 
Energa. El PP propone lo siguiente:

* Favorecer la demanda interna de bienes de defensa mediante 
la mxima nacionalizacin posible de las adquisiciones de 
defensa, intentando en todo momento armonizar las capacidades de 
nuestro sector industrial y los requerimientos operativos de 
nuestras Fuerzas Armadas.

* Plan de reordenacin y concentracin de los 
diferentes subsectores de defensa impulsado desde el Gobierno en 
funcin de las necesidades futuras de nuestros Ejrcitos.

* Privatizacin paulatina de aquellas empresas que 
presenten perspectivas de viabilidad econmica a medio plazo, 
teniendo en cuenta el carcter estratgico de algunas de las 
industrias, el necesario control nacional del capital y la 
salvaguarda de los puestos de trabajo.

*Plan de diversificacin para aquellas industrias que 
aparezcan sobredimensionadas en funcin de la demanda previsible 
de sus productos.

* Apoyo a planes concretos de reconversin hacia la 
produccin de bienes civiles para aquellas empresas cuya 
viabilidad en el campo militar sea imposible.

* Integracin del sector en Europa. Se favorecer la 
cooperacin de nuestras empresas de defensa con otras industrias 
europeas, especialmente en programas comunes con otros pases de 
la Unin Europea Occidental y de la Alianza Atlntica.

* Potenciacin de la investigacin de defensa. Se 
incrementarn los fondos dedicados a programas de investigacin 
y desarrollo relacionados con la defensa, especialmente en 
aquellas reas calificadas como de "doble uso", as como la 
colaboracin con las empresas de defensa para el desarrollo de 
prototipos y lneas de investigacin propias.

* Mejora del sistema de adquisicin y contratacin 
del Ministerio de Defensa para favorecer mayor transparencia 
y competencia entre las empresas del sector.   

