Especialistas y académicos se reúnen este martes en las Jornadas ‘Inteligencia artificial en el sector público: retos, límites y medios’, un programa organizado por la Universidad Pablo de Olavide a través del proyecto de investigación ‘Inteligencia artificial y Derecho Administrativo’, financiado con fondos FEDER. Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, Antonio Sanz, viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía; Juan Francisco Álvarez, de la Fundación Cajasol; y Eduardo Gamero, catedrático de Derecho Administrativo de la UPO y director de las Jornadas, han presentado los objetivos del encuentro que tendrá lugar en la sala Salvador de la Fundación Cajasol hasta mañana miércoles.
El fin último de las Jornadas es determinar el marco jurídico general al que se sujeta la aplicación de soluciones de inteligencia artificial (IA) en el sector público, especialmente cuando sirve de soporte a la toma de decisiones. Y es que el hecho de que no exista una normativa específica no significa que los derechos y garantías fundamentales que rigen los procedimientos administrativos no sean de aplicación.
Las Jornadas ‘Inteligencia artificial en el sector público: retos, límites y medios’ cuentan con un programa que ha sido estructurado en torno a ocho sesiones. Las cinco primeras tendrán lugar a lo largo de hoy martes, comenzando con la intervención de Norberto Díaz, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UPO, y de Carlos Torrecilla, jefe de la Unidad de Economía Digital del Joint Research Center (JRC), con Eduardo Gamero como moderador, quienes debatirán sobre la tecnología y sus aplicaciones en el sector público.
Los derechos como límite a la IA; los algoritmos; la supervisión humana de la IA y la responsabilidad administrativa en su uso; los medios para implementarla en el sector público; la organización y la gobernanza; y las propuestas regulatorias para el futuro son los temas que serán abordados en unas jornadas que cuentan con la colaboración de la Fundación Cajasol y Montero-Aramburu Abogados.
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