Iniciada la sesión, y a propuesta del Vicerrector Primero, se pospone el punto al final de la sesión, hasta tanto no se reincorpore el Sr. Rector. Reiniciado el mismo, el Sr. Rector informa que los criterios por los que se desarrollan los criterios de acreditación del PDI, se han endurecido tanto que, incluso, están modificando los criterios de acceso. Quiere hacer constar que la CRUE ha informado desfavorablemente en este punto. Varias universidades han alzado la voz no ya sólo por el endurecimiento de los criterios, sino por la necesidad de que los criterios habilitaran un régimen transitorio para que los investigadores puedan adaptar sus CV a los nuevos criterios manejados por la Administración. Se han barajado opciones de respuesta frente a ambas regulaciones. Sin embargo, como quiera que se ha constituido una comisión mixta entre el Ministerio y la CRUE para atemperar la dureza de los cambios, se ha pospuesto. Si no hubiere sido así, ni que decir tiene que se hubiese librado un comunicado conjunto. De momento, hay que aguardar al resultado de tales negociaciones.

Por otra parte, no hay previsión de aprobación de un nuevo modelo de financiación. Son varias las razones: i) No parece prudente que el Modelo no se haya consensuado con todos los agentes en el sistema (sindicatos, comunidad universitaria, ect); ii) ha recibido contestación por algunos sectores (estudiantes) y las universidades no han suscrito el procedimiento utilizado para su aprobación. Esto ha supuesto que la propia Junta de Andalucía haya retirado el propuesta del modelo.

A raíz de este hecho – ya no hay Modelo de Financiación- es preciso acometer dos tareas pendientes: i) Ser capaces de gestionar su elaboración lo más pronto posible. Lo deseable es que el modelo lo fuera para el período 2018-21. ii) Es deseable la suscripción de un documento de partida para su elaboración, que recogiera las bases mínimas, dada cuenta la inexistencia de modelo alguno, y la falta de prórroga del anterior. De ahí la necesidad de suscribir cuanto antes de un documento de reparto consensuado, suscrito por todos los Rectores y la Junta de Andalucía.
 
Nuestras perspectivas residen, no ya sólo en conseguir las cantidades consignadas en el presupuesto, sino algunas más. Confiamos en obtener 53 millones para financiación operativa, más los planes de ayuda para la investigación y para infraestructuras. No sabemos cómo se van a repartir, porque aún no hay criterios. También se prevé el reparto de 61 millones del Fondo Superior Europeo para el desarrollo de programas de investigación, especialmente orientados a perfiles específicos (jóvenes investigadores, desempleados, etc.). Sin embargo, siguen quedando aún demasiadas incógnitas aún por dirimir. Al menos, después de porfiar durante estos años, ha calado en el ánimo de los responsables de la Junta de Andalucía y del resto de Universidades, que la UPO necesita un financiación especial, que atienda a la singularidad de nuestra universidad, mediante instrumentos adicionales de financiación.

Comienza el Sr. Rector dando cuenta del informe que versará, básicamente sobre financiación. No obstante, informa, previamente de  dos cuestiones: Acceso a la Universidad y duración de las titulaciones. Respecto a la primera anticipa que aún no se sabe cómo se va a desarrollar la prueba de acceso. De momento se sabe únicamente que la reválida de este curso no contrae efectos para el bachiller, pero si para el acceso a la universidad, tal y como ha anunciado, el Presidente del Gobierno. A lo largo de esta semana se prevé la publicación de la orden ministerial que ha de regular el desarrollo de las pruebas. El problema sigue siendo el mismo: en Andalucía se realizará una prueba de acceso muy similar a la que existía en la PAU. Lo que no se sabe aún es el valor que ha de tener fuera de la Comunidad Autónoma. La prueba de acceso, por tanto, no será uniforme en las universidades españolas. A esta fecha no se sabe en qué consiste ni cómo se va a desarrollar, como tampoco se conocen los efectos de la misma en las distintas comunidades autónomas.

Respecto a la segunda, se está trabajando desde la CRUE en el alcance de la duración de los títulos de grado. La comisión mixta que se constituyó al efecto ha llegado a unos acuerdos que contribuyen a serenar la inquietud que se ha suscitado en torno a la moratoria para la implantación de grados a 180 créditos: Todos los grados previos a la entrada en vigor del Real Decreto se mantienen, por regla general, en 4 años. Los grados posteriores podrán ser de 180 créditos. A este fin, se han constituido tres comisiones mixtas. Una para definir la estructura que han de tener las ingenierías; otra para la determinación de los grados que no pueden ser inferiores a 240 créditos. Aquí la propuesta de la CRUE es que todos lo preexistentes se mantengan en los mismos términos. No obstante, hay posiciones que suscriben la tesis de que las titulaciones que tuvieron origen en antiguas diplomaturas vuelvan a los 180 créditos. La posición de los rectores andaluces, en este punto, es que se mantengan en 240 créditos; La tercera  se ha de encargar de definir los mecanismos legales y reglamentarios para que el trabajo de las otras dos comisiones sea operativo. Se exigen cambios legislativos y reglamentarios. La idea básica es que cuando se disponga que un título sea de 240 créditos lo sea en toda España. Para ello es necesario, como es lógico, la modificación del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
 
En otro orden de cosas y en lo que hace al ámbito de la Junta de Andalucía, informar que el pasado viernes se aprobó el proyecto de presupuestos para el 2017. En lo que se hace a las Universidades sólo se refieren tres cosas: i) que se destinan a la misma 1535 millones de euros, se anuncia la aprobación de un nuevo modelo de financiación para las Universidades Públicas en el período 2017-2021, y se hace una previsión de 448 millones de euros para i+D+I, de las cuáles 439 de destinan a investigación e innovación. Ese mismo viernes se convocó a los rectores para explicar estas cifras: 1469 millones serán para las Universidades (modelo de financiación), el resto será para acometer otro tipo de gastos. La previsión es que la financiación operativa alcance los 1167, 18 millones más que este año. A esta hay que sumarle 46 más para la financiación de inversiones y 71 para financiación de la investigación. La suma de estos tres conceptos constituye lo que la Junta de Andalucía define ahora como Investigación básica. Esta financiación vendrá soportada exclusivamente con fondos autofinanciados, esto es, se recibirán por transferencia corriente.

El cambio sustancial del nuevo modelo de financiación realmente reside, no tanto en el incremento de esa cantidad (que se esperaba), sino en la forma de proceder al reparto. Así es, este nuevo modelo, que deberá forjarse en los próximos 2 meses, por lo que ha podido conocer tiene 4 bloques: I) Financiación Básica (Financiación Operativa + inversiones
+ investigación); la Financiación Operativa es el resultado de la suma del Capítulo I + el Capítulo II + regla de gasto (1,8 para este año al prorrogarse los presupuestos)- los ingresos por tasas; ii) El desarrollo del PAIDI, que sí está vinculado a subvenciones y a justificaciones; III) El tercer bloque sobre el que se apuntala el nuevo modelo es lo que la Consejería ha venido en llamar PECA (Plan de excelencia de coordinación y apoyo). En este bloque se subsumen las becas, el B1, la empleabilidad, el programa Erasmus, etc); y, por último, el IV) que está destinado a Calidad y Gestión

Poco a poco se irán conociendo los detalles del modelo. Mañana en Cádiz los rectores andaluces se reúnen para analizar esta situación. El Rector no está dispuesto a admitir una financiación operativa que no alcance, como mínimo, los 53 millones de euros, incluida la insuficiencia financiera. Por debajo de esa cantidad este Rector no está dispuesto admitirla. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha comenzado a regular otros aspectos, tales como: (i) la modificación del protocolo para la petición de contratación por causas sobrevenidas con la idea de ir reduciendo el número de profesores temporales y a tiempo parcial (PSI y Profesores Asociados); (ii) se han regulado los criterios por los que se han de extinguir los master, de tal suerte que por debajo de 7 estudiantes la Junta de Andalucía no financia ningún  master. También se extinguirán aquellos master que, durante tres años consecutivos, no tengan más de 18 de alumnos. Es más se prevé la misma norma para los grados. La discusión aquí reside en el número por debajo del cual un Grado debe considerarse a extinguir. La propuesta inicial que ha esgrimido la Junta de Andalucía es de 50; Los trabajos para la elaboración del Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en Andalucía, parece que ya se han iniciado. En este se ha de regular el procedimiento para  la modificación, acreditación, suspensión y/o  extinción  de los títulos. Entretanto, mientras tales trabajos se llevan a cabo, la implantación de grados nuevos en Andalucía se posterga hasta el curso 2018/19. En los másteres se va a permitir  una evolución de la oferta, siempre que esta sea sustitutiva. No se puede crecer en el número de master. Quiere esto decir que la planificación estratégica de nuestros títulos debe encajar en la planificación del Sistema Universitario Andaluz. Luego hay que aguardar a que se prepare
el nuevo marco. En nuestro caso, el único Grado susceptible de encajar en el sistema de planificación de la Junta en el curso 2017/18, es el Grado en Relaciones Internaciones que, a la postre, no se ha podido consumar por la falta de acuerdo  entre  las  distintos Centros.

Por último, en lo que hace a los problemas de la subcontrata de los Ayudantes de Servicios, el Sr. Rector quiere expresar la imposibilidad de intervenir jurídicamente, al tratarse de un ámbito de relaciones restringido a la empresa y a sus trabajadores. Pero este hecho, no empece el ejercicio de la vigilancia que se nos supone. Es por esto que, amén del resultado de las movilizaciones correspondientes, tanto desde la Gerencia como desde la Secretaría General se está actuando lo necesario en orden a exigir a la empresa el cumplimiento escrupuloso de las obligaciones a que viene obligada de acuerdo con las condiciones de la licitación. Pero, para eso, es necesario recabar la información correspondiente. En este punto nos encontramos.

El Sr. Rector toma la palabra para dar oportuna cuenta de los problemas suscitados a cuenta de la falta de autorización por parte de la Junta de Andalucía para la contratación de profesorado para este nuevo curso. Dado el cariz de los acontecimientos y la inquietud que se ha suscitado quiere explicar, vía informe, todos los pormenores. El informe contiene dos partes. La primera concierne a las causas y a las soluciones esgrimidas. La segunda remite a las decisiones que es preciso abordar en los próximos años.

En lo que hace a la primera parte, la evolución de los acontecimientos ha sido la siguiente: La Universidad aprueba el POD en plazo y, por tanto, comunica a la Junta de Andalucía, con la antelación suficiente, las necesidades de contratación que comporta. Sin embargo, la Junta de Andalucía, lejos de pronunciarse con inmediatez, retrasa pronunciarse al respecto hasta finales del mes de julio. Este retraso era previsible, pero, a diferencia de otros años, en los que únicamente se planteaban incidencias, esta vez sobrevino finalmente la falta de autorización el 28 de julio. La contratación de profesorado requiere tiempo, con el fin de que el inicio del curso esté prácticamente garantizado y este año la Consejería iba difiriendo la autorización. Las opciones esgrimidas por el Secretario General de Universidades (en adelante SG) el 29 de julio fueron básicamente las siguientes: i) Es preciso sustituir los contratos de profesores a tiempo parcial por contratos de dedicación permanente. Ni que decir tiene que, en este punto, la Universidad asume con gusto la sugerencia. Sin embargo las limitaciones de disponibilidad para la contratación de Ayudantes Doctores son palmarias. El Rector así se lo hizo a saber al SG; ii) Reducir la contratación de profesores a Tiempo Parcial, de tal suerte que la carga docente resultante sea asumida por el resto de Profesores a Tiempo Completo, hasta el máximo, en cada caso, de su dedicación legal. Por el SG se venía así a sugerir así la supresión de nuestros descuentos docentes, excepto aquellos que fueren determinados por las leyes y las reducciones asociadas a Cargos de Gestión de carácter estatutario. Una medida, como esta, abocaría a la Universidad a una posición de franca asimetría frente al resto de Universidades Públicas a la hora de configurar su plantilla. El RDI no es sino una forma de garantizar la equiparación, en términos de reducción docente, con el resto de plantillas. Es cierto que el resto de Universidades no facilitan los datos de la dedicación media de sus plantillas, pues no están expuestas a formas de escrutinio tan severas, como lo está nuestra Universidad. Al fin y al cabo, no están sujetas a ningún plan de reequilibrio financiero. En este punto, la UPO estaría dispuesta a contemplar esa posibilidad, siempre y cuando se acompase la dedicación media de su profesorado con la del resto de Universidades; iii) El SG sugiere entonces la reducción del número de grupos, con el consiguiente detrimento de la calidad de la enseñanza en nuestra Universidad, la única que, por otra parte, ha respetado íntegramente la ratio por alumno del Plan Bolonia.

De esta reunión no se atisbaron soluciones y el Rector explicitó claramente que un escenario como el descrito, amén de los problemas que contrae para el inicio normal del curso con un 25 por ciento de la docencia sin impartir, barrunta el desmantelamiento de la plantilla ante la falta de expectativas de promoción profesional del profesorado. El día 1 de Septiembre la posición de la Junta de Andalucía era la misma. Sin embargo el día 5 de septiembre algo comenzó a cambiar en la Consejería. Ese mismo día se mantuvo una reunión con los Directores de Departamento. En esa reunión se asumió una posición lógica: la sustitución de la dedicación a Tiempo Parcial por una dedicación a Tiempo Completo es una medida deseable y necesaria. Pero es preciso acometerla con sentido común para que no obstruya el inicio del curso. A lo largo del año se trabajará en un plan para que atisbe soluciones sensatas a los problemas. El SG accedió ante este nuevo planteamiento. Ni que decir tiene que la comunicación de este tipo de hechos no siempre es fácil, pues los procesos que hay detrás son dinámicos y complejos. Ello no obstante, asume que no hubo agilidad a la hora de comunicar los detalles de este proceso a los representantes de trabajadores.

Ahora bien, a día de hoy aún no se ha recibido la autorización, aunque se la espera. Ello no obstante, se ha dado instrucciones al Vicerrector del Profesorado para que anticipe la contratación de los PSI, en previsión de la autorización de referencia. El proceso de contratación está prácticamente ultimado. En este punto quiere expresar su gratitud por la altura institucional que han demostrado todos los que se han implicado en la normalización del comienzo de curso.

En cuanto a la segunda parte del informe el Rector insiste en que el horizonte en ciernes es complejo, a la vista de la configuración de la plantilla, con más del 56 por ciento con dedicación a Tiempo Parcial. Por otra parte, hay áreas muy descompensadas, pues carecen profesores a Tiempo Completo, frente a otras que tienen demasiados. El proceso de ajuste requiere, como ya se ha dicho, la contratación de Profesores Ayudantes Doctores. Es la mejor opción para resolver los desequilibrios descritos. Claro que para esto hacen falta recursos. Cambiar la estructura de la plantilla exige una inversión de la Junta de Andalucía durante los próximos 4 años. Dos PSI de 18 créditos imparten 36 créditos frente a los 24 créditos de la dedicación de un Ayudante Doctor, pese a que este contrae mayores costes. A título de ejemplo, la contratación de 20 ayudantes doctores requiere 800.000 euros consolidados, lo que sumado al crecimiento vegetativo, en términos de trienios y complementos, las promociones y los incrementos salariales,  rebasaría ampliamente el millón de euros. ¿Existe voluntad política en la Junta de Andalucía para financiar este proceso de re-configuración de la plantilla, previa presentación de un plan específico? Es posible que así fuese, pero aún así existen otra clase de óbices: La cota de personal y la regla de gasto. La cota es el límite de gasto que tienen las universidades. A día de hoy no se conoce el alcance de la misma. Supongamos que la Junta de Andalucía sitúa la cota de personal en 50 millones de euros, esto es, 3 millones más que la del corriente, si la regla de gasto es del 2,2% de incremento sobre el presupuesto anterior, el incremento en la misma raya los 700.000 euros. Con semejante cifra no se puede abordar una reconfiguración de la plantilla en esos términos. Quiere esto decir que si no se amplía la regla de gasto, el escenario que se divisa es complicado. De hecho, dice el Sr. Rector  que en el CAU del pasado día 12 de septiembre, insistió públicamente que si el discurso político de la Junta de Andalucía sigue situando a las universidades como el motor del cambio de Andalucía, debe tomar decisiones políticas que sean consecuentes. En definitiva, si la Regla de gasto es susceptible de interpretarse de manera global y no en términos lineales por cada uno de los niveles de la administración, habría margen para reparar la situación. En el peor de los escenarios, si la regla de gasto no se amplia, la regla de gasto para el 2018 será el 2,6 por ciento del gasto del 2017. La crudeza del escenario, en ese caso, salta a la vista. En cualquier caso, la Junta de Andalucía, insiste el Sr. Rector, exigirá cambios para corregir las disfunciones descritas.

Para terminar en el último CAU la Junta de Andalucía anticipo las líneas de trabajo del futuro plan de financiación. Básicamente el esquema propuesto se sintetiza en la ecuación: financiación operativa es igual a la suma de los Capítulos I y II más el 2,2 por ciento menos las tasas”. Con este esquema los números no arrojan una mejora en la financiación. En el día de ayer los rectores se reunieron en la Universidad de Sevilla y expresaron su preocupación por las líneas descritas del futuro plan de financiación. En este punto los rectores coincidieron en oponerse mientras no se proceda a la liquidación del modelo anterior y mientras no se conozca con claridad la cifra real que la Junta de Andalucía quiere dedicar a las Universidades. Mientras no se conozcan estos datos, la convicción de los rectores será firme: no accederán a negociar modelo alguno mientras exista incertidumbre.

Comienza el Sr. Rector anticipando que el informe en esta ocasión será breve  e informa en primer lugar acerca de la publicación reciente del Real Decreto por el que se determina el umbral de nota mínima renta para la obtención de becas y ayudas para el curso 2016/17. En este sentido, el Ministerio ha rubricado la tendencia inicial y ha dejado el umbral de nota mínima para la obtención de beca en el 5,50 y no en el 5.00, como esgrimió en su día la CRUE.  Confía en que el gobierno entrante sea más receptivo en este punto

Cambiando de plano, en el ámbito autonómico, informa que finalmente se ha culminado el acuerdo de reparto de la financiación de las universidades andaluzas para este ejercicio. Se han repartido la operativa, la insuficiencia financiera y los planes de apoyo. El Sr. Rector informa, en este punto, que la  dice que ha ejercido una gran presión para recibir más cantidades que la inicialmente prevista, claramente insuficiente. Desde noviembre de 2015 hasta el mes corriente, ha porfiado en esa dirección e informa que ha dado fruto. Con el incremento de la financiación se va actuar en una doble dirección: por una parte a saldar  créditos y/o derechos de dudosísimo cobro, tal y como se esgrime en el informe de auditoría, y, por otra, en corregir definitivamente el déficit. El objetivo principal no es otro que el saneamiento de las cuentas. Si este año discurre, sin sobresaltos sobrevenidos (reintegros de proyectos de investigación, ejecuciones de resoluciones judiciales firmes, etc.), las cuentas de la Universidad se sanearan definitivamente. La intención de la Consejerí0a es ofertar a los rectores una propuesta de sistema de financiación, para trabajar sobre la misma. El eje del sistema es garantizar que todas las U. Tengan sus gastos operativos cubiertos (capitulo i y II). Y a partir de ahí se produzcan criterios de repartos supeditados s contratos programa, garantizando la investigación básica en todas las áreas de conocimiento. Si todo discurre con normalidad, posiblemente en el mes de octubre se dispondrá de un nuevo modelo de financiación. Tanto el consejero como el Secretario General de Universidades suscriben la posición esgrimida por este Rector de que la UPO tiene sus propias singularidades. Han sido receptivos a sus peculiaridades y la debilidad de nuestra Universidad. Por último transmitirle que el Secretario General de Universidades abriga, en este punto, una gran preocupación en lo que hace al estado de las plantillas tanto del Profesorado como del Personal de Administración y Servicios . Uno de sus afanes es avanzar en la estabilización de esas plantillas, reconociendo nuestras singularidades en este punto.

Para terminar insiste en cuatro cuestiones: i) En relación con la oferta académica la  Junta de Andalucía ha aprobado la oferta inicialmente prevista y aprobada por nuestros órganos de gobierno;  ii) La oferta pública de empleo ya está autorizada. Ya se está actuando lo necesario en orden a la preparación de las convocatorias correspondientes. Ni que decir tiene que se dará cumplida información del estado de las mismas; ii) Al hilo de la reforma del Reglamento de honores y distinciones: se está barajando la posibilidad de instaurar un día de la Universidad. Somos la única universidad que no dispone ningún día. En ese día se realizara un acto solemne en el que se entregaran los honores y distinciones; y, finalmente, quiere informar al Pleno que la apertura del próximo curso tendrá lugar 16 de septiembre de 2016.

El Sr. Rector inicia la sesión informando que el Secretario General se encuentra de baja médica y que por Resolución de 14 de junio se dispone que actuará como secretaria, para el presente Consejo de Gobierno, la anterior Vicesecretaria General y Vicerrectora de Internacionalización en la actualidad. El Sr. Rector comunica que una vez nombrado el Prof. David Naranjo Gil como Vicepresidente Ejecutivo de Fundaciones, el puesto que venía ocupando en el Consejo de Gobierno como representante de la comunidad universitaria, designado por el Claustro por el Sector A, será cubierto por el siguiente miembro más votado de la lista de representantes de dicho Sector. Agradece al Prof. David Naranjo su labor y le da la bienvenida como Vicepresidente Ejecutivo de Fundaciones.

Seguidamente el Sr. Rector da cuenta de las novedades acaecidas desde el último Consejo de Gobierno. En esta línea, expone que se ha convocado Asamblea General de CRUE para el jueves 23 de junio, en cuyo orden del día, fundamentalmente, en el que se van a analizar por la CRUE todas las solicitudes que hayan cursado las universidades para implantar títulos Grados de 3 años y 180 créditos para el próximo curso de 2016-2017. Aunque existe una moratoria para la implantación de los grados de 180 créditos hasta 2017-2018, excepcionalmente se contemplaba que podrían implantar grados de tres años, si son nuevos. La condición que puso la CRUE fue que las universidades deberían pasar las propuestas por la Asamblea de la CRUE y ésta debe decidir si se ajustan a la moratoria renovada el pasado febrero. Entre la documentación enviada junto a la convocatoria de la Asamblea no ha llegado información sobre las solicitudes que han presentado las universidades y a qué grados afecta. El Sr. Rector señala informará al pleno cuando cuente con la toda la información al respecto.

En otro orden de cosas, señala que el 30 de junio se ha convocado la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) donde se abordará el reparto de 20 millones de euros del presupuesto de 2016, destinados a infraestructuras, fondos que se repartirá entre todas las universidades andaluzas. Este dinero se articulará vía subvención excepcional y el Secretario General de Universidades ha afirmado que todas las universidades tendrán acceso a esa financiación. La UPO necesita acometer obras para subsanar las deficiencias en el Campus y con la asignación que corresponda a la universidad, habrá que decidir qué se puede hacer en los 6 meses que restan del año. Esto es independiente del Plan de Infraestructuras para el que se contempla una cifra de 90 millones para 2017 y que nos permitirá acometer obras de mayor calado en la Universidad.

Por otro lado, el Sr. Rector expresa que se han celebrado diversas reuniones en el seno de la CUA sobre ordenación académica y cuestiones de profesorado. En relación con el profesorado, se ha aprobado un documento donde se expresa la posición favorable de los rectores para que el PDI laboral pueda percibir los sexenios y posteriormente los quinquenios, una vez que la Junta de Andalucía ponga a disposición de las universidades la financiación necesaria para hacerlo efectivo. En materia de ordenación académica los asuntos tratados tienen que ver con la exigencia, por parte de Junta de Andalucía, de que se establezca un número mínimo de estudiantes para títulos de grados y postgrado. En relación con los grados no se ha llegado a ningún acuerdo todavía. La Junta de Andalucía propone que el número mínimo para que un grado se considere viable sea de 50 estudiantes ya que en su opinión por debajo de este número no sería sostenible. En postgrado, en cambio, si existe acuerdo y lo que se aplica en todas las universidades es que el número estándar se sitúe en 18 estudiantes. En cuanto haya más información disponible sobre estos asuntos se dará cuenta al Consejo de Gobierno.

A continuación, el Sr. Rector comenta que la semana pasada visitaron la UPO, D. Francisco Gracia, director de la DEVA junto con al responsable del Área de evaluación y acreditación, D. José Gutiérrez y la responsable del Área de evaluación de investigación, desarrollo e innovación, Doña. Soledad Rubio.  Se trató de una visita que solicitaron los responsables de la DEVA, con la finalidad de presentar al Rector y a los órganos encargados de la calidad, el funcionamiento de la DEVA y la política que quieren desarrollar, así como recoger la opinión que tienen las universidades sobre la evaluación de los títulos, el profesorado y la evaluación de la actividad investigadora. Pusimos sobre la mesa que la Deva tenga un concepto más material que forma de la calidad. En este sentido, entre otros asuntos, se le pidió a la DEVA que tenga un concepto más material que formal de la calidad y se trató sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la calidad en la investigación cuando ésta sea competencia de las universidades. Aprovechando este encuentro, se puso de manifiesto que ha surgido una preocupación en ciertas universidades relacionada con el tratamiento de la DEVA para la acreditación de los másteres universitarios.  Se está detectando una diversidad de trato y discrepancias poco justificables en la aplicación de los criterios. Se ha advertido que algunos másteres se evalúan con mucha dureza y otros con mayor laxitud.

El Sr. Rector comunica que la universidad ha obtenido la evaluación positiva de la implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad de los tres Centros que se han presentado a la convocatoria, de acuerdo con el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Los centros son: la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Experimentales. Se está trabajando para que los cuatro Centros restantes puedan tener esta evaluación positiva y obtengan el certificado AUDIT por la ANECA. La certificación AUDIT y la acreditación del 50% de los títulos que imparte por parte del Centro implica que éste pueda certificar la calidad de sus títulos en el futuro. En la Web de la ANECA se pueden ver qué Centros que están certificados en la ANECA, En Andalucía solo Jaén tiene certificado un centro. Esperamos que en la próxima convocatoria se puedan acreditar el resto de los Centros de la UPO.

Por último, el Sr. Rector informa que la apertura del curso está prevista que se realice el 16 de septiembre. La idea es que la celebración de la apertura del curso sea siempre el tercer viernes de septiembre, evitándose así que coincida con la apertura del curso académico oficial de las universidades andaluzas.

Comienza el Sr. Rector informando acerca de la última sesión del Consejo de Universidades (en adelante CU) y de la CRUE, en las que se desbrozaron, amén de cuestiones técnicas, tres asuntos de interés: 1) Respecto de la oferta general de enseñanza del Ministerio para el curso 2016/17, el trámite de audiencia al CU se ha evacuado favorablemente 2) Por otra parte, respecto al umbral de renta para la becas y ayudas para el curso 2016/17, como quiera que el Ministerio rubrica la misma tendencia, la CRUE ha emitido informe, pero este ha sido negativo, básicamente por el hecho de que el umbral de nota mínima para la obtención de beca se sigue situando en un 5,50 y no en 5.00, como esgrime la CRUE. Ello no obstante, apunta el SR Rector, el Secretario de Estado anunció, a la vista del informe de referencia, que se esta evaluando el coste de la rebaja de la nota mínima para concurrir a tales becas o ayudas y si el resultado es asumible se actuara en consecuencia; 3) y en cuanto a las pruebas de acceso de bachillerato, la CRUE ha valorado positivamente la nueva propuesta de regulación de las mismas, en contraste con la originalmente prevista, más asimilable a la prueba a la selectividad. Para la CRUE no es la regulación deseable, pero es más congruente con las expectativas, en este punto, de las Universidades. El hecho de que el contexto de la prueba ya no sea  de ámbito nacional, sino autonómico, testimonia suficientemente este posicionamiento de la CRUE. Finalmente se ha evacuado un informe favorable.

Por último, en lo que hace a la CRUE, informa que se ha cerrado un convenio marco con CEDRO (….) para evitar demandas por el uso indebido de los derechos de autor en el ejercicio de la docencia universitaria. Se trata de un convenio marco, al que han de adherirse, todas las universidades. El Sr. Rector anuncia que ya lo ha suscrito, que los costes que se contraen para la Universidad Pablo de Olavide, rayan los 25.000 euros.

Cambiando de plano, en el ámbito autonómico, informa que finalmente se ha culminado el acuerdo de reparto de la financiación de las universidades andaluzas para este ejercicio. Se han repartido la operativa, la insuficiencia financiera y los planes de apoyo. Empero, aún no se han distribuido las cantidades destinadas a infraestructuras, pese a los problemas que este hecho acarrea para la oportuna licitación de las mismas. Tampoco se han distribuido los fondos destinados a investigación para el 2016. El Sr. Rector dice que ha ejercido una gran presión para recibir más cantidades que la inicialmente prevista, claramente insuficiente. Desde noviembre de 2015 hasta el mes corriente, ha porfiado en esa dirección e informa que ha dado fruto. Con el incremento de la financiación se va actuar en una doble dirección: por una parte a saldar  créditos y/o derechos de dudosísimo cobro, tal y como se esgrime en el informe de auditoría, y, por otra, en corregir definitivamente el déficit. El objetivo principal no es otro que el saneamiento de las cuentas. Si este año discurre, sin sobresaltos sobrevenidos ( reintegros de proyectos de investigación, ejecuciones de resoluciones judiciales firmes, etc.), las cuentas de la Universidad se sanearan definitivamente.

En otro orden de cosas, la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades aprobó la propuesta de criterios y/o directrices para la subvención de la obtención del B1 o el B2.  La esquema de la propuesta se apuntala en dos ideas: i) que las Universidades suscriban una convocatoria común, donde la fecha tope para la admisión de solicitudes, no rebase el 15 de octubre; y ii) que la gestión interna de la misma recaiga en las Universidades. El Sr Rector anuncia que se ha opuesto a esta última, pues contrae más carga de trabajo para los servicios administrativos.  

En cuanto a los problemas relacionados con la justificación de la investigación: la falta de justificación de los ayudas de investigación compromete el libramiento de las cantidades pendientes de recibir, en tanto que son subvenciones, para investigación. La Universidad tiene pendiente de cobro que raya los 6 millones de euros. Es cierto que la Junta de Andalucía ha reconocido en el Parlamento que es imposible proceder a la justificación, pero en lo que hace a las Universidades pequeñas como la nuestra los procesos de justificación ahora son todavía más expeditivos, lo que se ha traducido, por una lado, en la perdida de cantidades a percibir y, por otro, en el reintegro de cantidades. La UPO ha recibido ya apercibimientos de reintegro por importe de más de 200.000 euros. En términos generales la media de los reintegros en las Universidades andaluzas ronda el 20 por ciento de las cantidades recibidas. Quiere esto decir que, tarde o temprano, habrá que optar entre la oposición vía judicial de los reintegros de referencia o la asunción de los mismos con el objeto de desbloquear las partidas pendientes de cobro. Ni que decir tiene que, a cuenta de este problema, la Junta de Andalucía no librará cantidades para la investigación en este año. Unas cantidades que, de librarse, deberán ser gestionadas  íntegramente por las propias universidades.

Asimismo informa que hasta el 31 de mayo se pueden remitir las propuestas de titulaciones para el curso 2017/18. La Dirección General de Universidades ha insistido, en este punto, en dos límites: i) Que el mapa de titulaciones está colmado. Quiere esto decir que el número de titulaciones no puede aumentar; y ii) que las propuestas deben ser de sustitución de títulos ya existentes o no prosperarán. Esto equivale a admitir la necesidad de presentar una estrategia de titulaciones, que concierne a los centros.

Para terminar el Sr. Rector quiere abundar en la polémica relacionada con el anuncio del Plan de que los grados de cuatro años, puedan realizarse, voluntariamente, en tres años. En este sentido quiere insistir que todos los grados de la UPO son de 240 créditos y de 4 años y así van a seguir siendo. Se trata simplemente de una posibilidad que habilita nuestro marco normativo de aplicación. La Normativa de Progreso y Permanencia permite que un grado de 4 años se pueda cursar en tres. La iniciativa consiste sencillamente en facilitar el uso de esta posibilidad a los estudiantes que quieran servirse de ella. Así se lo ha expuesto al Presidente de la CRUE y al Secretario General de Universidades. Ni que decir tienes que está dispuesto a discutir la oportunidad de esta medida. Ahora bien, quiere hacer constar que la lectura que se ha hecho de este anuncio es falso. Los grados de esta Universidad son de 240 créditos.

En primer lugar el Sr. Rector informa del fallecimiento José Manuel Jiménez Cañete, vicegerente de la universidad. Inmediatamente expresa su más sentido pésame, junto al de los miembros del Consejo de Gobierno, a la familia y a los amigos y compañeros. Considera que es una lamentable pérdida para la comunidad universitaria, y manifiesta su reconocimiento por el magnífico trabajo realizado durante tantos años prestando servicio en la universidad. Seguidamente da la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de Gobierno, decanos y decanas, Rosario Moreno Soldevila, María Serrano Fernández y Jesús J. Cambra-Fierro. Agradece la labor realizada por los anteriores decanos, Francisco Carrasco Fenech, Andrés Rodríguez Benot y José Miguel Martín Martín, a quienes agradece el trabajo realizado como consejeros en el Consejo de Gobierno durante todos estos años. Así mismo, da la bienvenida  al  nuevo director, Ángel Manuel Carrión Rodríguez, quien sustituye a José A. Armengol, Butrón de Mújica, a quien agradece, igualmente su labor realizada en el Consejo de Gobierno. En este apartado, informa que el 9 de marzo se convocará el proceso de renovación de los representantes de la comunidad universitaria en el Consejo de Gobierno conforme al procedimiento establecido para ello.

A continuación, el Sr. Rector se refiere a las últimas novedades en materia política universitaria. En primer lugar, destaca que se está en plena campaña electoral a Rector. Posteriormente, informa acerca de algunas circunstancias generales para la universidad y que tienen que ver con el desarrollo de procesos que pueden a afectar de manera intensa durante los próximos meses  en un futuro. En esa línea, señala que fecha de hoy (24 de febrero) no se ha firmado ningún acuerdo de distribución de la financiación de las universidades para el año 2016. Esta situación es anómala ya que los acuerdos suelen estar cerrados en Comisión Académica y Comisión de Programación del CAU en diciembre, y sin embargo, este año no hay perspectivas de que pueda ser antes de mediado de marzo. En esta circunstancia, resalta que las cantidades de financiación operativa están repartidas pero no acordadas formalmente por el CAU. Falta por repartir todavía la financiación referida a los programas de apoyo para las universidades, para infraestructuras que se puedan realizar durante 2016. Sobre esta cuestión el Sr. Rector considera que se dificultará su ejecución de las posibles obras que se quieran acometer. Por otro lado, tampoco está repartida la financiación destinada a la investigación. Lo que sí está acordado y garantizado es que la financiación operativa que cubrirá el presupuesto 2016. En cuanto a la justificación de los proyectos de investigación, el Sr. Rector muestra su preocupación por el arduo esfuerzo que se está realizando y, sobre todo, por los negativos resultados que se derivan de los procesos de justificación. En este sentido, indica que la universidad tendría que reintegrar casi un 1.500.000 Euros del dinero recibido por falta de justificación y que se dejará de recibir un millón de la financiación que estaba pendiente de recibir. Esta situación es igual para todas las universidades andaluzas. Sobre este tema la Consejería está proponiendo cerrar este capítulo y que se comience de nuevo. Esto se traduciría en reintegrar lo que se nos solicita y posteriormente se buscaría una solución. El Sr. Rector entiende que hay que seguir trabajando para recuperar ese dinero. El problema es que mientras se mantenga abierta la negociación sobre este tema y no cerremos el capítulo, la financiación que depende de subvenciones quedará congelada. No se podrá hacer cargo a esas subvenciones mientras no reintegremos el dinero y mantengamos vivo el proceso de reclamación sobre las cantidades a devolver.

En otro orden de cosas, el Sr. Rector informa de que se ha celebrado una reunión de la Comisión Académica  de CAU, el 10 de febrero, pero es esa reunión no se ha abordado nada en relación con financiación, sino en relación con la gestión de la acreditación del B1, las becas de los cursos para la acreditación del idioma y el convenio para la realización de prácticas educativas en centros públicos de la Junta de Andalucía, para los grado relacionados con educación. Anteriormente, se celebró una reunión en Baeza (5 y 6 de febrero) en la que la Consejería puso sobre la mesa algunas cuestiones dignas de mención. Por un lado, propuso trabajar sobre un modelo de universidad centrado en la definición de todo lo relativo en materia de personal, investigación y sobre el mapa de titulaciones, con el objetivo de ordenar. En materia de personal (PAS Y PDI) lo que se pretende abordar son todos los elementos que propicien un modelo de estabilización, promoción y un modelo de carrera profesional. Todo ello, basado en una financiación ligada a la consecución de objetivos y que primen la calidad (incentivos, complementos autonómicos, productividad, sexenios y quinquenios a personal laborar, etc.). Sobre el mapa de titulaciones el Sr. Rector explica que la Consejería ha explicado cuáles son las ideas claves sobre las que se quiere trabajar. Estas claves son, por un lado, mantener un mapa estable de titulaciones, lo que significa que se ha llegado al tope del crecimiento libre de titulaciones de Grados y Postgrados (existen más de 1000 títulos en la comunidad autónoma). Por otro lado, se planteó que Andalucía debe ir hacia el modelo escocés de universidades. Esto es, una estructura de grados de 4 años más uno y medio de postgrado. Se trataría de mantener las titulaciones de grados de 4 años, y se verá la duración de los postgrados. No obstante, como se espera no ser inmovilistas se entiende que los grados nuevos pueden articularse en 3 o 4 años si se considera oportuno. Manteniendo en 4 los actuales. Lo que queda claro es que da igual lo que haga Cataluña, Valencia, Madrid, Galicia etc., ya que en Andalucía se va a mantener un modelo de 4 + 1  año y medio.

En relación con el modelo de  financiación se perseguirá que sea sostenible en el reconocimiento de todos los derechos del personal. Sobre la investigación, la idea básica es que la financiación para la investigación se reciba por vía de transferencia corriente y no de subvención. Esto va a tener dos consecuencias. La primera de ellas, es que los grupos muy consolidados y con capacidad de captar financiación, se orienten hacia las convocatorias competitivas de la Unión Europea, sin perjuicio de que puedan captar fondos también en la Comunidad Autonómica. En segundo lugar, la Junta mantendrá otras concurrencias competitivas de excelencia e excelencia, cuya mayor parte, se derivará a las universidades para que éstas elaboren sus estrategias internas de investigación. El Sr. Rector indica que la Consejería quiere garantizar que la investigación básica tendrá financiación y, por lo tanto, todas las área que desarrollan investigación tengan financiación, no obstante, gran parte de esta financiación debe estar destinada a la transferencia de investigación y, además vinculada al trabajo con las medianas y pequeñas empresas. Según el Sr. Rector subraya que las universidades se encuentran en un escenario de definición de aspectos de cara a los para los próximos años. Finalmente, expone que la idea de la Consejería es que todos estos temas estén resueltos en julio de 2016, para poder planificar adecuadamente a partir de septiembre, con un nuevo modelo de financiación para los siguientes años.