La corrupción disminuirá en España si aumentan la transparencia de las administraciones públicas, los controles internos y externos en las empresas y se incrementa la exigencia ética de la sociedad. Y si, al mismo tiempo, disminuye la regulación administrativa discrecional, desciende el capitalismo concesional y el fraude fiscal. Esa es la ecuación de seis variables de lucha contra la corrupción que hizo el presidente del Círculo de Economía de Barcelona, Antón Costas, en el resumen que hizo en la clausura de la jornada Terapia contra la corrupción que se celebró el martes 1 de marzo en la Universidad Pablo de Olavide. El debate se desarrolló en tres mesas distintas sobre Valores en la sociedad civil, Ética en los negocios y Honestidad en la política. Entre los ponentes estuvieron la profesora de Filosofía del Derecho de la UPO Isabel Lucena y la investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona Elena Costas; el empresario Ignacio Osborne y la cooperativista Lola Sanjuán, y la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, Adela Cortina y el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Juan Torres.
Terapia contra la corrupción ha sido una jornada organizada por dos asociaciones andaluzas y dos catalanas: el Centro de Debate y Desarrollo, Fundación Astigi de Andalucía y Grup Set y Círculo de Economía de Barcelona por Cataluña, con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.En la apertura de la jornada intervinieron el rector en funciones de la UPO, Vicente Guzmán, la presidenta del Grup Set, Nuria Basi, y el presidente del Centro de Debate, José Moya.
Antón Costas dividió su resumen en cuatro puntos: definición, efectos, las causas y la terapia contra esta lacra social. Definiciones hizo dos. Primero la política: “el uso del poder público en beneficio privado”. Ese beneficio puede ser monetario o de estatus. Añadió que ese principio era transferible al ámbito privado: “el uso del poder corporativo en beneficio propio”. El profesor Costas pidió ampliar la dimensión moral de ambos conceptos, porque se trata de conductas que afectan al bien común. En los debates se puso de manifiesto la alta valoración que se tiene de la picaresca en España. Sobre la extensión de este fenómeno, se puso de manifiesto los escándalos que hoy se ventilan en los juzgados o en la prensa son casos de corrupción de los años 90 o 2000, que se resumen en tres actividades distintas: regulación urbanística y recalificaciones, contratos públicos y concesiones de monopolios privados. En todos esos casos pudo haber financiación de los partidos políticos. La catedrática Adela Cortina dijo que no hay diferencia moral alguna entre quienes se lucran de la política y quienes recaudan para su partido “porque los fondos defraudados en ambos casos no llegan al público, que era su destinatario”.
Sobre los efectos contables de la corrupción se manejaron cifras de emergencia: puede significar del 0,5 al 1% del PIB, aunque en los debates se ha insistido mucho en la dimensión moral (amoral, más bien) de la corrupción. Antón Costas subrayó que una de las consecuencias ha sido la indiferencia ante los tremendos costes sociales que han causado políticas aparentemente racionales, como las políticas de austeridad. El profesor defendió el sentido moral y ético de la economía de mercado. Citó a Adam Smith: “la riqueza de las naciones es el bienestar per cápita de todos los ciudadanos, se asienta sobre esta dimensión moral”. La corrupción tiene muchas maneras de infiltrarse en el conjunto de la sociedad. Citando a Tolstoi, Costas dijo que “no hay condiciones de vida a la que un hombre no pueda acostumbrarse si todos lo aceptan”. Lo que era una invitación al rechazo social a conductas inapropiadas que fueron en aumento en los locos años 2000.
Sobre las causas, señaló una valoración de la riqueza exagerada que resultó ser la espuma de la euforia de los años 90 y 2000. Y sobre las terapias hizo un símil con el sistema sanitario y el sistema de salud. “Si hay un cáncer, hay que ir al sistema sanitario para extirparlo. En el caso de la corrupción es el sistema judicial o policial”. Pero para curar un mal mayor, una corrupción más amplia, hay que ir al sistema de salud. Y en este punto hizo la descripción de la fórmula para combatir la corrupción. Con tres elementos que deben disminuir: menos regulación discrecional que quede en pocas manos, menos concesiones públicas y menos fraude fiscal; la economía sumergida puede significar el 20/25% del PIB, aunque obviamente no hay datos oficiales. Y otros tres que deben aumentar: la transparencia en la contabilidad y los contratos públicos, que deben ser de acceso libre; una sociedad más exigente con los valores éticos, y controles internos y externos en las empresas, que bien auditadas deben garantizar el buen gobierno. Ignacio Osborne dijo que este tipo de comportamientos son muy rentables para las empresas.
Adela Cortina celebró que los medios de comunicación hayan contado tantos casos de corrupción. “Antes no es que no hubiese, es que no se contaba”. Pero, citando a Ortega, dijo que los medios no pueden desmoralizar a la sociedad. “Una sociedad desmoralizada y baja de moral no se compadece de los refugiados, ni de los inmigrantes. Los medios también deben contar cosas positivas. Somos un país con récord de trasplantes, una buena medicina pública”, que necesita también una terapia para mantener alta la moral y la exigencia. Juan Torres recordó que en los países con mayor libertad de prensa hay menos corrupción.
