El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer martes el nombramiento de Vicente Guzmán Fluja como rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, tras su reelección por la comunidad universitaria el pasado 3 de marzo.
Vicente Carlos Guzmán Fluja fue reelegido rector de la Universidad Pablo de Olavide en las elecciones celebradas el pasado 3 de marzo de 2016, cuatro años después de haber sido elegido rector de la UPO, en las elecciones celebradas el 6 de junio de 2012.
Nacido en Sevilla en 1965, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1988. Alcanzó el grado de doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en 1992, y en esa misma Universidad obtuvo la plaza de profesor titular de Universidad del Área de Conocimiento de Derecho Procesal. En 2003 obtiene la plaza de catedrático de Universidad de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide. En febrero de 2001 fue nombrado secretario general de esta Universidad, cargo que desempeñó hasta febrero de 2009.
Ha impartido docencia en diversos cursos de doctorado y maestrías, relacionados con el derecho procesal y en materia de proceso civil, proceso penal, garantías procesales, teoría general del proceso. Igualmente ha sido ponente en diferentes Congresos y Jornadas, tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional, abordando temas como la prueba transnacional en el proceso penal, la prueba en el proceso penal de violencia de género, la prueba genética en el proceso penal, la oralidad en el proceso penal.
Asimismo, ha trabajado como consultor internacional en proyectos de reforma judicial en Centroamérica, concretamente en El Salvador, Honduras, y Costa Rica, y ha impartido cursos y conferencias en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Méjico.
Ha sido miembro de la comisión redactora del Proyecto de Código de Procedimientos Civiles de Honduras (en vigor desde 2010), de la comisión redactora del Anteproyecto de Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador (en vigor desde 2010).
Ha sido uno de los cuatro miembros de la Comisión redactora de la Propuesta para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Ministerio de Justicia publicó en 2011, tras su aprobación en Consejo de Ministros, como Anteproyecto de Ley Orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal y como Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Participa en tres proyectos de investigación, el más reciente de los cuales está dedicado a “Cesión de datos personales entre procesos penales y procedimientos administrativos o tributarios en España y la Unión Europea” (CESDATPENAL). Forma parte de la Red Internacional de Justicia Terapéutica, y forma parte del grupo inicial de investigadores que va a constituir, en marzo de 2016 y en el marco de la AUIP, la Red Iberoamericana de investigación sobre Justicia Alternativa, Justicia Transicional y Justicia Restaurativa.
Vicente Guzmán es Medalla al Mérito de la Universidad Pablo de Olavide, Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, y Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
Es autor de múltiples publicaciones que abarcan distintos aspectos del Derecho Procesal, destacando las monografías “El derecho de indemnización por el funcionamiento de la Justicia” (1994), “El recurso de casación civil” (1996), “Los derechos procesales del menor de edad en el ámbito del proceso civil” (con la colaboración de Raquel Castillejo Manzanares) (2000), y “Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal” (2006), así como diversos artículos como “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil” (2001), “El agente encubierto” (2007), “La responsabilidad civil del menor de edad” (2009), “Appeals”, en Civil Justice in Spain (2009), estudios diversos sobre procedimiento arbitral de consumo (2009 y 2012), estudios sobre el nuevo modelo de enjuiciamiento criminal (2012 y 2013), y sobre sistemas integrales de solución de conflictos (2014). En 2016 tiene prevista la publicación del estudio monográfico sobre “Derecho de defensa y libertad personal”, así como un estudio sobre el nuevo proceso laboral centrado en la “Carga y valoración de la prueba en el proceso penal”.
