El comisionado para la Defensoría Universitaria de la Universidad Pablo de Olavide, el profesor Carlos Alarcón, ha presentado esta mañana el Informe Anual al Claustro de la Defensoría Universitaria, correspondiente al curso académico 2014-2015. En dicho informe se señala que la Defensoría Universitaria que el 90% de intervenciones realizadas corresponden a estudiantes, de las que la mayoría han estado relacionadas con el proceso de matriculación, con la evaluación y con el reconocimiento de créditos.

Por su parte, del total de expedientes abiertos en la Defensoría, casi un 70% se abrieron por el procedimiento de queja, más de un 25% por el procedimiento de consulta con gestión, y el resto con carácter de mediación o iniciado de oficio por el comisionado.

Carlos Alarcón ha recordado que en todo caso estos datos hacen referencia a asuntos tramitados formalmente con un número de expediente específico, y no incluyen los asuntos en los que la Defensoría se limitó a ofrecer información y asesoramiento, atendiendo consultas que pudieron resolverse sin exigir la realización de gestiones más intensas por parte de la Oficina del Defensor, sino orientando al interesado acerca del modo de ejercer sus derechos, o bien remitiéndole al servicio competente para atender su petición.

El comisionado también ha destacado las decisiones conjuntas tomadas por la Conferencia Española de Defensores Universitarios (CEDU) y por la  Conferencia Andaluza de Defensores Universitarios (CADU), en las que participó activamente. Entre ellas ha subrayado la declaración pública de la CADU sobre la situación del profesorado sin vinculación permanente, la solicitud de la CADU para que se dé un trato excepcional a los estudiantes que sufran durante el curso enfermedades o accidentes graves, y la queja de la propia CADU ante el Defensor del Pueblo Andaluz en relación con los complementos retributivos autonómicos para el personal docente e investigador de las universidades públicas andaluzas.

En el primer caso, la CADU quiso constatar públicamente el hecho de que las universidades andaluzas hayan tenido que emprender el reto de poner en marcha numerosas titulaciones en los últimos años sin profesorado cualificado suficiente, y teniendo que soportar los efectos de la rígida tasa de reposición impuesta desde 2012. Ante ello se ha recurrido a la precaria figura contractual del profesor sustituto interino, con una retribución mucho menor a la del profesorado de plantilla. La CADU ha destacado la inestabilidad e interinidad de este nuevo colectivo laboral, que mediatiza la posibilidad de planificar una carrera docente e investigadora a largo plazo.

En el segundo caso, la CADU se dirigió a las Consejerías competentes para que intervengan de modo que traten de paliar la situación, agravada por el vigente  Decreto de Precios Públicos, de los estudiantes que, de forma sobrevenida, sufran a lo largo del curso académico enfermedades o accidentes de gravedad, quienes podrían además verse obligados a pagar los recargos correspondientes en las sucesivas matrículas que pudieran efectuar con posterioridad.

En el tercer caso, la CADU pidió al Defensor del pueblo Andaluz que medie ante la Junta de Andalucía para que reactive las implementación de los complementos retributivos autonómicos, que quienes accedieron después de 2007 al funcionariado docente no pueden solicitar, en contra de lo dispuesto en los acuerdos tomados en 2003 entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales.

ELECCIONES A DEFENSOR

Por otro lado, la Mesa del Claustro ha aprobado dejar abierta hasta el viernes a las 13 horas la urna de las elecciones a Defensor Universitario, a las que se ha presentado Carlos Alarcón Cabrera como único candidato. La urna estará abierta en la sede de la Secretaría General (edificio Rectorado, planta primera) mañana jueves 30 de junio desde las 9 horas hasta las 14 horas, y el viernes 1 de julio desde las 9 horas hasta las 13 horas. La designación del titular de la Defensoría requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Claustro universitario, lo que implica un total de 79 votos a favor de la candidatura al estar integrado el Claustro de la UPO por 156 claustrales.

En la presentación de su programa electoral, Carlos Alarcón, catedrático de Filosofía del Derecho, ha puesto de manifiesto la importancia de concienciar al profesorado y al personal de Administración y Servicios para que recurran a la Defensoría Universitaria cuando consideren que sus derechos se han lesionado. Hasta ahora, sólo un 8 por ciento de las quejas recibidas han provenido de alguno de estos dos sectores. Asimismo, Carlos Alarcón ha recalcado la importancia de una actuación conjunta con el resto de defensores para favorecer unas mejores condiciones laborales del PDI y del PAS de todas las universidades andaluzas.

Carlos Alarcón Cabrera es el único candidato a Defensor de la Universidad Pablo de Olavide después de que el pasado 17 de junio se cerrara el plazo de presentación de candidaturas.

El Consejo de Gobierno de la UPO acordó el 24 de junio de 2016 designar Comisionado para la Defensoría Universitaria, a propuesta del rector, al profesor Carlos Alarcón hasta la celebración de elecciones a Defensor Universitario tras el inicio de este curso académico.

La iniciativa para proponer candidatos puede corresponder al rector o a una quinta parte de los claustrales, según establece el artículo 185.1 de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide. Este profesor presentó el pasado día 14 de junio su candidatura con el aval de una quinta parte de los claustrales.

PLAN ESTRATÉGICO

Por otro lado, el rector ha presentado el segundo informe de seguimiento del Plan Estratégico 2014-2016 de la Universidad Pablo de Olavide, correspondiente al año 2015, elaborado por el Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento. En él se refleja un incremento significativo de la proyección nacional e internacional de la UPO, con un 30,29% más de créditos ofertados en lengua extranjera en los grados universitarios y un 44,4% de nuevos convenios de cooperación con universidades europeas, latinoamericanas y españolas.

El rector también ha subrayado el esfuerzo en la mejora de la empleabilidad de los estudiantes de la UPO, reforzando las prácticas externas y la formación en competencias, con un aumento del 76,8% de convenios de prácticas con respecto al 2014.

Guzmán también se ha referido a la financiación externa en investigación a través de contratos de transferencia y servicios tecnológicos, que ha experimentado un crecimiento del 41,5% y a la financiación captada de Fondos de I+D+i de convocatorias internacionales, fundamentalmente, europeas, que ha ascendido a 1.786.683 €. Sobre el trabajo realizado para garantizar la suficiencia financiera de la UPO, el rector ha destacado el aumento del grado de solvencia de la Olavide, que ha pasado del 16% en 2012 al 72,5% en 2015, y el incremento del grado de liquidez, del 10% en 2012 al 46% en 2015. Estos resultados, ha señalado el rector, no son solamente fruto del equipo de gobierno sino de toda la comunidad universitaria.

Finalmente, la profesora Encarnación Pedrero García ha sido elegida miembro de la mesa del Claustro en representación del sector B integrado por los demás componentes del personal docente e investigador, al presentarse una sola candidatura.