El catedrático de Derecho civil de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Comité de Bioética de Andalucía, Francisco Oliva Blázquez, ha presentado recientemente en un seminario celebrado en el Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía (CES), las principales conclusiones de un informe que trata de analizar el impacto de la robotización y la digitalización en los consumidores andaluces con objeto de garantizar su defensa y protección. “La nueva sociedad digital tiene el deber de garantizar que, como mínimo, el nivel de protección de las personas consumidoras y usuarias sea el mismo que el que tienen en las relaciones de consumo tradicionales’, explica el investigador, a quien el CES ha encargado el informe a propuesta de la representación de consumidores y usuarios de Andalucía.

El estudio, titulado ‘Los efectos de la robotización y la digitalización en la realidad económica y social de Andalucía: la protección de las personas consumidoras y usuarias’ y que será publicado próximamente por el Consejo Económico y Social, analiza los principales retos de este nuevo escenario: la protección de los consumidores en el ámbito del comercio electrónico, el régimen jurídico de las plataformas digitales de adquisición de bienes y servicios, la protección de los datos de carácter personal, la responsabilidad civil derivada de los daños personales causados por los robots y el régimen de resolución de las controversias.

Entre las conclusiones más relevantes de este trabajo, destaca, en el ámbito del comercio electrónico, la necesidad de transponer diversas directivas europeas y de cumplir con la normativa de protección de datos para que las personas consumidoras y usuarias alcancen el mayor nivel de protección posible. Asimismo, el informe pone el acento en la necesidad de reforzar las campañas de información dirigidas al consumidor, mejorar e incrementar las inspecciones y controles, así como estrechar la coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones con competencias en este ámbito.

Por otro lado, según explica Francisco Oliva, las plataformas en línea deben incluir determinada información de forma clara, destacada y dirigida al usuario. “Los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas presentadas como resultado de la búsqueda y la importancia relativa de dichos parámetros frente a otros; si el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital es un comerciante o no; o la manera en que se reparten las obligaciones relacionadas con el contrato entre el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital y el proveedor del mercado en línea”, detalla el investigador.

En cuanto a los desafíos que presenta la robótica, el informe señala la necesidad urgente de tomar decisiones y reformar el ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad civil derivada de los daños que pueden causar los robots inteligentes y autónomos. “Nuestro sistema jurídico no contempla este novedoso fenómeno”, explica el catedrático de la UPO, quien describe en su estudio las soluciones que se han propuesto hasta ahora: establecer un sistema de responsabilidad objetiva, de gestión de riesgos o incluso crear una nueva figura de responsabilidad mecánica o electrónica. “Es necesario adoptar una posición porque se corre el riesgo de dejar sin indemnizar graves daños personales provocados por este tipo de robots”, añade Francisco Oliva.