Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo de Olavide, ha recibido hoy la Cruz Distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort, condecoración otorgada por el Ministerio de Justicia. La ministra Pilar Llop Cuenca le ha hecho entrega de la Cruz en un acto celebrado esta mañana en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
La Orden de San Raimundo de Peñafort premia con sus condecoraciones, creadas por el Ministerio en 1944, las contribuciones que se realizan al desarrollo y el perfeccionamiento del Derecho desde la propia administración de Justicia, la academia, profesionales del ámbito jurídico y miembros de entidades e instituciones relacionadas con el Derecho y la jurisprudencia. San Raimundo de Peñafort, patrón de juristas y profesionales de la abogacía, destacó por el perfeccionamiento del derecho canónico y civil en el siglo XIII.
Junto al rector de la UPO, también han recibido hoy insignias de la Orden San Raimundo de Peñafort: Antonio Moreno Andrade, Francisco José Martín Mazuelos, Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz, María José Segarra Crespo, Norberto Sotomayor Alarcón, Gloria García Alcolea, Isabel Hernández Barea, Manuel Cuadrado Cuadrado, José Luis Lledó González, Mercedes Mayo González, Óscar Cisneros Marco, Marcos Camacho O’Neale, Fernando Carrasco Muñoz, Guillermo Moeckel Gil y María Isabel González Benítez.
Francisco Oliva Blázquez
Catedrático de Derecho Civil y rector de la Universidad Pablo de Olavide desde enero de 2021, Francisco Oliva Blázquez (Málaga, 1972) ha dirigido su actividad investigadora prácticamente a todos los sectores del Derecho civil, y muy especialmente al Derecho de las obligaciones y contratos y de la responsabilidad civil. Además, es experto en Bioética, así como en Derecho privado comparado. Autor de alrededor de cien publicaciones en forma de monografías, manuales y artículos jurídicos en revistas y obras colectivas. Ha sido investigador principal de tres proyectos de investigación competitivos de carácter nacional.
Como jurista experto en Bioética, ha participado en la redacción de diferentes leyes del sector sanitario, como la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte y el decreto por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Además, es vocal del Comité de Bioética de Andalucía; de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir en Andalucía y de la Comisión Autonómica de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección precoz de la Junta de Andalucía. Igualmente, es miembro del European Law Institute (ELI).
