Juan Alguacil Ojeda, Universidad de Huelva; Angel R. Zapata-Moya, Universidad Pablo de Olavide; Carmen Rodríguez Reinado, Universidad de Huelva; Juan Antonio Córdoba Doña, Junta de Andalucía; Soledad Márquez, Junta de Andalucía y Vanesa Santos, Universidad de Huelva

Actualmente, existe una tendencia a la privatización de los sistemas sanitarios en la mayoría de países occidentales.

Los principales argumentos a favor de la privatización son que el aumento de la competitividad mejoraría la calidad del servicio y reduciría los costes a través de innovación y mejoras en gestión, además de aumentar las oportunidades de empleo.

Por el contrario, los colectivos y plataformas contrarios a la privatización de la sanidad defienden que los ahorros en costes, de existir, serían a expensas de una peor calidad de los servicios. Eso conllevaría peor salud y mayor mortalidad, un aumento significativo de las desigualdades sociales en salud, una fuente de corrupción asociada a las oportunidades de negocio y un cambio en el trato de las personas que dejarían de ser pacientes (prioridad en servicio) y pasarían a ser clientes (prioridad en beneficio).

El debate lleva tiempo en la sociedad y en la arena política debido a la elevada factura sanitaria y a las restricciones presupuestarias para gastos sociales en muchos Estados. Pero hace poco que hemos empezado a disponer de datos científicos más robustos y fiables que nos ayudan a responder con objetividad sobre a quién le da la razón la realidad.

¿Qué modelos de provisión de atención sanitaria existen?

Los servicios proveedores de atención sanitaria para la ciudadanía se suelen clasificar en base a quién paga por el servicio (el Estado o los usuarios directamente), por un lado, y en base a si el servicio de atención sanitaria se oferta desde centros públicos o por centros privados, por otro. En Europa, los dos principales modelos existentes son el Sistema Nacional de Salud y el Sistema basado en Seguros Sociales.

• El Sistema Nacional de Salud: es el modelo que existe actualmente en España, Reino Unido y Suecia, entre otros. Se caracteriza por financiarse públicamente –sobre todo a través de impuestos–, tener cobertura poblacional universal e implicar al Estado en el control y la gestión de la provisión de los servicios, que se hace principalmente mediante centros y profesionales públicos.
• El Sistema de Seguros Sociales: es un modelo que hoy siguen países europeos como Alemania, Francia y Grecia, cuya financiación viene dada sobre todo por cuotas obligatorias pagadas por empresarios y trabajadores y, en parte, también a través de impuestos. Sin embargo, en este caso los recursos financieros son gestionados por entidades no gubernamentales reguladas por ley (“fondos”), que a su vez encargan a centros y profesionales sanitarios la provisión de la atención sanitaria a las personas aseguradas, mediante contratos basados en presupuestos o en pago por servicio.

Existen otros modelos sanitarios, como el de Estados Unidos, que son fundamentalmente privados tanto en su financiación como en la provisión de la atención.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad pública?

Existe una tendencia actual en la mayoría de países occidentales con sistemas sanitarios públicos hacía la introducción de cambios que se caracterizan por una disminución del papel del Estado y un mayor rol de organizaciones privadas en la provisión de los servicios de atención sanitaria.

Entre estos cambios, cabe destacar, en el caso de España, cómo los gobiernos regionales con competencias en salud están aumentando los conciertos de prestación de servicios con entidades privadas. Estos contratos pueden incluir tanto servicios directamente relacionados con la atención sanitaria –por ejemplo pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas–, como también servicios indirectos como la limpieza, la restauración y la gestión de sistemas de información. El mayor exponente sería la contratación de toda (o casi toda) la atención sanitaria de una población.

Por tanto, no es necesario un cambio radical de un sistema público por uno privado para hablar de privatización. Basta con recurrir a la contratación de servicios de distinta naturaleza a empresas privadas (con o sin ánimo de lucro) o con introducir copagos directos por parte de los usuarios.

Por otra parte, además de los cambios introducidos por los propios gobiernos, a la privatización se suma la tendencia de una minoría (creciente) de la población a contratar proveedores privados de salud, bien a través de seguros o directamente mediante el pago directo de los servicios.

¿Qué dice la evidencia científica disponible hasta ahora?

Uno de los indicadores más fiables de la salud de una población es la mortalidad precoz potencialmente tratable. Computa las muertes causadas por enfermedades tratables en menores de 75 años partiendo de una atención médica de buena calidad basada en los conocimientos científico-técnicos actuales.

Hace apenas un año se publicó el estudio más amplio y robusto realizado hasta la fecha sobre el tema. Comparaba la mortalidad precoz con el nivel de externalización privada de los servicios de atención sanitaria en el periodo 2013-20 entre las 176 áreas independientes de gestión clínica en que se divide toda Inglaterra.

El estudio era contundente en cuanto a la dirección del efecto de la privatización de la sanidad en la mortalidad: por cada aumento del 1 % en subcontratación de servicios privados, la mortalidad precoz potencialmente tratable aumenta un 0,38 %. Dicho de otra manera, en Inglaterra hubo casi 100 muertes anuales que se podrían haber evitado si no se hubiesen externalizado los servicios de atención sanitaria.

Estos datos apoyan las conclusiones de otros estudios más discretos que también apuntan a que la privatización se asocia con una atención sanitaria de peor calidad. Estas conclusiones claramente contradicen la percepción de mucha gente sobre la calidad de la atención sanitaria privada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en muchos casos se lleva a cabo una selección de pacientes por parte de las compañías privadas, que evitan tratar pacientes graves o pluripatológicos, hecho que, si no se tiene en cuenta, podría mostrar mejores tasas de mortalidad global asociada a la privatización. Asimismo, también es importante destacar que existe bastante evidencia científica que demuestra que la privatización de la atención sanitaria afecta especialmente a los sectores económicamente más desfavorecidos de la sociedad.

Cuando, por ejemplo, se obliga a la población a pagar una parte de su atención sanitaria, aumentan de forma desigual en la población las situaciones de asistencia médica no atendida: los grupos más perjudicados son los más vulnerables económicamente, que terminan no solicitando atención médica para evitar pagar y poder disponer de los recursos económicos para atender otras necesidades.

Desigualdades y peor servicio

En general, tal y como se está llevando a cabo la privatización de la sanidad se ahorran costes, pero a costa de un peor servicio y un aumento de las desigualdades sociales en salud.

Teniendo en cuenta que, por definición, las empresas privadas con ánimo de lucro solo tienen razón de ser si pueden obtener beneficios económicos, está por ver si el problema del peor servicio es estructural y, por lo tanto, no corregible. De confirmarse este hecho, debería llevar a poner el énfasis en mejorar (y no sustituir) el modelo de servicio sanitario público tratando a los pacientes como personas y no como clientes.

Juan Alguacil Ojeda, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Huelva; Angel R. Zapata-Moya, Associate professor, Universidad Pablo de Olavide; Carmen Rodríguez Reinado, Profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social, Universidad de Huelva; Juan Antonio Córdoba Doña, Jefe de Sección de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario de Jerez., Junta de Andalucía; Soledad Márquez, Registro de Mortalidad de Andalucía. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Junta de Andalucía y Vanesa Santos, Postdoctoral research fellow, Universidad de Huelva

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.