Francisco Oliva expuso el pasado viernes durante su informe al Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide detalles sobre las negociaciones que los campus públicos andaluces mantienen con la Junta para la aprobación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ACTIVA), cuyos proyectos han sido aprobados por el Consejo de Gobierno andaluz recientemente y se encuentran en tramitación parlamentaria.

Sobre la Ley Universitaria para Andalucía, el rector destacó el diálogo mantenido por las universidades andaluzas con la Junta, que ha permitido que se incorporen enmiendas al Proyecto de Ley desde los campus. No obstante, en opinión de los rectores, el texto contempla limitaciones a la autonomía universitaria que deben ser corregidas, ya que no tienen en cuenta la singularidad de los centros de educación superior, no equiparables por sus características a otras administraciones públicas, lo que puede repercutir en la eficacia de su funcionamiento. En este sentido, Oliva recordó que las universidades gestionan con responsabilidad sus presupuestos y son una de las administraciones con mayor control de sus números, desde el Consejo Social o la auditoría externa de los presupuestos hasta la misma Cámara de Cuentas de Andalucía. Respecto a ACTIVA, el rector subrayó que para que el nuevo Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia, que la Ley impulsa, sea un éxito, es necesario un marco de financiación plurianual y estable, más allá de la partida que se obtenga gracias a los fondos europeos.

En cuanto a financiación, el rector dio a conocer los resultados del último Consejo Andaluz de Universidades (CAU), en el que se aprobó el primer reparto del presupuesto andaluz para las universidades de 2025. Francisco Oliva puso de relieve el hecho de que tal reparto se haya aprobado en fecha tan tardía como noviembre, algo que afecta a la organización y funcionamiento de las universidades, pues no permite realizar una previsión de gastos a medio plazo.

Sobre los presupuestos 2026, el rector informó de su comparecencia en el Parlamento andaluz como portavoz de AUPA. Así, continúa el proceso de negociación con la Junta de Andalucía, y se espera que la cifra que contemple el Gobierno andaluz para el sistema andaluz cumpla con la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación, y otorgue así una cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades tanto de capítulo I y como de capítulo II de las universidades.

Asamblea General de CRUE

El rector dio a conocer varias cuestiones tratadas en la Asamblea General de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), celebrada en Toledo. Sobre financiación, informó que la comisión compuesta por Ministerio, comunidades autónomas y universidades para intentar conseguir una cantidad equivalente al 1% del PIB para los campus —establecida en la LOSU y que supondría un incremento de 3.000 M€ para el Sistema Universitario Español— no avanza como sería deseable.

Sobre la reforma del RD 822/2021 de Enseñanzas Universitarias, Francisco Oliva anunció la intención del Ministerio de eliminar la obligatoriedad del Trabajo Fin de Grado, que será probablemente una opción para las universidades en los planes de estudios. La irrupción de la inteligencia artificial hace inevitable un replanteamiento de los métodos de docencia y evaluación en la enseñanza superior, sobre la que CRUE elaborará un estudio para abordar el reto que plantea.

En cuanto al Estatuto del Estudiantado, tanto Ministerio como la sectorial de CRUE de Estudiantes y CREUP avanzan en un proyecto que suscita consenso entre las partes. En cambio, sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto del Becario (Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa), recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y que deberá validar el Congreso, desde CRUE se demanda que la norma vaya acompañada de un pacto para que administraciones públicas y empresas cumplan con la parte económica de los derechos que conlleva, inasumible para las universidades.

Contrato Programa UPO-Junta de Andalucía

Centrado en temas de la Pablo de Olavide, el rector informó de las reuniones celebradas con representantes de la comunidad universitaria para debatir las medidas que se pueden adoptar con el objetivo de cumplir con los indicadores de la parte estructural del contrato programa, suscrito con la Consejería de Universidades. En este sentido, este viernes tendrá lugar un Consejo de Gobierno extraordinario cuyo contenido versará sobre el contrato programa, su alcance y significado, y las medidas a asumir para su cumplimiento.

El rector destacó la responsabilidad mostrada por la comunidad universitaria y se mostró orgulloso de que esté siendo comprendida la importancia de cumplir con el contrato programa.

Estabilización del Profesorado Asociado y Programa María Goyri

Francisco Oliva informó que el proceso de estabilización del Profesorado Asociado, contemplado en la LOSU, se llevará a cabo en dos fases. Así, el Vicerrectorado de Profesorado negocia para que las nuevas plazas de Profesorado Asociado con carácter indefinido, que han de sustituir más de 300 contratos temporales, permitan su incorporación en septiembre con el nuevo curso. El rector destacó que esta medida permitirá reducir notablemente la precariedad de la plantilla docente.

En cuanto al Profesorado Ayudante Doctor, Oliva indicó que en enero mantendrá una reunión con la Junta para abordar las 32 plazas del Programa María Goyri que corresponden a la comunidad autónoma, así como para la promoción del PDI acreditado de este colectivo.

La internacionalización de la investigación

«La internacionalización es estratégica para el desarrollo de la investigación en la Pablo de Olavide», afirmó el rector, tras exponer su satisfacción por los números que la Universidad ha presentado a las últimas convocatorias europeas: un incremento del 34% en proyectos solicitados en el marco de Horizonte Europa respecto a 2024, con seis proyectos ERC; 55 proyectos europeos en total en 2025 con un crecimiento del 40%; y un incremento del 58% en convocatorias Marie Curie, con 12 candidaturas. «En estos proyectos han participado doce de los quince departamentos de la UPO, lo que demuestra el grado de implicación de nuestro PDI y el peso de la política de internacionalización», concluyó.

Francisco Oliva terminó su informe con buenas noticias en reconocimientos de la calidad universitaria. Así, felicitó a Jordi Luengo, delegado para la Calidad, y a los decanatos y personal de administración que trabaja en este ámbito, por la consecución de la doble certificación de su Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAIC) de seis centros de la Universidad, por el programa IMPLANTA de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y por el programa AUDIT de ANECA. La Pablo de Olavide ha sido, además, la única universidad andaluza en obtener resultados positivos en todas sus solicitudes.

Por último, felicitó a varias personas vinculadas a la Universidad por premios obtenidos en diversos ámbitos: a Francisco Rincón por su Premio Andalucía a la Economía Social; a Francisco Ollero, por su Premio ‘Archivo Hispalense’, concedido por Diputación de Sevilla; a los egresados Miriam Borondo y Manuel Rodríguez, por conseguir el I Premio de Emprendimiento Universitario 2025 para su startup M2R AGRO-FARM; y a Juan Manuel Cortés Copete y Elena Muñiz Grijalvo, por su trabajo científico para la candidatura transnacional al Sello de Patrimonio Europeo de la Itálica de Adriano, Villa Adriana y la Atenas de Adriano.