El Ministerio de Justicia ha nombrado la comisión de expertos que elaborará el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La comisión, por encomienda del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está constituida por tres magistrados, cinco fiscales y dos profesores de Derecho procesal, entre los que se encuentra José Antonio Colmenero, del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide.
La comisión estará presidida por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega y contará asimismo con Ignacio Rodríguez Fernández, fiscal y letrado del Tribunal Constitucional; Pedro Crespo Barquero, fiscal del Tribunal Supremo; Pilar Rasillo López, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid; José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Lorena Álvarez Taboada, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Concepción López-Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia; Sofía Puente Santiago, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; y Amaya Arnáiz Serrano, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid.
La intención del Gobierno es aprobar la nueva ley en 2020, según un comunicado del Ministerio de Justicia, que sustituiría a la vigente, aprobada en 1882 si bien con numerosas modificaciones. La necesidad de agilizar el proceso penal y dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas, es ampliamente compartida por operadores jurídicos, académicos y fuerzas políticas de nuestro país. La reforma permitirá adaptar nuestro proceso penal al de la mayoría de países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías.
José Antonio Colmenero Guerra, del área de Derecho procesal de la Universidad Pablo de Olavide, codirige el Máster Universitario de Abogacía y el doble Máster de Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil. Ha desempeñado varios cargos académicos en la UPO y en 2014 fue nombrado Inspector de Servicios de la Universidad. Sus líneas de investigación se centran en los métodos extrajudiciales de solución de conflictos; la tutela jurisdiccional de derechos sociales; la defensa del imputado; la armonización de la legislación penal en el Sistema Integrado Centroamericano (SICA), el modelo regional y local en Marruecos; constitución financiera vs. constitución social; y la redefinición del Estado autonómico y social a la luz de la cláusula de estabilidad presupuestaria.
