La sede universitaria Olavide en Sevilla – Centro (C/ Laraña, 4) acogió ayer lunes la conferencia ‘Acceso a la justicia. El tratamiento de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa por el nuevo gobierno mexicano’, que fue impartida por la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Angélica Cuéllar Vázquez. La ponente estará acompañada por el periodista Santiago Fernández Reviejo y Luis Navarro Ardoy, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide.
Angélica Cuéllar Vázquez ha consolidado una brillante carrera académica y profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1980. En su campo de estudio, la sociología jurídica, ha realizado investigación cualitativa en el área judicial y de administración de justicia. Este año ha publicado el libro ‘La justicia alternativa Una mirada sociológica a la justicia restaurativa’ (2019, Tirant lo Blanch).
Esta conferencia consolida las actividades de intercambio, divulgación y difusión académica establecidas en el Convenio General de Colaboración firmado el 25 de abril de 2014 entre la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en particular del Convenio Específico de marzo de 2018 entre el Departamento de Sociología de la UPO y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
La ponencia, organizada por el Departamento de Sociología de la UPO, busca destacar la creación de una Comisión de la Verdad a partir de un caso emblemático de violación a derechos humanos como el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la ineficiencia y las omisiones por parte de las autoridades de los diferentes poderes del Estado en la investigación.
El caso Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (México), estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ fueron atacados y privados de la libertad por parte de agentes de la policía municipal. La investigación de estos hechos ha estado marcada por las irregularidades en el proceso, así como por la ausencia de acciones contundentes para la resolución del caso por parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, en especial la Procuraduría General de la República (PGR).
Diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se han dado a la tarea de investigar y tratar de hacer visibles la falta de independencia de la Procuraduría General de la República durante la reconstrucción de los hechos, las deficiencias en la investigación, la presunta vinculación de los estudiantes con grupos criminales y los actos de tortura que han sufrido los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, recibió los amparos relacionados con el caso Ayotzinapa y ordenó la creación de una Comisión de la Verdad el 31 de mayo de 2018.
El presidente Andrés Manuel López Obrador que asumió la presidencia en diciembre de 2018, ha asumido el compromiso de investigar de manera clara, profunda y apegada a la garantía de los derechos humanos de las víctimas, los hechos en el caso Ayotzinapa, esta acción es inédita en materia de derechos humanos y acceso a la justicia en el país.
