Recientemente se ha publicado la monografía ‘La potestad administrativa. Concepto y alcance práctico de un criterio clave para la aplicación del Derecho administrativo’, como resultado de un Proyecto de Investigación de Excelencia del Plan Nacional de I+D+i, dirigido por Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pablo de Olavide, y en la que han participado los profesores de la UPO Javier Lasarte Álvarez, catedrático de Derecho financiero y tributario; José Ignacio Morillo-Velarde y Luis Miguel Arroyo Yanes, catedráticos de Derecho administrativo; Dolores Rego Blanco y Francisco Toscano Gil, profesores titulares de Universidad; Rocío Navarro González y Antonio D. Berning Prieto, profesores contratados doctores; y Francisco Luis Pérez Guerrero, profesor contratado, así como otros autores.
“Esta obra, de más de 900 páginas, viene a cubrir un importante vacío en la bibliografía jurídica, puesto que no había ninguna monografía que analizase la potestad administrativa, a pesar de la centralidad de este concepto en el Derecho administrativo”, explica Eduardo Gamero. Su primer objetivo es deslindar el concepto de potestad administrativa, que carece de definición normativa y viene siendo utilizado con diferentes cargas semánticas por los distintos operadores jurídicos. Gracias a esta labor, se identifican como potestades administrativas no sólo los clásicos poderes de autoridad (como las sanciones), sino también el gasto público, la adjudicación de contratos o el otorgamiento de subvenciones, conforme a la más reciente jurisprudencia.
Pero la obra no se circunscribe al plano puramente dogmático (que constituye, en cualquier caso, un sustrato insustituible), sino que desciende a los problemas cotidianos que se presentan a los operadores jurídicos en el ejercicio de las potestades administrativas, determinando el alcance de la aplicación del Derecho administrativo que se debe postular en cada caso, y contribuyendo de este modo a resolver los problemas de orden práctico que entraña la aplicación del concepto en el quehacer de todos los operadores jurídicos. En particular, por lo que se refiere al ejercicio de potestades administrativas por operadores privados en régimen de mercado, por entidades del sector público con personalidad jurídico-privada, o por empleados laborales de la Administración, aspecto este último que viene generando un gran interés debido a recientes sentencias relativas a la reserva de potestades administrativas al sector público.
Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha anulado sanciones cuyo procedimiento de imposición se gestionó por una sociedad mercantil pública (TRAGSATEC), al considerar que supone el ejercicio de potestades administrativas, reservadas a funcionarios públicos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló un Decreto que atribuía potestades administrativas a una sociedad anónima de la Junta de Andalucía.
