El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide Eduardo Gamero Casado es el único candidato que se ha presentado para el cargo de Defensor Universitario de esta universidad, cargo que ocupa actualmente desde diciembre de 2007. El plazo de candidaturas para la elección de Defensor Universitario de la UPO se abrió el pasado viernes 26 de abril y finalizó el pasado sábado 4 de mayo.
La candidatura de Eduardo Gamero ha sido presentada a iniciativa de una quinta parte de los claustrales, según establece el artículo 185.1 de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, que indica que también puede presentarse a iniciativa del rector. La apertura del proceso de elección del Defensor Universitario, que tiene un mandato de cuatro años, se ha retrasado debido a la celebración de elecciones rectorales y al cambio del equipo de gobierno de la universidad.
Las elecciones a Defensor Universitario se celebrarán en el Claustro convocado para el próximo día 14 de mayo. El Defensor debe ser elegido por mayoría absoluta de sus miembros, como indica el artículo 185 del Título VIII de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide.
La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios. A este efecto recibe quejas y efectúa sugerencias, tramita expedientes de oficio y desempeña funciones de mediación. Todas sus actuaciones se dirigen a la mejora de la calidad universitaria.
Se trata de un órgano de creación preceptiva, de acuerdo con la Disposición Adicional 14ª de la Ley Orgánica de Universidades. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide regulan su funcionamiento en los arts.184 y ss.
La Defensoría Universitaria es un órgano imparcial e independiente, cuya persona titular es democráticamente elegida por el Claustro Universitario, ante el que presenta un informe anual. No está sometida a directrices ni mandato imperativo alguno, pero tampoco dispone de poderes ejecutivos: efectúa recomendaciones y sugerencias guiadas por un principio de equidad o justicia material.
Eduardo Gamero Casado es Defensor Universitario de la Universidad Pablo de Olavide desde diciembre de 2007 y previamente fue Defensor Universitario de la Universidad de Huelva. Actualmente preside el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. Coordinador de varias obras colectivas, como “El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia” (Thomson-Aranzadi, 2012), “Fundamentos de Derecho deportivo” (Tecnos, 2012), “La ley de administración electrónica” (Thomson-Aranzadi, 3ª ed. 2010); “Comentarios a la Ley contra la violencia en el deporte” (Thomson-Aranzadi, 2008); o “Mediación para resolución de conflictos de personal en el empleo público” (CARL, 2006). Es autor de numerosas monografías, entre las que destacan: “La intervención de empresas” (Marcial Pons, 1996); “Responsabilidad administrativa: conflictos de jurisdicción” (Aranzadi, 1998); “Los medios de notificación en el procedimiento administrativo común” (IAAP, 2001); “Las sanciones deportivas” (Bosch, 2003); y “Notificaciones telemáticas” (Bosch, 2005). Coautor, con S. Fernández Ramos, del “Manual básico de Derecho administrativo” (Tecnos, 9ª ed. 2012). Autor de un centenar de capítulos de libros y artículos científicos en revistas indexadas de distribución internacional. Director de varios proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i, así como de proyectos de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía. Secretario General de la Universidad de Huelva (1998-2001). Premio Blas Infante de Investigación en Administración Pública (2000). Premio a la Excelencia Docente (2003). Ha desarrollado estancias de investigación en las Universidades de Florencia, Harvard, Oxford y Pisa, así como en el Centro de Estudios del COI en Lausana. Su actual línea de investigación es la simplificación administrativa (con especial énfasis en el procedimiento administrativo y la administración electrónica), y el Derecho público del deporte; anteriormente ha investigado sobre Derecho público económico y sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.
