Alumnos de la Facultad de Derecho y de otras titulaciones relacionadas con la Administración de Justicia impartidas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla podrán realizar prácticas curriculares en los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma, gracias al convenio que han firmado la UPO, la Consejería de Justicia e Interior, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia.

La Consejería de Justicia e Interior considera que estas prácticas pueden resultar de un gran interés para la formación de los universitarios que cursan estudios de Derecho y Criminología que en un futuro trabajen o colaboren con la Administración de Justicia, contribuyendo así a mejorar la calidad de este servicio.

Las tareas que llevarán a cabo los alumnos en prácticas se ajustarán a las necesidades organizativas establecidas por los tutores y que contribuyan a desarrollar el trabajo que se realiza habitualmente en los juzgados. No obstante, en virtud del convenio, el acceso de los universitarios en prácticas a las actuaciones judiciales se producirá en la medida que lo permita la situación del procedimiento judicial, si está bajo la declaración o no de secreto de sumario y salvaguardando en todo momento el deber de reserva y la identidad de las partes implicadas.

El alumnado que hará las prácticas será propuesto por la Universidad, mientras que el órgano jurisdiccional u oficina judicial se encargará de decidir la labor que desarrollará dentro de un plan de trabajo. Para ello, el juzgado designará un tutor que será el responsable de orientar al alumno y evaluar su actividad.

Acceso de jueces y secretarios a la biblioteca universitaria

La colaboración que prestan tanto el CGPJ como la Junta de Andalucía para el desarrollo del convenio estará supeditada a la disponibilidad y necesidades donde se lleven a cabo las prácticas curriculares. Por su parte, la UPO facilitará el acceso y el préstamo de los fondos de la biblioteca universitaria a jueces, magistrados y secretarios judiciales de Andalucía.

Una vez terminadas las prácticas, cuya duración determinará la UPO, el alumnado recibirá un certificado expedido por el juzgado o el tribunal donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades ejecutadas y el nivel alcanzado de acuerdo con la valoración de la tutoría del órgano judicial.