Ante la aprobación del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para posibilitar grados de tres años y postgrados de dos años, el Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, presidido por el rector Vicente Guzmán Fluja, reunido en sesión extraordinaria el pasado 6 de febrero, ha acordado emitir la siguiente DECLARACIÓN:
1. Se ha tramitado, desoyendo la voz de las Universidades, el informe negativo emitido por la CRUE en el Consejo de Universidades y del Consejo de Estado, así como otros documentos aportados por la CRUE que evidencian los efectos nocivos de esta modificación, tanto por el alcance de las medidas que recoge, como por la inmediatez con la que se quiere proceder a su implantación.
2. El cambio, en su caso, en la estructura de los estudios universitarios debiera sustentarse en una evaluación seria y rigurosa de los resultados obtenidos tras los egresos de las primeras cohortes de estudiantes del actual sistema 4+1. Además, en aras de una adecuada convergencia con otros países, debería tenerse en cuenta la evolución actual de los modelos implantados en el Espacio Europeo de Educación Superior, pero también de otros modelos en todo el mundo. Hay evidencias de que países europeos están estudiando pasar a grados de 3 a 4 años.
3. Establece el carácter voluntario del 3+2, lo que desdice la pretendida convergencia con el EEES (solo convergerían las Universidades que lo implanten), escenario que dificultaría la movilidad internacional de los estudiantes. Por otro lado, constituye un riesgo real de divergencia entre Universidades españolas con los problemas de movilidad nacional que ello supondrá.
4. Supone claramente encarecer los estudios. Con el sistema actual de tasas y precios públicos, el coste de estudiar un año de postgrado es como mínimo el doble que el de un año de grado, por lo que si el último año (4º) de grado se convierte en primer año de postgrado, la formación de cinco años será más cara para familias y estudiantes. Esto atenta contra la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la Universidad, porque aumenta el riesgo de que pueda haber muchos estudiantes que por exclusivas razones económicas queden fuera de la Universidad, en especial para aquellos con menos capacidad económica.
5. Esta propuesta menoscaba la calidad de las enseñanzas de grado al reducir los planes de estudio de grado y favorecer contenidos excesivamente ambiguos, en detrimento de la apropiada formación general y especializada del estudiante. Esto contradice una de las funciones básicas de la universidad: la garantía de la adecuada formación curricular del estudiante para su subsiguiente empleabilidad.
6. Esta reforma, siguiendo la política marcada en los últimos 3 años, abunda en la descapitalización del personal docente e investigador y de administración y servicios de las Universidades, tal y como se indica explícitamente en los informes emitidos por distintas instituciones. La aplicación del Real Decreto hará peligrar, todavía más, la calidad docente y la capacidad investigadora de las Universidades, que ya apenas pueden incorporar nuevo talento a sus plantillas.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno entiende que asistimos a un paso más en el proceso de ataque y debilitamiento del sistema público de Enseñanza Superior y muestra su rechazo al Real Decreto 43/2015 y a las medidas que contempla tal y como están aprobadas. Sin perjuicio de lo anterior, seguimos insistiendo en la necesidad de abrir espacios de diálogo con el Gobierno, para encontrar, entre todos (gobierno, comunidades autónomas, universidades, sociedad), la mejor forma posible de ordenación de los estudios universitarios oficiales, sin que se vean afectados los recursos humanos y materiales, manteniendo la igualdad en el acceso a la Universidad, con el objeto de incrementar la calidad de la docencia y la investigación, así como de proporcionar a los egresados la mejor formación posible en aras de su empleabilidad.
