En la tarde de hoy, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mantenido una reunión de trabajo con los rectores de las universidades públicas de Andalucía, en el campus de la Pablo de Olavide. Las universidades han agradecido esta visita, en la que han podido abordar temas de gran relevancia como la reducción de la temporalidad mediante la incorporación de profesorado ayudante doctor dentro del programa INTEGRA, cuya financiación sigue en el aire.

En relación a los cambios más acuciantes en el sistema universitario, los rectores han mostrado gran preocupación porque todavía no se haya alcanzado un acuerdo que desbloquee la financiación necesaria para la estabilización del profesorado y, en particular, la incorporación de 4.200 ayudantes doctores a nivel estatal, como exige la LOSU. Desde AUPA se calcula que este nuevo mandato normativo tiene un sobrecoste estimado de más de 40 millones anuales para el sistema andaluz, un dato superior al inicialmente calculado por el Ministerio, habiéndose mostrado este abierto a la revisión de esta cifra.

En este sentido, el rector de la UPO, Francisco Oliva, y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), ha insistido en buscar vías de acuerdo entre las administraciones, “como ya se ha conseguido con otras cuestiones que deben ser de Estado”.

De igual forma, AUPA ha apelado a la responsabilidad y el compromiso con las universidades de ambas administraciones, y ha instado a abordar sin dilación una negociación que, a su juicio, debe liderar el Ministerio, ya que la iniciativa legislativa de la LOSU corrió a cargo del Gobierno central. “En este contexto, solo cabe seguir negociando en un marco de lealtad institucional, hasta asegurar la financiación necesaria para el cumplimiento íntegro de la LOSU”.

De persistir la situación actual, que dificulta gravemente que las universidades puedan cumplir con sus obligaciones, “se puede sentar un muy mal precedente, en el que las leyes se cumplen solo en parte y a parches. Sin la financiación necesaria, es imposible cumplir con la nueva ley”.

Este rejuvenecimiento de las plantillas universitarias resulta trascendental, para poder incorporar e ir estabilizando talento joven en un sistema universitario público fuertemente envejecido, con miles de jubilaciones en el corto plazo.

Por último, las universidades públicas de Andalucía han recordado también que ambas administraciones deben seguir trabajando para concretar cómo y cuándo se alcanzará el 1% del PIB como suelo de la inversión en el sistema universitario público, tal y como marca la LOSU.