Los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Carlos Gómez Villamandos y Loles López, respectivamente, junto a los rectores y la rectora de las universidades públicas de Andalucía, han firmado, en un acto celebrado en Huelva, el convenio para la puesta en marcha de las labores de coordinación de los trabajos de atención a la discapacidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo en las instituciones académicas andaluzas, de lo que se encargará la Universidad Pablo de Olavide, para garantizar así la igualdad de oportunidades a los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado la importancia de convenios como este, ya que “solo sumando fuerzas lograremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”. El alumnado con discapacidad cursando los estudios de grado universitario alcanza al 1,4% del total de los alumnos, subiendo esta cifra hasta el 6,3% en el caso de la universidad a distancia, según el estudio realizado por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la propia Consejería.

Ante estas cifras, la consejera ha incidido en la necesidad de implementar medidas de accesibilidad de toda índole para favorecer el acceso de las personas con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo al ámbito universitario. En este sentido, ha subrayado que la universidad supone “un instrumento fundamental” para la promoción de su autonomía personal y, a su vez, contribuye a mejorar su empleabilidad.

Así, para la consecución de estos objetivos, el convenio, con una vigencia de cuatro años prorrogables, establece una serie de actuaciones como la elaboración de un estudio sobre la situación de los servicios de atención a la discapacidad en las universidades públicas o la implementación de líneas de trabajo conjuntas para atender a esta comunidad que se determinarán en cada curso académico por la Comisión de Seguimiento de este convenio, órgano que presidirá la Consejería de Universidad y que se constituirá dentro del mes siguiente a la firma de este acuerdo.

Asimismo, el convenio recoge la celebración de encuentros estratégicos de los órganos responsables de la atención a la discapacidad en las universidades públicas, que se celebrarán cada curso académico para la planificación estratégica y la formulación de políticas dedicadas, así como la creación de un directorio de investigadores y grupos de investigación de las instituciones académicas públicas que centren sus trabajos en este ámbito y su divulgación mediante el uso de nuevas tecnologías. Además, contempla la creación de un repertorio audiovisual sobre integración a nivel autonómico con apoyo del tercer sector.

En cuanto a la financiación de estas actividades de coordinación, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación aportará 8.000 euros anuales para cada ejercicio durante los cuatro años de vigencia del convenio, a través de una subvención nominativa destinada a la Universidad Pablo de Olavide. Esta cantidad será compatible con otro tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de la propia universidad o de cualquier administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe del total de las ayudas no supere el coste de la actividad.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad contribuirá con un estudio detallado sobre la situación de las personas con discapacidad en el sistema universitario andaluz y a dar la información que se le requiera para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en este convenio, además de la colaboración técnica que se precise para el desarrollo las líneas de actuación previstas. Mientras, las universidades públicas colaborarán con los recursos humanos y materiales mediante sus unidades competentes en materia de diversidad.

Fuente: Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Junta de Andalucía