Los rectores de las universidades públicas andaluzas y canarias manifestamos nuestro firme compromiso de colaboración estratégica, para impulsar de manera coordinada todas aquellas políticas que redunden en beneficio de las comunidades universitarias a las que representamos y de un mejor desempeño de la función
social que tienen encomendadas nuestras instituciones.

En este sentido, las universidades firmantes acordamos:

1. Trasladar a los gobiernos autonómicos y estatal nuestra creciente preocupación por la proliferación desmedida de universidades privadas de dudosa calidad en nuestras comunidades autónomas, donde ya se han autorizado un total de 6 y 5 campus privados respectivamente.

a. Por ello, instamos a que se garantice por ley que estos nuevos centros de formación cumplen con los requisitos mínimos exigibles para ser considerados universidades, atendiendo de forma adecuada todas las misiones básicas de la educación superior: enseñanza, investigación y transferencia del conocimiento.

b. Asimismo, reclamamos a ambas administraciones autonómicas que la autorización de nuevos títulos se realice en base a criterios estratégicos que antepongan el interés general al lucro particular.

2. En relación a la financiación, ambos sistemas universitarios nos encontramos infrafinanciados respecto al mínimo exigido por la LOSU, que sitúa en el 1% del PIB el suelo de inversión pública en educación superior. Por ello, demandamos un marco de financiación plurianual que defina de forma clara, estable y ambiciosa
cómo y cuándo se va a dar cumplimiento al mandato que establece la nueva legislación.

3. La autonomía universitaria consagrada en el artículo 27.10 de la Constitución Española está siendo puesta en entredicho por algunas de las recientes iniciativas legislativas, como la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, que subvierte la legitimidad democrática de los órganos colegiados y unipersonales de la universidad, y abre la puerta a la injerencia política en el funcionamiento ordinario de la academia. En este sentido, expresamos nuestra preocupación por una tendencia intervencionista que está avanzando en diferentes países y realidades y que amenaza la autonomía del sistema universitario español
en su conjunto.

4. Igualmente, reivindicamos la necesidad de apoyar, impulsar y promover una mayor ambición de los gobiernos autonómicos y estatal en relación a la inversión en ciencia y tecnología, principal motor del desarrollo económico y social de cualquier territorio. En consecuencia, solicitamos que se incremente y se creen nuevos instrumentos de financiación de la I+D+i de excelencia, que nos permita converger con la media europea en inversión en ciencia básica y aplicada. Sin olvidar que los países más desarrollados y con mayor crecimiento superan ya el 3% del PIB en inversión total en su sistema científico.

José Joaquín Céspedes Lorente, Rector de la Universidad de Almería
Casimiro Mantell Serrano, Rector de la Universidad de Cádiz
Manuel Torralbo Rodríguez, Rector de la Universidad de Córdoba
Pedro Mercado Pacheco, Rector de la Universidad de Granada
José Rodríguez Quintero, Rector de la Universidad de Huelva
José Ignacio García Pérez, Rector de la Universidad Internacional de Andalucía
Nicolás Ruiz Reyes, Rector de la Universidad de Jaén
Francisco Javier García Rodríguez, Rector de la Universidad de La Laguna
Lluís Serra Majem, Rector Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Juan Teodomiro López Navarrete, Rector Universidad de Málaga
Francisco Oliva Blázquez, Rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente
de AUPA
Miguel Ángel Castro Arroyo, Rector de la Universidad de Sevilla