Jean Baptiste Harguindéguy, Universidad Pablo de Olavide; Antonio M. Jaime-Castillo, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia; Beatriz Carrasco Ariza, Universidad Pablo de Olavide y Xavier Coller, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
Las elecciones del 19 de junio en Andalucía ofrecen una oportunidad de oro para analizar someramente cómo ha sido la legislatura en perspectiva comparada. Dado que las leyes son el producto más relevante de cualquier parlamento, hay al menos tres preguntas que es importante plantear: ¿han aprobado sus señorías más leyes que en otros periodos (rendimiento legislativo)? ¿Cuál ha sido el grado de apoyo que han recibido esas leyes? ¿En qué medida los grupos dominantes han conseguido incluir las perspectivas o intereses de sus rivales políticos?
El Parlamento de Andalucía ha sacado adelante 20 leyes, 11 menos que la legislatura anterior. Este volumen sitúa la legislatura recién terminada como la segunda menos productiva desde el inicio de la andadura autonómica en 1982 (se descuenta la muy corta cuarta legislatura del 95-96), solo por detrás de la también corta novena legislatura (2012-15).
Elaboración propia con datos del proyecto ‘El conflicto en la política española (1980-2018). El nuevo escenario de Andalucía en perspectiva comparada’ (P18-RT-5234).
Para poner en perspectiva el dato, la media de leyes por legislatura en Andalucía es de 32, mientras que en el resto de España es de 41. Este bajo rendimiento legislativo tiene dos causas principales: la duración de la legislatura y el cambio de gobierno.
En términos generales, cuando el gobierno cambia de color político se requiere un periodo de adaptación que afecta al número de proyectos de ley que el ejecutivo puede llevar al Parlamento. No olvidemos que suele ser el ejecutivo el que toma la iniciativa legislativa. El Parlamento de Andalucía se sitúa en el grupo de cámaras autonómicas en las que se aprueban menos leyes, solo por delante de La Rioja (26 leyes de media), Asturias (28) y empatada con Extremadura (32).
Elaboración propia con datos del proyecto ‘El conflicto en la política española (1980-2018). El nuevo escenario de Andalucía en perspectiva comparada’.
Un indicador bruto del grado de cooperación parlamentaria entre rivales políticos es el nivel de apoyo que han obtenido las leyes aprobadas. En Andalucía es elevado: se han aprobado de media con solo el 16 % de votos negativos (rechazo a la ley), lo que ubica a esta legislatura como la quinta en la que las leyes aprobadas suscitan menos rechazo. En la legislatura anterior la proporción media de apoyo a las 31 leyes aprobadas fue del 92 %.
La política parlamentaria andaluza no es especialmente conflictiva en comparación con el resto de España: mientras en Andalucía el grado de apoyo medio a una ley entre 1982 y 2022 es del 86 %, en el resto de España es del 85 %, aunque la tendencia general es a la baja. Este apoyo suele ser superior en las legislaturas más próximas a la Transición, aunque la anterior a esta que ha terminado fue la que tiene la marca más alta (91 % de apoyo medio a las leyes aprobadas), ligeramente por encima de las legislaturas de mayoría absoluta del PSOE.
Los parlamentarios se han puesto de acuerdo
Estos datos indican que sus señorías se ponen de acuerdo con bastante frecuencia a la hora de votar las leyes o que, por lo menos, hay coincidencia de votos. Naturalmente, el acuerdo depende en buena medida de la naturaleza de la ley. Para esta legislatura que ha terminado, las de presupuestos no concitan más que los apoyos de los grupos de gobierno, como cabría esperar, aunque no siempre ocurre así. Sin embargo, otras leyes como las de perros de asistencia, creación del colegio de terapeutas ocupacionales, cámaras de comercio, lucha contra la corrupción, mejora de las condiciones de los centros educativos o el crédito extraordinario para sufragar gastos electorales (entre otras más técnicas) han sido aprobadas con el apoyo de todos los grupos.
Pero una cosa es el grado de apoyo a las leyes y otra la capacidad de incorporar los puntos de vista de los rivales para que estos, cuando menos, no se opongan a la ley votando en contra, sino que se abstengan o que voten a favor. A esto le llamamos capacidad de inclusión de los grupos rivales.
Elaboración propia con datos del proyecto ‘El conflicto en la política española (1980-2018). El nuevo escenario de Andalucía en perspectiva comparada’
En el gráfico que precede a estas líneas se aprecia que la evolución del grado de inclusión es descendente hasta la legislatura X, la última en la que la presidencia del Gobierno de Andalucía recayó sobre Susana Díaz gracias a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos. En esa legislatura, el grado de inclusión de los rivales en la aprobación de las leyes se sitúa cerca del 90 %, por encima de las legislaturas más próximas a la Transición. En la legislatura recién concluida desciende la inclusividad, pero no de forma dramática, lo cual es un reflejo de un gobierno de coalición que tiene que buscar apoyos puntuales para sacar adelante sus proyectos legislativos.
Esto no obsta para que la próxima legislatura se prevea tensa con dos bloques enfrentados y una capacidad de entendimiento decreciente. En cualquier caso, se aceptan apuestas.
Jean Baptiste Harguindéguy, , Universidad Pablo de Olavide; Antonio M. Jaime-Castillo, Profesor Titular de Ciencia Política, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia; Beatriz Carrasco Ariza, Doctoranda del programa de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide y Xavier Coller, Catedrático, Dpto. Ciencia Política y de la Administración, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
