Ante el evidente aumento de la desigualdad y la incertidumbre social, resulta imperativo abrir un debate riguroso sobre la defensa de los servicios públicos como columna vertebral de la democracia y la cohesión. No estamos ante una crisis coyuntural, sino frente a una estrategia de desmantelamiento y falta de financiación que pretende transformar derechos universales en oportunidades de negocio. Es urgente analizar las consecuencias de este cambio de paradigma que debilita el papel del Estado y amenaza con dejar desprotegida a la clase trabajadora, haciendo necesario confrontar este modelo para garantizar que lo público siga siendo el único garante real de la igualdad.