Ante el evidente aumento de la desigualdad y la incertidumbre social, resulta imperativo abrir un debate riguroso sobre la defensa de los servicios públicos como columna vertebral de la democracia y la cohesión. No estamos ante una crisis coyuntural, sino frente a una estrategia de desmantelamiento y falta de financiación que pretende transformar derechos universales en oportunidades de negocio. Es urgente analizar las consecuencias de este cambio de paradigma que debilita el papel del Estado y amenaza con dejar desprotegida a la clase trabajadora, haciendo necesario confrontar este modelo para garantizar que lo público siga siendo el único garante real de la igualdad.

En este sentido, es ineludible examinar cómo la progresiva privatización de la enseñanza y el deterioro planificado de la sanidad pública socavan la igualdad de oportunidades, forzando un trasvase de recursos y usuarios hacia el sector privado. Del mismo modo, se requiere replantear las políticas de protección social, reivindicando la vivienda como un determinante de salud pública frente a la especulación y exigiendo una atención a la dependencia digna y con recursos suficientes. Debatir sobre estas realidades constituye el paso indispensable para articular una respuesta colectiva que blinde los derechos de la ciudadanía y frene la quiebra de la universalidad.