En sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este viernes, la Universidad Pablo de Olavide ha aprobado modificar las directrices necesarias para alcanzar los objetivos establecidos por la Junta de Andalucía en el contrato programa. En concreto, la propuesta aprobada implica un desplazamiento de cuatro horas de Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo (EPD) a Enseñanzas Básicas (EB), y el aumento medio de 20 a 30 estudiantes en los grupos de EPD del primer curso.
El rector ha recordado la trascendencia de aprobar estos cambios, necesarios para asegurar la financiación que lleva aparejada el contrato programa, y que permitirá a la Universidad afianzar la estabilidad y promoción del profesorado y del PTGAS y facilitará el camino de la implantación de las nuevas titulaciones, alejando el riesgo de déficit universitario. Se trata de una reforma, ha señalado Francisco Oliva, que no compromete el modelo Olavide de docencia, pues se sigue apostando por las clases prácticas y la atención personalizada en grupos reducidos, que mantiene la singularidad docente en el Sistema de Universidades Públicas de Andalucía.
La urgencia de este Consejo de Gobierno extraordinario no solo se debe a que es preciso cumplir con los plazos necesarios de cara a elaborar los Planes de Ordenación de Centros, sino también a la inmediatez de la fecha establecida para la reunión con la Consejería de Universidades con el objetivo de evaluar los indicadores de la UPO, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre.
Francisco Oliva ha hecho hincapié en que, tras las reuniones mantenidas con los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria, esta propuesta es la que resulta más viable en términos académicos y de gestión. Durante la sesión se ha señalado la falta de tiempo para estudiar con detenimiento los efectos de las distintas medidas a implantar, y el rector ha explicado que para elaborarlas ha sido necesario «un análisis exhaustivo, con miles de datos, un trabajo previo imprescindible, que nunca se había hecho, para poder deliberar sobre las opciones que teníamos y sus distintas consecuencias». El rector ha incidido asimismo en que conocer con detalle el resultado con antelación es imposible, pero que una vez sean elaborados tanto el POC como el POD, la Universidad negociará con todos los representantes de la comunidad universitaria, incluidos agentes sindicales, si fuese necesaria alguna medida adicional. En este sentido, Oliva ha precisado que las nuevas directrices no suponen alteración alguna en la carga docente del profesorado.
Desde la representación del PDI se han trasladado dudas sobre el hecho de que los cambios propuestos repercutan en la estabilidad del profesorado, a lo que se ha señalado que precisamente el cumplimiento del contrato programa es uno de los pasos necesarios para facilitar la promoción del profesorado acreditado.
“En nuestra decisión nos han guiado dos objetivos: cumplir frente a la Junta de Andalucía y mantener el sello Olavide y la calidad de nuestra docencia”
Francisco Oliva
El rector ha planteado ante los miembros del Consejo de Gobierno las legítimas dudas de que se estén adoptando las mejores medidas posibles, pero ha recalcado que «nadie puede saberlo, pues es difícil estar al 100% seguro de los efectos y consecuencias de una decisión. No obstante, tomar medidas es mucho mejor que no hacerlo, pues la ausencia de decisiones nos llevaría a asumir un enorme riesgo que afectaría a la plantilla, a los grados y a la Universidad en su conjunto. Hay que valorar los pros y los contras, y atender a las opiniones contrarias. En nuestra decisión nos han guiado dos objetivos: cumplir frente a la Junta de Andalucía y mantener el sello Olavide y la calidad de nuestra docencia».
Los consejeros y consejeras han procedido a continuación a votar las medidas propuestas, con un resultado de 24 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.
Para finalizar, el rector ha agradecido la comprensión de los consejeros y consejeras por el esfuerzo realizado para comunicar con transparencia los objetivos estructurales del contrato programa, y la confianza de la comunidad universitaria a la hora de apoyar estas medidas.
