¿Es competitiva y rentable nuestra I+D?

 

Autor: Cesar Nombela.

Son análisis que cobran especial importancia en estos momentos de crisis económica y reducción de gastos. La pregunta es hasta qué punto no estaremos renunciando a una inversión, esencial para el futuro como es la I+D, si el apoyo a nuestro sistema científico-técnico no alcanza la prioridad suficiente. Prioridad suficiente puede significar, en algunos casos, no reducir sino aumentar el esfuerzo investigador en tiempos de crisis, como así lo acreditan países como Alemania. En esta situación, algunos se plantean si es competitiva y rentable la I+D tal como se organiza y ejecuta entre nosotros. No faltan quienes responden descalificando globalmente a la investigación española, o señalando que debe desaparecer cualquier gasto público en I+D.

La pregunta sobre la competitividad y la rentabilidad de nuestra investigación constituye un reto, en especial para quienes formamos parte de sistema de ciencia y tecnología, cuya organización es con frecuencia cuestionada. Pero bastaría con analizar lo que ocurriría si nuestros programas, proyectos o centros de investigación (incluidos los de las universidades) desaparecieran.

Careciendo de esas infraestructuras, nuestra dependencia exterior se extendería no ya al avance del conocimiento, sino a su propio manejo. La enseñanza y la formación de universitarios, especialmente en algunos niveles, depende de un profesorado que necesariamente ha de tener experiencia y realizaciones investigadoras. En todo ello están las claves de la rentabilidad de nuestra inversión en I+D. Pero la creación de conocimiento además se ha de ser competitiva en un mundo globalizado, lo que exige también un continuo esfuerzo de actualización de las políticas. No cabe duda de que tenemos que participar con decisión en la tarea científico-técnica del bloque europeo al que pertenecemos, necesitado también de actualizar sus esfuerzos porque pierde posiciones ante los bloques clásicos (USA, Japón) o las áreas geográficas emergentes.

Los criterios de rentabilidad y competitividad se han de considerar, sobre todo, a medio o largo plazo, pero igualmente hace falta un esfuerzo permanente de reforma y actualización. La pasada legislatura marcó un preocupante punto de inflexión hacia al retroceso de nuestra I+D. En estas mismas páginas señalé que, con los datos de 2008, renunciábamos abiertamente a la convergencia europea, hacia la que estábamos avanzando. Fue patente el descenso de la inversión en I+D, aunque maquillado en cuanto a indicadores por la caída del PIB. La legislatura se saldó con la aprobación de una nueva Ley de la Ciencia que significa muy poco. Entre otras cosas porque esta ley renuncia a la reforma fundamental, la de dos tercios del sector público investigador, es decir, la Universidad. Los responsables de la actual administración no deben engañarse, la referida ley que heredaron de Zapatero no supone la solución de ningún problema de nuestro sistema científico. Serán las políticas que el Gobierno desarrolle las que podrán o no activar nuestra investigación y fomentar la innovación.

Los datos de Eurostat nos ofrecen una primera radiografía de la situación. La comparación del esfuerzo global en I+D, con lo que supone la aportación a ese esfuerzo de los presupuestos públicos, aporta datos reveladores. La Unión Europea (UE) en su actual composición (27 estados, UE-27) invierte un 2,0% de su PIB en I+D, mientras que los 15 Estados que la integrábamos hace no mucho (UE-15) alcanzan ya una inversión del 2,09% del PIB. Los presupuestos públicos para I+D aportan como media el 0,76% (UE-27) y el 0,78% (UE-15) respectivamente, es decir, menos de la mitad del total, lo que supone que las políticas de inversión pública movilizan recursos privados, empresariales fundamentalmente, en cuantías importantes. No obstante si algo cabe destacar es la heterogeneidad existente en la UE, cuyo objetivo de invertir el 3% en I+D ya se marcó en 2002 pero permanece inalcanzable, ahora se formula para dentro de unos diez años. Finlandia, por ejemplo, invierte el 3,8% global, con el 1,1% proveniente del sector público, pero otros estados como Dinamarca (3,08% global) o Alemania (2,8%) alcanzan destacadas cotas de inversión, manteniendo una aportación pública superior al 0,9% del PIB.

Las espectaculares cifras de Corea del Sur reflejan la potencialidad de los países emergentes; este país alcanza ya el 3,3% de su PIB en I+D, con una significativa contribución del sector público que supone el 1,08%. Reveladores resultan igualmente los datos de Japón, 3,4% de I+D global, con sólo un 0,75% de aportación pública, y los de Estados Unidos cuyo 2,8% global ha requerido un crecimiento espectacular de la aportación pública, incrementada en los últimos cinco años hasta el 1,38%. El país norteamericano sin duda experimenta una deslocalización de las actividades de desarrollo, ya que muchas de sus empresas concentran esfuerzos en Asia. La respuesta sin embargo sigue siendo firme, las empresas reclaman que el sector público siga manteniendo el apoyo a la investigación universitaria, con un énfasis especial en que se potencie la investigación básica, porque entienden que de ahí ha de surgir la mejor forma de apoyar el desarrollo y la innovación industrial.

El caso de España
Importa trasladar este análisis al caso español. Nuestra I+D alcanza una inversión del 1,38% del PIB, con cifras globales en descenso desde hace algunos años. De esta decepcionante cuantía, además el sector público paga más de la mitad, un 0,76%, lo que implica que parte de la investigación empresarial se realiza con cargo al presupuesto público. Nada hay de censurable en ello, sucede en todos los países. Lo peor es que en esta situación también desciende el esfuerzo del sector privado empresarial, es decir que nuestra I+D puede rentabilizarse menos. Es urgente plantear políticas científicas que corrijan esta situación. No se trata de reducir la aportación pública, pues está claro que es aún insuficiente. Pero más insuficiente es la tarea de transferencia de conocimiento para potenciar el desarrollo y la innovación. Con los retrocesos mencionados de años recientes, estamos en mínimos en una tarea tan vital. Hemos de ocuparnos en posteriores artículos sobre la forma en que podemos responder a ese reto: una investigación rentable y competitiva. Quienes estamos convencidos de que eso es posible no podemos conformarnos con una simple reorganización o cambio de nombre de estructuras ministeriales. Hace falta una nueva política científica.

Fuente: Expancion.com

 



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