Dos profesores del Departamento de Derecho Público de la Olavide han cooperado con Hapori S.L. con el fin de llevar la defensa de los derechos fundamentales al mundo digital gracias a una red social que protege la privacidad de sus usuarios y garantiza el control sobre sus contenidos.

La Universidad Pablo de Olavide y la empresa Hapori han llegado a un acuerdo de colaboración, vía contrato artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la red. Con ese sello de distinción ha nacido SocialWee, una red social distinta a las demás, por cuanto promete una escrupulosa salvaguarda de los derechos básicos del internauta. Con esta iniciativa, los profesores Rafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez Cabezudo, del Departamento de Derecho Público de la Olavide, han cooperado junto a Juan Miguel Becerra Vila, creador e impulsor de SocialWee y director de Hapori S.L., a desarrollar un producto pionero y diferenciado con potencial para situar a la UPO como un referente del cambio en el modelo productivo.

Para ello, se constituyó un grupo de trabajo que redactó una serie de términos y condiciones de uso plenamente compatibles con el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de nuestro ordenamiento, lo que otorga al usuario un control sobre su privacidad digital inédito en el mundo de Internet. 

Mención especial merece el concepto "sucesión digital", aún en fase embrionaria en las cláusulas de uso de las redes sociales más populares. SocialWee es la primera red social que protege los derechos sucesorios de sus usuarios, a la par que exige a los poderes públicos a formular regulaciones específicas en ese sentido.

Este proyecto nace tras una ardua tarea desarrollada en la UPO y en el Laboratorio de Ideas y Prácticas Política (LIPPO), de la que sobresale una labor de testeo que ha permitido localizar y solucionar problemas específicos. Esto ha sido posible gracias a la cooperación de la empresa Hapori, cuyo objetivo fue diseñar una aplicación útil y eficaz, además de plenamente respetuosa con los derechos humanos y los valores democráticos.

El proceso de transferencia de conocimientos resulta particularmente interesante en este caso, al plantear un puente entre el Área de Filosofía del Derecho y el sector tecnológico, sin duda uno de los indicadores más relevantes en la transferencia de conocimientos académicos al mundo empresarial. Todo ello en pos del nada fácil objetivo de hallar la traducción digital de las libertades públicas recogidas en nuestra Constitución.

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UPO.

6 de julio de 2017