Uno de los Cursos de Verano de la Pablo de Olavide (UPO) en Carmona llamado ‘Transporte aéreo y viajeros: aerolíneas, equipajes, cancelaciones y otras aventuras’, en el que representantes del Gobierno de España y Facua han abordado las políticas «abusivas» de las aerolíneas sobre los consumidores.
Esta jornada ha contado con la participación de la presidenta de Facua-Consumidores en Acción y vicepresidenta de la Fundación Facua para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, Olga Ruiz, y con el director general de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Daniel Arribas.
Concretamente han realizado una conferencia titulada ‘Multa de 179 millones por cobrar el equipaje de mano: ¿Las aerolíneas están por encima del bien y del mal?’, dónde Ruiz ha iniciado su intervención recordando la larga lucha de las organizaciones de consumidores contra las prácticas «abusivas» de algunas compañías aéreas, en especial el cobro por el equipaje de mano, algo que, como dice, está prohibido por la normativa española y respaldado por jurisprudencia del Tribunal Supremo.
«Desde 2018, Facua viene denunciando este abuso», ha señalado mientras que recalcaba que «la pasividad institucional y la dispersión competencial han permitido que las aerolíneas mantengan esta práctica durante años».
Con la creación del Ministerio de Consumo en 2020 y la posterior reforma del Real Decreto Legislativo 1/2007, según ha explicado Ruiz, «el Gobierno asumió competencias sancionadoras ante fraudes masivos».
Esa modificación legal culminó en mayo de 2022, y desde entonces, la Administración ha desplegado «una estrategia activa de vigilancia y sanción». «Esta reforma permitió abrir el expediente sancionador que ha desembocado en la multa histórica de 179 millones de euros», ha señalado Ruiz.
La presidenta de Facua ha advertido que, pese a resoluciones firmes y sentencias favorables a los consumidores, «las aerolíneas han persistido en su actitud, incluso recurriendo a estrategias de presión judicial con contestaciones a demandas de cientos de páginas y argumentos alejados del ámbito jurídico».
«Nos enfrentamos a un pulso entre los derechos de los consumidores y el poder del ‘lobby’ económico», ha denunciado.
Posteriormente, Arribas ha expuesto el marco jurídico que sustenta las sanciones. Ha explicado que se han detectado hasta cinco prácticas abusivas: «el cobro por el equipaje de mano, la publicidad engañosa sobre precios, la negativa al pago en efectivo, el cobro por reimpresión de tarjetas de embarque y el recargo por acompañar a personas con discapacidad».
Todas ellas, ha señalado que «configuran infracciones que vulneran principios de equidad y proporcionalidad consagrados en la normativa comunitaria y nacional».
Arribas ha recordado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 ya estableció que las compañías «no pueden cobrar por el equipaje de mano si no asumen coste ni responsabilidad sobre él». «No prestar un servicio adicional no da derecho a cobrarlo», ha afirmado.
Además, ha insistido en que «las sanciones no buscan recaudar, sino disuadir y proteger el interés general». Facua y otras entidades europeas han intensificado sus acciones ante las instituciones comunitarias.
En mayo de 2025, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) denunció a siete aerolíneas de bajo coste ante la Comisión Europea. «Los consumidores deben saber que no están solos», ha concluido Ruiz, llamando a continuar la lucha colectiva contra los «abusos» corporativos.
Fuente: Europa Press
