El catedrático de Derecho y codirector de uno de los Cursos de Verano, ‘Derecho(s), enseñanza del Derecho e innovación tecnológica: retos y oportunidades de la aplicación de la inteligencia artificial’, de la Universidad de la Pablo de Olavide, José María Contreras, ha advertido del «cambio profundo» que está provocando la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito. «La inteligencia artificial no es que vaya a incidir en el mundo del derecho, sino que ya está incidiendo», ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press.
El jurista ha subrayado que la presencia de la IA va «mucho más allá» de lo que fue en su día el impacto de Internet o las redes sociales.
A raíz de ello, a su parecer, «no estamos siendo del todo conscientes, estamos alimentando sistemas que afectan directamente a derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad». «Estamos dando datos personales sin saber dónde van, cómo van a ser utilizados, cómo van a ser usados en el presente y en el futuro», ha armado.
Para Contreras, uno de los «grandes desafíos jurídicos» que plantea esta «revolución tecnológica» es precisamente «la responsabilidad» sobre los datos y contenidos que circulan mediante herramientas de IA. «¿Quién se responsabiliza de que alguien transforme una foto en una imagen de una chica desnuda? ¿El que la hace? ¿El que la transforma? ¿Todos los que la mandan?», ha cuestionado. Desde su punto de vista, el Derecho «debe evolucionar» para dar respuesta a estas nuevas realidades y hacerlo, además, «con rapidez». Una de las áreas en las que «más urge actuar» es la formación jurídica universitaria, que -según indica- debe adaptarse a este «nuevo» escenario «sin miedo».
LA IA «HA LLEGADO PARA QUEDARSE»
«La inteligencia artificial, igual que las nuevas tecnologías, han llegado para quedarse», ha advertido. En este sentido, Contreras cree «necesario» formar primero al profesorado en el uso ético y pedagógico de estas herramientas. Del mismo modo, ha rechazado la idea de que su implementación implique una «pérdida de exigencia académica», ya que para él, «no hay que entender la inteligencia artificial como una herramienta que viene a que el alumno vagué».
Además, ha añadido que apuesta por una enseñanza «más personalizada», «apoyada por la tecnología», pero con un «enfoque humanista». «El espíritu crítico no hay que dejarlo. Lo que la universidad tiene que fomentar es un conocimiento crítico que permita al alumno también poner en duda lo que la inteligencia artificial le ofrece», ha armado.
«ES UNA HERRAMIENTA, NO UN JUEZ»
Respecto a la práctica profesional del Derecho, Contreras ha lanzado una advertencia sobre la automatización de decisiones jurídicas. «Ya se pueden hacer demandas donde una aplicación o una inteligencia artificial te la elabore. Y eso hay que supervisar», ha recalcado, insistiendo en que «en ningún caso», la IA «debe ser el autor de una sentencia o el sustituto de un juez». «La inteligencia artificial tiene que ser una herramienta. Nunca el n», ha resumido. De ahí que dependa su «uso como apoyo», pero «no como sustitución del juicio humano». En cuanto a los límites éticos y normativos, Contreras ha sido claro, defendiendo que «los derechos fundamentales deben marcar la frontera». A su juicio, la realidad tecnológica obliga incluso a «repensar el contenido y la forma» en que se protegen esos derechos.
La inteligencia artificial nos lleva a un replanteamiento del concepto y del contenido y de los mecanismos de protección de esos mismos derechos fundamentales», ha sostenido. Así, ha mencionado el surgimiento de posibles «nuevos derechos», como los «neuro derechos», relacionados con la neurociencia y la protección de la conciencia individual. Se trata de territorios que hasta hace poco «se consideraban ajenos al Derecho», pero que ahora están en el «centro del debate».
Por último, Contreras ha criticado el planteamiento de dejar la regulación en manos de las grandes corporaciones tecnológicas, ya que está a favor de la regulación, «nunca del autocontrol de las empresas». Porque son ‘juez y parte'». De este modo, ha concluido apelando a los poderes públicos y a las organizaciones internacionales, argumentando que «no basta con declaraciones éticas. Se necesitan textos jurídicos vinculantes para todos»
Fuente: Europa Press
