SIMPOSIO: EL IMPACTO EN LA CIUDADANÍA DEL INTERNET DE LAS COSAS. ¿HACIA UNA ECONOMÍA POLÍTICA DEL DATO?

El internet de las cosas como desafío a la privacidad u otros derechos fundamentales implica un riesgo y amenaza a determinadas cuestiones que parecían superadas (separación de las esferas públicas y privada, derecho de libertad de conciencia, etc.). Esta tecnología afecta a conceptos o ideas asentadas en el paradigma jurídico clásico. El internet de las cosas, como el entramado de los chips, sensores y aparatos electrónicos que permiten la interconexión entre diferentes dispositivos de uso diario y la información generada, es un reto que debemos enfrentar con el fin de salvaguardar los Estados de Derecho y supone un salto cualitativo y cuantitativo respecto al internet actual. Se deben contemplar posibilidades de regulación que preserven derechos fundamentales. El Reglamento de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos, ha mostrado una vía, pero puede quedar obsoleto en poco tiempo.

El espacio de libertad, seguridad y justicia del tratado de Lisboa de 2007 configura la ciudadanía de la UE estableciendo un estatuto jurídico único en torno a la idea de ciudadanía europea. La privacidad es uno de los bienes jurídicos protegidos y la proliferación de tecnología que tienen un alcance global pueden suponer
serias intromisiones en el desarrollo de este estatuto, según como se apliquen las tecnologías de big data en la nueva capa de internet que significará la implementación de los wearable y electrodomésticos inteligentes. Estas son serias amenazas para la separación pública-privada que supuso el establecimiento de la concepción de ciudadanía occidental. La aplicación de los anteriores argumentos en la praxis forense judicial potencia un entorno conflictual y unas tipologías de conflictos para los que el ordenamiento jurídico español y comunitario, aun no se ha dotado de las necesarias herramientas y procedimientos. Buena prueba de lo anterior, serían los controvertidos estándares de aportación, impugnación y práctica de la prueba digital en todos los órdenes jurisdiccionales. No existe actualmente un marco jurídico que permita dar una respuesta adecuada a la consolidación del internet de las cosas.

Este proyecto de investigación analizará el uso que de estos nuevos dispositivos pudieran hacer entes privados y públicos, además de actores difusos o colectivos criminales que supongan un riesgo y amenaza contra el espacio de seguridad libertad y justicia. Al mismo tiempo, con el fin de realizar un estudio integral e la problemática, se estudiará la forma en que inciden en las definiciones de los pilares del ordenamiento jurídico. Se trataría de analizar esta nueva tecnología de extracción y producción de datos con respecto al ideal democrático. De su análisis se inferirán una serie de consecuencias que mejoren la regulación autonómica, nacional y europea.

Este simposio ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Junta de Andalucía, en marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Objetivo específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes») en marco del proyecto de investigación de referencia UPO-1380664. Porcentaje de cofinanciación FEDER 80%.

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