Responsabilidad Social

La Facultad de Derecho, en el marco de los compromisos adquiridos por la universidad Pablo de Olavide, asume la mejora de la calidad como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, entendiendo ésta como forma de integrar la institución universitaria en el entorno social que las rodea, contribuyendo así a su desarrollo democrático.

La Responsabilidad Social de las Universidades (RSU) supone asumir y compartir una serie de valores orientados hacia una visión ética de la Universidad, que deben proyectarse en las tareas de dirección, de gestión y de funcionamiento. De esta forma, la institución asume un compromiso con el resto de agentes sociales de la comunidad, que debe traducirse en un modelo de actuación socialmente responsable dirigido, entre otros objetivos, a una enseñanza de excelencia y calidad.

Para la consecución de este objetivo, la propia Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades reconoce la necesidad de emprender y promover programas de responsabilidad social en las Universidades que complementen el resto de políticas de mejora de la calidad universitaria.

La Facultad de Derecho asume en su integridad los compromisos de Responsabilidad Social asumidos por la Universidad Pablo de Olavide, enmarcando su actuación en las líneas básicas para el impulso de la calidad previstas en el Título Séptimo de su Norma Estatutaria (arts. 176 a 183):

"La Universidad se marcará como líneas básicas para el impulso de la calidad el fomento de los planes tendentes a la articulación del estudio simultáneo de titulaciones, la adaptación de los planes de estudios a las demandas de la sociedad, el dominio por profesores, estudiantes y gestores de, al menos, un segundo idioma, y la transversalidad en la oferta de los estudios oficiales y propios, así como la implementación de nuevos sistemas y métodos docentes".

Este compromiso se manifiesta, entre otras actuaciones, en la implantación desde 2007 de un Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho, que persigue la eficacia global de las tareas docentes y organizativas que tiene encomendadas, según los principios de transparencia, participación y evaluación y mejora continua de su actividad.