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Unai Sordo, secretario general de CCOO
[/fusion_text][separator style_type=»single» top_margin=»20″ bottom_margin=»20″ sep_color=»#555555″ border_size=»» icon=»» icon_circle=»» icon_circle_color=»» width=»10%» alignment=»left» class=»» id=»»][fusion_text]¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando en la actualidad el mundo del trabajo?
Se están produciendo cambios al menos en tres líneas. Hay una parte de los trabajos que siguen inmersos en un proceso de precarización desde la lógica de utilizar la descentralización productiva de las empresas como forma de externalizar riesgos empresariales. Esto se traduce en sistemas de producción de bienes y servicios en red, donde las empresas situadas en posiciones de fuerza dentro de las cadenas de valor propician ajustes de costes que acaban repercutiendo en deteriorar las condiciones laborales y salariales. El resultado final para una parte importante de la clase trabajadora es inestabilidad laboral y vital, utilización perversa del trabajo autónomo, competencia desleal en base al dumping salarial.
Por otro lado, el proceso de salto tecnológico y digital está modificando las formas de trabajo y transformando muchos puestos de trabajo. Aquí hay que poner el foco sobre cierto “fetichismo digital”, que lleva a considerar como técnica o neutra cualquier modificación laboral fundamentada en la incorporación de procesos digitales a la producción. Y esto no tiene por qué ser así.
Y, por último, la combinación de los dos factores citados está posibilitando una especie de neo-taylorismo digital donde la descomposición de actividades y la desregulación laboral puede provocar situaciones de explotación muy evidentes. Bajo fórmulas aparentemente modernas como el trabajo por proyectos, por contratos mercantiles, etc. hay todo un intento de huida del derecho laboral que afecta desde el trabajo en plataformas en actividades como el reparto o la atención a las personas, hasta las ingenierías o trabajos de los que se denominan de alto valor añadido.
¿De qué forman afectarán a los trabajadores?
Pues depende de cómo se regulen estas nuevas realidades y estas transformaciones de las empresas y los puestos de trabajo. Las formas de externalización de riesgos y descentralización productiva ya eran propias de la economía fordista y se aceleraron a partir de los años 80. Combinando, por un lado, la presión proveniente de que países entonces emergentes como China fueran acaparando una parte muy importante del trabajo manufacturero (entonces se pensaba ingenuamente que se deslocalizarían solo las partes de menos valor añadido dentro de las cadenas de valor mundial); por otro lado la fragmentación de los procesos productivos en cadenas de contratas o empresas suministradoras. Esto se incentivó mediante regulaciones laborales y mercantiles favorables y mediante un proceso de globalización sin normas y contrapesos. Esas regulaciones han tenido unos efectos concretos sobre los empleos.
¿Qué quiero decir? Que en este nuevo paradigma digital hay que afinar con regulaciones que sitúen los trabajos actuales y futuros en unos estándares de calidad y no permitir la disolución de responsabilidades desde las empresas a las personas trabajadoras sin ningún límite. No es fácil, pero hay que hacerlo. Hoy tenemos embriones como la ley rider, que presume la laboralidad de estos empleos y prevé que la empresa ha de compartir con los representantes de las y los trabajadores la información sobre los algoritmos que determinan las condiciones de prestación del servicio; o la regulación del teletrabajo donde la empresa ha de corresponsabilizarse de numerosas cuestiones si quiere digitalizar un puesto de trabajo para ejercerlo a distancia; o la pugna por la distribución del tiempo de trabajo y la desconexión digital, hoy presente en varios convenios colectivos ante el riesgo de que las nuevas tecnologías desdibujen la frontera entre el tiempo dentro y fuera del trabajo y colonicen la vida privada de los trabajadores.
La respuesta a como afectará a los trabajadores es depende. Depende de la organización colectiva de la gente trabajadora y de las correlaciones de fuerzas. Es lo que determina las normas legales y las prácticas reales.
¿Cree necesario un nuevo contrato social?
Sin duda. La crisis del 2008 y las políticas impulsadas a partir de 2010 han deteriorado las condiciones de vida de millones de personas y han roto las expectativas de varios millones más. En cierto modo, las seguridades que otorgaba el contrato social posterior a la segunda guerra mundial.
La pérdida de peso de las llamadas clases medias supone un problema económico (es recomendable ver las posiciones al respecto de un centrista como Biden) y político, porque alimenta en buena parte las opciones ultraderechistas.
Recomponer un nuevo contrato social pasa por revisar y modernizar la fiscalidad como eje de bóveda; por reforzar la responsabilidad pública a la hora de proteger contingencias de la vida desde lo común: la sanidad, la educación o las pensiones. Pero también por abordar nuevas necesidades como la atención a las personas, los procesos de formación permanentes, o lo referido a la provisión de rentas mínimas ante los riesgos de exclusión social cada vez más patentes en sociedades que cambian de forma acelerada.
Y hay además otra variable a incorporar a ese contrato social: la sostenibilidad dentro de un compromiso intergeneracional. Una sociedad que envejece como la nuestra, en un planeta que tiene límites evidentes en términos medioambientales, obliga a trascender del contrato social para aquí y para ahora, y pensar en clave diferida también.
Desde su punto de vista, ¿hacia dónde se encaminarán los nuevos yacimientos de empleo?
Creo que hay que hacer política de país en este terreno. Hacer prospección a futuro de dónde se sitúan esos yacimientos, no desde el voluntarismo sino desde el realismo. Hay una variable por despejar: si el proceso de desglobalización es una cuestión pasajera o se consolida a futuro. España está mal situada en el terreno industrial apenas sin polos de decisión empresarial que defina estrategias de inversión a futuro. Y esto es un problema. Nuestro país es dependiente en ese terreno. Ahora, con la canalización de recursos europeos, hay una oportunidad de condicionar decisiones de inversiones de medio y largo plazo utilizando la palanca financiera de esos fondos. Un quid pro quo, en lugar de la tendencia de los entornos amables por la vía de la escasa presión fiscal, los bajos salarios.
No hay por qué renunciar a priori a ningún sector, pero apuntaría a dar prioridad a todos los vinculados a la transición energética/ecológica y de nuevas formas de producción, donde no podemos quedarnos sin empleo industrial. El cuidado de las personas es también un sector de expansión necesaria, por citar dos.
¿Considera que el Gobierno, en la actualidad, defiende lo suficientemente los intereses de la clase trabajadora?
El gobierno tiene una agenda social comprometida en su programa y de alguna manera con los sindicatos. Y vamos a exigir su cumplimiento. La pandemia cambió las prioridades. En pandemia se ha hecho un esfuerzo sin precedentes por proteger el empleo. Es la primera vez en la historia de las crisis económicas que la caída del empleo es inferior a la caída del PIB. Esto es producto de las medidas adoptadas en el diálogo social, que han salvado millones de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas, si no más. Pero pese al esfuerzo realizado las situaciones de pobreza y desigualdad persisten.
Ahora, en la medida que se recupere la normalidad social, viene la prueba del algodón. El Gobierno debe adoptar medidas que mejoren las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y la refuercen colectivamente para poder profundizar en derechos laborales y sociales. Esto me parece relevante. El Gobierno no debiera contemplar su política hacia la mayoría trabajadora del país solo ni principalmente como un paquete de “mejoras otorgadas”, sino de empoderamiento como colectivo.
¿Cómo valora la posible subida del SMI?
Es necesario incrementarlo en este 2021. Con un crecimiento económico por encima del 6%, la inflación en el 2,6%, buen ritmo de creación de empleo… no se entendería su congelación.
La subida del SMI en estos últimos años ha sido muy relevante y ha convivido con la creación de empleo. Al final de la legislatura hay que situarlo en el 60% de la media salarial.
Los jóvenes y los mayores de 45 años tienen especiales dificultades a la hora de encontrar empleo. ¿Qué medidas propondría para intentar combatir esta problemática?
Yo creo que la alta tasa de paro juvenil tiene que ver con las altas tasas de paro general de España. La inserción de la juventud en el mundo laboral requiere de algo muy obvio: que haya puestos de trabajo. Con toda seguridad hay márgenes de mejora en los sistemas de inserción desde los periodos formativos al empleo. De la misma manera que las situaciones de desempleo a partir de los 45 y 50 años requieren de mejores políticas activas de empleo para facilitar las transiciones de unas empresas a otras y de unos sectores a otros. Eso requiere mejorar la capacidad de intervención de los servicios públicos de empleo, de fortalecer los sistemas de formación profesional y para el empleo, así como el papel que podamos jugar los agentes sociales en ese terreno. Orientación laboral y formativa, planes de formación permanente y servicios de intermediación e inserción laboral. La mejora de todos estos elementos es necesaria, e incluso urgente.
Pero no perdamos la perspectiva. El problema de fondo es la insuficiencia de nuestro tejido económico para generar suficientes puestos de trabajo. Podrá haber disfunciones momentáneas entre los puestos de trabajo que se ofertan y las competencias necesarias para cubrirlos. Pero ni eso es lo habitual, ni esas situaciones son permanentes. Más bien al contrario, en España hay niveles de cualificación de la clase trabajadora por encima de los requerimientos que exigen los puestos de trabajo, y no tanto al revés.
¿Cómo cree que afectará a trabajadores y empresas la subida del precio de la luz?
Este es un problema evidente tanto para las personas trabajadoras –sobre todo las de rentas más bajas- como para las empresas que tienen un uso intensivo de la energía. En España tenemos un sistema de fijación de precios energéticos bastante disparatado que sobre-retribuye a las empresas energéticas y agrava situaciones de pobreza de personas que tienen problemas para afrontar consumos básicos para vivir. Y en la parte económica es un problema de competitividad para las empresas que más utilización de energía requieren.
El desarrollo de las energías renovables, donde España tiene un gran potencial generador, debe acompañarse de cambios en la forma de fijación de precios energéticos que favorezcan a las personas y a la actividad económica.
¿A qué cree que obedecen los EREs del sector bancario?
Las entidades financieras han sido sumamente irresponsables en el impulso de EREs que pretendían destruir miles y miles de empleos. Las entidades de nuestro país han sido de las que más empleo han destruido en los últimos años. Reducción de plantillas, reducción de sucursales y exclusión financiera de buena parte de la población. La movilización de las plantillas ha mitigado buena parte de estos últimos EREs logrando acuerdos que, además de reducir su enorme alcance, han conseguido que buena parte de estas bajas sean incentivadas y no forzosas.
Desde luego es exigible que entidades que fueron rescatadas con recursos públicos tengan más corresponsabilidad con sus plantillas y con la sociedad en general.
Dicho esto, el sector financiero está en un momento complicado porque concurren varios factores: tipos de intereses a cero, la digitalización y el cambio en el modo de utilización de los servicios financieros, con muchas más operaciones por internet que en la clásica sucursal física…
Tenemos un sistema financiero que aún arrastra problemas. Baja capitalización en comparación europea, pero a la vez mayor rentabilidad, en un modelo financiero excesivamente concentrado (hemos pasado de 61 a 10 entidades en apenas 13 años y las 5 entidades más grandes tienen el 70% de los activos).
Hay que exigir a la banca que contenga beneficios y reparto de dividendos y apueste por su capitalización, porque el riesgo de crisis financiera no se puede descartar ante las incertidumbres generales de la economía post-COVID. Por otro lado, es necesario abrir la puerta a operadores financieros públicos que podían haber sido de gran utilidad para impulsar las líneas de financiación de los créditos ICO y de circulante, que han sido de gran importancia en la pandemia.
¿De qué forma ha irrumpido la pandemia del Covid-19 en el mundo laboral?
De forma brutal. Paralización de la actividad en un primer momento. Si no llega a ser por las medidas impulsadas desde los acuerdos de diálogo social y el ingente esfuerzo público en los ERTE, hubieran desaparecido millones de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas.
También el impacto ha sido inmenso en términos de salud y seguridad laboral. Miles y miles de personas trabajadoras tuvieron que desempeñar sus trabajos sin medidas de seguridad adecuadas, sin EPIs, sin conocimiento sobre la transmisión del virus. Desde el sindicato tuvimos que negociar de forma acelerada protocolos de incorporación segura a los puestos de trabajo, en decenas de sectores.
Cómo olvidar el trabajo sanitario, socio-sanitario, de cuidados en los meses tremendos de marzo, abril o mayo de 2020. La clase trabajadora, una vez más, hemos salvado a España, en las peores circunstancias.
Los sectores turístico y cultural han sido especialmente castigados por esta crisis socio-sanitaria. ¿Prevé una pronta recuperación?
El proceso de vacunación es determinante. En el momento en que alcancemos inmunidad colectiva se van a recuperar con intensidad. Con dos apuntes. Uno, que una parte de estos sectores no van a recuperarse totalmente. La movilidad internacional ligada a buena parte de nuestro turismo no se va a recuperar de forma inmediata y quizás nunca hasta los extremos que conocimos. En todo caso, ambos sectores han demostrado sus debilidades, y el cultural necesita repensar su modelo de negocio y de protección social porque las y los trabajadores de la cultura han sufrido como pocos en esta pandemia.
En segundo lugar debiéramos impulsar una mayor diversificación turística. Desestacionalizar el turismo, aprovechar la riqueza del patrimonio cultural español. Esto pasa también por dignificar las condiciones laborales de un sector que no puede concebirse como sector low-cost. La red de Paradores es una iniciativa que podría servir de guía para fortalecer redes de turismo interior, de calidad, con vertiente cultural y con precios asequibles, que podrían revitalizar en parte la llamada España vaciada.
¿Qué papel ha jugado CCOO en esta crisis?
Sinceramente creo que muy relevante. Desde el ámbito general y más visible en el diálogo social hasta nuestra actuación en la más pequeña empresa de España donde hay una delegada/o de CCOO.
Han sido miles y miles las consultas que tuvimos que atender en un país detenido y confinado. El sindicato se reinventó en 48 horas. Nos pusimos en remoto para atender un sinfín de incidencias. Sobre los ERTE, los EPIs, las medidas preventivas, a veces simplemente nos llamaban para expresar los miedos, las incertidumbres. Se ponían hasta en contacto empresas porque éramos el único recurso que informaba.
A nivel más “macro” la producción del diálogo social ha sido enorme. Ya he citado la relevancia de los ERTE que han evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo. En muchos de esos ERTE (más de medio millón) hemos intervenido en los periodos de consultas y en algunos casos consiguiendo complementos a la prestación de desempleo que tiene el trabajador/a. Conseguimos que a esos ERTE se pudieran incorporar miles de trabajadores con menos de un año de cotización, que en circunstancias normales no cobran el desempleo; que se reponga la prestación de desempleo a las personas afectadas por los ERTE, es decir que no han consumido su prestación de paro; el tratamiento especial a los fijos-discontinuos que de otra manera se hubieran visto abocados a una situación catastrófica, lo que en territorios como los archipiélagos hubiera provocado una crisis social sin precedentes.
Hemos contribuido a regular el teletrabajo, los planes de igualdad y las auditorias salariales, las plataformas de los llamados riders, un acuerdo de pensiones diez años después del último.
Creo que el trabajo ha sido ingente. La prueba es que en un año tan dramático en términos de desempleo y donde millones de personas trabajadoras han visto menguados sus recursos económicos no solo hemos mantenido sino que hemos incrementado la afiliación, y hemos revalidado nuestra posición como sindicato mayoritario en España.
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