La Universidad Pablo de Olavide establece a través de su Plan de medidas antifraude una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción; para ello incrementa sus controles internos en la gestión de fondos públicos, dotándose de una comisión de seguimiento para evaluar las actuaciones de prevención, detección y corrección que promuevan una cultura de integridad y altos estándares de cumplimiento de las normas jurídicas en la Universidad.
En vigor desde el 22 de diciembre de 2021, el Plan de Medidas Antifraude –aprobado por Resolución Rectoral a propuesta de la Comisión Antifraude– contempla un código ético y una política de obsequios, un procedimiento en caso de conflicto de intereses, un mapa que localiza riesgos en la gestión de la actividad universitaria y un protocolo interno de actuación ante posibles casos detectados.
La aprobación del Plan era necesaria al ser la Universidad Pablo de Olavide beneficiaria de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de proyectos como UniDigital y Recualificación. No obstante, la UPO va más allá del cumplimiento de los requerimientos de la UE y aplicará estas pautas en la gestión de todos sus fondos públicos, ahondando en su compromiso de buen gobierno y transparencia.
De este modo, el Plan de medidas antifraude establece un código ético de conducta y define medidas preventivas a la vez que es proactivo a la hora de detectar riesgos de fraude –identificando vulnerabilidades en los procesos de gestión– y abordar posibles conflictos de intereses. Contempla asimismo la formación del personal docente y de administración y servicios en pro de una ética pública que facilite la detección del fraude. Como medidas de detección, destaca la creación de indicadores Antifraude, que actuarán como alertas que deberán verificarse, o herramientas de prospección de datos para la detección automatizada de posibles irregularidades, gracias a la automatización de los procesos de gestión y al cruce de información con otras administraciones públicas. Para facilitar la persecución del fraude se ha creado un canal anónimo de denuncias.
La Comisión Antifraude (CAF) de la Universidad Pablo de Olavide es la encargada de velar por la eficacia de las medidas contempladas en el Plan, al tiempo que promoverá la prevención y la lucha contra el fraude en base a los principios de proporcionalidad, eficacia, seguridad jurídica y trasparencia. Presidida por Concepción Martín Brenes, gerente de la UPO, forman parte de la misma: Laura Rodríguez Luque, vicegerente Económica y de Contratación; Janeth Jurado González, directora del Área de Gestión Presupuestaria y Tesorería; José Manuel Rosado Daza, director del Área de Contratación y Patrimonio; Esperanza Pérez Mañas, directora del Área de Investigación; Víctor Hernández Gómez, director del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y Francisco Toscano Gil, vicesecretario General de la Universidad Pablo de Olavide.
Más información:
