Para reforzar su función social como universidad pública, la Universidad Pablo de Olavide ha aprobado esta mañana en décimo sexta sesión de Consejo de Gobierno, una serie de medidas orientadas a fortalecer los estudios de Grado y promocionar la carrera profesional del PDI. El profesorado a tiempo completo impartirá más horas de docencia en Grado al mismo tiempo que se desarrollará un plan de promoción para el profesorado acreditado con miras a reforzar la estructura de la plantilla y cumplir con los requerimientos legales marcados. También se adoptarán medidas para posibilitar la integración en la carrera docente del profesorado asociado acreditado y de investigadores postdoctorales.
El plan ha sido debatido estas semanas con autoridades académicas de la UPO y representantes de los trabajadores, se ha convocado la mesa de diálogo conformada por todas las secciones sindicales, y se han escuchado todas las posturas de los distintos ámbitos de la comunidad universitaria, incluidos los representantes del estudiantado. Su ejecución permitirá la contratación de profesorado ayudante doctor para fortalecer la docencia en general y se establecerá un mínimo de horas lectivas para reforzar la docencia de grado en particular. Además, en una segunda fase de su aplicación, el plan espera contar con recursos presupuestarios que permitan reforzar los servicios de administración para racionalizar la actividad administrativa del PDI.
Estas medidas abren además la puerta a una auténtica carrera académica al profesorado asociado acreditado, que podrá acogerse a un programa de promoción. Por su parte, los PSI (profesores sustitutos interinos) acreditados, a su vez, podrán concurrir a las plazas de ayudante doctor que se convoquen.
Un plan necesario para cumplir con la ley
Tal y como ha explicado el rector en Consejo de Gobierno, esta serie de medidas busca la adecuación a la normativa vigente. Los Estatutos de la Universidad, en su artículo 84, obligan a que el porcentaje de profesorado contratado no supere el 49% del total de la relación de los puestos de trabajo.
Por otra parte, las nuevas regulaciones legales exigen a la UPO adoptar diferentes medidas. Así, el Real Decreto 640/2021 de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de Universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios establece en su artículo 7.4 que el profesorado laboral no podrá superar 40 por ciento del total de la plantilla.
Estas exigencias se incrementan en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), actualmente en trámite, que establece en su artículo 52 que la plantilla de las Universidades públicas deberá estar compuesta por 55% de profesorado funcionario y no más de un 20% de profesorado laboral a tiempo parcial.
En la actualidad, la plantilla de la Universidad Pablo de Olavide se compone de un 31% de PDI funcionario y un 69% de PDI contratado, y el PDI contratado a tiempo parcial supone el 47% del total de la plantilla. Esta realidad obliga a tomar medidas con carácter de urgencia, en un marco de debate, consenso y máximo nivel de transparencia.
Dar estabilidad al profesorado
Por otra parte, dentro de la política del equipo de gobierno, se ha considerado prioritario la adopción de medidas para la estabilización de la plantilla. La crisis económica de 2008 y la imposición de una tasa de reposición, unido a la infradotación económica de la Universidad, especialmente en las partidas presupuestarias que permiten contratar profesorado, han provocado como resultado la situación en la que se encuentra la institución en la actualidad, que requiere un esfuerzo adicional político y presupuestario.
En este sentido, desde el Rectorado se lleva más de un año trabajando en esta línea de estabilización del profesorado y se ha negociado con la Administración autonómica y con el resto de las Universidades públicas andaluzas la cesión de tasa de reposición de cara a acelerar la promoción del PDI acreditado. Solo en 2021 se ha acortado el tiempo de espera de 7 a 2 años y se ha reducido la lista de espera en más de un 50%. Las previsiones son que el próximo año esta lista de espera, que en algún momento superó los 200 nombres, haya desaparecido por completo.
Defender los principios de justicia y excelencia
Por último, con este plan, la Universidad Pablo de Olavide busca también proporcionar estabilidad a las personas que inician la carrera de profesora o profesor universitario, un camino exigente que requiere la obtención de una serie de méritos, entre ellos, la realización del doctorado, publicaciones de impacto, estancias en el extranjero, dirección y participación en proyectos de investigación, etc. El objetivo es que estas personas tengan la posibilidad de concursar a plazas en las distintas categorías, a medida que se vayan acreditando.
La vía de acceso para la carrera universitaria, según establece la ley, es el contrato de profesor ayudante doctor. Por lo que el esfuerzo de la Universidad se orientarán a generar el máximo número de contratos de este tipo a fin de que todo el profesorado acreditado, también asociados y profesorado sustituto interino, pueda iniciar su carrera universitaria.
Informe del rector
Por otra parte, Francisco Oliva ha presentado en Consejo de Gobierno el Informe del Rector en el que ha destacado algunas cuestiones que han ocupado a la institución durante el mes de marzo.
Sobre el nuevo modelo de financiación que pretende implementar la Junta de Andalucía, el rector ha indicado que tras la presentación del borrador por parte de la Consejería a los rectores y rectoras, el conjunto de rectores y rectoras andaluces han manifestado su insatisfacción al producirse una clara modificación del modelo original y desaparecer los principios de base que se consensuaron inicialmente, en los que se tenía en cuenta docencia, investigación y personal para medir parámetros como productividad del PDI, del PAS, adecuación oferta-demanda, calidad de la docencia, etc. En este sentido, los rectores y rectoras han manifestado su disconformidad en sendas reuniones de AUPA. Asimismo, se han escrito dos cartas al presidente de la Junta de Andalucía pidiendo que se reciba a los rectores y rectoras para tratar el asunto.
En lo que se refiere a sostenibilidad, política fundamental del equipo de gobierno, el rector ha contado cómo fue el arranque el 10 de marzo de ‘Campus sostenible e innovador’, un proyecto de más de cinco millones de euros que tiene como objetivo implementar tecnologías novedosas que permitan avanzar en la construcción de un campus de futuro más eficiente, habitable y sostenible. El proyecto, abierto a empresas entidades y particulares, optará a ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del instrumento de Compra Pública de Innovación (CPI), fomentando así la innovación como herramienta clave de desarrollo del campus. Más de 50 empresas y asociaciones mostraron interés en participar en el mismo.
En el ámbito de la sostenibilidad, Oliva informa también del inicio de un expediente de contratación para la concesión demanial para la instalación de placas solares, en un proyecto por un valor de más de 2.700,000 euros, así como de la reciente instalación de un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en el campus con descuentos para los estudiantes.
En cuanto a digitalización, el rector ha aludido a la experiencia piloto del voto electrónico en las elecciones al equipo directivo de CEUPO, que espera funcione con éxito esta semana.
En el área de internacionalización, Francisco Oliva ha detallado que el 21 de marzo se presentó la solicitud a la Comisión Europea del proyecto de Alianza Europea de Universidades, una solicitud para la que han trabajado más de 300 personas de distintas nacionalidades, y en el que se ha concurrido con 12 universidades europeas y 6 africanas.
Más información sobre los acuerdos alcanzados:
www.upo.es/organos-colegiados/consejo-de-gobierno/informes-acuerdos-y-actas/acuerdos/2022/
