El Real Decreto-ley 2/2023, aprobado el pasado mes de marzo, establece, entre otras medidas, la inclusión como cotizantes en el Régimen General de la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas de Grado, Máster y Doctorado, y de los Títulos Propios de las universidades, desde el próximo día 1 de octubre (Disposición adicional 52ª). En principio, esta obligación correspondería a las empresas e instituciones públicas que reciben estudiantado en prácticas, pero la misma norma dispone, como excepción, que sean las universidades las que asuman este deber si así se acuerda con cada una de las empresas. Esto supondría para las universidades un gasto inasumible, no solo económico por el elevado número de prácticas anuales gestionadas, sino también en cuanto a recursos materiales y humanos.
CRUE Universidades Españolas, en un llamamiento al que se une la Universidad Pablo de Olavide, solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al menos, que se demore hasta el 1 de enero de 2024 la entrada en vigor de esta medida.
Frente al escaso avance real que la disposición aprobada supone para la protección de derechos del estudiantado, CRUE advierte que el riesgo de colapso del sistema universitario en nuestro país es real, ante la evidencia de que empresas e instituciones, en su gran mayoría, no asumirán las obligaciones económicas ni de gestión que suponen estas cotizaciones. En el caso de la UPO, los afectados son más de 2.400 estudiantes que realizan sus prácticas formativas en 1.200 empresas. CRUE estima en 300.000 los convenios que deberían renegociarse en todas las universidades antes del 1 de octubre, algo inasumible para esta fecha y que impediría a miles de estudiantes completar sus currículos y titularse.
Ante el hecho de que empresas e instituciones podrán reclamar que sean las universidades las que se encarguen de la afiliación del estudiantado en prácticas en la Seguridad Social —alta y cotización—, la CRUE demanda los medios necesarios, entre ellos un software adecuado para la gestión masiva de las altas y bajas en la Seguridad Social, así como una adecuada financiación.
CRUE Universidades Españolas rechaza el proyecto de Estatuto del becario
Paralelamente, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se avanza en la tramitación del Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, que cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT y CC.OO. Esta norma, que mantiene la obligatoriedad de cotizar en la Seguridad Social por el estudiantado en prácticas, añade además el compromiso de la empresa de sufragar los gastos de manutención, transporte y alojamiento, en su caso, y limita el número de estudiantes a recibir por la empresa en función de la plantilla.
La UPO también se suma a la oposición manifestada por CRUE respecto al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas. Se trata de una medida cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas —donde se desarrollan dos terceras partes— dispuestas a acoger estudiantes en prácticas. La Universidad Pablo de Olavide ha realizado, desde sus inicios, un gran esfuerzo para que sus estudiantes completen su formación académica con una formación práctica de calidad, que les acerque a la realidad del mundo laboral y mejore su empleabilidad. Son miles las alumnas y alumnos que, el próximo curso, pueden verse ante la imposibilidad de completar su currículum académico.
