Las universidades públicas de Andalucía han recordado a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que aún faltan 25 millones en el sistema universitario público andaluz para que se cumpla en su totalidad el modelo de financiación aprobado por consenso hace ahora casi un año.
Esta reclamación de las instituciones de educación superior no es nueva, ya que tal y como se acordó en el CAU celebrado el pasado 22 de mayo en Córdoba, el consejero de Universidad, José Carlos Gómez, se comprometía a dar cumplimiento al nuevo modelo de financiación, impulsado por él mismo, antes de que finalizase el año 2024.
Además, los rectores y la rectora de las universidades públicas han puesto de relieve que el reciente acuerdo de la Mesa General de Universidades para poner en marcha los complementos autonómicos del PDI y la carrera horizontal del PTGAS carece aún de la partida presupuestaria correspondiente, por lo que instan a la Junta de Andalucía a que transfiera esos fondos lo antes posible, “para que este avance histórico pueda materializarse en el próximo curso”.
Al hilo de las declaraciones del consejero sobre la financiación universitaria, los representantes de las universidades públicas andaluzas han recalcado que sus instituciones “son un ejemplo de transparencia y eficacia en la ejecución presupuestaria entre el conjunto de las administraciones públicas”. Asimismo, han explicado que su postura respecto a los remanentes acumulados durante los años anteriores “es muy clara”, y solicitan a la Junta de Andalucía que les autorice el uso de estos remanentes, actualmente inmovilizados por el ejecutivo autonómico.
En este sentido, las universidades reclaman el mismo trato que han recibido, por ejemplo, las Entidades Locales, que han podido hacer uso de sus remanentes no afectados para realizar las inversiones que considerasen oportunas dentro de sus competencias. No así en el caso de las universidades públicas, que solo pueden hacer uso de 20 millones anuales a repartir entre las diez instituciones académicas, según la limitación impuesta por la Junta.
Por último, la rectora y los rectores andaluces han explicado que “es mejor no dar nada por sentado respecto a esta cuestión”, rememorando los 135 millones que la Junta de Andalucía le recortó a las universidades públicas en 2020, casi un 10% de su presupuesto, a cuenta de los remanentes universitarios que el propio gobierno andaluz mantenía inmovilizados. Por lo que han insistido en que “lo más eficiente sería liberar estos fondos ya, para poder mejorar la competitividad y la calidad del sistema universitario público”.
