La Universidad Pablo de Olavide y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía han firmado dos convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas externas por parte del alumnado de la universidad en centros y servicios de justicia juvenil; y en el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA).
La firma de los convenios, celebrada en la mañana de este viernes en el Rectorado de la UPO, ha contado con la firma por parte de la Universidad, del rector, Francisco Oliva Blázquez; y por parte de la Junta de Andalucía, del consejero de Justicia, Administración Local y Fundación Pública, José Antonio Nieto Ballesteros. Además, también han estado presentes el vicerrector de Grado y Máster de la UPO, David Naranjo Gil; y el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla, Francisco Javier Millán de Cózar.
Durante el acto, Francisco Oliva ha manifestado la importancia de la firma de estos convenios, ya que desde que se implantó el sistema Bolonia las prácticas se han convertido en parte de los planes de estudio y ello supone un avance fundamental en el sistema educativo. Además, para la Olavide, “que cuenta con estudios de Derecho, de Criminología, de Ciencias Políticas, de Trabajo Social, etc, esta primera experiencia laboral a través de las prácticas va a ser muy importante para crear vocación”. Por último, Oliva ha destacado la puesta en marcha en la universidad del programa GO-UPO, con el que se intenta transmitir al estudiantado las habilidades necesarias para desenvolverse en el mercado laboral antes de la realización de las prácticas y que se ha convertido en parte fundamental de la formación integral del alumnado.
Por su parte, José Antonio Nieto, ha destacado que con estos convenios “doblamos el número de plazas para las prácticas y abrimos más espacios a los alumnos de Derecho, Trabajo Social, Psicología o Educación Social para completar su formación en centros gestionados por la Junta». Así, a los centros de menores infractores se suman, por primera vez, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía y los Puntos de Encuentro Familiar. En total una treintena de estudiantes se beneficiarán este curso. “Recibimos mucho de las universidades, nos aportan análisis y estudios y tenemos la obligación de compensarlo colaborando con ellas para que se pueda completar la formación curricular de los estudiantes y conozcan un ámbito laboral en el que necesitamos profesionales muy cualificados, especializados y, en el caso del trabajo con los menores infractores, con una vocación indiscutible”, ha añadido.
A través de estos convenios de cooperación educativa ambas instituciones manifiestan el interés común de ofrecer al estudiantado una formación integral a través de una formación que combine la teoría y la práctica. Por ello, tanto la Universidad como la Consejería, trabajarán para la organización de prácticas externas en los servicios pertenecientes a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ofreciendo al alumnado la posibilidad de participar en la realidad cotidiana de los profesionales que trabajan en estos servicios.
Las prácticas, gestionadas a través del Área de Prácticas en Empresas de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, podrán ser prácticas curriculares (aquellas que tienen su origen en los diferentes planes de estudio y que por tanto son obligatorias para los estudiantes) o prácticas extracurriculares (aquellas que los estudiantes realizan con carácter voluntario, durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines, no están incluida en los planes de estudio de las diferentes titulaciones).
Fuente: Fundación Universidad Pablo de Olavide
