Institucional

La Universidad Pablo de Olavide contará en 2025 con un presupuesto de 115 millones de euros

El Consejo Social ha aprobado este jueves unas cuentas elaboradas con el objetivo de garantizar la viabilidad y la sostenibilidad económica y financiera de la Universidad, con una estimación prudente de ingresos y gastos ante la incertidumbre presupuestaria

Sesión del Consejo Social en la que ha sido aprobado el presupuesto para 2025
Sesión del Consejo Social en la que ha sido aprobado el presupuesto para 2025

El presupuesto de la Universidad Pablo de Olavide para 2025 asciende a la cantidad de 115.087.886,38 euros, lo que supone un incremento del 9,69 por ciento respecto a este año. El aumento en las cuentas para 2025 obedece mayoritariamente al crecimiento previsto en la financiación operativa, destinado a atender los gastos de personal y el incremento de costes en el funcionamiento y el mantenimiento de los servicios básicos del campus, debido al incremento del IPC. Francisco Oliva ha resaltado la paradoja que supone que “a pesar de este aumento, la Universidad no pueda cumplir con los compromisos del capítulo I, va a a ser un año difícil”.

Vicente Martín González, presidente del Consejo Social, Concepción Martín Brenes, gerente de la Universidad; y Francisco Oliva Blázquez, rector de la Pablo de Olavide.
Vicente Martín González, presidente del Consejo Social, Concepción Martín Brenes, gerente de la Universidad; y Francisco Oliva Blázquez, rector de la Pablo de Olavide

Para entender este contraste, hay que tener en cuenta que las universidades ingresan por una parte dinero para gastos corrientes, financiación general, y por otra obtienen financiación finalista, destinada a proyectos y programas específicos. Así, de la financiación general, que asciende a 95.633.442,55 euros para el próximo año, se destina a gastos de personal y a suministros básicos en bienes y servicios el 93,29% del total de operaciones corrientes. “Esto da una idea de la enorme restricción que tenemos en el campus para llevar a cabo políticas universitarias”, ha declarado el rector durante la presentación del presupuesto en Consejo de Gobierno. De estos gastos, los destinados a personal (capítulo I), se han incrementado un 3,86%, cantidad insuficiente para cumplir con los complementos autonómicos del PDI, la carrera horizontal del PTGAS o los trienios reconocidos según la Ley de Función Pública. A este respecto, Francisco Oliva ha afirmado su “esperanza y deseo en que la Junta de Andalucía elabore una hoja de ruta para cumplir con los acuerdos firmados con universidades y sindicatos, y con el modelo de financiación”.

La previsión de financiación finalista, destinada a la ejecución de subvenciones y proyectos de I+D+i, asciende a 19.454.443,83 euros, un 16,9% del total. Dentro de esta partida de financiación destaca el ‘Programa María Goyri’ gracias al cual la Pablo de Olavide podrá incorporar 49 plazas de profesorado ayudante doctor, financiadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; a las que se sumarán 32 plazas sufragadas por la Junta de Andalucía. Francisco Oliva ha destacado la importancia de este acuerdo entre ambas administraciones, que permitirá incorporar profesorado joven al campus y que el personal docente e investigador prosiga en su carrera académica.

Para el desarrollo de microcredenciales, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Universidad dispondrá el próximo año de 428.985 euros. Esta cantidad está destinada a diseñar programas de formación breves, flexibles y modulares para la recualificación en todo tipo de ámbitos profesionales.

La Universidad Pablo de Olavide incluye en su Presupuesto para 2025 objetivos de igualdad de género en todos sus ámbitos de actuación. De este modo, y como viene haciendo desde hace dos años, trata de que las políticas universitarias, ya desde la previsión de gastos, contribuyan a la igualdad real entre mujeres y hombres. Como novedad, y con la idea de avanzar hacia una presupuestación más sostenible, se implementará en 2025 gracias a un proyecto concedido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un sistema de generación de conocimiento que permita evaluar las políticas y programas alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).