El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, en sesión extraordinaria, aprobó el pasado viernes elevar al Consejo Social una propuesta de asignación individual de los complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador, tanto funcionario como laboral, regulados en el Decreto 134/2024 de 30 de julio. Hacer realidad este reconocimiento económico, por la calidad y la mejora del sistema universitario gracias a la gestión realizada, ha sido posible a raíz del acuerdo alcanzado entre las universidades públicas y la Junta de Andalucía, de cuyo alcance y detalles informó el rector en Consejo de Gobierno.

Francisco Oliva enfatizó las diferencias de este acuerdo respecto a los anteriores: es fruto de una negociación llevada a cabo con la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, junto a la de Universidades, y que cuenta con el aval de la Consejería de Hacienda. Por tanto, el acuerdo de financiación extraordinaria para 2025 del sistema público universitario cuenta con el máximo respaldo institucional.

El consenso se ha alcanzado sobre los siguientes conceptos. Las universidades recibirán en 2025 financiación para dar cumplimiento a los complementos autonómicos del PDI, en virtud de la convocatoria de 2024, y a la primera anualidad del pago de la carrera horizontal del PTGAS, una vez que esta haya sido evaluada y cuantificada. En los próximos dos años, 2026 y 2027, los campus recibirán la cuantía necesaria para cubrir los importes devengados de la aplicación de los acuerdos correspondientes al año 2024. El rector puso cifras de lo que supone esta financiación a nivel andaluz, casi 50 millones de euros para los años 2024 y 2025, de los que 1,2 millones corresponden a la Pablo de Olavide.

“No es ningún regalo, se trata de reconocer el buen trabajo realizado por el profesorado y el personal técnico y de administración de las universidades andaluzas” declaró Francisco Oliva, que informó a continuación de la segunda parte del acuerdo alcanzado. Una comisión técnica trabajará hasta el 30 de junio para tratar el resto de las cuestiones pendientes entre los rectorados públicos andaluces y la Junta. El rector puso así de relieve que la negociación ha incluido la financiación de todos los temas que restan por solventarse: trienios reconocidos según la Ley de Función Pública, sexenios y quinquenios, cálculo del crecimiento vegetativo, consolidación de la envolvente financiera del sistema universitario, etc.

“El respeto a las instituciones es un principio fundamental para mí, pero los acuerdos deben cumplirse” declaró el rector, en referencia a los acuerdos firmados en junio de 2024 en el seno de la Mesa General de Universidades, órgano de negociación que se reunirá próximamente, anunció Oliva, ya que lo pactado entonces, y hecho realidad ahora, contó con la participación de las centrales sindicales.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, y portavoz de las Universidades Públicas de Andalucía, valoró positivamente el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Junta “que soluciona cuestiones de gran interés para el personal de las universidades (…), queda mucho trabajo aún por realizar, pero tenemos que felicitarnos por el acuerdo alcanzado en un marco de diálogo sincero”. No obstante, Francisco Oliva quiso también recordar que la financiación extraordinaria acordada comprende exclusivamente partidas para el capítulo I, sigue pendiente “la cuestión de fondo, una financiación adecuada y suficiente para un sistema público andaluz de calidad, que contemple infraestructuras e investigación”.