Rafael Rodriguez Prieto, Universidad Pablo de Olavide

Los bulos, o noticias falsas, y las campañas de desinformación constituyen una amenaza real que es lógico que preocupe a España y a la UE, especialmente si se tiene en consideración la intervención de potencias extranjeras, entre las que destaca Rusia, en procesos electorales y campañas de desestabilización. Es, por tanto, un tema no solo de seguridad nacional, sino que incluso implica la propia supervivencia del proyecto europeo.

Dicho esto, que justificaría la toma de medidas con el concurso de departamentos de inteligencia para la protección de un país, un uso extensivo de este tipo de medidas en clave interna podría suponer una clara extralimitación del Ejecutivo. Contamos con antecedentes que no son tranquilizadores.

En este contexto, la controvertida Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publicó el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional español, podría ser tanto una oportunidad perdida como un riesgo para la democracia.

El Gobierno de España justifica esta medida con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos por la Unión Europea en el Plan de Acción para la lucha contra la desinformación, aprobado en el Consejo Europeo los días 13 y 14 de diciembre de 2018.

No se ha de olvidar que este Gobierno presentó un polémico estado de alarma y propuso una reforma de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que fue considerada por muchos sectores como un ataque a la separación de poderes. Olvidar estos precedentes, junto con una gestión de la pandemia de la covid-19 no sometida a escrutinio independiente, sería irresponsable.

Hace unos pocos días, el Departamento de Seguridad Nacional reunió al sector más directamente afectado, ya que asociaciones, empresas de verificación y otros actores destacados habían denunciado que no se les había, ni tan siquiera, consultado. Según informaciones periodísticas, la reunión fue tensa.

¿Un Ministerio de la Verdad?

Posteriormente, el PP presentó un recurso en la Audiencia Nacional contra el órgano que algunos medios y personas han denominado como el Ministerio de la Verdad. ¿Estaría justificado este calificativo de reminiscencias orwellianas? Si se trata de dirimir qué es la veracidad y la desinformación, existe desde hace años una jurisprudencia constitucional en la que han profundizado un relevante número de juristas.

El Tribunal Constitucional, en la STC de 6/1988, de 21 de enero, estableció que la veracidad no se corresponde con la verdad, sino que más bien se vincula a un deber de diligencia del informador y contraste de datos.

De hecho, contamos con una calificación constitucional para el bulo, desinformación o “noticia falsa”, gracias al Tribunal Constitucional en su STC 171/1990, de 5 de noviembre,, donde se señala que el ordenamiento no ampara a quien actúa negligentemente o comunica rumores, invenciones o insinuaciones, ni tampoco, en otra sentencia, a quién use apelativos injuriosos innecesarios en la labor informativa.

Debe tenerse en consideración la mezcla entre opinión e información. Como señala el jurista Juan José Solozábal, no hay juicios de valor sin referencia a hechos; la propia forma de presentar la segunda conlleva un filtro subjetivo. O, como ha advertido Aurora Labio, la supeditación a la publicidad de la estructura empresarial de los medios está priorizando el entretenimiento en perjuicio de las noticias veraces.

Ponderar entre información y juicios de valor

En la STC 219/1992, de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional defiende que la ponderación de la libertad de información frente a otros derechos requiere que en las noticias se diferencie entre información y juicios de valor.

Sin embargo, no resulta fácil. Especialmente, en un panorama donde la crisis de los medios ha limitado el periodismo de investigación y aumentado proporcionalmente el número de tertulianos. Los perjuicios de generar sobre todo opinión, que pueda ser replicada sin mayor reflexión, en vez de información –más costosa y elaborada– han sido analizados por intelectuales como Carlos Taibo.

Este último hecho nos conduce a la segunda cuestión. Si el Gobierno está preocupado por la desinformación, ¿por qué no reforma las normas que consagran un duopolio televisivo –que además ha contado con cuantiosas ayudas económicas durante la pandemia– como la vigente Ley General Audiovisual 7/2010? ¿Por qué no refuerza el pluralismo informativo facilitando el desarrollo de empresas de comunicación y evitando la precariedad laboral en el sector? ¿Por qué no promociona medios cooperativos y participados directamente por la ciudadanía? ¿Por qué no establece criterios transparentes en la planificación y compra de espacios en medios de comunicación por parte de organismos públicos?

O, por recurrir a algo mucho más rápido y sencillo, ¿por qué no elimina las ruedas de prensa donde no se permite preguntar a los profesionales? La inexistencia de respuesta a estas cuestiones pudiera indicar tanto que la voluntad de Gobierno no es clara, como que nos encontramos con una oportunidad perdida para limitar la influencia de la desinformación.

En lo que respecta al ámbito público, sería razonable interrogar al Gobierno si este control va a comprometer sus apoyos en el Congreso. ¿Es que TV3 o ETB no se verán afectadas por esta medida contra la desinformación? Cada vez se hace más evidente la necesidad de dotar a los profesionales de medios públicos de herramientas que preserven su independencia y alejen el control partitocrático, tantas veces denunciado por los periodistas, por ejemplo en el caso de RTVE.

Desinformación difícilmente controlable

La propia naturaleza de la desinformación la hace difícilmente controlable, si no se asume una reducción de la libertad de expresión, lo que podría afectar a nuestros derechos y libertades fundamentales.

En consecuencia, las medidas tienen que dirigirse al fortalecimiento de aquellos vehículos de información que respeten el principio de veracidad y fortalezcan el pluralismo informativo y valorativo, a la vez que se forma a la ciudadanía en el uso de Internet.

Nuestros estudiantes tienen derecho a que se les instruya sobre las enormes posibilidades de internet, pero también se les avise de sus riesgos y límites. El conocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía en internet se podría aprender en la escuela y, posteriormente, a través de campañas de formación cívica. Desentenderse de esta necesidad social es como cuando no se prestaba atención a la educación sexual.

Una intervención de este tipo estaría justificada ad extra, es decir, con el fin de evitar campañas de desinformación o desestabilización de agentes extranjeros. Sin embargo, se supone que esa es una función de los servicios de inteligencia. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, no parece que un control de la información en el interior pueda ayudar, sino más bien comprometer valores básicos del ordenamiento. Mientras tanto, el periodismo precisa de la resolución de cuestiones fundamentales que comprometen su futuro.

En un ambiente preocupante por las colas del hambre o la alarmante situación de las residencias de ancianos, se pudiera correr el riesgo de que las noticias críticas con el Gobierno puedan ser consideradas desinformación, lo que conllevaría una evidente restricción de derechos fundamentales.

El periodismo y el pluralismo, tanto de informaciones como de voces, ha de preservarse. Su deterioro supone degradar una de las profesiones más importantes de una democracia, lo que sería un perfecto reflejo de la decadencia de nuestro modelo social.

Rafael Rodriguez Prieto, Profesor Titular de Filosofía del Derecho y Política, Universidad Pablo de Olavide

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.