No basta con aprobar una Ley de Transparencia, porque el papel lo aguanta todo. Hay que garantizar su aplicación real en beneficio de los ciudadanos. El experto Félix Ontañón, consultor independiente en Open Government, Open Data y Open Source, además de cofundador de Openkratio, alerta de que, en materia de transparencia, España “está más cerca de China o Zimbabwe que de la mayoría de nuestros socios europeos”. Y es que la Ley de Transparencia, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2014, “ocupa el puesto 70 de 102 leyes analizadas por la iniciativa RTI-Rating”, señala.
Félix Ontañón ha realizado estas declaraciones en el marco de la tercera edición del curso de verano “Gobierno abierto y reutilización de la información pública en el ámbito local”, que hoy se clausura en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona y que se imparte bajo la coordinación de la doctora Alicia Troncoso, vicerrectora de TIC, Calidad e Innovación de la UPO, donde Ontañón ha dirigido un taller práctico titulado “Reutilización de la información pública: un caso práctico”.
Este experto en gobierno abierto recuerda que España “viene comprometiéndose desde 2012 con la “Alianza para el Gobierno abierto” a tomar medidas en este sentido”. Se trata de un organismo internacional fundado por países como Estados Unidos o Brasil para elaborar y evaluar buenas prácticas de Gobierno Abierto y para asesorar a países que quieran implementar estas políticas. No obstante, denuncia que “ni la ciudadanía ni las organizaciones ciudadanas por el gobierno abierto estamos satisfechos”, ya que los dos planes presentados por España a la Alianza “distan mucho de comprometer políticas específicas para mejorar la participación y la colaboración ciudadana”, explica. En cuanto a la transparencia –añade- la Ley o Portal de Transparencia “dista muchísimo de resultar en unas nuevas obligaciones para la Administración y derechos ciudadanos de calidad”.
A juicio de este experto, España ha de “reforzar la legislación en materia de transparencia y participación ciudadana” con una reforma que “reconociera el derecho de acceso a la información como derecho fundamental” como primer paso, algo que “ya ocurre en Brasil o Finlandia”, destaca. Asimismo, es preciso “reforzar mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa legislativa popular, consultas y referendos, haciéndolos vinculantes a iniciativa ciudadana”. Ontañón considera que “no son locuras”, pues “países tan dispares como Suiza, algunos estados de EEUU o Brasil llevan ya un largo recorrido en este tipo de mecanismos”.
En esta línea, defiende que la implantación de herramientas de gobierno abierto, de las que España carece en la actualidad, suponen no sólo un paso más en la mejora de la calidad democrática de los países, sino también “poner en manos de la gente algo más que un cheque en blanco a nuestros representantes cada cuatro años”.
Transparencia de los gobiernos y administraciones públicas, participación ciudadana en las políticas públicas y colaboración entre la Administración y los agentes sociales son las tres claves fundamentales del gobierno abierto. España aún está lejos de alcanzar unos parámetros ideales en este sentido. Como prueba de ello, Félix Ontañón explica que, con una Ley de Transparencia de reciente aprobación, “el propio Consejo de Transparencia ha elevado una queja a los ministerios porque considera que ni siquiera se está respondiendo con garantías legales a las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos”, concluye.
