El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración para reeditar el foro de reflexión y debate que bajo el título “Terapia contra la Corrupción” se celebró en marzo de 2016 y en el que se analizaron diversos aspectos de este grave problema que actualmente sufren la sociedad y los poderes públicos. En concreto, este acuerdo se ha suscrito con José Moya Sanabria, presidente del Centro de Debate y Desarrollo, de Andalucía; Nuria Basi, presidenta de la Fundació Privada Grup Set; y Ana Arillo, presidenta de la Fundación Alhambra.
El convenio promueve, en el ámbito académico, la programación y realización de actividades de investigación, formación y divulgación sobre el tema “Terapia contra la Corrupción” de manera que está previsto el desarrollo de un nuevo foro en 2017 desde la perspectiva de lege data, es decir, analizando los mecanismos sociales, políticos y jurídicos de persecución de la corrupción en distintos países; así como el impulso para una nueva jornada en 2018 desde la perspectiva lege ferenda, mediante la elaboración de una propuesta concreta para un eficaz tratamiento de la corrupción.
Tanto el rector de la UPO como los representantes de las entidades firmantes han mostrado su satisfacción tras la firma de este acuerdo que parte del análisis de los valores en la sociedad civil, la ética en los negocios y la honestidad en la política para valorar las consecuencias de la corrupción, como son la delincuencia, las pérdidas económicas, la opacidad y la frustración colectiva. Como han señalado los firmantes del convenio, estas instituciones creen en la idea de que no sólo se lucha contra la corrupción con el Código Penal, sino sobre todo con valores, honradez política, ética empresarial y compromiso cívico, principios que hay que generar desde la educación temprana.
Vicente Guzmán ha querido destacar la necesidad de ampliar a los ámbitos de la formación y la investigación el foro “para transformar nuestra sociedad. No se trata únicamente de un objetivo teórico o interno para los docentes, sino que pretendemos lograr instrumentos para que los casos de corrupción vayan desapareciendo. Los sistemas de cumplimiento normativo, el añadido de los valores al conocimiento mediante un código ético y su incorporación a los planes de estudio, son avances en la lucha contra la corrupción”. Finalmente, el rector ha agradecido el compromiso de las entidades firmantes con el proyecto “para trabajar sobre un tema que ocupa y preocupa a la sociedad civil”.
Por su parte, Ana Arillo ha destacado el compromiso de la Fundación Alhambra con los problemas actuales y ha coincidido en señalar la importancia de la educación de las generaciones futuras “para que no vivan esta desesperanza e insatisfacción actuales”. Por su parte, Nuria Basi ha señalado que “la sociedad necesita a las universidades para trabajar en el tema de la corrupción” y ha felicitado a los presentes por culminar el trabajo de un año y medio en este convenio. Finalmente, José Moya Sanabria ha querido destacar la movilización que para la sociedad civil supone este acuerdo, “que es uno de los objetivos de nuestra asociación. En concreto, tenemos especial interés en focalizar este tema en la juventud porque creemos que son la solución de estos problemas”.
El Centro de Debate y Desarrollo de Andalucía es una asociación andaluza formada por un grupo de profesionales de la empresa, la dirección, la ciencia, intelectuales, profesorado de universidad y periodistas, preocupado por la crisis institucional que vive el país y que quiere convocar a las capas más dinámicas de la sociedad para promover el desarrollo económico y social mediante la regeneración de la vida pública.
La Fundació Privada Grup Set fue creada en 1987 en Barcelona por siete mujeres empresarias y profesionales con la idea de fortalecer y promover la sociedad civil. De esta forma, crearon un grupo para hacer de portavoz en temas de interés y constituyeron la fundación en 1993.
La Fundación Alhambra promueve la investigación, enseñanza y difusión de la identidad, la historia y la cultura del pueblo andaluz dentro fuera de Andalucía. Asimismo, apoya a los sectores involucrados en los movimientos migratorios del pueblo andaluz, especialmente en lo que se refiere a derechos humanos, asistencia social e inclusión social.
