Daniel Oto-Peralías, Universidad Pablo de Olavide
En el imaginario colectivo español, los señoríos del Antiguo Régimen (XVI-XIX) gozan de mala fama. Se trataba de una forma de ordenación territorial de la península ibérica de origen medieval, por la cual las tierras y sus habitantes quedaban sometidos a un titular privado. Según quién ejerciera los derechos jurisdiccionales, estos podían ser nobiliarios, eclesiásticos o de órdenes militares, mientras que las tierras no sometidas a dicho régimen se consideraban de realengo.
Como escribía a principios del siglo XX el historiador Claudio Sánchez-Albornoz: “al solo nombre oído se alzan en la mente castillos almenados con mazmorras sombrías y horcas sangrantes adornadas con despojos humanos…”.
El refranero castellano ofrece ejemplos (menos siniestros) de esta mala visión de los señoríos, como “en lugar de señorío no hagas tu nido” o “en tierra de señorío ni lo que piso es mío”.
Pero ¿eran tan temibles los señoríos? ¿Se vivía peor en los señoríos que en los lugares de realengo, pertenecientes a la Corona? Más importante aún: ¿han tenido un legado económico negativo los señoríos del Antiguo Régimen?
El legado económico del régimen señorial
La mitad de la población española en el Antiguo Régimen era vasalla de un señor, quien ejercía amplias competencias jurisdiccionales. Los señores nombraban a cargos y oficios concejiles, juzgaban en segunda instancia, establecían ordenanzas y podían disfrutar de ciertos monopolios sobre actividades económicas. Además, solían recaudar tributos cedidos por la Corona y eran, a veces, grandes propietarios.
En un trabajo reciente recopilo datos de los más de 20 000 pueblos recogidos en el Censo de Floridablanca de 1787 para responder a estas preguntas. Lo primero que hago es analizar si los municipios que fueron señoríos nobiliarios son en la actualidad más pobres que los de realengo. Encuentro que, efectivamente, los antiguos pueblos de señorío tienen un 4 % menos de renta per cápita, menos vehículos por persona y menor nivel educativo, y además experimentaron un menor crecimiento demográfico en el siglo XX.
¿Por qué los antiguos lugares de señorío son relativamente más pobres en la actualidad? Quizás simplemente se deba a que eran originariamente más pobres y menos poblados. Desafortunadamente, se presenta aquí un problema: es prácticamente imposible saber cómo eran inicialmente los lugares concedidos en señorío para el conjunto de España, ya que muchos de ellos se remontan a la Alta Edad Media.
Granada: último territorio repartido en señoríos
Para abordar este problema, me centro en los señoríos granadinos, creados por los Reyes Católicos tras la conquista de Granada. La concesión de estos señoríos fue precipitada y careció de sistematicidad, por varias razones: el apremio por recompensar a los nobles que habían prestado ayuda en la guerra, el desconocimiento del terreno y la confusión generada por los topónimos locales.
El carácter improvisado y asistemático de la concesión de estos señoríos es fundamental, ya que permite compararlos de forma rigurosa con las tierras de realengo. Así, exceptuando los grandes núcleos urbanos reservados a la Corona, los señoríos granadinos fueron inicialmente equivalentes a las localidades de jurisdicción real.
Los hallazgos obtenidos resultan contraintuitivos: durante la segunda mitad del siglo XVIII, los pueblos de señorío presentaban niveles de población, desarrollo y condiciones de vida análogos a los de realengo.
Asimismo, no se observa en ellos una mayor desigualdad social, factor determinante para el desempeño económico de largo plazo. Es más, los lugares de señorío experimentaron un crecimiento demográfico similar a los de realengo durante el siglo XIX y la primera década del XX. No fue hasta la segunda década de dicho siglo cuando los antiguos señoríos iniciaron una senda de menor crecimiento, que se ha prolongado hasta la actualidad.
Menor presencia del Estado central en los señoríos
Surge entonces el interrogante de por qué el legado negativo de los señoríos se manifestó tan tardíamente, casi un siglo después de su abolición. La respuesta puede residir en el hallazgo principal del estudio: la escasa presencia de la administración regia en estos territorios. Estos contaban con menos empleados con sueldo real y menos establecimientos de la Corona y oficinas de Correos.
En la transición al Estado liberal en el siglo XIX, los antiguos lugares de señorío fueron con menor frecuencia elegidos sede de partido judicial y de casas cuartel de la recién creada Guardia Civil. Además, continuaron albergando menos oficinas de Correos durante todo el siglo XIX y también menos servicio telegráfico a comienzos del XX.
En suma, la infraestructura del Estado central fue menor en los señoríos, una característica que persistió durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX. Existe también evidencia de que la información y las reales órdenes fluían mejor en los lugares de realengo que en los de señorío y las actas de las Cortes de Castilla revelan quejas frecuentes de las poblaciones de realengo sobre la actitud laxa de los señores respecto al cumplimiento de las órdenes de la Corona.
El papel cambiante del Estado en el crecimiento económico
Esta menor presencia y capacidad del Estado no fue un problema para los lugares de señorío durante el Antiguo Régimen, cuando la Administración regia apenas prestaba servicios ni invertía en los municipios. En realidad, la autoridad señorial podía ser ventajosa al hacer de contrapeso frente a las excesivas demandas de la Corona.
En cambio, en el siglo XX, particularmente a partir de su segunda década, el Estado empezó a invertir mucho más para promover el desarrollo económico del país, principalmente en infraestructuras y educación. Los antiguos pueblos de señorío comenzaron a crecer menos justo cuando el Estado empezó a aumentar notablemente el gasto público. Ello sugiere que los pueblos de señorío quedaron rezagados porque se beneficiaron menos de dicha inversión pública al contar con lazos más débiles con el Estado.
Resulta un tanto paradójico que fueran los descendientes de los antiguos vasallos, en lugar de estos, quienes más sufrieran las consecuencias económicas de los señoríos, y ello debido a un rasgo institucional –la limitada capacidad del Estado para cubrir esos territorios– que cobró especial relevancia tardíamente, cuando el Estado empezó a desempeñar un papel desarrollista.
Daniel Oto-Peralías, Associate Professor of Economics, Profesor Titular de Economía, Universidad Pablo de Olavide
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
