Desde el inicio de la crisis, los españoles han soportado el deterioro económico del sistema; sin embargo, según señala Joaquim Bosch, además “ha ido acompañado de un impacto negativo en el ámbito de los derechos, como el derecho a la vivienda o buena parte de los derechos sociales”. En el ámbito laboral, la esfera de protección jurídica de los trabajadores “se ha reducido a su mínima expresión”. Asimismo, “se han aprobado diversas reformas que han recortado las libertades de manera muy intensa. En conjunto en los últimos años, se ha producido el mayor retroceso de derechos y libertades de la historia de nuestra democracia”, ha sostenido Bosch.
Joaquim Bosch es jurista y magistrado español que desde 2012 a 2016 ocupó el cargo de portavoz nacional de ‘Jueces para la Democracia’. Esta organización de juristas –la tercera en número de integrantes– se fundó en 1982 y desde entonces se ha caracterizado por su línea progresista, así como la defensa de la independencia del poder judicial. El jurista ha realizado estas declaraciones en el marco del curso ‘Periodismo y redes sociales’ que se desarrolla en la Sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, dentro de la XV Edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide.
Según el magistrado, el Estado de Derecho tiene que ser capaz de “garantizar” la separación de poderes en un momento en el que “existen importantes injerencias desde el ámbito político” a causa de los crecientes casos de corrupción. “Las maniobras para intentar controlar el poder judicial están generando un enorme malestar en amplios sectores de la judicatura”, ha añadido, que señala como “asignatura pendiente” de la democracia española “la falta de medios para que los juzgados puedan resolver los asuntos en plazos razonables”.
En las últimas semanas, los medios de comunicación se hacían eco de que más de 1.200 personas eran multadas al mes por “faltas de respeto” a la autoridad. Estas multas se amparaban en la ‘Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana’, la llamada ‘Ley Mordaza’ que fue aprobada en 2015 con los votos del Partido Popular y la oposición del resto de grupos parlamentarios. Según Bosch, la promulgación de esta ley se relaciona con los problemas económicos del país.
“En un contexto de numerosas protestas ciudadanas, en lugar de propiciarse desde el poder político un amplio debate sobre el origen, naturaleza y tratamiento de la crisis, se optó por criminalizar la disconformidad. Como si el ciudadano que discrepa fuera el enemigo”, ha afirmado. Bosch, además, añade que el poder judicial, anteriormente “había amparado en líneas generales las muestras de discrepancias sociales al ser ejercidas desde los derechos constitucionales vinculados a la crítica”. Por ese motivo, “se impulsó una norma con numerosos castigos administrativos, basados en multas desorbitadas, que permite al Gobierno eludir inicialmente el control judicial en materia de derechos fundamentales. Así, el poder político se ha convertido en juez y parte sobre las críticas que les afectan”.
Los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación están generando nuevos espacios de asamblea ajenos al control del Ejecutivo y al filtro que los medios de comunicación realizan sobre las protestas ciudadanas. “Se trata de un espacio que no permite el mismo control que se puede ejercer en buena parte de los medios tradicionales; fenómenos como el de la indignación social no podrían explicarse sin las nuevas tecnologías, los espacios virtuales y las redes sociales”, ha aseverado Bosch.
“Si se aprueban normas para castigar la protesta ciudadana, no nos puede sorprender que una parte sustancial de su impacto se produzca en las redes”, ha señalado Bosch, que ha resaltado que desde el Ministerio del Interior se “han practicado actuaciones selectivas, con un visible oportunismo, con la finalidad de escenificar un determinado discurso de orden público que satisface bastante a algunos sectores de la sociedad que han apoyado al gobierno actual”.
Joaquim Bosch ha señalado también que cree “firmemente” en la independencia del poder judicial en los órganos judiciales de base, a los que los jueces acceden a través de oposición y concursos reglados, “sin deber el cargo a nadie”. Sin embargo, “la cuestión se complica en la composición de los altos tribunales y de los organismos de gobierno judicial en los que el poder político ha podido intervenir de forma directa o indirecta. En algunos casos, ya ni se disimula el reparto de las cuotas entre los principales partidos, a pesar de las críticas de las instituciones europeas o del descontento de la mayor parte de la judicatura”.
Por último, el magistrado y ex portavoz nacional de ‘Jueces para la Democracia’, ha concluido advirtiendo que: “No debemos consentir la erosión de la separación de poderes porque es la base de cualquier Estado de Derecho con credibilidad institucional”.
