La trata de seres humanos, que ha sido llamada “la nueva esclavitud del siglo XXI”, constituye una forma de delincuencia que atenta contra los derechos humanos más elementales de la persona, convirtiendo a su víctimas en simples mercancías, objeto de transacción y ganancia, produciendo sobre ellas efectos absolutamente demoledores como son la anulación de la autoestima y de la capacidad de reacción, de tal forma que, muchas son incapaces de reconocerse como tales y sufren secuelas físicas y psicológicas de por vida. Así de rotunda se muestra Natividad Plasencia Domínguez, fiscal delegada de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Sevilla.
Según los datos de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, desde la introducción del delito de trata en nuestro Código Penal, se han dictado en nuestro país un total de 111 sentencias condenatorias por este delito, “lo cual obviamente no se corresponde con el número de procedimientos judiciales incoados, que en muchos casos han sido sobreseídos o concluyen con sentencia absolutoria ante la dificultad de la prueba de esta tipología delictiva”, puntualiza la fiscal.
Natividad Plasencia ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación en el curso “La situación de la víctima de trata en tiempos del Covid-19”, que se está realizando dentro del programa formativo de los cursos de verano de Olavide en Carmona, en el que ha participado en la mesa redonda “Estrategia institucional ante la trata en tiempos del Covid-19”, junto a Fernando González Sánchez, inspector de Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla y Lucía Millán Moro, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UPO. Este curso está patrocinado por Interiuris, el Instituto Andaluz de la Mujer, Demiusar, la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol.
Este curso ha sido inaugurado por Lucía Millán Moro; Laura Fernández Rubio, directora del Instituto Andaluz de la Mujer y Pilar Sepúlveda García de la Torre, vocal del Consejo General del Poder Judicial. En dicho acto, la directora del IAM ha asegurado que Andalucía tendrá por primera vez una Estrategia Contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2021-2024, que tiene como finalidad dotar al Gobierno andaluz de un instrumento que siente las bases de actuación para sensibilizar, prevenir, erradicar y minimizar las secuelas de esta violencia que sufren las mujeres y niñas.
Esta estrategia, que aprobará en breve el Consejo de Gobierno, “se sustenta en varios ejes de actuación que incluyen la investigación, formación, prevención, sensibilización, visibilización, detección e identificación de situaciones de trata, cooperación y coordinación, y asistencia, atención y protección de las víctimas. Es un instrumento que permitirá coordinar los esfuerzos que administraciones públicas, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil vienen realizando en la lucha contra la trata”, según Fernández Rubio.
En esta línea, la fiscal asegura que España es fundamentalmente un país de destino o tránsito de víctimas de trata. La trata de mujeres extranjeras, pobres y muy vulnerables para ser esclavizadas en el mundo de la prostitución continúa siendo la modalidad de mayor extensión cuantitativa y gravedad cualitativa en España: “No en vano, la trata es lo que mayores beneficios económicos proporciona a las organizaciones y grupos criminales transnacionales”.
Natividad Plasencia informa, además, que en España también existe la trata de hombres y mujeres provenientes de distintas regiones del mundo para ser explotados en trabajos de todo tipo (en hostelería, servicio doméstico, agricultura, venta ambulante, industria textil, etc.), para dedicarlos forzadamente a la mendicidad, e, incluso, para obligarles a la comisión de delitos, como son las plantaciones de estupefacientes indoor. “También se han detectado casos de niñas entregadas en matrimonios forzosos. Así, cuantitativamente, y según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020, de los 185 procedimientos incoados en 2019, 131 se referían a supuestos de trata con fines de explotación sexual”.
Sobre la procedencia de las víctimas de explotación sexual, la mayoría son mujeres nigerianas, en el caso de África; rumanas, en el caso de Europa; paraguayas, en el caso de América Latina y chinas, en el caso de las asiáticas. En relación a la trata de seres humanos con fines de mendicidad, afecta mayoritariamente a ciudadanos rumanos y, en número muy inferior, a búlgaros. En todo caso afecta exclusivamente a hombres y mujeres de etnia gitana. La trata de seres humanos con fines de distintas actividades delictivas afecta a víctimas bosnias, rumanas, búlgaras, chinas, taiwanesas y vietnamitas.
“En cuanto al perfil de las víctimas, el pasado año ha seguido aumentando el número de víctimas de trata detectadas, aunque disminuyen las víctimas menores de edad. En total se han localizado a 830 víctimas”, según datos aportados por la fiscal.
Necesidades de las víctimas
En opinión de Plasencia, “son múltiples las necesidades que presentan personas que han sufrido un atentado tan gravísimo ante su dignidad de ser humano, como son las víctimas de trata. Ante todo, y una vez liberadas, debe garantizarse su asistencia y protección para sí conseguir su plena recuperación física y psicológica”.
Asimismo, considera que es importante que se les garantice el acceso a los derechos que les reconoce el estatuto de la víctima, y reconoce el importante papel desempeñado por las ONGs, puesto que son entidades que alertan de la posible existencia de una víctima de trata entre las residentes en sus recursos.
Para concluir, lamenta que uno de los principales problemas de las víctimas es su situación de invisibilidad en nuestra sociedad. Así, “son muchos los ciudadanos que creen que la trata constituye un fenómeno delictivo que se produce a miles de kilómetros de nuestras fronteras, pero nada más lejos de la realidad”, concluye.
