Hacen falta contundencia y agilidad en la respuesta de las autoridades ante las denuncias por incumplimiento de las empresas en asuntos de protección de datos personales. En estos términos se ha manifestado Francisco Infante, catedrático de Derecho Civil de la UPO, quien señala hacia una buena “pedagogía digital” como primer desafío de los consumidores y usuarios inmersos en la sociedad actual donde los datos personales que se suministran de manera inconsciente en la mayoría de los casos tienen un “indudable valor económico”.
Infante, que dirige el taller denominado ‘Protección de datos y consumidores, una historia interminable’, que se celebra en el marco de los Cursos de Verano de la UPO en la ciudad de Carmona, ha defendido que “todo dato personal debe ser protegido”, especialmente los considerados “datos sensibles”, al tiempo que ha advertido de que ya es una realidad que el marketing y la publicidad actuales “se adelantan a nuestros deseos antes de que los sintamos” gracias al nivel de sofisticación de la ingeniería de datos, donde “las implicaciones éticas son numerosas y las posibles consecuencias, aterradoras”.
En este sentido, el catedrático de la UPO ha abogado por un mayor esfuerzo de las autoridades en la realización de una “pedagogía digital” y ha asegurado que la información que se requiere a las empresas sobre el uso que hacen de los datos personales sea “mucho más exigente y transparente”, garantizando la proporcionalidad de éstos con el servicio contratado.
Para Francisco Infante, la política empresarial de tratamiento de datos debe ser “protectora de la intimidad desde el diseño hasta su ejecución”, además de “clara, inteligible y concisa”, de manera que el consumidor o usuario pueda conocer en todo momento el destino de sus datos y si serán cedidos a terceros. Por eso, aconseja que “ante la más mínima duda sobre el destino y uso de nuestros datos personales no los facilitemos”.
En el caso de los menores de edad, el director académico del taller que se imparte en Carmona alerta de que pueden verse “especialmente desprotegidos”, por lo que recomienda la aplicación de controles parentales en los dispositivos electrónicos y una actuación proactiva de progenitores o tutores. Asimismo, ante la más mínima sospecha de una utilización ilícita de los datos personales del menor “hay que ponerla de forma inmediata en conocimiento de las autoridades competentes”.
Fuente: Fundación Universidad Pablo de Olavide
