Divulgación

Presentación del estudio ‘Servicios sociales comunitarios en Andalucía: modelo organizativo, recursos humanos y financiación’

Elaborado por personal investigador de la Universidad Pablo de Olavide, este trabajo de diagnóstico servirá de base para el nuevo Plan Estratégico de los Servicios Sociales que diseña la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que aboga por cambios estructurales en los centros

De izquierda a derecha, Francisco J. Vidal Mazo, Auxiliadora González, Francisco Oliva, Rocío Ruiz y Esteban Ruiz Ballesteros.

La Universidad Pablo de Olavide ha acogido en la mañana de hoy la presentación del estudio ‘Servicios sociales comunitarios en Andalucía: modelo organizativo, recursos humanos y financiación’, que ha estado presidida por el rector de la UPO Francisco Oliva Blázquez y por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. 

En su intervención, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Rocío Ruiz, ha avanzado que el nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía apostará por una reorganización del modelo de los servicios sociales comunitarios a fin de mejorar la accesibilidad al sistema y adecuar la distribución de recursos a las necesidades de cada zona de intervención. Esta es una de las conclusiones aportadas por este trabajo elaborado por su departamento y por un equipo de investigación formado por Auxiliadora González, Esteban Ruiz y Germán Jaraiz, investigadores de la Universidad Pablo de Olavide, junto al investigador de la Universidad Loyola  José Alberto Salinas.

El rector Francisco Oliva y la consejera Rocío Ruiz.

El estudio es una herramienta de diagnóstico con la que se ha querido analizar la situación real de un servicio que se configura como la primera red de protección social de las familias y personas en situación de vulnerabilidad. De esta forma, ha añadido la consejera, se pueden descubrir sus fortalezas y carencias para “potenciar lo que da buenos resultados y solventar lo que es necesario corregir”.

“Desde las administraciones públicas tenemos el deber y el compromiso moral de contar con un sistema de servicios sociales fuerte, ágil, eficaz, para que los ciudadanos se sientan reconfortados y atendidos”, ha resaltado Ruiz. “Así funciona el estado del bienestar: con una sociedad que apoya al que más necesidad tiene y ofrece oportunidades para intentar que todos avancemos al mismo paso”, ha dicho.

Por su parte el rector Francisco Oliva, en su intervención, ha destacado el papel de la universidad como transmisora de valores y también de conocimientos. “La elaboración de este estudio es un claro ejemplo de transferencia de conocimiento, de cómo desde la Universidad podemos ayudar a una administración pública a implantar políticas que beneficien a la sociedad, con el rigor y solvencia del trabajo de investigadoras e investigadores, un trabajo que da sentido a la función social de la Universidad Pablo de Olavide», ha declarado el rector.

Infrafinanciación y disparidad de modelos organizativos

El informe destaca la labor y profesionalidad de los trabajadores de estos servicios y su comunicación con las entidades del Tercer Sector a fin de establecer esa red de apoyo. Sin embargo, establece dos retos: mejorar la infrafinanciación y homogeneizar los modelos organizativos y de gestión de los centros.

En el primer caso, el estudio señala que es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, la administración que soporta el 70% de la inversión del sistema de servicios sociales, con una inversión superior a los 629 millones de euros durante 2019, el periodo analizado. La administración local aporta el 27% (de los que el 19%, 176 millones, corresponde a municipios mayores de 20.000 habitantes y el 8%, otros 69 millones, a las diputaciones). Por el contrario, la Administración central apenas aporta un 2%, en torno a los 18 millones de euros, y las personas beneficiarias el 1%.

En la mesa, Auxiliadora González, Francisco J. Vidal Mazo y Esteban Ruiz Ballesteros.

Ruiz ha resaltado que “resulta imprescindible que, por parte del Estado, se dote a los servicios sociales comunitarios de una financiación suficiente y adicional que permita un refuerzo de los medios y recursos materiales para afrontar las tareas encomendadas, como ya reclamó en el Parlamento en junio de 2020 con una proposición no de ley relativa a la mejora de la financiación del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales”.

El otro reto que plantea el estudio es la necesidad de mejorar la organización y comunicación entre los distintos centros de servicios sociales comunitarios, que asumen programas y prestaciones de competencia local, autonómica y estatal. Así, la investigación permite apreciar disparidades en la intensidad de prestación entre zonas de interior o de costa, o incluso del entorno oriental y el occidental. Unas diferencias que se atribuyen, entre otros elementos, a la despoblación, la renta y el envejecimiento de la población. Asimismo, se constatan diferencias entre los centros ubicados en entornos urbanos y los del ámbito rural, más cercanos.

La disparidad de modelos de gestión ralentiza en algunos casos la efectividad de nuevos recursos para combatir la vulnerabilidad, o que los trámites administrativos desplacen el proceso de acompañamiento e intervención directa con los ciudadanos. Ruiz ha explicado que precisamente “este exceso de tramitación fue uno de los primeros elementos que apreciamos al llegar al Gobierno, y que tratamos de solventar desde el comienzo con herramientas como la ventanilla electrónica o la simplificación de procedimientos”. “Porque una persona en situación de necesidad lo último que espera de su gobierno, de su administración más cercana, es tener que salvar una muralla de papeles y trámites”, ha indicado.

En este sentido, la responsable de Igualdad ha adelantado que el estudio elaborado por la UPO y la Consejería será la base para el futuro plan estratégico de los servicios sociales comunitarios, que renovará el modelo del servicio y su estructura organizativa. Así, ha detallado, ya se han dado los primeros pasos hacia este nuevo modelo con la aprobación de la Estrategia de Ética de los Servicios Sociales de  Andalucía o con la implantación del mapa de servicios sociales, que permite conocer mejor la distribución de los más de 4000 centros existentes en la comunidad y destinados a poblacional en general, infancia y adolescencia, atención a personas mayores y personas con discapacidad, salud mental, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social o comunidad gitana.

Por otro lado, durante la presentación, que ha contado también con la presencia del director general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Francisco J. Vidal Mazo, la responsable del informe, Auxiliadora González, ha considerado que “sería necesario que los servicios sociales comunitarios, compartiendo un mismo modelo de servicio, pudieran adaptarse a las distintas realidades sociales de Andalucía”. Asimismo, ha apuntado que “los servicios sociales comunitarios deben recuperar el trabajo con la comunidad como complemento a la intervención, casi exclusiva, que se hace a nivel individual o con las familias”. “De esta forma, su ámbito de actuación tendría un carácter más universal y no solo orientado a colectivos vulnerables o excluidos”, ha añadido.

Por su parte, Esteban Ruiz ha subrayado que “los servicios sociales deben concebirse cada vez más como un servicio público para toda la población”, al tiempo que ha abogado por trascender las referencias estadísticas o cuantitativas a la hora de confeccionar políticas públicas en torno a los servicios sociales comunitarios. “Sería recomendable prestar atención directa al lado más humano de este sistema, tanto en cuanto a las profesionales como a los usuarios, para así generar una visión más cercana del servicio que nos permita reflexionar desde la proximidad y ensayar cambios concretos para su mejora”.

27 de abril