“La ciencia puede contribuir a encontrar respuestas para salir de la crisis si se mantiene el esfuerzo inversor en generación de conocimiento e innovación”, (según 5 científicos galardonados con medallas Field, 48 con Premios Nobel y 130.000 ciudadanos).
En esta misma línea, desde la Comisión Sectorial de I+D de la CRUE, llevamos tiempo reivindicando que la inversión en investigación no debe seguir ciclos económicos.
Todas nuestras voces se han unido llamando a los gobernantes a cambiar las políticas de estrangulamiento de la I+D de nuestro país. Desafortunadamente constatamos, al analizar los presupuestos de 2013, que la partida destinada a financiar la I+D sigue adelgazando (7,22% respecto a 2012), situándonos en niveles de financiación de 2005. Todo ello mientras observamos que el Ministerio de Hacienda da una vuelta de tuerca más al sistema de I+D, con retrasos incomprensibles en el pago de los mismos, con la cancelación de subvenciones ya concedidas, alegando, impropiamente, el incumplimiento de los objetivos de contención del déficit de las CCAA, con demoras en la publicación de la convocatoria de proyectos correspondiente a 2013 y con la imposición de medidas para la contratación que están destrozando la carrera de los investigadores jóvenes, que tantos esfuerzos y fondos públicos nos ha costado.
Lamentamos y reprobamos la descoordinación interministerial y la descoordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas en la gestión de la I+D+i estatal. Particularmente, graves son los retrasos injustificables en la publicación de convocatorias de contratación de investigadores (programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo…) y la alarmante reducción en los programas pre-doctorales. La prosperidad del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país depende, fundamentalmente, de los jóvenes investigadores. Personas que, ante la falta de oportunidades y valoración, abandonan su carrera o su país. Resulta difícil captar talento sin ser capaces de retenerlo.
En este panorama desolador, la incomprensible complejidad de los procesos de justificación de los proyectos de investigación, por parte de las entidades públicas financiadoras y por la necesidad no abordada de modificación de la ley de subvenciones para adaptarla al sistema nacional de I+D+I, distraen a los investigadores de su labor, obligándoles a intervenir en auditorías y recursos que, adicionalmente, están colapsando los sistemas administrativos de gestión de la investigación y los servicios jurídicos de las universidades españolas. Todo ello redundando en una disminución en la eficiencia del sistema nacional de I+D+i, tristemente basado en la desconfianza.
Desconfianza que está en la base del escaso papel que se concede a la universidad, pese a ser donde se genera la mayor parte de la investigación en nuestro país. Desconfianza y falta de financiación que difícilmente casan con la proliferación de comisiones y nuevos rankings, en los que, “a cambio de nada”, pretenden que las universidades españolas aparezcamos “por fin”, entre las 100 primeras del mundo.
Con rotundidad afirmamos que las universidades estamos en la mejor disposición para asumir, con responsabilidad, las necesarias reformas que hagan más competitivo y eficiente el sistema universitario, y más sólida y especializada la transmisión y generación del conocimiento. Para ello es necesario que el gobierno priorice y estabilice la inversión en educación e I+D+i, dotándola de flexibilidad y desvinculándola de la situación económica del momento. Es esencial. El país difícilmente puede resistir mucho tiempo si no se rescata con urgencia al sistema de I+D+i y a la enseñanza superior, sin duda los dos pilares sobre los que se debe apoyar nuestro futuro.
