La Diputación de Sevilla va a destinar un fondo económico, que gestionarán las dos universidades sevillanas, con la idea de compensar a los alumnos de la provincia afectados por la política de becas del Gobierno de la nación, un fondo que parte de 30 mil euros, pero cuya cantidad no está cerrada, ya que se incrementará en función de las necesidades que las universidades hagan constar y de las posibilidades que el presupuesto de la Diputación vaya ofreciendo.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido hoy un encuentro con los rectores de las dos universidades sevillanas, Antonio Ramírez Arellano, de la Hispalense, y Vicente Guzmán Fluja, de la Pablo de Olavide, que tenía un objetivo muy concreto: sumar acciones de las tres instituciones, ante las repercusiones que el Decreto que el Ministerio de Educación tiene pendiente de aprobación, con la nueva regulación de becas, va a traer a las economías familiares de los universitarios de la provincia.

Fernando Rodríguez Villalobos ha confesado que le parece increíble estar, en 2013, ‘suplicándole al Gobierno de mi país que reconsidere una situación que impide que mis nietos vayan a tener las mismas posibilidades de acceso a una educación pública y universal que he tenido yo. Que haya chavales que sirvan para estudiar y no puedan porque sus rentas familiares no les permiten desplazarse o mantenerse en la capital, es sencillamente para que se nos caiga la cara de vergüenza’.

Por su parte, los dos rectores han coincidido en que el Gobierno, al haber accedido a considerar el 5 como nota necesaria para mantener la beca de matriculación, pero mantener en el Decreto el 6,5 como nota de corte para las becas de residencia, manutención, transporte y beca-salario, ‘lo único que persigue es el ahorro, una visión a muy corto plazo, que no repara en el coste que supone para una universidad perder lo más importante: su capital humano, sus estudiantes’.

 Las universidades chequean la realidad en la provincia

El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha ofrecido datos significativos de la situación de los becarios sevillanos. Según ha comentado,  el número de alumnos becarios en la Universidad de Sevilla con domicilio familiar en la provincia de Sevilla, fuera del área metropolitana, asciende a 6.553, lo que significa más de la tercera parte de los becarios totales de la US.

De este total, 5.760 estudiantes han recibido este curso ayudas para residencia o para transporte y de ellos, el 30% de los becarios perdería estas ayudas con el futuro Decreto de becas. De estos 5.560, 1.301 reciben ayudas de residencia y el resto de transporte, con una cuantía global de 5,3 millones de euros.

En este punto, Ramírez de Arellano ha concretado que la partida de ayudas que perderán los alumnos becarios  supone 1,5 millones de euros. Además, hay que destacar que 2.340 de los 6.553 becarios se encuentran en el umbral mínimo del decreto de Becas del curso 2012-2013, ya que este es el número de estudiantes de la provincia que han obtenido Beca-salario, con una cuantía de 3.500 euros cada uno y esto desaparece en el nuevo decreto, siendo sustituido por el componente de renta de 1.500 euros.

Ante esta situación, el rector de la US resalta: ‘es importante sumar esfuerzos con otras administraciones y entidades, por eso hay que agradecer esta iniciativa de la Diputación, que es un ejemplo de acción ante un problema de esta repercusión, hay que intentar paliar los efectos negativos de este nuevo Decreto de becas’.

Por su parte, el rector de la UPO, Vicente Guzmán Fluja, ha explicado que, en la Universidad Pablo de Olavide, uno de cada cuatro estudiantes es becario, lo que supone que haya unos 3.000 estudiantes afectados por el recorte en las ayudas universitarias. El rector de la UPO ha añadido que “esta rebaja de las cuantías no se ciñe a su impacto en las universidades y en los estudiantes, sino a todo aquello que mueve el mundo estudiantil universitario, como puede ser por ejemplo el mercado de la vivienda”.

Además, Vicente Guzmán ha subrayado que aproximadamente un 40 por ciento de los becarios de la UPO son de la provincia de Sevilla, “por lo que dependen de un alquiler de vivienda o del transporte” y ha estimado que la pérdida de ingresos vía becas afecta a la economía de la provincia “en unos dos millones de euros”. En este sentido, el rector ha señalado que la UPO “está procurando que el impacto sea el menos dañino posible en nuestra comunidad universitaria”.

El rector de la UPO ha agradecido que “la Diputación haya tenido la visión, a través de su presidente, de intentar paliar los efectos nocivos del decreto de becas en la provincia de Sevilla”, que “nos permitirá abordar situaciones sobrevenidas como la de estudiantes que no pueden afrontar el pago del segundo plazo de matrícula por haberse quedado sus padres en paro”.

 Nuevas acciones en perspectiva 

Fernando Rodríguez Villalobos ha anunciado que, en la actualidad, mantiene conversaciones con un grupo de alcaldes de la provincia, ‘que son los que le ponen cara todos los días  a los estudiantes con problemas’, para que ‘cada municipio sevillano aporte una pequeña cantidad,  5 ó 6 mil euros, porque los ayuntamientos tienen muy precarizada sus haciendas, que se sumaría a este fondo compensatorio para los estudiantes que dejen de recibir sus becas y que gestionarán las universidades’.

Además, tanto el presidente de la Diputación como los rectores han anunciado su intención de contactar con otras instancias que pueden sumar a esta estrategia, como Renfe y el Consorcio de Transporte, para aunar esfuerzos en materia de trasporte y facilitar el desplazamiento a los alumnos de la provincia que no puedan residir en la ciudad.