Las universidades públicas andaluzas, responsables de la formación superior de más de 250.000 estudiantes y con un papel clave en el desarrollo económico y social de Andalucía, alertan del peligro que supondría no recibir el fondo COVID destinado a la enseñanza superior, aprobado por el Gobierno Central, y gestionado por las comunidades autónomas. Consideramos que esta distribución debería realizarse con equidad, atendiendo al número de estudiantes de titulaciones oficiales que las universidades andaluzas tienen. Este debe ser el criterio fundamental para atender a la comunidad universitaria, un criterio coherente con la reclamación del presidente de la Junta de Andalucía al Gobierno Central, basado en la población de nuestra comunidad.

Según fijó el Gobierno de la nación el pasado mes de junio, se destinan 2.000 millones de euros a educación, de los que 383.856.980 corresponde a Andalucía, un 80% para la enseñanza no superior (más de 307 millones) y un 20% para la educación superior (76.771.396 millones). Según los criterios dispuesto en el decreto ley que regula este fondo, este importe iría destinado a atender las necesidades sobrevenidas por la actual situación de crisis sanitaria y los cambios que ésta ha impuesto en nuestras universidades en relación con las condiciones sanitarias.

A fecha de hoy, el Gobierno de la Junta de Andalucía, no ha establecido los criterios ni han hecho la distribución de estos fondos, que deben ejecutarse antes de que finalice este año, a diferencia de lo ya realizado en otras Comunidades Autónomas. Las universidades públicas andaluzas quieren dejar constancia de la apremiante necesidad de que dicho dinero se distribuya para atender las necesidades de digitalización, becas, infraestructuras, limpieza, etc., que se han afrontado en este periodo y que aún quedan por asumir en lo que resta de este año.

No atender con estos recursos las necesidades referidas supondría vulnerar la igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes de educación superior universitaria, que sufrirían este agravio comparativo, así como una nueva agresión al sistema universitario público, que provocaría un deterioro irreparable en su estabilidad financiera, generando en consecuencia una grave amenaza para el avance y el progreso de la sociedad andaluza.

Los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas reclaman, por ello, un reparto equilibrado y proporcionado de los fondos, y de acuerdo a los objetivos que esos fondos pretenden alcanzar.